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Aifán, la jueza valiente que renunció para protegerse

Erika Aifán ha sido obligada a salir del país. La jueza de mayor riesgo renunció el 21 de marzo a su cargo en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pudiera retirarle la inmunidad y pudiera ser encarcelada. La abrupta salida de Aifán ilustra la crisis y vulnerabilidad de la independencia judicial ante un sistema que busca garantizar impunidad.   


Este 21 de marzo por la mañana, la jueza, Erika Aifán, publicó un video donde confirmó su renuncia al cargo de jueza de Mayor Riesgo que ejerció durante más de 6 años. La juzgadora explicó que al ver vulnerado su derecho a defenderse en un proceso de antejuicio encabezado por magistrados vinculados al caso “Comisiones Paralelas 2020” y nulas garantías a su integridad, no le quedó más remedio que tirar por la borda los 19 años de carrera judicial que le anteceden, renunció y se refugió en Estados Unidos. 

“Enfrenté denuncias, amenazas y presiones (…) hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, dijo Aifán en el vídeo donde expuso las razones de su renuncia. 

En una llamada telefónica con la jueza Aifán, dos horas después de su dimisión, se escucha ruido de maletas abriéndose y cerrándose. La jueza ha tenido una mañana ajetreada entre llamadas de prensa y decenas de mensajes sin poder responder. “Tomar esta decisión fue difícil, fueron casi 20 años de trabajo judicial, pero analizando el contexto para poder garantizar mi vida y defenderme efectivamente, hacerlo desde afuera es la mejor opción”, comentó. 

“Yo estoy analizando mis opciones y durante este tiempo fuera del país buscaré desarrollarme en un ámbito distinto”, contó Aifán sobre su futuro inmediato en los Estados Unidos. El 10 de marzo, ella había solicitado sus vacaciones ante el Organismo Judicial, lo que nadie más sabía, solo su núcleo familiar  y equipo de defensa, es que la decisión de salir del país era un hecho.

La decisión era desconocida incluso para sus compañeros jueces integrantes de la Asociación Guatemalteca Jueces Por la Integridad (AGJI), “Dos minutos antes de publicar mi vídeo en Twitter les envié un mensaje avisándoles, pero no he podido hablar con ellos ni con mi familia”, contó. 

Aifán siempre vestida de saco, gris, café o negro, de pantalón y tacones, fue vista en público por última vez la jornada del nueve de marzo, cuando presentó su última carta para defenderse del proceso de antejuicio que provocó su renuncia. Esa mañana en el nivel tres de la Torre de Tribunales, fue respaldada incluso por el mismo embajador de los Estados Unidos, William Popp. 

La jueza tenía más de seis años de conocer los casos de más alto impacto del país, relacionados a: crimen organizado, narcotráfico y delitos de graves violaciones a derechos humanos. Un expediente que llegó a su despacho en 2020, fue el que provocó que un grupo de magistrados se alinearan en su contra  hostigándola hasta sacarla de los casos. 

Erika Aifan
La jueza Erika Aifán del Tribunal de Mayor Riesgo “D”, durante el receso en una audiencia el 17 de octubre del 2017. Foto Oliver de Ros.

Los magistrados que orquestaron la salida de Aifán

En 2020, el despacho de Aifán recibió el expediente 359, este contiene la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), contra funcionarios públicos entre ellos 10 magistrados de la CSJ que habrían participado en el amaño de elección de las altas cortes del país, caso públicamente conocido como “Comisiones Paralelas”.

Entonces aparece en la escena, Wilber Castellanos, uno de los magistrados señalados de comunicarse con uno de los operadores de cortes, Gustavo Alejos. Castellanos, denunció a Aifán en 2020, en su calidad de presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), una entidad privada que aglutina al 95% de magistrados del país. 

La denuncia  acusa a la jueza Aifán de “autorizar diligencias ilegales”, en contra de los magistrados y candidatos. Dos años después, el proceso para retirarle la inmunidad llegó a manos del magistrado, Roaldo Chávez, actual tesorero del Instituto, que denunció a la jueza, es decir el encargo de juzgarla está asociado a quienes la persiguen.

