La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó antejuicio en contra del entonces ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, y siete diputados del Congreso de la República de Guatemala, por la posible comisión de hechos ilícitos que entre los años 2012 y 2015. Los diputados de la bancada Patriota recibían y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, en reuniones sostenidas horas antes de las sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como legisladores, respondiendo así a intereses individuales, partidistas y hasta empresariales.
Entre los hallazgos de la investigación se derivó que la promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado, dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los altos directivos de la empresa de telecomunicaciones, TIGO, Acisclo Valladares Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, en la oficina principal de dicha entidad.
Como consecuencia de estos pactos, según la CICIG se da una supeditación del Poder Legislativo a las órdenes del Poder Ejecutivo, entre las decisiones tomadas en esta línea se encuentra la aprobación del Congreso, el 8 de abril de 2014, del Decreto 12-2014 “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”.
