Las elecciones generales de este año no están siendo especialmente violentas y la autoridad electoral confía en que serán tan tranquilas como las de 2019. Sin embargo, estos comicios están siendo también los más agitados de los últimos años. La causa principal es un sistema que ha excluido múltiples candidatos a cargos públicos. Esto hace que la conflictividad electoral, un fenómeno ya de por sí difícil de explicar o pronosticar, se haya vuelto aún más impredecible.
Texto: Gilberto Escobar / Fotos: Edwin Bercián / Edición: Asier Andrés
San Antonio Ilotenango es un pueblo de unos 25 mil habitantes de Quiché. Está rodeado de bosques y maizales y es conocido por una laguna que tiene en el centro del municipio. Esta atrae cada fin de semana a muchos visitantes de la cabecera departamental, Santa Cruz del Quiché.
Es un municipio rural y de mayoría k’iche’, en el que no es común que suceda algo que atraiga la atención del resto del país. Suele ser un lugar en apariencia tranquilo. Hasta que deja de serlo; como sucedió durante las pasadas elecciones generales, hace ahora cuatro años.
El 16 de junio de 2019, en San Antonio Ilotenango, se produjeron hechos tan graves que forzaron la repetición de las elecciones.
Personas inconformes con los resultados preliminares para la alcaldía robaron cajas que contenían las boletas con los resultados. Unos cien agentes de la Policía Nacional Civil se movilizaron para recuperarlas. Recorrieron varias comunidades hasta que lograron recuperar 11 cajas, que estaban dispersas en escuelas y aldeas.
Pero los agentes no pudieron evitar los disturbios que ocurrieron aquella noche. Una multitud prendió fuego a una ambulancia municipal y a varias casas. Al final, cinco personas resultaron heridas.
Pero los sucesos de San Antonio Ilotenango en 2019 sí fueron sorpresivos. Casi nadie previó que en este municipio podía suceder algo así. La atención de las autoridades en Quiché estaba centrada en Joyabaj. Allí, cuatro años antes, grupos armados robaron papeletas y forzaron una repetición de la elección.
En 2019, San Antonio Ilotenango no figuraba como un lugar de alto riesgo en los mapas de conflictividad que elabora el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En cambio, dados los precedentes, Joyabaj sí estaba entre los municipios con mayor peligro de conflicto. La previsión, sin embargo, no se cumplió. Los comicios de 2019 fueron tranquilos en Joyabaj y violentos en San Antonio Ilotenango.
Esto pone de relieve algo en lo que los expertos en conflictividad electoral suelen coincidir: la violencia en las elecciones es un fenómeno imprevisible. Casi siempre sucede, aunque no está muy claro por qué a veces sí y otras no.
Se han identificado factores que suelen considerarse como causantes del fenómeno. Por ejemplo, la presencia del crimen organizado. O la existencia de conflictos previos entre los vecinos. O la influencia de líderes políticos que tratan de beneficiarse de los conflictos.
Pero ninguno de estos factores por sí mismo, o incluso la coincidencia de varios, suele servir para predecir dónde habrá violencia en las elecciones.
El proceso electoral que ahora está en marcha es un ejemplo de la complejidad del fenómeno de la conflictividad.
Estas elecciones están siendo una de las más agitadas del actual periodo constitucional. Están sucediendo en un momento de retroceso democrático y degradación de las instituciones, según han coincidido varias organizaciones nacionales e internacionales.
Las cortes o el TSE han impedido la participación de tres candidaturas a la presidencia, entre ellas la del partido de izquierda más grande del país y la del líder en las encuestas. Esto impedirá a muchos electores votar por su aspirante a la presidencia favorito.
Al mismo tiempo, se han inscrito numerosos candidatos con señalamientos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.-Esto podría aumentar el malestar entre algunos ciudadanos.
