Carlos Pineda es el tercer candidato a la presidencia al que las cortes o la autoridad electoral impiden participar en estas elecciones. Su candidatura y las de otros mil ciudadanos postulados por el partido Prosperidad Ciudadana fue cancelada de manera definitiva por la Corte de Constitucionalidad. Mientras los candidatos que se beneficiarán de la salida del que era favorito en las encuestas guardan silencio, la sociedad civil y la comunidad internacional señalan el grave deterioro de la democracia en el país.

Texto: Jovanna García / Fotografías: Edwin Bercían / Edición: Asier Andrés

El contenido de las redes sociales de Carlos Pineda es un reflejo de cómo, en solo unos días, la vida de este candidato presidencial cambió de manera radical. En su nueva foto de perfil Pineda ya no sonríe. Ya no parece el finquero próspero, simpático y cercano al pueblo que prometía una “revolución electoral” y “ganar en primera vuelta”. Ahora, su foto de perfil es un fondo negro con una frase: “no al fraude electoral”. 

Sus videos en la red social que lo lanzó a la fama, Tik Tok, también cambiaron. Ya no son de sus mítines junto a su compañero de fórmula, Efraín Orozco. O de Mechito, su cómico amigo e influencer.  Ahora vemos a un Pineda molesto, enfrentado con el mundo y afirmando: “la batalla puede decaer un poquito, pero la guerra no está perdida, seguimos en la lucha hasta el último aliento”, según expresó en uno de sus últimos videos. 

Pineda, el aspirante a la presidencia poco ortodoxo que construyó su imagen en Tik Tok y llegó a liderar las encuestas de intención de voto, dejó ser candidato oficialmente la tarde del 26 de mayo.  

Para ese momento, llevaba luchando durante días para mantener viva su candidatura, después de que la autoridad electoral la cancelara de manera provisional el pasado 21 de mayo.

De sorprender a sus rivales con su exitosa campaña electoral en redes sociales, Pineda pasó, en solo unos días, a verse inmerso en una serie de batallas legales por la supervivencia de su candidatura. 

Trató, sin éxito, de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) frenara la impresión de las boletas hasta que se resolviera su situación. Presentó diferentes recursos en el sistema de justicia para que se le permita volver a ser candidato. Lo hizo solo, sin el apoyo de la dirigencia formal de su partido, que lo abandonó a suerte. Para mostrar su popularidad, trató de movilizar a sus seguidores, presentándose como la última víctima de un sistema electoral que ya ha convertido en habitual la exclusión de candidatos.

Pero nada de eso funcionó. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad ratificó su exclusión. Y tan rápido como ascendió, su candidatura cayó. Pineda, el candidato a la presidencia que la política tradicional no vio surgir, se encontró de frente con la política tradicional. 

Uno de los principales exponentes de este sector, el excandidato presidencial, exdiputado y exconvicto por lavado de dinero Manuel Baldizón logró, con la ayuda de las cortes y la pasividad del TSE, frenar la participación de Pineda. 

Por el camino, Baldizón también consiguió dejar fuera de los comicios a alrededor de otras mil candidaturas más: todas la del partido que postulaba a Pineda, Prosperidad Ciudadana. Esto incluye a 112 aspirantes al Congreso que acompañaban a Pineda y las planillas a alcaldes, concejales y síndicos en 119 municipios.   

La acción de Baldizón también hizo un favor a todos los rivales de Pineda, y en especial a candidaturas presidenciales, como las de Edmond Mulet, Sandra Torres o Zury Ríos, que ahora ven multiplicadas sus posibilidades de pasar a segunda vuelta. 

La exclusión es la norma

La exclusión de Pineda es la tercera de un binomio presidencial que ocurre en estos comicios. Antes, se impidió la participación del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y del partido Podemos. Las tres por motivos que han sido percibidos por muchos ciudadanos como arbitrarios o cuestionables. 

El MLP no pudo inscribirse porque su vicepresidenciable, Jordán Rodas fue denunciado días después de presentar su candidatura, por supuestos malos manejos administrativos en el cobro de una indemnización, mientras dirigía la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. 

