El diputado electo Jonathan Menkos encabeza el equipo de transición en el área económica del gobierno de Arévalo. En esta entrevista hace un repaso de las prioridades de la próxima administración desde el Legislativo, los retos del diálogo con otros actores políticos y el tono que el futuro gobierno quiere tener en medio de la incertidumbre legal.

En las elecciones de 2019 Jonathan Menkos Zeissig fue el designado por el partido Semilla como el aspirante a la vicepresidencia, junto a la candidata presidencial Thelma Aldana, pero la inscripción como binomio fue rechazada antes de los comicios. Economista de profesión, egresado de la Universidad de San Carlos y con un posgrado en finanzas por la Universidad de Valparaíso, Chile, Menkos es uno de los fundadores del partido y uno de los arquitectos del plan de gobierno.

Menkos es parte del cuadro técnico de Semilla que por primera vez participa en política partidaria. Encarna el arquetipo del especialista que deja la academia y se pasa al ruedo político. En estos comicios encabezó la primera casilla de lista nacional y es uno de los 23 diputados electos por este partido para el Congreso de la República.

Su perfil incluye trabajar como economista en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala, también fue catedrático en las escuelas de economía de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, entre los años 2012 y 2022 ocupó el cargo de director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), uno de los principales centros de investigación fiscal de la región.

Fuentes políticas también apuntan que Menkos es uno de los candidatos a encabezar el Ministerio de Finanzas Públicas, de ser requerirlo el por presidente Arévalo en su próximo gabinete.

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En el contexto de esta entrevista, apenas unos días después de haberse realizado, una nueva acción del Ministerio Público reiteró la incertidumbre política sobre la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de Guatemala. La fiscalía presentó un caso denominado “Caso Toma de la USAC”, en donde argumentaba que la ocupación de la Universidad de San Carlos fue utilizada como un “trampolín político”, para un grupo de candidatos, entre ellos el binomio electo.

El escenario para el partido Semilla no ha sido el tradicional respecto a un nuevo gobierno buscando reuniones de transición, cabildeando el primer presupuesto general de la nación para hacer funcionar su primer año de gobierno o tendiendo puentes con otros actores políticos antes de la toma de posesión. Aunque estas acciones se han llevado a cabo, se han visto relegadas por el protagonismo político de movimientos como el Paro Nacional y las movilizaciones populares contra la fiscal general, Consuelo Porras.

En ese marco, la próxima Legislatura contará con un partido oficial, el Movimiento Semilla, pero suspendido provisionalmente por parte del Tribunal Supremo Electoral, y con el riesgo de que sus 23 diputados electos, de un Congreso de 160, sean declarados independientes.

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¿Desde el Ejecutivo de Bernardo Arévalo se puede llegar a acuerdos políticos con la próxima Legislatura?

Con la actual Legislatura (novena) no se puede llegar a consensos, pero con la décima legislatura, si se abre la posibilidad de tener otros acercamientos. Otras formas de hacer política basados en el cumplimiento de lo que la sociedad está exigiendo que suceda de verdad y ahí estamos muy muy claros. Tenemos un reto político de hacer que las instituciones públicas sean efectivas, no solo que no se robe el dinero y que no haya corrupción, sino que las instituciones den los resultados. Ese sería como uno de los segmentos en donde necesitamos tener algunos acuerdos con los congresistas para lograr cambios legales

¿Qué prioridades contemplan para actuar desde el Legislativo?

Estamos conscientes del reto económico que tiene el país en este momento, crear empleos, crear condiciones para una mejor inserción de las empresas en los diferentes mercados a nivel nacional. Y estamos conscientes que también hay que ayudar a que el modelo económico tenga más capacidad de crear innovación, transformaciones, valor agregado empleo y ahí hay también una serie de posibilidades de trabajo con el próximo Congreso. El tercer elemento que son todos los temas de Bienestar Social, está en las necesarias mejoras en educación, salud, y la lucha contra la desnutrición, esas agendas deberían de permitir una discusión política sensata y madura contraria a lo que ha pasado.

“Con la actual Legislatura (novena) no se puede llegar a consensos, pero con la décima legislatura, si se abre la posibilidad de tener otros acercamientos”.

Sin duda son temas prioritarios, ¿pero en qué sería diferente a otros procesos de negociación política?

