El Congreso fue nuevamente cercado y sus instalaciones dañadas. En esta ocasión por grupos de militares retirados incitados por la periódica promesa traicionada de numerosos políticos de una millonaria indemnización que ahora se encuentra más lejos que nunca.

Las llamas regresan al Congreso de Guatemala y lo hacen azuzadas por el propio presidente Alejandro Giammattei. Un grupo de militares retirados cercó ayer el Congreso y retuvo a decenas de trabajadores y a unos cuantos diputados mientras incendiaba cuatro vehículos en el parqueo de un edificio anexo al Palacio Legislativo. Con los automóviles aún en llamas, el martes 19 de octubre volvió a circular en las redes sociales un video de Giammattei en la campaña electoral del 2019 prometiendo, en un tono trumpiano, el pago a los veteranos:

“El que promete y no cumple no merece llamarse hombre. Yo sé que ustedes me van a ayudar, si este gobierno no pasa la Ley de Dignificación (el pago a los veteranos) que la deberían de pasar este gobierno, nosotros la vamos a impulsar en el Congreso”, decía Giammattei en la reunión con los militares.  Entre aplausos el ahora presidente añadía: “Y algo más, como el otro Congreso va a estar medio pintadito de verde (en alusión al partido UNE) yo como presidente del país voy a ir al frente con ustedes, como comandante general del Ejército, a pararnos ante el Congreso hasta que pase la Ley de Dignificación”.

Esa mecha encendida en la anterior campaña electoral ha terminado por llegar hasta el Palacio Legislativo. La propuesta dentro de la iniciativa de “Ley de Dignificación” incluye el pago de una indemnización de Q120 mil, casi cuatro años del salario mínimo guatemalteco, por sus servicios durante el conflicto armado interno, para un número aún no determinado de beneficiarios.

Pero, como suele ocurrir con las promesas de campaña traicionadas, esta oferta no es exclusiva de un solo político. Y no es la primera vez que resulta ser una promesa defraudada.

El huevo de la serpiente

En diciembre del 2016, en el final del primer año de gobierno de Jimmy Morales, el partido del entonces mandatario FCN-Nación impulsaba la inclusión dentro del presupuesto anual de una remuneración de Q10.3 millones. Este dinero estaba destinado para su administración y distribución por parte de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y la Asociación Nacional de Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala (Anejubeg).

El propósito de estos fondos era remunerar a 4,550 jubilados registrados por el Instituto de Previsión Militar, entre ellos 3,889 especialistas y 1,161 oficiales. Pero las viejas distinciones de clase no se hacían esperar. La dirigencia de Avemilgua, conformada por oficiales, un estamento superior a los especialistas, insistía en controlar los recursos. Esta dirigencia tenía la prerrogativa de ser el germen para la fundación del partido FCN-Nación que llevó al poder a Morales, tras fusionar al partido FCN con el movimiento político Nación, impulsado por Morales.

Servía, además, como incentivo el antecedente de los pagos realizados a los expatrulleros de defensa civil (ExPAC), que sumaron alrededor de Q2 mil millones, desde los desembolsos iniciales del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en 2003, hasta el gobierno del Partido Patriota en 2012. Pagos realizados bajo la excusa de un programa de reforestación sin muestras de resultados.

En este contexto, el 22 de noviembre de 2016 se presentó la primera propuesta de ley para el pago de una indemnización a militares jubilados. Una iniciativa de los diputados  Ana Victoria Hernández Pérez del paritdo Todos, Ileana Calles y Eduardo De Matta de FCN-Nación y José Conrado García del cancelado Líder. No fue la única iniciativa que buscaba beneficios para los veteranos militares en esa legislatura. Un año más tarde, en noviembre de 2017, el diputado Fernando Linares Beltranena, del PAN, proponía una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar inmunidad a los sentenciados o ligados por delitos contra la humanidad durante el conflicto armado interno.

En 2019, con la llegada del nuevo ciclo electoral, los ofrecimientos hacia los veteranos de guerra se reactivaron. El 16 de enero de ese año, los roces dentro de Avemilgua, entre sus dirigentes, oficiales retirados y asociados de menor rango, como antiguos especialistas y soldados rasos, salieron a relucir. En una concentración en la Plaza de la Constitución, el vicepresidente de la asociación Marco Antonio González Taracena, llamó “pendejos” a los excombatientes que pedían una compensación de Q85 mil y les recriminó la manifestación por interferir en la negociación de la Junta Directiva de la Asociación con el gobierno de Morales.

