Un pozo de petróleo en Alta Verapaz. El esposo de Zury Ríos. Un grupo de australianos estafados. US$24 millones que se perdieron entre los despachos de directivos. Un grupo de trabajadores que reclaman falta de pago. Y una comunidad que esperaba beneficios de millones de dólares por estar sentados sobre el oro negro. Esta es la historia del contrato de explotación de petróleo 1-2005 que el Estado de Guatemala concedió a un grupo de empresas que nacían, se producían, morían y reencarnaron en nuevas compañías que repetían la misma historia: mismos dueños, mismos abogados y mismos fracasos.
A 347 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, está el campamento Atzam de la empresa petrolera Latin American Resources. Esta es el área que el contrato 1-2005 que el Estado de Guatemala otorga a esta compañía extranjera para la explotación comercial del pozo.
Mexpetrol, Petro Latina, Underwater Investments, Quetzal Energy y finalmente Latin American Resources LTD han desfilado por la región desde los años 90 al presente. Distintas encarnaciones de un mismo interés empresarial, siempre con la promesa de obtener ganancias para sus inversionistas, dividendos para el Estado y beneficios para los pobladores.
No-Ficción y ConCriterio han recopilado demandas judiciales, filtración a través de dos fuentes independientes de correos internos de la compañía, informes de auditoría de las empresas que invirtieron en Latin American Resources (LAR) y registros comerciales en Guatemala, Australia, Estados Unidos y Bahamas, entre otras jurisdicciones, para reconstruir la desaparición de US$24 millones y la disputa aún activa en las cortes por la explotación del petróleo en Alta Verapaz.
Al petrolero estadounidense John D. Rockefeller se le atribuye la frase: “El mejor negocio del mundo es el petróleo. Y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado”. Luego de casi seis años, sin aportar regalías para el Estado de Guatemala, la administración de LAR desafía esta consigna.
En esta historia, cómo en un juego de serpientes y escaleras, hay inversionistas que esperaban ascender y alcanzar el éxito comercial; directivos procesados por fraude que descendieron al pozo de castigo; pobladores y trabajadores de la empresa defraudados; en las escaleras, por supuesto, están los empresarios con conexiones políticas y judiciales que aún esperan conservar su control sobre la zona y ser los únicos que ganan en esta partida.
Pozo sin fondo
Bajo la promesa de grandes beneficios a menudo también se esconden grandes riesgos. En marzo de 2012 la propietaria de los derechos petroleros del contrato 1-2005 era la empresa constituida en Bahamas, Latin American Resources LTD. Para esa fecha había cambiado sus nombres anteriores: Quetzal Energy LTD, PetroLatina Corp , Mexpetrol (Guatemala) Corp. y Underwater Investment Inc.
Aunque los nombres de la compañía variaban, varios de los ejecutivos a cargo de ella permanecían. En 2004, por ejemplo, Michael Joseph Realini Romani figuraba como mandatario cuando esta se llamaba Underwater Investment Inc.; para 2006 figuraba como director de Petro Latina Corporation; en 2010 como director de Quetzal Energy; y para 2012 como ejecutor especial de un mandato de Latin American Resources laboraba junto a Gregory Charles Smith, como director.
Realini ya era entonces conocido en el sector de las industrias extractivas en Guatemala y en los círculos políticos. En 2007 acompañó en un viaje de una semana, para promocionar la actividad minera, a una delegación de diputados a Toronto, Canadá: entre ellos el presidente del Congreso, Rubén Darío Morales (UNE), Otto Ely Zea (PAN), presidente de la comisión de Medio Ambiente, Guillermo Sosa (FRG) de la comisión de Comunicaciones y Luis Fernando Pérez (FRG), de la sala de Energía y Minas, así como al asesor de Morales, Luis Rubio.
Realini encabezaba la empresa Firecreek Resources S.A., que con base en los estudios de la compañía china Shanxi Jianban, buscaba la explotación de hierro y tierras raras en las arenas de las playas de la costa sur de Guatemala.
Michael Realini, sin embargo, pasó a ser conocido en el ámbito público luego de una investigación que publicó elPeriódico en julio de 2013: era señalado de utilizar una cédula de vecindad falsa de Río Hondo, Zacapa, para trabajar como ingeniero geólogo en el país.
