En Guatemala, la cotidianidad de miles de familias se sostiene con el trabajo invisible de casi un cuarto de millón de mujeres. Las empleadas del hogar, a pesar de mantener el sistema económico nacional, se enfrentan a la explotación y la falta de reconocimiento de derechos laborales. La historia de una de ellas delinea las brechas de desigualdad que persisten en el país.

Este reportaje forma parte de Imprescindibles, una serie de historias que cuenta la realidad de miles de personas sostienen la vida cotidiana y buena parte de la economía desde trabajos que rara vez son reconocidos: el empleo doméstico, las maquilas, las labores de cuidado o el reciclaje informal.

Detrás de muchas casas impecables de familias guatemaltecas, de miles de niños y niñas que llegan con el uniforme limpio a sus colegios, o centenares de profesionales que salen a tiempo a sus oficinas cada mañana, hay una estructura de trabajadoras del hogar cuyos derechos apenas son reconocidos. 

Su labor, que suele pasar desapercibida, sostiene gran parte de la economía nacional mientras limpian, cocinan y cuidan a niñas, niños, personas mayores y hasta mascotas.

Según la OIT (2021) en Guatemala existen 388 mil 240 trabajadoras remuneradas del hogar. El 91,1% son mujeres y representan el 15% del total de la fuerza laboral femenina del país (1 de cada 3 mujeres empleadas son trabajadoras del hogar).

Muchas de estas mujeres, como María Churunel, empleada del hogar de 70 años que narra parte de su vida en este reportaje, no han tenido acceso a la educación, son discriminadas y los empleadores las explotan física y laboralmente. 

Al carecer de información legal, muchas trabajadoras del hogar aceptan jornadas extenuantes y tratos degradantes como una condición que mantiene vigente un régimen de servidumbre en Guatemala.  

El desarraigo de la ciudad

María Churunel es maya kakchiquel, nació en Panajachel, Sololá, y llegó a la ciudad de Guatemala con solo 17 años. “Allá me pagaban solo 5 quetzales. En la ciudad empecé a ganar Q15. Y eso me hacía contenta”, recuerda. 

Era 1974 y María se bajaba de un autobús de la empresa Rebuli en la Terminal de zona 4 sin conocer a nadie. “Solo traía mi bolsita de ropa”, dice.

Durante décadas, el trabajo en el hogar en Guatemala ha sido una marea humana impulsada por la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad. 

Según ATRAHDOM (Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila), más del 80% de la población de las trabajadoras son migrantes internas. Mujeres desplazadas, antes por la guerra, hoy por la carencia y necesidad, la violencia, la violencia intrafamiliar y la falta de desarrollo y empleo en sus comunidades. Más del 77% son jóvenes, el 82% son indígenas, obligadas muchas veces a abandonar su indumentaria por el alto costo de los tejidos.

En los barrios de Panajachel, antes de que el turismo transformara el paisaje, como recuerda María, su vida estaba marcada por la carencia. No hubo cuadernos ni juegos; hubo tareas y quehaceres para otras familias. 

“Yo no estudié, no tuve esa oportunidad”, dice. Cuando María cumplió siete años, su madre le dijo: “Vas a ir a trabajar porque yo no les puedo dar el estudio, no les puedo dar los alimentos”. Ella empezó a trabajar en varias casas sin una remuneración. Aprendió a hacer tortillas, iba al mercado, llevaba el maíz al molino. A los ocho años tuvo su primera habitación ajena. Le pagaban con techo, comida y algo de ropa. 

Poco después de cumplir los 10 años, como menciona, María recibió su primer salario de 5 quetzales al mes, y así marcaría el inicio de su trayectoria como trabajadora del hogar por más de cinco décadas.

Ella recuerda que al llegar a la ciudad, su primer trabajo fue en una casa residencial de la zona 9, muy cerca del parque de la Industria. “Llegué a la Terminal. Una señora que hacía tortillas me ayudó. En la noche, al ir a la tienda, encontré a una señorita. ‘Nosotros queremos una persona que trabaje por mes con nosotros’. Ahí ya feliz. Me fui con ellos. 15 quetzales me iban a pagar”, recuerda. 

María entonces se quedó en la ciudad. Muy pocas veces, desde aquella época, ha podido regresar a Sololá. Pocas veces pudo enviar algo de dinero a su casa, alguna ayuda a su madre. Su pago era insuficiente.

Un desbalance salarial 

María Churunel rememora los montos de sus primeros salarios con una precisión que sorprende. A los 10 años ganaba 5 quetzales al mes. A los 17, tras su llegada a la ciudad de Guatemala, su salario subió a 15 quetzales. Su “sueldo más alto de juventud”, como dice, fue de 30 quetzales al irse a trabajar a una casa ubicada en zona 15.