González Taracena es uno de los militares acusados por el caso Diario Militar y el pasado mes de junio tuvo su audiencia de primera declaración desde el Hospital Militar, donde fue ingresado por enfermedad. En este caso se le acusa, cuando fue director del Archivo del Estado Mayor Presidencial, entre 1983 y 1985, de la persecución, captura, y en un gran porcentaje de caso desaparición, de 183 personas vinculadas a movimientos de izquierda. González Taracena, además, conformaba durante estos años la conocida Cofradía, una congregación de militares de la inteligencia militar unidos para diferentes propósitos. 

González Taracena en esa ocasión tuvo que ser escoltado por delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos para evitar que lo agredieran. Luego de esos conflictos el presidente de Avemilgua, el general retirado Quilo Ayuso, declaró que llevaban cinco años “analizando” pedir una indemnización para los veteranos, sin llegar a un acuerdo por considerar difícil su financiamiento al contar con 450 mil afiliados que sirvieron durante el conflicto interno. 

La escalada del conflicto

Para llegar a este momento de conflicto los veteranos ya habían bloqueado carreteras en 19 puntos del país, el pasado 13 de septiembre, y el 7 de octubre ya habían anunciado que se “desligaban” de la Asociación de Militares Veteranos de Guatemala (Avemilgua) aduciendo que los habían “utilizado con fines electorales”.

La jornada del 19 de octubre de 2021 no se entiende en el vacío. Alrededor de mil hombres con palos y muchos de ellos con machetes en sus fundas se concentraron en la Plaza de la Constitución esa mañana y marcharon hacia el Congreso después de meses de dar señales de hartazgo.

Hacia las ocho de la mañana tuvieron sus primeros roces con un grupo de salubrista de Cuilapa, Santa Rosa, que habían llegado al Congreso con sus propias demandas. Los veteranos desalojaron a los otros manifestantes ante la pasividad de la policía. A lo largo de la mañana se concentraron alrededor del Palacio Legislativo en una fecha en la que se tenía programado la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

Para el mediodía ya era evidente que la sesión plenaria programada para las 14 horas sería cancelada, apenas una decena de congresistas se encontraban en las oficinas del Congreso y muchos ya habían desistido de llegar al edificio al observarlo rodeado por los veteranos. Según relatan trabajadores y asesores parlamentarios que quedaron atrapados en el edificio para las 14 horas salir del edificio ya era imposible para congresistas y trabajadores.

Una hora más tarde, hacia las 15 horas, los enfrentamientos entre los veteranos y el primer cinturón de seguridad de la policía, equipados solo con bastones, fueron rechazados. En algunos videos compartidos desde edificios aledaños, se puede observar a los policías huir de los manifestantes. Mientras el segundo cinturón de seguridad con el núcleo de la reserva de policías permanece en la periferia.

Pero los mayores destrozos se produjeron en un lapso que aproximadamente va de las 15:30 a las 16 horas. Decenas de manifestantes rompieron aceras, postes y empujaron el acceso al parqueo por la Octava avenida. Una embestida de decenas de hombres con palos, machetes y trozos de acera arremetió contra el portón del parqueo y este finalmente cedió.

Desde el interior circularon imágenes de los guardias de seguridad del Parlamento utilizando parales de madera para intentar contener la arremetida. Los trabajadores filmaron la llegada de los primeros veteranos que comenzaron a destruir los vehículos que aún se encontraban en el estacionamiento. Se repitieron las escenas de asedio al edificio del Parlamento de noviembre del año pasado, pero en esta ocasión quienes asediaban eran veteranos militares que hacían huir al primer cinturón de seguridad de policías.

En la periferia se alcanzó a ver el humo que ascendía del Congreso, y las bombas lacrimógenas lanzadas por el equipo antimotines del tercer cinturón de seguridad se acercó al edificio. En el transcurso de la trifulca, periodistas de medios como Nuestro Diario, Prensa Libre, Guatevisión y Quorum fueron agredidos por los manifestantes. Destrozaron la cámara del periodista David Sanchinelli, de Nuestro Diario, quien documentaba el ataque de los veteranos a los policías e intentaron arrebatarle la cámara al periodista Esbin García de Prensa Libre, entre otras agresiones.