Pese a que era ciudadano estadounidense y originario de Illinois, EE.UU. usó la documentación falsa para registrarse como jubilado de EE.UU. al solicitar su residencia en Guatemala, lo cual le facilitaba la exención de impuestos aduaneros y el pago del Impuestos Sobre la Renta (ISR) de ingresos provenientes del exterior, entre otros tributos.
El empresario respondió a elPeriódico que un “tramitador” había hecho la gestión y que cuando lo “descubrió” buscó arreglar el registro de su identidad en el país.
Estos antecedentes de la empresa y sus directivos eran desconocidos cuando, al otro lado del mundo, bajo la denominación de Latin American Resources, Michael Realini y Gregory Charles Smith comenzaron a recolectar capitales para la empresa en Australia. Este reportero buscó a Realini por medio de su correo registrado en la empresa, así como a través del abogado Pedro Brolo Campos, anterior consultor legal de la compañía, pero no hubo respuesta.
Howie Morgan, es un músico australiano de 52 años, y fue uno de los primeros accionistas en esta compañía. En una entrevista virtual con estos medios contó que través del portal hotcopper.com.au, una plataforma financiera para inversionistas en Australia y Nueva Zelanda, encontró una compañía minera y petrolera llamada Citation Resources en busca de fondos para invertir en un pozo petrolero en Guatemala.
Morgan fue a las reuniones de posibles inversores y los directivos donde les dijeron: “Con el fin de que Citation Resources obtuviera el total del control de activos de Latin American Resources (LAR) se requería alrededor de US$25 millones para la explotación de los pozos”.
El inversor australiano señala que empezó con una inversión de $10 mil y terminó por comprar acciones por US$60 mil en Citation Resources.
Para 2017, sin embargo, Citation Resources atravesaba una crisis. La compañía inició una demanda judicial contra Peter Landau, el director de la empresa, por el desvió de US$2.23 millones. La auditoría interna de la compañía, realizada por la firma Grant Thornton Auti PTY LTD, consultada para este reportaje da cuenta de pérdidas en 2015 por US$20.16 millones y en 2016 por US$13.87 millones.
Toda esta situación provocó una caída en el precio de las acciones de Citation Resources, recuerda Morgan. “Comenzaron a circular rumores en el foro de accionistas y pregunté en una reunión y confirmaron que Latin American Resources no rendía cuentas. Así que no se iba a proporcionar más dinero (invertir en LAR)”, dice Morgan.
Una cadena de correos entre Peter Landau, director de Citation Resources, y Gregory Charles Smith, director de LAR en 2015, entregados por una fuente interna de la compañía y cotejados para este reportaje, revela que para esas fechas ya temían una investigación de la Australian Securities Exchange (ASX), el Mercado de Valores de Australia.
En un correo del 29 de enero de 2015, Landau le escribe a Smith:
—Greg, si usted piensa que enviando (información) a ASX logra algo, por favor proceda y vea que los otros chicos (inversores) irán contra usted y Realini (…) yo soy la única persona que ha sabido mantener a todos a raya diciendo que simplemente no vale la pena y déjame tratar de financiar”.
También le señala que su perspectiva del dinero invertido en Guatemala “ya ha volado, el dinero de amigos y familiares ha sido robado y la tierra quemada es probablemente el mejor resultado — sé que te sientes cómodo con las guerras y los conflictos y probablemente te importe una mierda, pero por favor no pienses que enviando algo a ASX conseguirás algo más que acabar con cualquier posibilidad de financiación”.
A lo cual Smith les responde que no teme la opción de “ir por la tierra arrasada” y que ha habido: “más de 8 instrucciones vía cable falsas (sobre el financiamiento de la empresa) y eso es un incentivo fraudulento, incluso en Guatemala eso es contra la ley”. A la vez que le reitera no temer por LAR al ser “una empresa auditada que cumple plenamente”.
En diciembre de 2023 Peter Landau, director de Citation Resources y Continental Coal, se declaró culpable de nueve cargos por el robo de US$2.23 millones, así como de proporcionar información falsa y engañosa a la ASX y a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
Al dictar la sentencia el juez Joseph McGrath señaló: “Para quienes entran en el mundo de la empresa y asumen las responsabilidades de ser director, los beneficios personales son grandes, pero con la asunción de las responsabilidades viene la carga personal”.
Según los registros internos de LAR, facilitados por exdirectivos de la empresa, al menos US$24 millones de Citation Resources fueron invertidos en LAR, de los cuales US$14.94 millones fueron justificados para el desarrollo del Campo petrolero Atzam, sin obtener réditos.
