Varios de los responsables de las operaciones registradas en el Diario Militar comparecieron por primera vez ante un juez. Enfrentan un juicio por delitos de lesa humanidad.
El jueves 27 de mayo de 2021 por la mañana el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Derechos Humanos junto a la PNC había realizado “17 diligencias de allanamiento con el objetivo de ejecutar 11 órdenes de aprehensión solicitadas en seguimiento a la investigación que realiza en el caso denominado ‘El Diario Militar'” y que “logró hacer efectivas 10 órdenes de aprehensión”. La fiscalía reiteró “su compromiso en la investigación de violaciones a derechos humanos, en el contexto del Conflicto Armado Interno, con respeto a los principios de debida diligencia, objetividad y en la búsqueda de la verdad de los hechos en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Guatemala”.
Al final de la tarde el Ministerio Público reveló las capturas de los generales Marco Antonio González Taracena y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, los jefes policiales Juan Francisco Cifuentes Cano y Gustavo Adolfo Oliva Blanco y los especialistas del ejército Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Eliseo Barrios Soto, Rone René Lara , Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth, José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virginio de León Sigüenza. Días más tarde se entregó el ex coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez.
Todos ellos fueron señalados de pertenecer a diferentes estructuras que durante los años 70 y 80 se dedicaron a realizar tareas de espionaje, persecución, tortura y ejecución a militantes de izquierda. Los acusados integraron varios cuerpos de la policía y el Ejército, encargados de ejecutar operaciones clandestinas. El Archivo, la Dirección de Inteligencia, el Quinto Cuerpo de la Policía Nacional y el Departamento de Investigaciones Técnicas, ejecutaron prácticas extrajudiciales, que fueron registradas en documentos como el Diario Militar. Los sentados en el banquillo están ahora acusados de haber cometido, en el caso de algunos de ellos, decenas de asesinatos.
Veintiún años después de la presentación pública de este documento, y casi cuarenta años después de cometidos los delitos por los que son acusados, el caso llegó a los tribunales. Los testimonios de sobrevivientes y ex miembros de las fuerzas de seguridad, así como documentos policiales dieron al juez Miguel Ángel Gálvez las evidencias para procesar a los imputados.
El Diario Militar
El jueves 20 de mayo de 1999 representantes de las organizaciones National Security Archive (NSA), Washington Office on Latin America (WOLA), American Association for the Advancement of Science (AAAS) y Human Rights Watch dieron a conocer el documento denominado Diario Militar. Kate Doyle, analista del NSA sobre política estadounidense en Latinoamérica y directora del Proyecto Guatemala de la misma organización expresó: “Este escalofriante documento es el equivalente de un escuadrón de la muerte a un informe anual de productividad, un relato del interior de los archivos secretos de la máquina de matar en Guatemala”.
Simultáneamente el Diario fue publicado en el sitio del National Security Archive (NSA), una organización no gubernamental dedicada a la recolección y análisis de documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos. En la misma página fue publicada una colección con información relacionada del Departamento de Estado, la Embajada y la CIA. Un detallado análisis de Kate Doyle apareció en el número de junio de la revista Harper’s.
La sección principal del Diario Militar consta de 53 páginas con los nombres de 183 personas, su fotografía, seudónimos, nombres falsos y un breve resumen de su militancia y responsabilidades, fecha, lugar y, en algunos casos, hora de su captura, y el destino que corrieron. Este, en la mayoría de los casos, fue la ejecución o el traslado a otras unidades militares.
La persona más joven, Juan Pablo Armira López, tenía 12 años. La mayor, Antonio Obando Sánchez, 81. A cada una le corresponde un número correlativo y un código que señala la organización a la que pertenecía: W para la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Q para el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Z para las distintas expresiones en las que se había dividido el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), Y para las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), X para el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), P para la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y O para quienes no militaban en ninguna organización o únicamente eran sindicalistas. Los militares utilizaban además ciertos códigos para referirse a la muerte de las personas capturadas. Los más recurrentes son 300, Se lo llevó Pancho o Se fue (+).
Del total de personas que figuran en el Diario Militar, 103 fueron ejecutadas, de las cuales 78 aparecen con el código 300. En algunos casos, además del código mencionado se especifica la forma en que se realizó la ejecución: “Cuando se quisieron prensar, se dieron a la fuga a bordo de una moto, por lo que se dio la necesidad de disparar, cayendo gravemente herido (s) Rubén. Se trató de darle vida en el H.M. [Hospital Militar], pero fue imposible, se 300 y tuvo que dejarse en el camino”.