A esto se suma la persistencia de otros problemas más tradicionales y que también podrían desencadenar conflictividad. Según coincidieron expertos consultados, entre ellos está la presencia del crimen organizado en las áreas fronterizas o la división en ciertas comunidades por la presencia de proyectos energéticos o monocultivos.
Y sin embargo, estos comicios están siendo uno de los más tranquilos de la historia reciente.
Hasta el momento, el número de incidentes violentos ha sido relativamente bajo para lo habitual en el país. Hasta mediados de mayo, la organización de la sociedad civil Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGT), documentó siete asesinatos que podrían tener una motivación política, ya sea porque las víctimas eran candidatas o activistas. Además, el TSE ha reducido a casi la mitad el número de municipios que considera de alto de riesgo por conflictividad con respecto a los anteriores comicios.
La autoridad electoral, de esta manera, envía el mensaje de que espera un proceso electoral tranquilo.
Sin embargo, fuentes consultadas advierten de que este panorama de aparente calma podría cambiar. Como sucedió en San Antonio Ilotenango la noche del 16 de junio de 2019, la paz podría desaparecer sin que sea sencillo prever dónde o por qué.
Para Daniel Núñez, investigador del MOEGT, la escasa legitimidad del actual proceso electoral provoca que un pequeño incidente pueda ser suficiente para detonar un conflicto. “Las personas van a llegar a las urnas, pero hay un desgaste institucional. Un mínimo error podría traer consecuencias”, dijo Núñez.
De más a menos
Desde 1986, los gobiernos civiles, electos mediante votaciones más o menos libres, se han sucedido en el poder sin grandes sobresaltos. Pero eso no significa que los procesos electorales en sí mismos hayan sido un remanso de paz.
Candidatos presidenciales punteros fueron asesinados, como le sucedió en julio de 1993, a Jorge Carpio. Este político quedó segundo en dos elecciones presidenciales consecutivas. Fue acribillado a balazos durante un viaje a Quiché, en un incidente que aún no ha sido esclarecido del todo.
Candidatos que luchaban por su inscripción desencadenaron actos violentos para presionar a las autoridades. Esto sucedió durante el llamado Jueves Negro, en julio de 2003. Aquel día, simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco detuvieron el tránsito en algunas de las principales calles capitalinas y sitiaron edificios de empresarios y políticos. Su objetivo era que el general retirado y exjefe de Estado entre 1982 y 1983, Efraín Ríos Montt, pudiese participar en los comicios.
A Ríos Montt se le había negado la inscripción en varias oportunidades antes. La actual Constitución prohíbe que lleguen a la presidencia personas involucradas en golpes de Estado, algo que Ríos Montt sí había hecho. Sin embargo, tras las protestas del Jueves Negro y múltiples presiones políticas, Ríos Montt pudo participar.
En los últimos años no se han repetido incidentes de esta magnitud. Pero ha sido común que las elecciones se saldaran con decenas de asesinatos de candidatos o simpatizantes, sobre todo a nivel local, y con la repetición de las votaciones en unos cuantos municipios.
La violencia fue ascenso durante el nuevo siglo. Al mismo tiempo que aumentaban los homicidios en general en el país y se intensificaba la presencia del crimen organizado en muchos municipios, las elecciones se volvieron más sangrientas.
En 2003, en las elecciones que ganó Óscar Berger: se registraron 29 asesinatos. En las siguientes, las que ganó Álvaro Colom, se contabilizaron 36 fallecidos. Esta cifra tocó techo en 2011, durante el proceso que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina, cuando 37 personas vinculadas al evento electoral fueron asesinadas.
En esos comicios destacó el caso del municipio de San José Pinula, en el departamento de Guatemala. Allí, el candidato del extinto partido Líder, Luis Marroquín Rivera, ordenó asesinar a dos de sus rivales y trató de asesinar a otro ciudadano. Fue condenado a 142 años de prisión.
Desde entonces, la tendencia es a la baja. En los siguientes comicios, los que ganó Jimmy Morales, el número de asesinatos descendió a 20, según contabilizó el Mirador Electoral. Y en las pasadas elecciones, en 2019, a una semana del día de la votación, se habían registrado 11 muertes, entre ellas la de diez candidatos y un presidente de junta electoral.