Para el inversionista Howie Morgan los intereses de Peter Landau y Gregory Smith se encontraban alineados. Luego de la renuncia de Landau y el descalabro de Citation Resources, Morgan siguió en contacto con directivos de la empresa buscando una explicación. “Básicamente lo que pude averiguar es que usaron las inversiones de Citation Resources para tener un mecanismo de control para devolverle el activo de Latin American Resources (instalaciones y derechos de explotación petrolera) a Greg Smith”, señala el inversionista.
Durante la investigación de este reportaje No Ficción procuró contactar a G. C. Smith para conocer su versión de los hechos: no hubo éxito al buscarlo a través de su número telefónico registrado en Reino Unido, así como su correo en su empresa Wentworth Capital. Este reportero lo buscó además por medio de la última firma legal representante de su compañía, GPE Legal. El vocero de Zury Ríos, excandidata presidencia y esposa de Smith, Luis de León, aseguró no tener forma de contactarlo.
Greg Smith y los números rojos de Latin American Resources
La figura de Gregory Charles Smith cobró relevancia en Guatemala a raíz de su casamiento con la excandidata presidencial Zury Maite Ríos Sosa en noviembre de 2020. En mayo de 2023 en una investigación del diario elPeriódico titulada “La trama Smith-Ríos-Pimentel” se señaló al entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel de un posible caso de tráfico de influencias por sostener reuniones con el empresario petrolero Smith para evitar la suspensión de los derechos de explotación de LAR por adeudar al Estado US$1.5 millones en pagos de regalías.
Una operación en la cual, según los chats telefónicos publicados por elPeriódico, intervinó el “diputado/abogado de Zury” Luis Rosales según la comunicación entre Smith y la abogada y ejecutiva de LAR, Andrea Fajardo.
A la fecha la deuda está vigente y según registros del MEM suma US$1.5 millones más pagos atrasados y multas. Según pudieron constatar No-Ficción y ConCriterio la actual administración del ministerio resolvió cancelar los derechos de explotación de LAR por el incumplimiento en los pagos, como registra el acuerdo ministerial 157-2024/SG de fecha 12 de junio de 2024.
La empresa, sin embargo, apeló esta resolución y el ministerio no admitió el recurso y confirmó la cancelación del contrato, además instruyó a la Procuraduría General de la Nación “para la recuperación de lo adeudado por Latin American Resources Ltd. frente al Estado de Guatemala”.
Este historial de deudas e incumplimientos con el Estado remite nuevamente al capital captado de los inversores australianos. El acuerdo entre Citation Resources y LAR para reunir fondos, denominado Investment Management Agreement, permitió según Andrea Fajardo, la entonces representante legal de LAR, el envío de US$24 millones.
“El monto real que se recibió en las cuentas para el desarrollo del Campo Atzam fueron: $14.94 de los 24 millones que aparecen enviados al proyecto de Latin American Resources, Ltd”, afirmó Fajardo. De estos casi US$15 millones, Smith y Realini cobraron alrededor de US$5 millones en diferentes conceptos; otros US$5 millones se invirtieron efectivamente en el pozo y otros US$1.2 millones fueron utilizados para que SGS Acquisition Company, Ltd., otra compañía controlada por Smith, adquiriera acciones restantes de la empresa de antiguos inversores canadienses.”
Según los registros consultados para este reportaje SGS Acquisition Company, Ltd. se encuentra registrada en Mónaco y es propiedad de Hansen´s Associates Inc, una compañía propiedad del conglomerado de empresas The Seamus Trust, registradas en Channel Islands, uno de los principales paraísos fiscales de Europa. El centro de esta caja china es Gregory Charles Smith, beneficiario final registrado de The Seamus Trust.
Al dejar la compañía, Fajardo quien reclama ser defraudada por la propia empresa luego de invertir US$1.2 millones, entre dinero propio y de su familia, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Smith por el desvío de los fondos captados para el proyecto, querella con el número MP001-2019-42020, desestimada por falta de pruebas.
Sin embargo, hay indicios del posible desvío de fondos. Como la carta firmada por Peter Landau, directivo de Citation Resource, para que su empresa afiliada Range Resources pague a la empresa Polaris, representada por Luis Antonio Rubio Molina, US$1.25 millones para el desarrollo de los proyectos petroleros de LAR.