El gran diferenciador, la base de ello es que el Ejecutivo jamás utilizaría como en el actual o los anteriores, prebendas a los congresistas por sus votos. Nosotros estamos claros que una nueva política requiere tomar conciencia de los grandes retos sociales, creo que la gente lo expresó. Estamos muy conscientes y es otro factor que va a ser importante para nosotros.

Como Ejecutivo queremos enviar el mensaje de que se persigue resultados, nos alejamos de la idea de que nos prestan dinero y ahí vamos a ver qué hacemos. En donde el Congreso sí es vital, de verdad, es en la aprobación de presupuesto, la aprobación de líneas de financiamiento. Aunque también concebimos el plan de gobierno para no requerir tanto de tener que ir al Congreso (por modificaciones al presupuesto general del Estado). Básicamente (el requerimiento que tendría del Congreso) es la aprobación de la  Ley de Competencia que sí es muy importante para la modernización.

Vamos a tener otros actores también a favor de que ésta se acuerde, así como la Ley General de Inversión que permite también crear las condiciones para fomentar la constitución de empresas en los territorios que puedan generar inversiones y empleo. Y en ese sentido, también romper esta lógica transaccional que muchas veces hay en el Congreso de la República, sobre todo en, digamos algunos distritos, donde los diputados justamente queríamos que la función, que más compete o que más aplican, es la de intermediación y muchas veces en esa intermediación se dan esos intereses espurios que mencionamos, la búsqueda de prebendas del Ejecutivo.

 ¿Cómo se rompe esa lógica con la que ha operado la política?

El primer mensaje es con un presidente que no va a tener una chequera de opacidad. Eso cambia por completo la idea en las expectativas que puedas tener de algunos malos congresistas que creen que esa es la forma de hacer política, lo segundo es que nuestro plan de gobierno es territorial y nosotros sí que podemos hablar con los actores en los territorios para exponer: “mire este presupuesto va a ser útil para traer educación, tener tal resultado de salud, tal resultado en caminos rurales” y eso puede ayudar a cambiar la dinámica de lo que los propios diputados distritales hacen en sus distritos.

“En donde el Congreso sí es vital, de verdad, es en la aprobación de presupuesto, la aprobación de líneas de financiamiento”.

¿Ustedes piensan buscar este diálogo con los actuales liderazgos de los partidos o se acercaran a los dirigentes locales?

Deberíamos de ir consiguiendo una comunicación en los territorios que permita a la sociedad hablar con sus diputados distritales y entender por qué levantan la mano y por qué no (dan sus votos). Yo creo que eso también cambia mucho la perspectiva de un gobierno que tiene una visión territorial del Gobierno central.

No soy experto en el tema, pero hay un grupo elaborando la estrategia de diálogo que se va a atender. Pero en todo caso tal vez el mensaje más claro es: nosotros queremos hacer inversiones en los territorios que sirvan para el bienestar social y no para engrosar las billeteras. Así es que debemos tener una relación de rendir cuentas y comunicar en los territorios y a la sociedad. Aquí otra vez hay un cambio en la estrategia, cambiar de la idea actual de que estas posiciones son para transaccionar, y pasar a que en esas posiciones lo que hay son obligaciones de gestión.

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Entre las últimas decisiones tomadas por el actual Congreso de la República se encuentra la aprobación del próximo Presupuesto General de la Nación para 2024. Las finanzas públicas serán claves para la siguiente administración, su reto es mostrar que su discurso anticorrupción y su señalamiento de la clase política tiene como contraparte un gobierno eficiente.

Sin embargo, nada de esto será posible sin un ejercicio de las instituciones públicas y una inversión del gasto público que brinde a la población guatemalteca resultados. El plan de gobierno del partido Movimiento Semilla enfrenta el reto de transformarse en verdaderas políticas de Estado.

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Uno de los aspectos que puede ser condicionante para el próximo gobierno es el Presupuesto General de 2024, pendiente de aprobar por el Congreso. ¿Hay posibilidades de modificaciones o candados a la Ley del Presupuesto que los restringen y qué cambios piden ustedes?

No quisiera adelantarme, preferiría quedarme en el momento actual. Al hacer el análisis, hemos entregado recomendaciones a la Comisión de Finanzas. Lo que hemos pedido son algunos cambios necesarios. Son tres grandes cambios, aumentar la meta de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Q1,800 millones al mejorar la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, que también son elementos que no ayudan a la competitividad del mercado al poner a competir en una posición desfavorable a los que sí pagan impuestos.