En las actuales elecciones es probable que las cifras sean similares. El conteo de asesinatos a falta de algo más de un mes para los comicios, ascendía a siete víctimas, según el monitoreo de MOEGT. Hasta el momento, la violencia se concentra en el oriente y en el departamento de Guatemala.
El incidente más grave registrado hasta el momento ha sido el ataque a balazos que sufrieron el 6 de mayo dos activistas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en el municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa. Las fallecidas son las jóvenes Nicolasa López Méndez y Victoria Méndez Agustín, de 27 y 18 años respectivamente. Además, el piloto del vehículo en el que viajaban también murió durante el atentado. El MLP denuncia que desde 2018, 27 de sus miembros han sido asesinados.
Además, de este crimen, un candidato a concejal por el partido Viva en la alcaldía de la cabecera departamental Zacapa también fue asesinado el 28 de abril. Y otro aspirante del partido Viva, a alcalde en Mixco, Guatemala, sufrió un ataque armado el 18 de mayo.
Además, el actual alcalde de Granados, Baja Verapaz, Marvin Canahuí, del partido Vamos, también fue víctima de un intento de asesinato el 4 de mayo.
Este descenso en el número de asesinatos y atentados ha ocurrido al mismo tiempo que se ha reducido el número de municipios en los que la conflictividad conduce a que las elecciones se deban repetir.
En 2015, esto sucedió en 11 municipios, en su mayoría situados en la costa pacífica o el oriente del país. Sin embargo, en 2019, la cifra descendió a cinco. Aunque, de nuevo, un municipio de la costa sur aparece en listado –Iztapa, Escuintla– esta vez, la conflictividad se concentró en occidente, en lugares como Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos o San Antonio Ilotenango, en Quiché.
En Esquipulas Palo Gordo, por ejemplo, fueron las sospechas de acarreo de votantes las que motivaron el conflicto. Un grupo de vecinos trató de evitar que un autobús con supuestos ciudadanos de otro municipio acarreados para votar ingresara al pueblo. La policía intervino, pero todo terminó en un enfrentamiento que produjo la suspensión de la elección.
El descenso en el número de este tipo de incidentes ha motivado al TSE a reducir el número de municipios que considera de alto riesgo por conflictividad. Si en 2015 estos eran 74 y en 2019 la cifra alcanzó los 91 –más de uno de cada cuatro municipios del país–, en los actuales comicios, estos se han reducido a casi la mitad. El TSE solo considera 47 municipios están en peligro de conflicto y estima que el riesgo es bajo en la mayoría del país.
La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanda Odilia Alfaro, explicó que los datos son preliminares y que a medida que se acerque el día de las votaciones es posible que el mapa de conflictividad cambie, pero prevé unas elecciones tranquilas, no más conflictivas que las de 2019.
“Yo quisiera decirles que no va a ocurrir ningún conflicto, pero las pasiones políticas son naturales aquí y en todos lados. Seguramente, nosotros vamos a ir viendo cómo ir reduciéndolos”, afirmó Alfaro.
En el mapa de municipios con mayor riesgo para estas elecciones abundan los municipios situados en áreas fronterizas y sobre las rutas principales del narcotráfico: en el Oriente, Petén y cerca de los puertos, en ambas costas.
También se encuentran algunos municipios de Alta Verapaz en los que en los últimos años se han construido múltiples proyectos hidroeléctricos.
La magistrada del TSE Alfaro señala que para catalogar un municipio como de alto riesgo se tienen en cuenta factores de conflictividad, como la minería, las hidroeléctricas, los problemas de acceso a agua o los relacionados con conflictos territoriales. “Problemas que se dan y que ya estaban en esos lugares”, aseguró la magistrada. “No podemos hacernos ajenos a los problemas de las comunidades. Por ejemplo, hay hidroeléctricas en Alta Verapaz y todo eso ha generado dificultades”, dijo.