Después se excluyó a Podemos porque la autoridad electoral concluyó que su candidato a la presidencia, Roberto Arzú, no reunía los requisitos de “capacidad, idoneidad y honradez” porque el propio TSE le impuso una multa de US$50 mil por realizar campaña anticipada.

Ahora, Prosperidad Ciudadana queda fuera de la contienda después de que el partido de Baldizón, ha logrado que un tribunal de amparo anule una asamblea del partido celebrada en noviembre del año pasado. En esta asamblea, los dirigentes del partido que postulaba a Pineda cometieron una serie de incumplimientos, que el propio TSE aceptó en su momento y sigue considerando como de escasa importancia.

Además de estos binomios, otros candidatos como el diputado del partido Aldo Dávila o el aspirante a la alcaldía capitalina, Juan Francisco Solórzano Foppa, ambos conocidos críticos del sistema también fueron excluidos por estar sindicados o investigados en procesos penales. Mientras, otros candidatos con señalamientos similares como los candidatos a alcalde Neto Bran (Mixco) o Ricardo Quiñonez (Ciudad de Guatemala) no han tenido obstáculos para inscribirse. Una tabla de la Misión de Observación Electoral, una alianza de grupos de la sociedad civil ejemplifica algunas de estas decisiones contradictorias por parte del TSE.

La exclusión de candidatos, por tanto, no es algo nuevo. Pero la de Pineda marca un nuevo salto cualitativo. Es la primera vez que se priva del derecho a ser electos, no solo a un binomio o un candidato particular, si no a alrededor de mil personas al mismo tiempo. Todas ellas tenían sus credenciales oficiales otorgadas por el TSE, hacían proselitismo desde hacía semanas y daban por segura su participación.

Además, es también la primera ocasión en la que se excluye a un candidato en una fase avanzada de la campaña, a un mes de los comicios. Y precisamente, cuando ese candidato encabezaba las encuestas.  Esto ha aumentado la percepción de que la decisión de cancelar a Pineda responde a intereses políticos y que hay sectores que están manipulando con éxito el resultado de las elecciones del 25 de junio.

Para el politólogo Renzo Rosal la exclusión de candidatos pone de relieve que Guatemala ya no vive en democracia, si no en una “autocracia electoral”. “Nuestras elecciones ya no son para nada un indicador de democracia (…) son un mecanismo para apuntalar un régimen autoritario y, por lo tanto, se vale que se perviertan los principios básicos de cualquier elección. Ahora queda en evidencia que somos una autocracia electoral, para apuntalar”, dijo Rosal. Una afirmación que hace sentido con las declaraciones de organismos internacionales como Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA-, acerca del proceso electoral en Guatemala.

De las redes sociales a la realidad

Para Pineda, las semanas anteriores a su expulsión de la contienda fueron de enfrentamiento con la realidad. Hasta ese momento, el candidato había vivido tranquilo, centrado en sus redes sociales y en recorrer el país dándose a conocer. Pero la publicación de dos encuestas que le ubicaron ambas en primer lugar en la intención de voto cambiaron todo.

Pineda comenzó a atraer cada vez más atención de los medios, de la sociedad y también de sus rivales. Estos comenzaron a verlo como una amenaza creciente.

El candidato que se nombraba apolítico empezó a volverse cada vez más político. Aumentó el número de entrevistas que concedía, incrementó su presencia en medios tradicionales y en mítines.

Fuera del medio en el que se sentía cómodo, las redes sociales, para Pineda fue cada vez más difícil presentarse como el simpático finquero que contaba anécdotas o pilotaba avionetas en Tik Tok. 

Tuvo duros enfrentamientos en redes sociales con otros políticos como Samuel Pérez y Edmond Mulet. También tuvo algunos escándalos por mostrarse prepotente, como sucedió durante un foro universitario en el que fue entrevistado por la periodista, Dina Fernández. En ese evento, además, hizo algunas declaraciones desafortunadas, como asegurar que es incorrecto decir que la mitad de los niños del país sufren de desnutrición crónica, a pesar de que los datos oficiales muestran que esto sí es cierto. También se molestó innumerables ocasiones con la prensa al ser cuestionado por su carencia de visa estadounidense, señalamientos de vínculos con el narcotráfico e incluso por sus antecedentes con otros partidos. Declaró ante los medios varias veces que Prosperidad Ciudadana solo le había dado “jalón”, menospreciando al partido.

