En 2017, el caso Caja de Pandora confirmó la existencia de esta red de corrupción en el Sistema Penitenciario, evidenciando además los vínculos de las empresas de Byron Lima con la municipalidad de Guatemala a través de la adquisición de servicios promocionales y gastos de campaña política pagados con fondos de la Municipalidad.
El 3 de septiembre del 2014 el Ministerio Público y la CICIG desarticularon una red de corrupción dirigida por el reo Byron Lima Oliva, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos. Derivado de esa investigación varias personas enfrentan proceso penal.
Entre 2013 y 2015 Byron Lima y personas de su círculo cercano suministraron bienes y servicios al partido Unionista y a la “Alianza” (CREO, TODOS, VICTORIA y GANA), pagados por la comuna capitalina.
Zorayda Herincx (subdirectora de atención a las comunidades precarias de la comuna) requería a Lima la elaboración de artículos promocionales con los logos de los partidos respectivos. Byron Lima entregaba los productos a Zorayda a través de Alejandra Reyes y de su hermano Luis Alberto Lima.
Para gestionar los pagos, se solicitaban facturas en blanco, las cuales se llenaban en la comuna como si se tratara de servicios prestados a la misma. El pago se hacía con cargo a los recursos del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, es decir, con dinero de la alcaldía.