El otro componente es que, como ha sucedido en otros años, la Comisión de Finanzas eleva la meta de recaudación de manera arbitraria y dispone en qué se van a utilizar. Nosotros estamos diciendo que ese incremento lo queremos para mejorar los programas de seguridad, educación y salud. Y empezar las bases de nuestro programa de apoyo a lo mejor del mercado laboral.

El tercer elemento que también es muy valioso de nuestra recomendación es una serie de artículos que buscan mejorar la gestión del gasto y de la inversión pública, a través de la rendición de cuentas y la creación de más condiciones para la transparencia del gasto y la inversión.

¿Qué cambios financieros impulsaría para mejorar la calidad del gasto del próximo presupuesto general?

Estamos estudiando programas en general en todas las instituciones que nos van a permitir encontrar las disminuciones al gasto en funcionamiento y estas nos van a dar como resultado más recursos para cumplir con las grandes metas que nos hemos propuesto.

Entonces sí prevemos una disminución de rubros de gasto que van a permitir, no achicar el presupuesto, sino que reducir la corrupción nos va a ayudar a avanzar en las metas que nos hemos propuesto.

¿Cómo en qué casos buscarían la revisión de los recursos asignados?, ¿en la contratación de obra pública, plazas…?

Por ejemplo, imagínate que un kilómetro de carretera lo estén cobrando al Estado en Q1.4 millón, cuando su costo real de mercado fuera de Q1 millón. Si cerramos ese camino a la corrupción vamos a poder utilizar esos Q400 mil en otra carretera.

Va a tocar al llegar a las instituciones y revisar todos los contratos 029, los 021 (contratos temporales) e incluso 011 (modalidades de contratación permanente) y entender que funciones están ocupando, si cumplen con los requisitos para estar en las posiciones. Vamos a pedir desde ahora mismo la certificación de la existencia de los trabajadores que están en 029.

¿Qué cambios se pueden implementar que mejoren la transparencia del gasto público?

Hay cambios que nos pueden permitir tener un mejor control en el caso de las grandes compras del Estado. Estamos pidiendo al Congreso que apruebe un clasificador único que nos va a servir para que, si se compran peras, sean peras con un único código en todas las unidades ejecutoras del país. Esa uniformidad del clasificador nos va a ayudar a empezar a medir dispersiones en el precio que se está reportando a los bienes que compra el Estado, todo esto lo queremos hacer a través de Guatecompras, por supuesto para que la sociedad vea y pueda entrar a revisar un código y tener un mejor control.

“Va a tocar al llegar a las instituciones y revisar todos los contratos 029, los 021 (contratos temporales) e incluso 011 (modalidades de contratación permanente) y entender que funciones están ocupando”.

¿Este cambio en concreto sería con una reforma en la Ley de Compras y Contrataciones?

No, esto lo hemos solicitado como un artículo en la Ley del Presupuesto. Esta es parte de los retos en materia de transparencia y mejor gestión de la inversión y del gasto público. La sociedad no le ha dado mucha relevancia a esto, pero esos artículos estamos pidiendo y pueden cambiar rápidamente en los espacios de ineficiencias.

Ahora bien, hay otros retos, por ejemplo, han propuesto la necesidad de una Ley de Competencia (para evitar el actuar de monopolios según lo establecido en el Art 130 de la Constitución) ¿ven ustedes posibilidades de que se pueda impulsar, ven resistencia dentro de grupos del sector privado?

En las discusiones que hemos tenido no hemos encontrado ningún grupo hasta el momento que se resista a tener una ley de este tipo. Creo que no es una ley que vayamos a presentar el 14 de enero a las 14 horas (toma de posesión), es una ley que requiere una técnica amplia, muy rigurosa que estamos dispuestos a hacer. Se necesita reflexión social sobre la importancia de una ley que modernice y siente las bases del sentido de la competencia en el país.

Además de las reuniones de transición con funcionarios también ha participado en reuniones con integrantes del sector privado ¿Qué percepción tiene de los planes que presentan?