Según Anne Manual, de Human Rights Watch, una de las organizaciones que obtuvo el documento, se trataba de “la primera evidencia específica de crímenes individuales que surge de los propios archivos de los militares”.
La institución armada se apresuró a negar su autenticidad. La jefa del Departamento de Información y Divulgación del Ejército, Berta Edith Vargas, y los ministros de la defensa Héctor Barrios Celada y Marco Tulio Espinoza argumentaron que cualquiera de sus documentos lleva firmas, sellos y membretes. Otro tanto hizo el ex Jefe de Estado Óscar Humberto Mejía Víctores.
Sin embargo, Hugh Byrne, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA ya había revelado que “funcionarios de la oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado confirmaron la autenticidad del documento”.
El diario, según explicó Kate Doyle a la prensa, fue ofrecido dos meses antes por un ex militar que pidió dos mil dólares. “Sabemos que el documento fue extraído clandestinamente de los archivos militares, y creemos que existen más”, dijo Doyle, y añadió: “Es claro que es un producto de la inteligencia militar”.
El “diario interno”, que no contenía nombres ni firmas de los responsables, dijo Doyle en 1999, “probablemente fue producido por el escuadrón de la muerte conocido como “Archivo”, una unidad que operaba desde las oficinas de la presidencia guatemalteca desde fines de los años 70″.
Congreso de la República durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán. (Foto: National Security Archive)
La familia Samayoa Morales
La primera persona registrada por los oficiales en el Diario Militar es Teresa Graciela Samayoa Morales, de seudónimo Sheny, con el código W-1, responsable de una estructura militar del Frente Urbano de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). El Diario Militar señala que fue “capturada en la Zona 7 a raíz de una información proporcionada por un evangélico, de que en un cuarto de dicha zona, vivían dos señoritas”. El 7 de noviembre de 1983 fue entregada a la Dirección de Inteligencia.
Su hermano Sergio Vinicio aparece también en el documento. Con el código W-60 quedó registrado que el 31 de enero de 1984: “El D. S. [Delincuente Subversivo] Sergio Vinicio Samayoa Morales (s) Víctor, Salvador, Raúl, Segundo de la Dirección del Frente Urbano de la ORPA. Éste es hermano de (s) Sheny. Por presentar herida de bala en el cráneo, fue trasladado al Hospital Roosevelt y se coordinó con la D.I. para su recuperación, lo que fue efectivo”.
Junto a Sergio Vinicio se encontraba Allan Gatica Paz, quien murió cuando intentaba escapar. Los oficiales que lo perseguían le tomaron una foto, ya muerto, poniéndola en lugar de las habituales fotografías arrancadas de los documentos o robadas de los registros oficiales.
Los funcionarios de la Embajada estadounidense narraron así, en un documento desclasificado, la recuperación de la que los militares hablaban:
“Diez hombres armados con subametralladoras y fusiles automáticos ingresaron a la emergencia del Hospital Roosevelt en la Ciudad de Guatemala el 31 de enero y secuestraron a Sergio Vinicio Samayoa Morales, de 29 años. Samayoa fue capturado cuando estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente, dos horas después de ser ingresado en el hospital por heridas de bala. Sus secuestradores se lo llevaron en una panel blanca.
Según los funcionarios estadounidenses, “la naturaleza descarada del modus operandi apunta a las fuerzas de seguridad del gobierno como los perpetradores. El secuestro de Samayoa gravemente herido en el hospital recuerda escenas de “El Padrino”, pero en la película la víctima sobrevive”.
Según el embajador Frederic Chapin, “a pesar de que, al menos en parte, el desprestigiado Archivo ha sido restringido, estos nuevos secuestros espantosos indican que las fuerzas de seguridad del GOG [Gobierno de Guatemala] atacarán siempre que haya un objetivo de importancia”.
El cuerpo de Sergio Vinicio apareció en la carretera a Chinautla, desnudo, torturado y con más de veinte impactos de bala. Tenía restos de esparadrapo en el brazo.
Las unidades que participaron en actividades como la anterior estaban conformadas por agentes operativos que formalmente ocuparon los puestos de conductor, oficinista, cartógrafo o programador. Según la declaración de un ex militar leída por el Ministerio Público durante las audiencias, refiriéndose a una de estas unidades, “el grupo élite, que se formó después de La Regional, era clandestino. Se reunían en el edificio El Centro, con sueldo y apoyo del Estado Mayor Presidencial”.
Lea aquí la segunda parte: El Archivo: el escuadrón de la muerte del Estado Mayor Presidencial.
Lea aquí la tercera parte: Policías contrainsurgentes.
