Hoy, en nuestra reseña semanal, hacemos un repaso de la ley exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que puede darle más combustible/recursos al viejo ciclo del clientelismo político y la ejecución opaca. Tenemos alrededor de Q9 mil millones de razones para retomar este asunto.
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En una sesión cargada de maniobras y señalamientos cruzados, el Congreso de la República aprobó la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), contenida en el Decreto 7-2025, pese al veto presidencial.
La medida, impulsada por bloques opositores y respaldada por más de 300 alcaldes, permite que los Codedes mantengan y ejecuten en 2026 los fondos no utilizados de 2025 (unos Q9 mil millones) —un año antes de las elecciones generales—, lo que abre la puerta a un nuevo ciclo de discrecionalidad y gasto electoral disfrazado de inversión local.
Con anterioridad hemos explorado cómo el gasto en este rubro tiene un enorme peso político. La ex administración de Alejandro Giammattei, por ejemplo, asignó alrededor de Q11 mil del presupuesto a los Codedes, un 47 por ciento más que su predecesor, Jimmy Morales, lo que mantuvo su influencia en diputados y alcaldes.
El veto presidencial y su revés parlamentario
El presidente Bernardo Arévalo vetó la ley a inicios de octubre alegando vicios de inconstitucionalidad: duplicidad de funciones, ambigüedades legales y violación de los artículos 2, 119, 154, 171 b y 238 de la Constitución.
Pero el Congreso, dominado por bloques opositores —Cabal, Vamos, Valor y Une (entre otros)—, rechazó el veto el 7 de octubre con 86 votos y ordenó su publicación inmediata.
Argumentaron que el Ejecutivo cometió un “error técnico” al no incluir un artículo de vigencia en el acuerdo de veto, lo que —según ellos— lo hizo “extemporáneo”.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, trató de sostener la validez del veto, pero la mayoría legislativa no cedió.
En cuestión de horas, el Legislativo revirtió la decisión presidencial y garantizó que la ley entrara en vigor. Este es un nuevo revés para la administración de Arévalo que sostiene la promesa de transparencia y lucha contra la corrupción como una de sus consignas, pero no logra reducir el riesgo de uso político para estos fondos.
Desde el Ejecutivo, la Presidencia anunció acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por considerar que el Congreso vulneró el equilibrio de poderes.
Una ley hecha a la medida de los alcaldes
El apoyo decisivo provino de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), encabezada por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, quien articuló la presión de alrededor de 305 alcaldes.
Durante septiembre, estos enviaron cartas y organizaron reuniones en la Secretaría General de la Presidencia para exigir la sanción de la ley.
Siero argumentó que la norma “liberará” los proyectos municipales de la burocracia de los ministerios y evitará el chantaje político asociado a la aprobación de avales y desembolsos.
Su discurso resonó con jefes ediles que acusan al Ejecutivo de retrasar fondos y “castigar” políticamente a quienes no son aliados del oficialismo.
Sin embargo, el trasfondo es más político que administrativo. La ley da margen de maniobra a los alcaldes para manejar fondos sin la fiscalización del ciclo presupuestario anual, justo cuando las estructuras municipales comienzan a prepararse para la contienda electoral de 2027.
Ya en 2023, por ejemplo, recogimos en este reportaje como el partido Vamos, del expresidente Giammattei, se aseguró un ejercito de alcaldes a su favor en esos comicios. Elecciones en donde recordemos su candidato, Manuel Conde obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta presidencial.
En la práctica, se trata de recursos frescos con uso flexible y sin los candados de ejecución que impone el Ministerio de Finanzas o la Contraloría General.
Fondos sin control en año preelectoral
Los Codedes administran alrededor de Q9 mil millones anuales destinados a obras de infraestructura, salud y educación.
Con el nuevo decreto, estos fondos podrán acumularse y ejecutarse en el siguiente ejercicio fiscal, un cambio que —según economistas— rompe el principio de anualidad y debilita la rendición de cuentas.
El CACIF, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y centros de investigación como el Icefi y el CIEN pidieron al Ejecutivo vetar la norma, advirtiendo que abre “una caja negra de gasto público” susceptible de uso clientelar.
El Icefi fue tajante: “El decreto reduce los controles sobre el gasto y permite la ejecución política de recursos en un año preelectoral”.
Mientras tanto, diputados de oposición como Luis Aguirre (Cabal) y Allan Rodríguez (Vamos) defendieron la medida alegando que “dinamiza la inversión municipal” y “atiende las necesidades de las comunidades”.
Rodríguez, uno de los apoyos para esta medida, muestra así como mantiene influencia en el Congreso, pese a ser un actor político sancionado por Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y socavamiento de la democracia.
Pero sus palabras contrastan con la historia: los Codedes han sido durante años instrumentos de cooptación política y reparto de favores, más que verdaderos motores de desarrollo.
Un ejemplo de esto lo tenemos en Huehuetenango, donde los familiares de la diputada Sofía Hernández, mantienen una gran influencia sobre estos recursos. Como lo detallamos en el reportaje Los Hernández: el clan de Huehuetenango que desafía al gobierno de Arévalo.
Hernández, también incluida en la Lista Engel, y con familiares investigados por su vinculación al grupo narcotraficante de Los Huistas, muestra los vasos comunicantes entre poder político, asignación de recursos e impunidad.
Un pulso de poder entre Congreso y Ejecutivo
El caso del Decreto 7-2025 es más que una disputa legal. Es un pulso político que refleja las tensiones entre un gobierno que busca fortalecer los controles y un Congreso dominado por bloques tradicionales y redes municipales.
La decisión de desconocer el veto presidencial marca un precedente institucional delicado: el Congreso desafía abiertamente la facultad constitucional del Ejecutivo de devolver leyes por razones de inconstitucionalidad.
Desde el oficialismo, se interpretó el “error técnico” del veto como una excusa fabricada por la oposición para asegurar la publicación de la ley.
Diputados de VOS, Semilla y otras bancadas señalaron que el procedimiento carece de validez jurídica y advirtieron que el Ejecutivo deberá impugnar ante la CC para restablecer el principio de legalidad.
El balance en la CC, sin embargo, es desfavorable para el Ejecutivo.
En lo que va del gobierno de Arévalo tiene el antecedente de un amparo favorable a la fiscal general, Consuelo Porras; suspender la reserva a la Convención de Viena (que compromete a Guatemala a respetar tratados internacionales) e incluso suspendió el acuerdo del Ejecutivo para que los proveedores del Estado revelaran los beneficiarios finales/accionistas de sus empresas. Una pieza de la agenda anticorrupción del gobierno de Arévalo.
Cheque en blanco para 2027
En el fondo, la Ley de Codedes reabre la lógica del clientelismo municipal que ha caracterizado al sistema político guatemalteco: dinero público administrado sin controles, favores a cambio de votos, y obras pequeñas multiplicadas en año electoral.
El decreto llega en un momento clave: la antesala de las elecciones generales de 2027.
Permitir que los fondos se trasladen de un ejercicio a otro otorga a los alcaldes —muchos de ellos aspirantes a la reelección— un flujo continuo de recursos públicos para consolidar sus bases políticas.
La narrativa oficial de “continuidad de proyectos” encubre lo que analistas describen como una estrategia de supervivencia política.
Mientras el Ejecutivo evalúa su camino jurídico, el Congreso ya aseguró una victoria simbólica: transformar la rendición de cuentas en un terreno de disputa y convertir los fondos públicos en un cheque en blanco para 2027.