Con la llegada de los antimotines se arrestó en los alrededores del Congreso a dos personas: Telésforo Ramírez López 68 años y Mynor de Jesús Barrientos 55 años. Se reportaron dos detenidos más trasladados al hospital San Juan de Dios sin identificar y, horas más tarde, en la carretera al Atlántico se detuvo a Juan Parachico Sánchez, de 50 años y Ernesto Martínez Agustín, de 47 años, por actos vandálicos.

El cruce de señalamientos entre grupos políticos buscando responsables sobre los hechos comienza cuando el humo de los vehículos quemados y el olor del gas lacrimógeno aún flota en aire.

El uso electoral que desata el enojo

No era la primera vez que los veteranos militares aparecían como una amenaza para las instituciones en el pasado reciente. El 20 de mayo de 2019, a menos de un mes de la primera vuelta electoral, el presidente de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, amenazó con boicotear las elecciones si no les reconoce una indemnización de Q85 mil. Este grupo no figuraba entre los impulsores de la iniciativa del 2016.

Luego de la primera vuelta electoral de 2019, el candidato oficialista de FCN-Nación, el entonces diputado Estuardo Galdámez, capitán retirado e integrante de las fuerzas especiales Kaibil, presentó la propuesta de crear un “bono patriótico”. Pero es la propuesta 5664, presentada por la diputada Ana Victoria Hernández y el diputado Felipe Alejos Lorenzana, del partido Todos, la que concentró la atención de los veteranos. Esta fue entregada en noviembre de 2019 con un monto de Q120 mil para ser dividida en cuatro pagos anuales.  

Esta propuesta contempla que al Ministerio de Defensa se le asigne una partida presupuestaria especial para su ejecución. Y para su revisión el proyecto de ley fue enviado a las comisiones de Defensa, Finanzas Públicas y Derechos Humanos.  

Un año después, ya bajo el gobierno de Alejandro Giammattei y luego de que este prometiera durante la campaña apoyarla, el enojo de los veteranos comienzó a hacerse evidente. El 25 de noviembre, apenas cuatro días después de las manifestaciones en las que se quemaron algunas oficinas del Congreso, los militares se presentan al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, donde sesionaba provisionalmente el Legislativo para presionar por esta ley.

En esa fecha el diario La Hora recogía en los altoparlantes de los veteranos la siguiente declaración: “nosotros le apoyamos y por el voto de nosotros está en el puesto que está, pero como decía mi hermano lo podemos bajar de donde está, sólo es cuestión de que nos atienda, porque se le va a venir la gente que está en los departamentos”.

La amenaza latente de los veteranos se reactivó en 2021. Al menos 14 asociaciones de militares se reunieron en agosto de este año con el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado de Todos, José Ubico (condenado por narcotráfico en Estados Unidos), para discutir la propuesta de indemnización. A la reunión asistió además el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, con el propósito de que comenzara a buscar los fondos para sufragar la iniciativa.

Esta reunión fue promovida por la comunicación oficial del Congreso como una gestión exitosa, como una reunión que “logró detener las medidas de protesta”. Pero lo cierto, según un congresista que asistió a la sesión, es que las presiones para avanzar con la iniciativa crecieron e incluso miembros de su partido recibieron audios intimidatorios.

Uno de los puntos en disputa era la falta de un listado oficial de personal que sirvió en el Ejército durante los años en conflicto y que podrían beneficiarse de la indemnización. Se acordó que el Ministerio de Defensa remitiría dichos listados, pero no fue si no hasta este mismo 19 de octubre que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Álvaro Arzú, aseguró a periodistas en horas de la mañana que la lista definitiva llegaría el viernes 22 de octubre. 

El cruce de señalamientos

Para las 17 horas del martes 19 de octubre el asedio de los militares al Congreso ya se había diluido. Los diversos grupos se movieron en los alrededores de la Plaza de la Constitución, la Catedral Metropolitana o el cercano Parque Colón, entre otros puntos. Aparecieron los autobuses que los conducirían de regreso a sus comunidades.

Algunos aún llevaban palos, los machetes enfundados, trozos de acera en las manos que dejan al sentar en las aceras. No Ficción intentó conversar con algunos, pero la mayoría se mostró renuente, los policías estaban a unos pasos y guardaban su distancia. De nuevo había en los alrededores del Congreso cartuchos de latas lacrimógenas vacías, extintores arrojados en las calles y los bordes de las aceras rotas para hacer munición arrojadiza.