Al comparar estas cifras con el presente, a pesar de la inflación, el desequilibrio y la precariedad de este sector prevalecen. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2022, mientras el ingreso promedio nacional se ubicaba en Q2,850, las personas entrevistadas que trabajaban en casa particular en ese año apenas percibían Q1,018; es decir, un 40% menos que el resto de la población ocupada. 

Al extrapolar el dato con la Canasta Ampliada Urbana (CAU) de 2025, que ronda los Q2,238, la cifra no cubre ni la mitad de las necesidades básicas de alimentación para una trabajadora del hogar en Guatemala. 

María cuenta que a los 22 años pensó en tomar un respiro. El primer hijo. El comienzo de su matrimonio. La intención de emprender con la venta de productos de catálogo a domicilio. “Pero no pagaban. Mi esposo me animó a regresar a hacer lo que sabía. Me animaba a ser independiente”, sonríe.  

Cuando regresó a los trabajos del hogar, lo haría únicamente por día. Un pago por jornada. Primero 20 quetzales y con los años un poco de aumento. Para finales de los noventa sus servicios se cotizaban en 50 quetzales por día. Trabajó 10 años para una familia. Luego otros 15 para otra. Cargaba a sus nietos en un perraje mientras laboraba en la zona sur de la Ciudad de Guatemala.

El reclamo de derechos

Un punto de quiebre en su vida ocurrió hace 15 años, entre el año 2009 y 2010. Tras década y media de trabajar para una familia durante cuatro días a la semana, desde las 8 am a 4 de la tarde, los patrones la empezaron a tratar mal. Encontraba los portones sellados, le negaban el pago, la hacían firmar recibos por jornada, le vedaban la comida. Finalmente, María fue despedida sin recibir un centavo de la indemnización que ella intentó reclamar. 

“Yo no sabía que tenía derechos laborales. Siempre la hacen de menos a uno, más cuando una es indígena”, dice.

En Guatemala, la mayor parte de las familias que tiene a alguien trabajando en su hogar, normalizan la explotación laboral bajo la máscara de la “informalidad” y la ausencia de la firma de un contrato. Además de la simplificación del trabajo del hogar como una labor que “cualquiera puede hacer” por no requerir títulos académicos. 

Un alto porcentaje de trabajadoras del hogar no gozan de las prestaciones de ley, vacaciones, aguinaldo ni liquidación (ATRADOHM, por ejemplo, realizó una encuesta en 2014 y de 181 entrevistadas el 77% no contaba con ningún beneficio). Son despedidas injustificadamente y tampoco cuentan con la cobertura de la seguridad social. 

El actual Código de Trabajo, al que recurren muchos de los empleadores, establece excepciones para el trabajo doméstico, indicando que este sector “no está sujeto a horarios ni a las limitaciones de la jornada de trabajo”. Por lo que algunos patronos tienen la posibilidad de obligar a un trabajo en el hogar por jornadas de 14 horas diarias.

La lucha de María por lograr su indemnización

María, que aprendió a leer mediante un programa que obligaba a los estudiantes de último grado de diversificado a alfabetizar, y que solo sabe escribir su nombre, decidió demandar a los patrones que le negaron su compensación. 

El proceso, acompañado por ATRAHDOM, fue un enfrentamiento de clases. El patrón, como ella explica, ofreció pagar la indemnización “en especies” (objetos en lugar de dinero). Pero María se negó y el caso escaló hasta el Ministerio de Trabajo.

“Y así nos retiramos, nos citaba otra vez; lo mismo, nos retiramos, nos citaba otra vez. Nos llevó con su abogada. Y al final… Ay, Dios mío. Estaba cansada”, recuerda.

La victoria legal de María llegó parcialmente por una vía inesperada: “el patrón necesitaba salir del país y descubrió que tenía sus cuentas congeladas, además de un arraigo judicial”, dice. 

El empleador se vio obligado a presentarse en el Ministerio y cancelar un porcentaje de la deuda. “Solo cuando le duele el bolsillo es que reconocen los derechos”, reflexiona María, que todavía recuerda que su pago nunca fue completado. De Q15 mil recibió poco menos de la mitad.

Una batalla de varias décadas por trabajo digno

Las organizaciones de trabajadoras del hogar en Guatemala llevan 25 años de lucha por condiciones de trabajo dignas. El Estado ha intentado reaccionar, pero hasta el momento lo ha hecho con cierta debilidad.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por ejemplo, lanzó en 2009 el Programa Especial de Trabajadoras de Casa Particular (PRECAPI), un régimen de seguridad social con el objetivo específico de incorporar a las mujeres que realizan labores domésticas al sistema de previsión social. Está diseñado para personas que se dedican de forma habitual y continua (mensual) a labores de aseo, asistencia y cuidado en un hogar o residencia particular en el departamento de Guatemala.

