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Según la investigación de la Cicig entre los años 2009 a 2013 la municipalidad de Lanquín adjudicó cientos de compras directas, así como proyectos de obra, a empresas ficticias y a empresas reales que les habían falsificado sus facturas, a quienes pagó 9 millones 644 mil 654.06 quetzales.

La estructura criminal se dedicaba a usurpar datos personales de diversos individuos, o bien crear empresas con datos y socios inventados, todo lo anterior para generar cuentas de cobros por supuestas “compras directas” contratadas con la Municipalidad.  Por otro lado, la estructura falsificaba facturas de empresas individuales existentes, a fin de justificar los cobros de obras y servicios jamás prestados.

Por último, realizaba adjudicaciones y contratos con empresas cuyos dueños y/o representantes legales estaban dispuestos a dar al Alcalde una “comisión” por dicho favor. Dicha comisión era por el beneficio, o bien un traslado de dinero pues en ocasiones era el propio funcionario Francisco Pop quien se hacía cargo directamente de los proyectos de obra contratados con la municipalidad. Sólo entre 2009 y 2013 la Municipalidad adjudicó por cotización y licitación Q33 millones 620 mil 779.07.

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