Con la crisis provocada por el descubrimiento de interferencia en la conformación de la nómina presentada en el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las preguntas sobre las consecuencias legales, para el País, para los candidatos, para la justicia se multiplican. Para responder algunas de estas dudas, hablamos con la exmagistrada Claudia Escobar, protagonista de un proceso similar en 2014 que terminó con un ex presidente del Congreso capturado.

La incertidumbre se posó sobre el proceso de elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado martes 18 de febrero. Ese día la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) expuso cómo Gustavo Alejos, una de las figuras con mayor influencia dentro de los círculos de poder en Guatemala, interfirió en la conformación de la nómina de candidatos de la cual el Congreso de la República deberá elegir a los próximos magistrados.

La FECI, en este nuevo caso llamado Comisiones Paralelas 2020, dio a conocer que este operador político, involucrado en diferentes casos de corrupción, y a pesar de que estaba privado de libertad, contaba con muchos privilegios que constituían nuevos delitos al destruir la confianza de los jueces de enviarlo a un hospital a causa de su salud. Alejos podía salir a la calle sin problemas, tenía una refrigeradora llena de aguas gaseosas y carne cruda para cocinar, un bar con diferentes licores y una serie de imanes con el nombre de los 160 diputados del Congreso con el que podía armar escenarios y estrategias. La fiscalía decomisó un teléfono celular en el que encontraron llamadas de miembros de la Comisión de Postulación, magistrados, candidatos y diputados.

Este escenario recuerda el caso de la exmagistrada Claudia Escobar Mejía, presionada por el ex presidente del Congreso Gudy Rivera para favorecer al desaparecido Partido Patriota (PP) a cambio de su reelección en Sala de Apelaciones, en 2014. Por esa razón, No-Ficción entrevistó a la exmagistrada respecto a esta situación que parece repetirse, ante un sistema de elección viciado y sus impresiones con relación a este tipo de procesos y los intereses que lo rodean.

Escobar es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona; obtuvo el título de abogada en la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Desde el año 2017 está afiliada a Georgetown, donde fue nombrada como Centennial Fellow en la Walsh School of Foreign Service.  También fue fellow en la Universidad de Harvard, convirtiéndose en la primera centroamericana en obtener una beca (2015 – 2016) en el Instituto de Estudios Avanzados de Radcliffe.

Es miembro de la Comisión de Expertos Internacionales de lucha contra la Corrupción en Ecuador. Fue magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala. Se considera defensora de la independencia judicial, y en 2018, recibió el “Democracy Award” por su compromiso en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

– ¿Qué similitudes encuentra en este proceso de elección de jueces y magistrados con el de 2014?

– Yo pienso que el proceso es exactamente el mismo porque nuestro sistema no ha cambiado. Es el mismo proceso de elección de magistrados por comisiones de postulación y siguen siendo los mismos actores. Siguen siendo los mismos decanos, siguen siendo los magistrados de las Cortes ─dependiendo de la comisión─ y representantes del Colegio de Abogados.

Y se dan los mismos problemas que en las oportunidades anteriores: se manipulan las tablas de gradación, no se privilegia la carrera judicial. Por el contrario, se trata de dar respaldo a abogados que ejercen la carrera liberal y los jueces de carrera son los que tienen menores posibilidades de pasar a las Salas. A pesar de que hubo un intento de reforma constitucional, mientras eso no suceda, vamos a tener los mismos problemas.

– ¿Le parece que esta interferencia al proceso viene de los mismos actores que en la elección pasada?

– Yo creo que son los mismos actores, puede ser que utilicen a distintos individuos, pero los actores y los intereses siguen siendo los mismos. Recuerde que nuestro sistema es un sistema que ha favorecido a la corrupción. ¿Quiénes se benefician de la corrupción? Para empezar es el crimen organizado. A ellos les interesa de sobremanera controlar las cortes.

La vez anterior pudo haber sido Roxana Baldetti, hoy es (Gustavo) Alejos o las personas que están detenidas y señaladas por casos de corrupción. Ellos son los principales interesados, y en la oportunidad anterior también eran los mismos. Yo sí creo que siguen siendo las mismas figuras y los mismos sectores que manipulan el sistema de justicia y que se benefician de la impunidad.

– ¿Cree que Gustavo Alejos logró lo que buscaba? ¿Pudo concretar los acuerdos?

Todavía no ha logrado lo que buscaba porque no han sido nombradas las personas que él propuso o que él apoyó, porque el proceso todavía no ha concluido. Yo lo que sí creo es que hay que seguir procesos penales en contra de todas las personas que estuvieron negociando el tema de Comisiones. Tanto a los que promovían candidatos, como a los propios candidatos que se prestaron para eso. Eso es definitivo.

Ellos deberían quedar excluidos y se debería iniciar acciones penales inmediatas en contra de estas personas.

– ¿Es Gustavo Alejos el único que controla las comisiones de postulación?