Yo percibo que están claros que lo que este gobierno quiere hacer, ningún gobierno antes lo había planeado, una ejecución muy responsable y transparente del gasto. El poner fin a todas las arbitrariedades de la burocracia que genera corrupción y finalmente un plan de gobierno que está basado en desarrollo. Entonces yo lo que he encontrado es una buena recepción, por ejemplo, a las grandes inversiones que estamos proponiendo en caminos rurales, carreteras secundarias, el plan maestro para puertos y aeropuertos, todos los esfuerzos en materia de electrificación y en saneamiento de aguas, así como el cierre de brechas digitales. Yo lo que noto es mucha sintonía y mucha intención incluso de contribuir a que estos esfuerzos se puedan hacer.

Parece haber una buena recepción internacional para la próxima administración del Ejecutivo, ¿qué posibilidades concretas ven en materia de cooperación internacional?

Hay mucha anuencia a colaborar con la Cooperación, también es un gobierno que al llegar con un plan de gobierno, pues lo que tiene es una claridad de que necesitamos los apoyos y creo que vamos a conseguir una alineación de los esfuerzos.

Nuestro interés es que el país avance hacia una calificación mejor en cuanto al riesgo país. Eso significaría acceso más barato a créditos, no solo para gobierno, sino para los actores privados a nivel internacional y eso también significa la necesidad de mejorar en las instituciones públicas y cerrar caminos a la corrupción.

Encaminar el país hacia la capacidad de atraer inversiones que generen empleo y posibilidades de desarrollo, y cuando sea necesario utilizar el endeudamiento para los temas más estratégicos del país como, por ejemplo, los programas de caminos rurales o de electrificación, los de mejora de las carreteras principales, utilizar los créditos con tasas de interés bastante más bajas de las que hemos tenido acceso ahora.

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Entre las amenazas para la gestión de un futuro gobierno de Bernardo Arévalo, sin embargo, se encuentra la posibilidad de verse desconectado o, peor aún, enfrentado al poder Legislativo. La típica tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo ha cedido espacio en los últimos dos gobiernos, de Jimmy Morales y FCN-Nación (2016-2020) y Alejandro Giammattei y Vamos (2020-2024) a una más cómoda alianza oficialista que permitió a esas administraciones (en el caso de Morales a partir de su segundo año de gobierno) mantener un amplio control político.

Semilla, sin embargo, aunque espera llegar con 23 diputados al Congreso, (un mejor resultado que los 14 diputados de Vamos en los comicios de 2019 o los 11 de FCN-Nación  en 2015) enfrenta la posibilidad de que la inhabilitación de su partido sea confirmada, y sus congresistas sean declarados independientes.

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Todos estos planes, sin embargo, dependen de que se mantenga el orden constitucional y se produzca el traspaso de poder, pero también que el partido oficial pueda operar desde el Congreso. ¿Han contemplado qué hacer en caso de que se confirme la suspensión del partido Semilla?

Ese sería un escenario en el que se ha roto el Estado de Derecho. El respeto que deben tener todas las instituciones al marco legal, porque en ningún momento la cancelación de un partido puede tomar un mes o dos meses, eso solo lo que significaría es que han sido violadas las leyes que garantizan la existencia de los partidos políticos.

Eso creo que la sociedad debe tener claro, si llegáramos a ese escenario, que se ha violentado el marco de derechos y principalmente con el fin de disminuir la capacidad de acción que pueda tener el gobierno electo. Es un escenario que deberíamos de impedir ya que nos acerca más a (la realidad política de) Nicaragua que a Costa Rica, que en todo caso sería lo que uno aspiraría a tener como fruto de un gobierno de gente decente, de gente demócrata.

“En ningún momento la cancelación de un partido puede tomar un mes o dos meses”.

¿Qué puede hacer un gobierno de Semilla en ese caso?

Yo creo que el gobierno, como era la pregunta inicial de la entrevista, el gobierno no necesita mayor cosa del Congreso para poder hacer su trabajo, salvo la aprobación de los presupuestos. Ahora el partido se vería muy muy limitado en el Congreso, si en lugar de tener el mandato que le dio la sociedad para dirigir las comisiones de trabajo, incluso con el peso de haber obtenido 23 diputados, se disminuirían bastante las posibilidades de acción del partido político con el Congreso y yo creo que el gran perdedor sería la sociedad que envió un mensajes a través del voto.