Chávez tenía hasta este 21 de marzo para recomendar a la CSJ si era viable retirarle el antejuicio a Aifán, pero ella dio un golpe en la mesa, renunciando ese mismo día para evitar una persecución penal, en donde se viera limitado su derecho a defensa. 

Durante los últimos años la jueza recibió más de 70 denuncias en su contra, muchas no prosperaron. Finalmente, la que presentó el Instituto de Magistrados  logró llenar los requisitos para que la CSJ, liderada por Silvia Váldez, magistrada también señalada en el caso de “Comisiones Paralelas”, iniciara el proceso para retirarle la inmunidad. 

Semanas antes de que fuera separada de su cargo, Aifán, advirtió conflicto de interés en la investigación en su contra. Así como, bloqueos a su derecho de defensa durante el proceso. La jueza alegó conflicto de interés por la relación entre quienes le acusaron, el juez que la investigó y la Corte que la juzgó. Aifán, decidió salir del país luego de evaluar  que si se quedaba, el Estado no podía garantizar su seguridad y tendría que haberse defendido bajo las garantías mínimas. 

Una carrera entre hostilidad y sabotaje 

Erika Lorena Aifán Dávila, tiene 47 años y casi dos décadas laborando en el Organismo Judicial (OJ); para lograr su ascenso al cargo de jueza tuvo que interponer un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), porque la CSJ de ese entonces se negaba a nombrarla.

Aifán finalmente fue nombrada como jueza en Ixchiguán, San Marcos en 2005, donde estuvo tres años, pasó por el juzgado de Jutiapa, luego Santa Rosa y finalmente en la ciudad.

Durante el tiempo que ejerció como jueza a nivel departamental y con una significativa menor exposición mediática, Aifán contó en varias entrevistas anteriores, que tuvo que lidiar con intentos de soborno de parte de sindicados. Ella es recordada porque fue la jueza que recomendó retirar la inmunidad al polémico ex diputado, Manuel Castillo, condenado por el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en febrero del 2007. 

En 2016, ante el creciente número de casos de alto impacto, Aifán fue  nombrada al frente del recién inaugurado Juzgado de Mayor Riesgo “D”.  En ese momento, su carrera tomó un rumbo diferente porque comenzó a tener a su cargo procesos judiciales trascendentales, donde los acusados iban desde funcionarios públicos, empresarios con influencias y poder, hasta peligrosos narcotraficantes, la mayoría de procesos investigados por la ya extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). 

Aifán dijo, en aquel momento, que era un gran reto para su carrera porque le entregaron un juzgado con 35 expedientes pendientes que procesar, entre ellos algunos muy populares, como: El Caso Siekavizza, el caso de la familia Bitkov y la trama de falsificación de documentos en Migración. Así como, la etapa intermedia contra el narcotraficante Eduardo, “Guayo”, Cano. 

Pero fue hasta 2018, cuando inició la persecución en su contra porque comenzó a trabajar en casos investigados por Cicig y Feci. 

Entre los procesos más relevantes que pasaron por el escritorio de Aifán en su faceta de jueza de Mayor Riesgo están: Corrupción y Construcción 1 y 2, Caso Pandora, Odebrecht, Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación, Los Huista y, por supuesto, Comisiones Paralelas. 

Aifán, en su momento dirigió procesos que involucraron a personajes de la talla del empresario Felipe Bosch Gutiérrez, el fallecido alcalde capitalino, Álvaro Arzú, y el ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Además en febrero de 2022, por una investigación del medio salvadoreño, El Faro, se develó que en el despacho de Aifán había un expediente con un testimonio que vincula al actual presidente, Alejandro Giammattei, con sobornos a empresarios de la construcción para financiar su campaña electoral del 2019. 