Yo creo que es una persona que se visualizó que controla, pero hay distintos operadores. No solo es él. Cada sector, cada grupo, tiene a sus representantes ahí. Se ha evidenciado, hay estudios, hay análisis de… cuántos intereses ¿no? hay ahí, ¿verdad? 

«Hay que seguir procesos penales en contra de todas las personas que estuvieron negociando el tema de Comisiones» Claudia Escobar. 

– ¿Considera que los diputados del Congreso votarán por la nómina propuesta por la Comisión de Postulación?

– Sí. Creo que eso no se va a cambiar a menos que sea evidente, que se sepa quiénes son los candidatos de Gustavo Alejos.

El propio sistema está diseñado para facilitar la impunidad y es el sistema que produce corrupción. Es tan complejo (porque) puede haber tres (candidatos) que representen a un sector, y ellos están apostando que uno de esos tres individuos pase en la lista. Entonces no es que solo sea uno el que los representa, es como un naipe: si uno se cae sube otro. Dentro de todos los candidatos que hay, los que llegaron a los listados pues fueron los que se negociaron en las comisiones. Pero si no votan por esos, también están los que los reemplazan.

El sistema está mal diseñado: no privilegia a la carrera judicial, no privilegia a jueces independientes. Entonces lo que vamos a tener es siempre personas que se aprovechan del sistema, para facilitar estas situaciones en las que estamos. No creo que los diputados de repente se vayan a volver paladines de la democracia, eso no va a ser así.

– Ahora que se sabe esto, ¿cuáles deberían de ser los mecanismos de fiscalización en el Congreso? ¿cuál sería la ruta a seguir ante esta incertidumbre?

– Ellos lo que podrían hacer es validar de alguna manera lo que hizo la comisión. Y verificar que las personas que hayan pasado en esos listados tengan las condiciones necesarias para poder ocupar esos altos cargos. No solo formales, sino que sobre todo el tema de ética.

¿Qué pudieran hacer? Exigir por ejemplo una declaración de conflictos de interés y hacer un análisis de cada individuo: cuáles son sus vínculos y los conflictos de interés que pudiera haber en esos nombramientos. Si es una persona que se ha dedicado enteramente a la justicia, o si viene de bufetes, ¿a quiénes han defendido?

Creo que hay mecanismos para poder hacer una segunda evaluación que, aunque no está contemplada enteramente en la Ley, tampoco está prohibida.

– ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que exista interferencia en este proceso?

– La primera y más evidente es la falta de independencia judicial. Vamos a tener Cortes integradas por personas que responden a intereses particulares, de quiénes favorecieron sus nombramientos. Esto es violatorio de la independencia judicial.

Por otro lado, esto repercute en que hay una falta de credibilidad absoluta en el sistema de justicia. Y de alguna manera, cuando el sistema de justicia colapsa se generan otras problemáticas: hay más violencia, los ciudadanos buscan resolver los problemas de otra forma y tiene efectos a todo nivel en el desarrollo del país. Porque si no tenemos justicia, tampoco vamos a tener desarrollo. Y luego, los niveles de corrupción obviamente también van a subir.

– ¿Por qué considera que el gremio de abogados logró pervertirse de esta forma? ¿Qué tuvo que suceder en Guatemala para que las lógicas gremiales pensaran el sistema de justicia desde una óptica de corrupción?

– Yo creo que en la región es evidente que dónde hay procesos políticos para nombrar a los jueces, van a haber intereses de distintos grupos. Nuestro sistema nunca ha sido, o tradicionalmente nunca fue, un sistema en donde se respetaba la carrera judicial. Antes de 1999, cuando se crea la carrera judicial en ley, los nombramientos eran por compadrazgos. Pero el gremio era un gremio muchísimo más limitado, más pequeño y las universidades no se habían politizado, porque estaban dedicadas a la academia. Dentro de todo, el tema de la abogacía tenía cierto nivel de prestigio, de credibilidad. No era tan fácil manipular las cortes.

Pero lo que sucedió aquí es que, en el momento en que se busca garantizar esos procesos incluyendo a la academia ─que en ese momento era un ente con mucha credibilidad─, o incluyendo al Colegio de Abogados, lo que se logra es politizar estas situaciones.

– ¿Cómo se podría evitar que situaciones como esta sigan ocurriendo?

– Que realmente hubiera un sistema, primero, cerrado de carrera. Eso es lo número uno. Son esas reformas constitucionales que no han pasado, en las que yo creo que sí hay un acuerdo sectorial de que tienen que modificarse y que tiene que privilegiarse una carrera hasta la más alta instancia: que el que empieza desde juez de paz, tenga la oportunidad de subir. Pero no porque tenga un amigo en el Congreso o en la comisión, sino subir por sus capacidades, por sus competencias, por su experiencia. En donde la ética tenga un rol predeterminante también. Y eso no es tan sencillo, porque la reforma constitucional que se trató de impulsar fue bloqueada en el Congreso.

Pero si no hay un sistema de oposición que privilegie la meritocracia vamos a seguir teniendo este problema cada vez que haya elecciones. Es un tema de oportunismo para miles de abogados que no tienen otras oportunidades de trabajo más que esto.