Todo esto contribuyó a desgastar su imagen. Sin embargo, su choque definitivo con la realidad sucedió el 5 de mayo, solo tres días después de que una encuesta de Prensa Libre, el diario más importante del país confirmó que Pineda era el principal favorito para pasar a segunda vuelta.

La venganza de los Baldizón

Ese 5 de mayo, abogados del partido Cambio presentaron un recurso de amparo ante un tribunal ordinario que buscaba destruir la candidatura de Pineda. Este partido es controlado por el político petenero Manuel Baldizón y sus familiares. Sin embargo, Pineda participó en su creación y ocupó cargos en el partido, antes de abandonarlo y lanzar su candidatura en Prosperidad Ciudadana. Así se generó un conflicto que, según los Baldizón no existe, pero que acabarían costándole a Pineda su candidatura a la presidencia. 

El argumento de los Baldizón para atacar a Pineda era que, en una asamblea nacional celebrada en noviembre de 2022, el partido Prosperidad Ciudadana cometió algunas irregularidades que, en su opinión, la convertían en inválida. Esta asamblea fue importante porque en ella se nombró a un Comité Ejecutivo Nacional para el partido. Y fue esa nueva dirección del partido, ilegítima según Cambio, la que, a su vez, convocó otras asambleas, en las que fueron elegidos los candidatos de la agrupación para las elecciones generales del 25 de junio. En otras palabras, la designación de Pineda y todos los otros aspirantes del partido a cargos públicos, había ocurrido bajo el mandato de un Comité Ejecutivo invalido. Por tanto, su inscripción debía ser cancelada.

¿Qué irregularidades tan graves sucedieron en la asamblea de noviembre de 2022 que justificaban excluir a más de mil candidatos de las elecciones? Según Cambio, básicamente tres. Primero, los delegados que participaron no firmaron para dejar constancia de su presencia. Segundo, la dirección del partido no presentó informes económicos o financieros para que la asamblea los aprobara. Y tercero, en el nuevo Comité Ejecutivo solo se incluyeron miembros de la planilla más votada en la asamblea. No se incluyeron miembros de otra planilla que sí recibió votos. La Ley Electoral establece que la secretaria de un partido y los principales cargos los puede ocupar la planilla más votada, pero también manda que otros grupos minoritarios deben estar representados.

No es que Cambio descubriera estas anomalías. Se limitaron a reproducir los hallazgos de un informe del TSE que se realizó en su momento, poco después de la celebración de la asamblea, a finales del año pasado. 

Sin embargo, el propio TSE había considerado que estas irregularidades no eran obstáculos mayores y que el acto partidario era legal. De hecho, la nueva directiva del partido fue reconocida por la autoridad electoral en diciembre de 2022. 

Todo se alinea contra Pineda

Para el 5 de mayo la situación era otra. Pineda era el favorito. Un recurso que obstaculizara su candidatura ya no solo era de interés para los Baldizón y su partido. Tenía otros muchos beneficiarios: desde los rivales de Pineda a cualquier otro actor político preocupado por la emergencia de un candidato imprevisto. 

En estas nuevas circunstancias, Cambio resucitó el recurso contra la asamblea de Prosperidad Ciudadana que el TSE había rechazado. Esta vez lo presentaron en forma de amparo ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo. 

En el recurso alegaban que permitir a Pineda o los candidatos de Prosperidad Ciudadana participar en las elecciones era un agravio para los otros candidatos, vulneraba su derecho a participar en igualdad de condiciones en los comicios, dado que estos habían sido nombrados por una dirigencia ilegítima.

Inicialmente, la sala no pareció muy receptiva a aceptar los argumentos de Cambio. Su primera decisión fue señalar las ausencias que contenía el amparo. En una resolución, la Sala le pidió a Cambio, entre otras cosas, que aclarasen si habían agotado todos los recursos en el TSE, tal y como establece la ley, algo que Cambio no había hecho.

Varios abogados consultados para esta nota concluyeron que solo por este motivo, la sala pudo denegar el recurso planteado por los Baldizón. Sin embargo, sucedió lo contrario: el amparo se otorgó provisionalmente el 18 de mayo. 