Las predicciones de dónde y por qué ocurrirán los conflictos electorales que realiza el TSE, sin embargo, tienen un problema principal: con frecuencia no aciertan.
Un fenómeno complejo
El caso de San Antonio Ilotenango, un municipio en apariencia tranquilo, que no estaba en el radar de las autoridades como un lugar violento, pero en el que ocurrió un conflicto repentino, no es un caso aislado.
De hecho, ninguno de los cinco municipios en los que se tuvieron que repetir las elecciones en 2019 figuraba ese año como un lugar de alto riesgo en los mapas de conflictividad que elabora el TSE.
Dos de ellos, Iztapa, en Escuintla y San Jorge, en Zacapa, sí eran el tipo de población que el TSE tiende a considerar de alto riesgo. Ambos son municipios con presencia del crimen organizado y están ubicados en puertos o rutas del narcotráfico.
En Iztapa, un excalde, Jorge Alberto Rizzo Morán, fue el objeto de una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que señaló sus vínculos con el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa. En San Jorge, en los últimos años se han producido detenciones e incautaciones de dinero de grupos dedicados al trasiego de cocaína, como Los Ipala o la estructura de El Fantasma.
A pesar de ello, el TSE no incluyó estos dos municipios en su lista de municipios priorizados. En ambos sucedieron hechos lo suficientemente graves como para tener que repetir las elecciones. En San Diego, por ejemplo, las amenazas que recibió la Junta Electoral Municipal motivaron la suspensión de los comicios.
Pero la mayoría de poblaciones en las que se tuvieron que anular los comicios, eran lugares como San Antonio Ilotenango; municipios sin ningún factor de riesgo en particular, en los que la sospecha de fraude o el deseo de que un candidato que no ganara o ganara una rival, fueron suficientes para desencadenar violencia, a veces con la instigación de los propios partidos políticos.
El hecho de que los conflictos suelen ocurrir en lugares no previstos por el TSE, podría deberse precisamente al éxito de la autoridad electoral en prevenir la violencia en los municipios que sí prioriza por considerarlos de alto riesgo.
Pero este hecho también pone de relieve un problema que los observadores de las elecciones han señalado: entender los conflictos electorales no es sencillo y anticiparlos mucho menos.
En 2020, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) trató de averiguar si había relación entre la conflictividad electoral y una lista factores. Analizaron si una elección con muchos candidatos aumenta el riesgo de violencia. O si lo hacia una elección en la que los resultados son muy parejos o un alcalde busca la reelección o si influye la calidad de la gestión de ese alcalde o si los municipios con mayoría de población indígena tienden a ser más tranquilos que los de mayoría mestiza.
La conclusión fue que ninguno de estos factores sirve para explicar la violencia electoral.
Este año, los investigadores Eduardo Núñez y Joseph Cole hicieron un análisis similar en un artículo para Diálogos. Estos autores sí concluyen que hay, al menos dos factores que aumentan la probabilidad de conflicto: el tamaño del municipio y lo ajustado del resultado. A mayor población, más probabilidad de violencia. A menor distancia entre el candidato más votado y el segundo, más riesgo de problemas, concluyen.
Pero, al mismo tiempo, no esconden las dificultades que entraña comprender el fenómeno. De hecho, comienzan su publicación, con una declaración elocuente: “la conflictividad electoral en Guatemala es un misterio”, aseguran.
La calma y la tormenta
La complejidad del fenómeno de la violencia electoral contribuye a que algunos analistas no compartan el optimismo con el que encara el TSE estos comicios. Porque, a pesar de los niveles relativamente bajos de violencia, estas elecciones, sí están siendo conflictivas y cuestionadas por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos extranjeros.
El MOEGT, por ejemplo, han argumentado que estos comicios corren el riesgo de perder totalmente su “legitimidad e integridad”.