Los datos, sin embargo, demuestran que el PRECAPI es casi una especie de programa fantasma. Según el Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (CENTRACAP) para el 2022 solo 557 personas se encontraban inscritas, de las cuales 459 estaban en mora, 69 no habían realizado ningún pago y únicamente 29 estaban registradas como activas para recibir los servicios del PRECAPI que apenas cubre accidentes de trabajo y licencia por maternidad. 

El diseño del PRECAPI es su propia trampa: requiere que el empleador asuma el compromiso voluntario de inscripción y pago. Para muchas patronas, esto es visto como un “gasto innecesario”. “Si las inscribo, ya no las puedo tener internas (por mes, dentro de la casa)”, es el pensamiento común recogido en informes de CENTRACAP. 

Como resultado, mujeres como María Churunel, tras 50 años de trabajo, se enfrentan a una vejez sin pensión, dependiendo de la “caridad” de sus antiguos patrones o de su capacidad de seguir trabajando hasta que el cuerpo colapse.

Otros derechos vulnerados

Ella dice que aprendió a descifrar la ciudad. Leer los números de los autobuses, las señales de tránsito y los nombres de las colonias para no perderse. La recomendaban entre tíos, madres y abuelas. Fue trasladada de una casa a otra, entre parientes de los mismos patrones, como un objeto que se presta para resolver la logística y la limpieza de un hogar ajeno.

“Yo no puedo escribir, solo puede hacer mi nombre. Pero leer se puede. Yo leo, leo la Biblia. Entonces puedo las calles, miro las avenidas, todo eso”, dice.

Desde los pasillos y las cocinas, María también fue testigo del colapso de las apariencias y de las hipocresías de las familias guatemaltecas: vio divorcios amargos, abandonos silenciosos y pleitos que desmentían la perfección de las fachadas residenciales. 

Esa cercanía también la expuso al peligro. Enfrentó, como recuerda todavía, el acoso constante y varios intentos de violación por parte de hombres de las familias que aprovechaban la vulnerabilidad y la soledad del servicio. 

“Y así sucesivamente fue mi cambio de trabajo. En otras casas me ofrecían, en otras me pagaban un poquito más y así me fui. Y a veces no me trataban bien, y yo cambiaba mi trabajo. Hubo casas que me quisieron hacer daño, violar los hijos, los patrones se puede decir”, recuerda.

María eligió protegerse en el silencio. “Hacerse de la vista gorda”, como ella misma relata. No era indiferencia, sino una estrategia de resistencia para conservar el empleo y evitar un despido que la dejara en la calle.

Testigas de desigualdad

En la actualidad, María dice que no se ha cansado de trabajar. Le duelen los huesos, su pie está lastimado. Pero a sus 70 años, insiste: “Quiero ser ejemplo para mis nietos”. “Quiero tener mis centavitos”. “Aún puedo luchar”. Ahora trabaja por día en distintas zonas del sur del departamento de Guatemala, como Villa Nueva o Villa Lobos y el Mezquital; y cobra en promedio 125 quetzales por jornada en distintas casas sin vínculo legal.

Ella es consciente que el país aún no ha legislado en su favor. Guatemala le debe parte de sus derechos. 

Para las organizaciones que agrupan a las trabajadoras del hogar como María, uno de los mayores respaldos legales que se podrían lograr en Guatemala, estaría en la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  En el lenguaje de las empleadas del hogar, sería algo como una  “llave de la dignidad”. 

Este tratado es visto como un instrumento jurídico clave para que el trabajo doméstico sea reconocido como un empleo con derechos plenos, obligando al Estado a garantizar un salario mínimo, protección ante el abuso, seguridad social integral y, fundamentalmente, la inspección laboral dentro de las residencias.

La ratificación del convenio 189 de la OIT, en pausa desde 2011

En Guatemala, sin embargo, la ratificación del convenio 189 de la OIT se encuentra atrapada en un laberinto legislativo. La Iniciativa de Ley 4981, que busca la ratificación de este tratado, ha permanecido en pausa en el Congreso desde su presentación en 2011. A pesar de haber superado dos lecturas en 2016, la propuesta sigue a la espera de una tercera discusión desde hace 10 años.

Para María Churunel, la ratificación de este convenio habría cambiado el guión que su vida tuvo varias décadas. No habría tenido que depender de un arraigo judicial o del congelamiento de cuentas bancarias para forzar una indemnización parcial tras 15 años de trabajo. 

Bajo el amparo del Convenio 189, su derecho a la jubilación y a la salud no habrían quedado como una “caridad” del empleador, sino una obligación ineludible. 

Con su salario y su trabajo precarizado, el recorrido de María a lo largo de cinco décadas, ha trazado una geografía de la desigualdad en la ciudad de Guatemala. Sus pasos han unido mundos opuestos: desde el bullicio de la Terminal en la zona 4 hasta la exclusividad de los residenciales de Vista Hermosa en la zona 15, pasando por la clase media de la zona 5. Hoy, a pesar de su larga trayectoria, María sigue ejerciendo jornadas que cobra por día para seguir subsistiendo.