Una breve lucha

Al conocer la noticia, Carlos Pineda anunció en sus redes sociales que se presentaría a las 4:00 pm del sábado 20 de mayo ante la Corte de Constitucionalidad para presentar una apelación en contra del amparo provisional. Cientos de personas le acompañaron con carteles y mantas denunciando un “fraude electoral”. Los simpatizantes de Pineda empujaban y gritaban enojados que era un fraude. En medio de empujones y un ambiente tenso, Pineda logró entrar con su abogado, Erick Castillo, así como con el diputado que buscaba su reelección en la primera casilla por Retalhuleu, Edwin Lux.

Contra el amparo provisional se presentaron tres apelaciones: una a nombre del partido Prosperidad Ciudadana, otra promovida por Pineda y una tercera por Lux. Las tres fueron, después, unificadas para su trámite ante la Corte de Constitucionalidad. 

El TSE no solo aceptó sin protesta la resolución de la sala. Tampoco esperó a que estos recursos pendientes se resolvieran. Al día siguiente, 21 de mayo, anunció que suspendía la candidatura de Pineda y el resto de los candidatos de Prosperidad Ciudadana. Todos los aspirantes a cargos públicos del partido deberían devolver sus credenciales.

Desde ese momento, Pineda dejó de ser candidato a la presidencia. Ya no podía hacer campaña y debía retirar su propaganda de las calles.

Un día después, el 22 de mayo, el TSE oficializó que las papeletas para las elecciones serían impresas sin las candidaturas de Prosperidad Ciudadana. Pineda trató de detener la impresión a través de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero este fue rechazado. La magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, afirmó que no habría problema. Si se resolvía la situación de Prosperidad Ciudadana, volverían a imprimir las boletas, un proceso que le cuesta al TSE Q25 millones.

Ese mismo día 22, Pineda dio una conferencia de prensa en la que se presentó como víctima de los poderes del país y predijo que el país se encamina al autoritarismo. “Se cree muy conveniente que, a estas instancias, a 30 días de la elección bajarse al candidato y a todo el partido que está punteando las encuestas. Eso favorece a ciertos grupos de poder. (…) Creemos que la elección debe ser en las urnas y no en las cortes. Se han estado dando situaciones que indican que estamos en vísperas o en camino a una dictadura”, dijo el candidato. 

Mientras esto sucedía, Pineda parecía quedarse aún más solo. La secretaria general del partido que le había “dado jalón”, Lilian García Contreras, quien semanas antes aseguraba que Pineda contaba con su respaldo, desistió del recurso de apelación planteado por el partido el sábado 20 ante la Corte de Constitucionalidad. De esta manera, Prosperidad Ciudadana renunciaba a luchar contra un amparo provisional que anulaba todas sus candidaturas, una decisión que sería crucial.

Para el viernes 26 de mayo, en la Corte de Constitucionalidad quedaban por resolver los recursos planteados por Pineda y el candidato a diputado Edwin Lux. Ambos fueron declarados sin lugar.

En su resolución, la Corte no entra al fondo del asunto. Se limita a explicar que quien estaba legitimado para presentar el recurso era el partido Prosperidad Ciudadana como tal. Pero dado que su secretaria renunció a hacerlo, el recurso ya carecía de sentido. En otras palabras, Pineda estaba reclamando su derecho a ser electo, pero no le correspondía a él hacerlo. Únicamente su partido podría haberlo hecho al alegar que el TSE permitió su inscripción.

La Corte también aprovecha para culpar de la situación al TSE. “Toda la situación de incertidumbre que impera se podría haber evitado si la función de los órganos electorales hubiera operado en la forma prevista en la ley, pues las omisiones de verificación oportunas generaron expectativas de ejercicios de derechos que no pudieron mantenerse”, exponen los magistrados. Además de deducir responsabilidades ante el Ministerio Público de investigar posibles ilícitos.

Esta resolución mantiene el amparo provisional de Cambio y la suspensión de las candidaturas de Prosperidad Ciudadana. Aunque aún falta que la Sala Sexta resuelva el mismo de forma definitiva, la argumentación de esta y de la Corte, denota el traslado de responsabilidad al Registro de Ciudadanos dando la razón a Cambio de que hubo anomalías en la asamblea. Y, sin la validez de la misma, no hay candidaturas que puedan permanecer vigentes.