Paradójicamente, las causantes principales, son las mismas que entidades que en teoría tienen que prevenir que los conflictos sucedan: poderes públicos como el TSE. Como afirmó el MOEGT en un comunicado del pasado 23 de mayo: “Encontramos evidencias abundantes de que las instituciones erigidas para defender a la ciudadanía se han constituido una amenaza para ella”.
El foco de los problemas ha residido en qué candidatos pueden inscribirse para participar en las elecciones y quiénes no. Hasta el momento, el TSE o las cortes de justicia han impedido que tres aspirantes a la presidencia se inscriban.
El problema comenzó desde el inicio de las elecciones, en febrero, cuando se impidió la participación de dos binomios presidenciales, el del MLP y el de Podemos.
El MLP es la agrupación de izquierda con mayor estructura electoral en la actualidad. Además de haber sido el partido más afectado por la violencia, no pudo registrar a su candidata a la presidencia Thelma Cabrera.
Lo mismo le sucedió al aspirante de Podemos, Roberto Arzú. Esto dejó a la campaña electoral, casi de entrada, sin dos de sus nombres más prominentes.
Sin embargo, la exclusión de candidatos a la presidencia alcanzó un nuevo nivel a finales de mayo, cuando se canceló la inscripción de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana. Pineda no había tenido problemas con su candidatura hasta que se publicaron dos encuestas que le situaron en primer lugar en intención de voto. A partir de entonces, comenzó a fraguarse su exclusión, que fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad el pasado 26 de mayo.
La salida de Pineda hizo que se disparase la percepción de que el proceso electoral está siendo manipulado para favorecer a ciertos candidatos y perjudicar a otros, lo que podría ser una fuente de conflictividad. Este tipo de sospechas sobre la posibilidad de un fraude o de que se esté tratando de imponer un candidato contra la voluntad popular, han sido, históricamente, causa de algunos hechos de violencia electoral, como sucedió en 2019 en San Antonio Ilotenango.
La magistrada del TSE Alfaro, quien fue alcaldesa de Masagua y candidata a la vicepresidencia de Prosperidad Ciudadana, reconoce que la no inscripción de algunas candidaturas puede ser un detonante de la conflictividad. “Yo vengo de la clase política. En una democracia no podemos dejar fuera a nadie, el único que puede dejar fuera a un candidato es el que no es electo”, afirmó.
Sin embargo, el TSE no solo está excluyendo aspirantes a la presidencia, si no a multitud de otros candidatos al Congreso o a gobiernos locales. Entre los casos más conocidos está el del diputado Aldo Dávila, que buscaba reelegirse por el partido VOS. O el del candidato a la alcaldía capitalina Juan Francisco Solórzano Foppa, que no ha podido inscribirse por segunda vez como candidato y ahora está en prisión por ser uno de los abogados del periodista José Rubén Zamora, también preso.
Un recuento de No Ficción realizado a mediados de mayo, encontró que los partidos de izquierda o progresistas tuvieron, en proporción, muchos más problemas para inscribir candidatos que otras agrupaciones. Según este análisis, el MLP fue el partido más afectado por la exclusión hasta mediados de mayo. Experimentó dificultades para registrar más de 200 aspirantes a cargos públicos.
La decisión de cancelar la candidatura de Carlos Pineda y con él, la de todos los candidatos de su partido, unos 1,300, cambió la situación.
Desde entonces, Prosperidad Ciudadana es el partido más afectado por la exclusión. Las autoridades no solo privaron de su derecho a ser electas a unas 1,300 personas, si no que evitaron que los 9.3 millones de electores registrados puedan votar por el candidato que encabezaba las encuestas a un mes de los comicios.
Hasta el momento, las exclusiones han provocado manifestaciones pacíficas. Así sucedió en febrero, cuando el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), bloqueó 18 puntos de todo el país en protesta por la no inscripción del binomio del MLP. Los simpatizantes de Carlos Pineda también protestaron sin violencia en las calles de la capital para pedir que se revirtiera la cancelación de las candidaturas de Prosperidad Ciudadana.
