La investigación inició en 2015, cuando el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) denunció a los excongresistas del partido LIDER Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona, Mario Gerardo Yanes Guerra y Luis Adolfo Chávez Pérez, de traficar influencias en 2014, durante una reunión que quedó documentada a través de un aparato de grabación audiovisual. Los entonces diputados solicitaron al Ministro que autorizara la ejecución de proyectos de unos 5 o 10 millones de quetzales en su distrito electoral de Huehuetenango, informando que ya contaban con las empresas que los ejecutarían, y ofreciendo a cambio un beneficio económico.
Por este caso se obtuvieron condenas contra los diputados Chávez y Yanes, mientras que el proceso contra Arreaga sigue en marcha.