Por fin se logró hablar con un pequeño grupo, más festivo que molesto luego de los enfrentamientos, y algunos hicieron un recuento de los grupos que asistieron. Mencionaron a la Asociación de Veteranos Miembros de Tropas del Ejército, a la Asociación Nacional de Soldados de Reserva de Guatemala, a los Veteranos de Guerra por Guatemala y una Federación de Veteranos Militares. Nadie quiso hablar de liderazgos.

Para algunos de ellos no era la primera vez en el Congreso, los liderazgos, dijeron, los han convocado en más de una ocasión. Han cerrado caminos y pagado cuotas para poder darle un reconocimiento a los diputados. Hicieron referencia a algunas de estas reuniones en la misma página del Congreso: Avemitregua entregando un reconocimiento a diputados de Viva en enero de 2020 o en reuniones con la diputada Victoria Hernández de Todos, ahora congresista del Parlacen.

Y es sobre esta última congresista sobre la que recaen las acusaciones del aún presidente del legislativo Allan Rodríguez, cuando en horas de la noche brindó declaraciones sobre el asedio al Congreso. “La diputada Ana Victoria, del Parlacen, les dice vayan y manifiesten, solo por la fuerza va a salir esa ley” dice el presidente del Legislativo, perdiendo el aliento cada pocas frases: “Esto fue un acto terrorista” aseguró.

Los dirigentes en la mira y la posible cancelación de asociaciones

El diputado Rodríguez también acusó al supuesto dirigente Boris Lemus de “manipular políticamente a estos grupos” y de estar detrás de este asalto al parlamento. Lemus, quien era identificado en publicaciones en redes sociales de la Fundación Contra el Terrorismo como capitán retirado, fue desconocido por Avemilgua en diciembre de 2020 al convocar a manifestaciones públicas, pero hasta el momento no se conoce una acusación formal en su contra.

En su intervención Rodríguez también hizo alusión a diputados de la UNE, insinuando su responsabilidad en los hechos. “Quiero que solicitar al MP que investigue cualquier vinculación. Me parece curioso que ayer fueran removidos de la jefatura de un bloque político, y hoy se den estos hechos” decía Rodríguez implicando a los cambios de la dirigencia del bloque de la UNE que lideraba el diputado Carlos Barreda.

Por su parte, el propio diputado Barreda respondió a las insinuaciones de Rodríguez señalando que los primeros reportes y videos muestran a los principales destrozos en las oficinas de congresistas de la UNE cercanas estacionamiento por donde irrumpieron los veteranos.

En horas de la noche del 19 de octubre el ministro de Gobernación Gendry Reyes aseguraba en conferencia de prensa que tienen un “seguimiento e identificación” de los liderazgos de varias asociaciones de veteranos militares y que procederán a pedir al Ministerio Público que ejecute ordenes de captura.

“No se les ha dejado de seguir desde el momento en que cometieron estos hechos. Esperamos ponerlos lo antes posible ante las autoridades” dijo el ministro en la conferencia de prensa. Aunque al menos pudimos acompañar a dos grupos, que dejaron el Congreso para tomar sus autobuses frente a la Catedral Metropolitana y el Parque Colón, sin mayor seguimiento policial a la vista ni intentos de impedir su retiro.

El ministro Reyes también aseguró que tenían identificadas a “más de 10 asociaciones” y que estas “se disfrazan de asociaciones, pero se utilizan para hechos delictivos”, las cuales serían canceladas por parte de Gobernación. Esta situación genera una oportuna salida para la crisis de los veteranos para el gobierno de Alejandro Giammattei.

Estas asociaciones que han ocupado el espacio de intermediación que tenía Avemilgua podrían ser canceladas. Como consecuencia su capacidad de presión para conseguir la supuesta indemnización quedaría en el olvido, al igual que la promesa de campaña de Giammattei de acompañarlos frente al Congreso hasta conseguir este beneficio.

Por segundo año consecutivo el Palacio Legislativo es asediado y su seguridad desbordada, por segundo año consecutivo el oficialismo señala a enemigos internos, aunque esta vez dentro del mismo electorado y grupo de apoyo que los llevaron al poder. Las facturas del sistema clientelar de partidos políticos, que ofrece de todo y nunca parece preocuparse de cómo financiar sus promesas, parecen cobrarse cada vez con menos tiempo de diferencia.