Sin embargo, todo este desgaste institucional, desconfianza y frustración ciudadana, podría hacer aún más imprevisible la violencia electoral a medida que se aproxima el 25 de junio, el día de las votaciones.
El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, asegura que, aunque en el país la democracia ha sido siempre débil o “fingida”, nos aproximamos a algo más equiparable a una dictadura manejada por una “mafia corporativa”.
“Considero que lo que estamos experimentando es una electocracia, en la que las autoridades y el sistema van eliminando aquellas figuras que son incómodas y que representan ciertas amenazas”, dijo Menocal.
Una combinación peligrosa
Al problema de la exclusión electoral se suman también otros más tradicionales, como el auge del narcotráfico o la conflictividad por proyectos extractivistas, que podrían hacer aún más complejo el panorama de la violencia electoral.
Las elecciones, como expuso Fernando Solís, el coordinador general de El Observador, una revista de análisis político, son siempre un “reacomodo de actores”, lo que puede propiciar los enfrentamientos.
En el tema del narcotráfico, los últimos años se han caracterizado por la penetración en el país del poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo ya ha protagonizado, desde 2021, enfrentamientos en Guatemala. Y grupos de hombres armados que se presume forman parte de la organización han impuesto el terror en áreas fronterizas, según reportó El Faro.
Además, oficiales del Ejército de Guatemala ya han sido capturados por su vinculación a este cártel, lo que muestra cómo han logrado cooptar instituciones del Estado en poco tiempo.
El exministro Menocal dijo que la presencia del CJNG y su necesidad de financiar a ciertos candidatos para así tener de su lado a los poderes locales y asegurarse rutas, podría aumentar la conflictividad electoral. Esto podría suceder, según Menocal, en áreas clave para el trasiego, como la costa de San Marcos o los municipios fronterizos de Huehuetenango.
En este último departamento, ya existe un grupo dominante, el de “Los Huista”, que según las autoridades estadounidenses, ha trabajado indistintamente para el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Los Huistas tienen sus vínculos con la política. Un miembro del grupo, capturado en 2021, es hermano de la diputada por Huehuetenango Sofia Hernández. Ella ha formado parte de la directiva del Congreso en las últimas legislaturas.
Karla López, investigadora del Observatorio de la Violencia de Diálogos y también parte de MOEGT, asegura que el control de los grupos criminales es un problema que no puede obviarse. “Definitivamente será un reto para este proceso electoral”, dijo la analista.
Con los conflictos inducidos por los proyectos energéticos o la expansión de los monocultivos como la palma africana o la caña de azúcar sucede algo similar. Siguen presentes y contribuyen a un cóctel de conflictividad con múltiples ingredientes.
Esto es especialmente cierto en áreas donde estas industrias controlan recursos esenciales para la agricultura, como el agua y la tierra cultivable.
El analista Fernando Solís expuso que la presencia de empresas extractivistas suele causar enfrentamientos entre las comunidades y las empresas y entre los propios vecinos también. Hay ciudadanos que deciden oponerse y otros que no, una división que luego puede trasladarse al campo electoral y convertir los comicios en un enfrentamiento más profundo y con más potencial de ser conflictivo.
El cardenal Álvaro Ramazzini, quien forma parte de un espacio de la sociedad civil contra la impunidad llamado Convergencia Nacional de Resistencia, coincidió en que la presencia de hidroeléctricas o minas pueden aumentar los conflictos electorales. “Pueden ser un detonante, dada la falta de madurez política de los ciudadanos, los intereses de grupos particulares y las manipulaciones de algunos líderes”, explicó Ramazzini.
Todos estos problemas, los más nuevos, como la exclusión electoral y los más antiguos, hacen considerar al exministro Menocal que las actuales elecciones serán atípicas. “Vamos a enfrentar un panorama convulso mucho más complejo que los procesos anteriores”, dijo Menocal.