Consultado al respecto, Rubio confirmó haber trabajado en la empresa “por un breve tiempo”, pero indicó no recordar la transferencia de estos fondos. “Honestamente, yo ahorita no me acuerdo, pero igual esperemos lo que dice la fiscalía, cómo usted dice ya mandaron esto a la FECI y entonces esperemos qué pasa”.
Rubio indicó haber ayudado a Smith “en una primera etapa de la empresa”, pero aseguró haber perdido el contacto con él hace unos diez años. Respecto a la denuncia de Fajardo dice que ella “anda desesperada porque parece que la echaron de la empresa”, y asegura que la abogada propició la ruptura entre Smith y Realini por el control de la compañía.
El Ministerio de Energía y Minas no reporta, según consta en un oficio de la unidad de fiscalización de junio de 2021, que esa inversión fuera reportada por LAR. Luis Rubio, actual diputado suplente al Parlamento Centroamericano por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue uno de los acompañantes del viaje promovido por Michael Realini en 2007 de un grupo de diputados a Canadá para promocionar las inversiones mineras en el país.
De igual forma en la denuncia interpuesta por Fajardo, la abogada señaló que en febrero de 2014 viajó a la isla caribeña de Saint Vincent “a solicitar la devolución de USD$2.21 dinero que debió de haber sido invertido en Guatemala para pago de regalías al Estado y SGS lo desvió a otras cuentas para ser cobradas por Michael Realini y Greg Smith”.
Al igual que en el caso anterior la Unidad de Fiscalización del MEM no tiene registro de que esos fondos fueran utilizados en Guatemala “para el financiamiento del pago de las obligaciones contractuales con el Estado”.
En su testimonio, Fajardo señala que cláusulas del Investment Management Agreement (IMA) destinadas para la inversión en el pozo petrolero fueron cobradas por directivos de LAR. La cláusula 5.1 de USD$638 mil, por Michael Realini; y la 5.2 de USD$687 mil, por Gregory Charles Smith. Además de pagos de los impuestos del IRS para Smith por US$121 mil y para Realini por US$60 mil.
Según el acuerdo IMA de la empresa, revisado para esa publicación, estos fondos debían usarse para el desarrollo del proyecto petrolero, pagos al ministerio de Energía y Minas, adquisición de derechos y costos legales, entre otros destinos.
Todo esto con los fondos captados de los inversores australianos que no recuperaron ni un centavo de su capital.
Durante estos años de captación de recursos, además, la contabilidad interna de LAR analizada para este reportaje registra pagos en concepto de honorarios profesionales por Q390 mil para el recién electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Mauricio Corado Campos (por operaciones en el Registro de la Propiedad, ante juzgados del departamento de Alta Verapaz, las oficinas Ministerio Público en la ciudad de Cobán y la representación en juicios económicos, entre otros).
En estas cuentas se registra, además, otros pagos a nombre de Luis Rubio por US$75 mil por buscar la reducción del pago de regalías en un 50 por ciento, así como otros pagos por US$55 mil a través de una “cuenta extracontable” a nombre de la empresa Polaris, declaró Fajardo en sus denuncias ante el MP.
Promesas incumplidas y US$2 millones más para Gregory Smith
Esta danza de recursos contrasta con el abandonó en el que actualmente se encuentra el proyecto petrolero de LAR. Las comunidades vecinas de San Benito 1 y 2, ubicadas sobre la Franja Transversal del Norte (FTN) en la región de Lachuá de Cobán, Alta Verapaz, reúnen a 300 familias Q’eqchi’ en su mayoría se dedican a sembrar maíz y frijol.
En ambas comunidades se registra a trabajadores de la empresa que hoy reclaman el pago de salarios y prestaciones. Según el integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo de San Benito, Javier Yat, la empresa adeuda Q240 mil a cada una de las dos comunidades.
“Nos hemos juntado para que no se reciba a la empresa hasta que pague”, señaló Yat en declaraciones para este reportaje. El integrante del Cocode señaló a la empresa de retrasar el pago de las deudas a la espera de un cambio de las autoridades locales y lograr descuentos.
De igual forma, Elman Ichich Iquí, extrabajador de LAR señaló que la empresa durante 25 años se dedicó a prometer proyectos de desarrollo para las comunidades sin llegar a cumplirlos. “El año 2024 el compromiso era pagar Q60 mil, pero apenas dieron Q26 mil. Estuvimos trabajando, pero no nos pagaron la liquidación” dijo Ichich.
