La investigación inició a raíz de la denuncia del juez Carlos Giovanni Ruano Pineda quien reveló que la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling, lo convocó a su despacho para incidir en sus resoluciones dentro del caso conocido como IGSS-PISA, en el cual se encontraba sindicado el hijo de la magistrada. La conversación quedó documentada por el juez Ruano a través de la grabadora de voz de su teléfono.
En su denuncia, el juez Ruano Pineda explicó que tuvo la precaución de grabar la entrevista con la magistrada Stalling Dávila para tener prueba de que fue invitado a esa reunión, y que en ningún momento comprometió su trabajo, ni aceptó nada a cambio.
La CICIG constató en el registro de audio que la magistrada Stalling Dávila manifestó que lo había citado porque él había sido designado para integrar el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, que conocería el caso IGSS-Pisa, en el cual su hijo menor, Otto Fernando Molina Stalling, era uno de los sindicados. Le expuso que no le quería pedir nada ilegal, sólo expresarle su sentir como madre y la situación de su hijo quien llevaba detenido año y cuatro meses sin que el debate se llevara a cabo, por lo que le pedía coadyuvar con los otros jueces para imprimirle agilidad al caso. Asimismo, le expresó la importancia de que profundizara en el estudio del expediente, y se detuvo en reflexiones acerca de la delicada misión que corresponde desarrollar a los jueces, expresando que en su sentir era mejor absolver a un culpable, que condenar a un inocente.