Reconocimiento, respaldo y enemigos

En 2021 la jueza, Aifán, fue reconocida con el premio “Mujeres de Coraje”, por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue destacada por su liderazgo y valor por la defensa de la paz y la justicia junto a un grupo de 14 mujeres de todo el mundo. Además, durante el proceso de antejuicio en su contra varias organizaciones internacionales de derechos humanos la respaldaron. 

Pero, evidentemente, Aifán siempre contó con detractores que esperaron ansiosos porque llegara el momento de su salida del Organismo Judicial. Antes del desenlace del antejuicio en su contra, Aifán dijo, a No-Ficción, que la misma presidenta de la CSJ, Silvia Váldez, mantuvo comunicación directa con el Instituto de Magistrados que la denunció sin poder tener ella acceso a los diálogos sostenidos. 

Incluso personas que trabajaron con ella, interfirieron en los procesos que dirigía la juzgadora.  En octubre del 2019, Tatiana Gúzman, una oficial del juzgado de Mayor Riesgo “D”, fue acusada de sustraer y filtrar información confidencial de procesos penales. En esa fecha, la jueza denunció el extravío de un folder del caso “Fénix”, que trataba sobre lavado de dinero con fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

“Puede existir algún sesgo en el Ministerio Público”, cuestionó, durante una entrevista, Aifán, al analizar que cuando se presentaba una denuncia en su contra, rápidamente esta era tramitada. Sin embargo, cuando ella junto a un grupo de jueces de Mayor Riesgo denunciaron hostigamiento en junio del 2021 no recibieron ninguna clase de respuesta de parte de la Fiscal General, Consuelo Porras. 

Además de las más de 50 denuncias presentadas en su contra durante su carrera, Aifán fue atacada en redes sociales por netcenters de manera continúa, incluso la familia Bitkov que fue condenada por la jueza, utilizó sus cuentas de Twitter para difundir campañas en su contra. 

“Es un golpe duro a la justicia”

“Este es un golpe durísimo a la justicia porque los casos de alto impacto que tenía ella en su juzgado no sabemos si estarán en manos de un juez independiente, con el mismo temple que ella (Aifán). Lo más seguro es que esos procesos se van a perder. Ella resistió hasta el final, pero ya no pudo más”, expresó Ramón Cadena, abogado y presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Mientras que, la Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (AGJI), emitió un comunicado tras la salida de Aifán, donde condenaron los ataques sistemáticos en contra de la jueza. Enfatizaron que la juzgadora goza con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que la falta de garantías compromete al Estado de Guatemala nacional e internacionalmente. 

El juez, Haroldo Vásquez, presidente de la AGJI, opinó que hay una gran necesidad por entender el grave retroceso que representa lo que se vive en Guatemala actualmente. “Estamos regresando al pasado, los exilios nos hacen recordar a los años 80. Seguro hay un sector celebrando la salida de la jueza, estamos en un terremoto fuerte en contra de jueces honestos. Este sistema de corrupción es hostil contra los que no se acoplan, esto provoca una represión enorme, a estas alturas la vulnerabilidad para los jueces independientes si se percibe claramente”, dijo.  

Con la salida de la jueza se suman al menos 10 operadores de justicia entre jueces y fiscales que huyeron de Guatemala para resguardarse de las estructuras criminales que cooptaron todas las entidades de justicia. Las propias instituciones como la CSJ y el MP se encargaron de perseguir y neutralizar a quienes investigan y juzgan casos de crimen organizado vinculado a empresario y funcionarios del Estado.  

La salida de Aifán cierra un ciclo de lo que fue la primavera anti corrupción en el país. 

Este 21 de marzo, la entrevistamos en Twitter Spaces para conocer más de su salida:

 *Se eliminó el penultimo parrafo donde se aseguraba que el Juez Pablo Xitimul también había salido del país, ya que de momento sigue al frente del Juzgado de Mayor Riesgo “C”. Hace unas semanas perdió su inmunidad y se enfrenta a la posibilidad de ser suspendido. 

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