Silencios y beneficiados

La exclusión de Prosperidad Ciudadana ha puesto de relieve cómo cualquier decisión tomada por la autoridad electoral puede ser revertida en el sistema de justicia. A partir de ahora, un partido podría dedicarse a impugnar ante los tribunales asambleas celebradas por sus rivales y esperar que esto logre derribar cualquier candidatura. Pero lejos de crear alarma entre los partidos por el precedente que supone, la caída de Pineda ha sido recibida, principalmente con silencio, tal y como sucedió antes con las exclusiones cuestionables de Thelma Cabrera o Roberto Arzú.

Durante los días en que el candidato de Prosperidad Ciudadana luchó por mantenerse en los comicios, no recibió el apoyo de casi ninguno de sus rivales. 

La candidata de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos no se pronunció. Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, durante una visita al Mercado Central envió solidaridad a Pineda y a sus seguidores. “Yo ya pasé por eso y son momentos muy difíciles. Que siga adelante”, dijo Torres ante la prensa, recordando cuando ella fue excluida en las elecciones de 2011 por su relación con el entonces presidente Álvaro Colom.

Edmond Mulet, candidato de Cabal, se expresó en términos muy similares. Dijo respetar el Estado de Derecho. Manuel Villacorta, presidenciable de VOS, no se refirió directamente al tema, pero en una conferencia de  prensa señaló que en el país se está perpetrando un intento de fraude electoral.

Hasta el momento de esta publicación, Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, fue el único en referirse de manera concreta al caso de Pineda en un sentido crítico. “El amparo provisional contra la candidatura de Carlos Pineda, se suma a la serie de medidas erráticas y arbitrarias que han dejado ya fuera a otras candidaturas presidenciales”, dijo en un video.

Que los principales candidatos no hayan salido en defensa de Pineda no es una sorpresa. Ellos son también los principales beneficiarios de su exclusión. 

El pasado 24 de mayo, la encuestadora CID-Gallup publicó los resultados de un estudio de opinión pública que muestra que Torres, Mulet y Ríos son los principales beneficiados de la salida de Pineda.

Sin Pineda, el estudio estima que Sandra Torres subiría a la primera posición en intención de voto con 23 puntos. Le seguiría Edmond Mulet con 21 puntos y Zury Ríos con 19 puntos. Básicamente, un triple empate.

Pero mientras los candidatos que quedan en la contienda piensan en cómo beneficiarse de la desaparición de su principal rival, la degradación de la democracia en el país genera preocupación en la sociedad civil y la comunidad internacional.

Ya antes de que se confirmara la exclusión de Pineda, la Unión Europea, difundió un comunicado mostrando su inquietud ante “las repetidas decisiones de excluir candidatos” en estas elecciones.  En otro comunicado, el Mirador Electoral afirmó que en estos comicios se ha puesto en riesgo “el último puntal de nuestra frágil democracia”: la celebración de elecciones libres. 

Para el politólogo y analista Renzo Rosal, el principio de que sea el pueblo el que decida “está absolutamente manipulado en esta ocasión”. “Pineda, provenga de los sectores que provenga era una opción entre otras y se le saca de la contienda con argucias de carácter jurídico, pero con una decisión eminentemente política. (…) Este proceso electoral es muy coherente. Lamentablemente en el sentido negativo, es coherente con el estado de situación que tenemos en el país. La elección que tenemos es la que corresponde al proceso de hundimiento y grave deterioro democrático”, dice Rosal.

Así, el TSE, los Baldizón, la Sala Sexta, la dirigencia de Prosperidad Ciudadana y la Corte de Constitucionalidad, contribuyeron cada uno en cierta medida a que, por primera vez, se le vetara el derecho de ser electos a más de 1000 ciudadanos cuando ya habían sido autorizados. En los comicios del 25 de junio, los simpatizantes del partido y de cada candidato, no podrán marcar una x en el logo del partido del lápiz en un proceso electoral que se ha caracterizado por excluir a quienes incomodan al sistema y permitir la inscripción de otros con señalamientos de corrupción.