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Este caso sigue a una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas. Este tipo de red, estaba conformada por un presidente recién electo (Otto Fernando Pérez Molina) y dos secretarios privados del gobierno saliente y entrante (Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López),  así como por empresarios y abogados de alto perfil.

Según la Comisión esta organización criminal tenía por objetivo apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente. La investigación evidenció que uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, vinculado a las contratistas del Estado: Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A. y HW Contractors, S.A., hizo pagos al ex secretario privado de la presidencia del periodo 2008-2012, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Específicamente se pudo establecer que entre el 9 de febrero de 2.011 y el 24 de abril de 2,012, a través de sociedades vinculadas a él, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra y sus empresas diversas transferencias que suman alrededor de Q56.3 millones (US$ 7,29 millones).

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