Los reclamos de los trabajadores y vecinos del proyecto se basan en los acuerdos entre la empresa y el Cocode local registrado en el acta No 2-2017, del 17 de enero de ese año, entre las autoridades comunitarias y los representantes de LAR. Esto para que se paguen Q25 mil anuales en arriendo de un propiedad comunal y los puestos de trabajo por los cuales los extrabajadores reclaman una compensación.
Los propios trabajadores dan cuenta de que la empresa que los subcontrataba, Recursos Humanos Externos, administrada por el ingeniero Leonel Rodríguez, reconocía que LAR les adeudaba Q1.3 millones.
“Hay personas que trabajaron 12 o 15 años y no fueron pagados por la empresa” señaló Ichich.
No todo el mundo pierde en este juego de serpientes y escaleras. Uno de los ganadores recurrentes fue Gregory Charles Smith.
El petrolero estadounidense demandó a Latin American Resources y obtuvo en marzo de 2020 una sentencia favorable por US$2 millones, bajo el argumento de que la empresa había adquirido el compromiso en un pagaré presentado ante el juzgado. La jueza Karin Sorelly Gómez Girón, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Municipio de Guatemala, ordenó que se embargaran los bienes de la empresa para cumplir con este pago, según se registra en el proceso número 01046-2017-01044.
Un pozo de petróleo en manos de la Corte de Constitucionalidad
Pese a los incumplimientos con los pagos con el Estado, inversionistas extranjeros, trabajadores de la empresa y las demandas entre los propios directivos de la compañía el derecho a explotar el petróleo de Alta Verapaz con el contrato 1-2005 podría seguir en manos de Latin American Resources.
El 22 de julio de 2024 la Corte de Constitucionalidad resolvió, en el expediente 3651-2024, que continúe la acción de amparo presentada por la empresa para que se revise la decisión de llevarla a juicio por incumplir con sus pagos al Estado.
El juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Económico Coactivo había aceptado en marzo de 2021 que la deuda reclamada por el Estado por US$1.5 millones, más multas y moras, era justificada y exigible. Y había ordenado el embargo de las cuentas bancarias de la empresa para pagar estas deudas.
Sin embargo, Latin American Resources impugnó la decisión, un Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción revisó el caso y rechazó que se detuviera la demanda. La apelación de la empresa, sin embargo, llegó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la cual falló a su favor, argumentando que el juez cometió errores al admitir la demanda.
Con esto la CC abrió la puerta para que se revise el juicio con el cual el Estado cobraba lo adeudado y Latin American Resources reclama sus derechos de explotación del petróleo.
La decisión fue ratificada por los magistrados Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez Pimentel, Leyla Lemus Arriaga, Dina Josefina Ochoa y Héctor Hugo Pérez Aguilera. Una resolución poco sorprendente, al considerar que precisamente el magistrado Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia junto a Zury Ríos, la esposa de Gregory Charles Smith, o que incluso el actual magistrado suplente de la CC, Luis Rosales, fuera diputado del partido Valor, de Ríos, y abogado de su familia.
Al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta de los empresarios Michael Realini contactado vía correo electrónico y Gregory Smith, consultado vía telefónica y correos electrónicos para atender a las consultas sobre las denuncias penales presentadas en su contra y las acciones legales emprendidas, en el caso de Smith.
El último mandatario de la empresa, el abogado Ronald García Galicia, aseguró haberse desligado de la representación de la compañía. LAR ha sido representada por diferentes abogados de la Firma GPE Legal, despacho dirigido por el abogado Steve Galindo.
La respuesta de este despacho legal fue que la representación estaba bajo análisis ya que aseguraron que la empresa también les adeuda a sus abogados. Tampoco hubo una respuesta directa del abogado Galindo a las consultas telefónicas y por correo electrónico para una entrevista en la cual pudieran explicar la situación legal de LAR y los procesos judiciales en los cuales se encuentran involucrados.
Mientras tanto las reservas petroleras del Campo Atzam, estimadas por la compañía Latin American Resources en 5.85 millones de metros cúbicos, aún se encuentran pendientes de una disputa en cortes entre el Estado de Guatemala y empresarios petroleros con poderosas conexiones políticas y judiciales.
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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.
