Los magistrados de la CSJ se han vuelto intocables dentro de su propia casa. La manipulación que ejercen sobre el caso Comisiones Paralelas, anulando cualquier intento de investigaciones en su contra, hostigando a jueces y fiscales a cargo del proceso, ha logrado que mantengan su inmunidad, además de prolongar su gestión probablemente hasta 2023.
Solicitudes de retiro de inmunidad rechazadas, decenas de denuncias contra la jueza que lleva el caso, dudas planteadas sobre el relato de uno de los testigos más importantes, además de una nueva auto proclamación para seguir ocupando el cargo por parte de los magistrados señalados en las investigaciones y que forman parte -en su mayoría- de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), son las acciones más recientes que rodean el caso Comisiones Paralelas II y 2020, quizás el proceso judicial más oscuro que describe la forma en que las redes criminales han logrado cooptar la justicia de Guatemala.
Este caso reveló el tráfico de influencias y los pactos bajo la mesa que hacían políticos, jueces, decanos de las facultades de Derecho y abogados que participaban en las Comisiones de Postulación, un proceso donde el gremio de abogados se encarga de revisar las hojas de vida, la honorabilidad, la honradez de los candidatos que, cada cinco años, se incluyen en un listado para que el Congreso de la República se ocupe de elegir a los nuevos magistrados que presidirán las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema Justicia.
De acuerdo a las investigaciones de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) algunos candidatos que deseaban permanecer o ganar una magistratura en una de estas cortes acudían a reuniones secretas con políticos u operadores de la postuladora, en un mecanismo opaco en el que se lograba el control de las elecciones, con el propósito de obtener un cargo para posteriormente pactar un “trueque de favores judiciales”. Es decir, una forma para que los criminales escogieran a sus juzgadores.
La investigación, hasta el momento, ha tenido tres temporadas. La primera data de 2018, cuando fue capturado, junto a otras personas, Roberto López Villatoro, abogado, empresario y supuesto operador de las elecciones de 2014. La segunda ocurrió en 2019, cuando tres testigos -dos excandidatos presidenciales y un exsecretario de la Vicepresidencia (2012-2015)-, incriminaron a la mayoría de los magistrados que ahora presiden la Corte Suprema de Justicia, más uno que fue electo este año para formar parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) .
La tercera y más reciente temporada para este caso, sucedió en febrero de 2020, cuando Gustavo Alejos, el ex secretario presidencial (2008-2010) acusado en cinco casos de corrupción, fue sorprendido recibiendo visitas en un hospital en donde estaba recluido temporalmente. El allanamiento al lugar permitió a los fiscales encontrar pruebas sobre la forma en que jueces, políticos y magistrados estaban pactando una negociación a gran escala que implicaba al Congreso de la República, universidades y abogados, en una confabulación oscura que buscaba elegir a los candidatos de cortes de justicia para el período 2019-2024 a cambio de favores.
“Yo con todo esto de la elección de Cortes esperaba arreglar mis problemas, después me gustó el tema, pero yo quería arreglar mis problemas (…)” dijo Alejos en su declaración ante la FECI al explicar su intervención en el proceso.
En esta última parte de la trama fueron capturados dos exrectores de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez y Murphy Paiz, además de cuatro abogados, más una orden de captura en contra de dos más. Todos los que fueron detenidos llegaron a la torre de tribunales acusados de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. Más tarde, siempre por este caso, entre junio y julio de 2021, la FECI solicitó el retiro de inmunidad para ocho magistrados de la CSJ, uno del Tribunal Supremo Electoral, uno de la CC y 13 de las Cortes de Apelaciones. Estas solicitudes, según las argumentaciones de la fiscalía, compartían los mismos delitos de los abogados antes detenidos por el mismo caso.
Sin embargo, después del cambio de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI en junio de 2021, la mayor parte de estos antejuicios fueron rechazados. Además, la fiscal general, Consuelo Porras, puso en duda el testimonio de Gustavo Alejos en el que implicaba directamente a jueces que habían participado en la Comisión de Postulación de 2019. Este es el escenario -con magistrados protegiéndose a sí mismos, un MP sin demasiadas ganas de investigar, jueces y políticos en favor de la impunidad- en el que se encuentra actualmente la tercera fase de Comisiones Paralelas 2020.
Los magistrados que pasarán a la historia
En agosto de 2019 la CICIG presentó el caso Comisiones Paralelas II. En esta investigación, los excandidatos presidenciales (hoy presos y acusados de corrupción) Alejandro Sinibaldi del extinto Partido Patriota (PP) y Manuel Baldizón del desaparecido Libertad Democrática Renovada (Lider), además de Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz en al menos cinco casos de alto impacto, decidieron confesar mediante cartas y testimonios que en 2012, cada uno de ellos se había reunido con varios de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de manipular las elecciones de jueces y magistrados para el período 2014-2019.
Entre la lista de los magistrados que se reunieron con Sinibaldi y Baldizón para cabildear su elección en el cargo están 8 de los 10 integrantes actuales de la CSJ:
Silvia Patricia Valdés Quezada, Nery Osvaldo Medina Méndez, Vitalina Orellana y Orellana, Delia Marina Dávila Salazar, Josué Felipe Baquiax, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Silvia Verónica García Molina y José Antonio Pineda Barales. Además de Néster Mauricio Pimentel, que luego fue electo magistrado de la CC, a pesar de estos señalamientos, y Ranulfo Rojas Cetina, que también fue proclamado después como magistrado del TSE.
“Esto indica que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos por las dos principales cúpulas políticas del país, a cambio de servir sus intereses y otorgar una protección jurídica desde su puesto en la máxima corte en el evento de que los operadores políticos que los eligieron lo requirieran”, concluyó la CICIG en su informe preliminar de esta investigación.
En esa ocasión, el caso quedó únicamente con la mención pública del supuesto tráfico de influencias que les permitió a los jueces ocupar el máximo cargo en esa corte. Pero un año después, en 2020, la FECI descubrió que Gustavo Alejos, quien estaba en prisión recluido en un hospital privado de la ciudad, tenía reuniones con funcionarios, abogados, jueces y diputados, en busca de repetir el amaño con que se eligen a los magistrados.
La sala de sesiones y la habitación de Alejos dentro del hospital fue allanada. Entre las evidencias y posteriormente con el testimonio de este importante operador político, los fiscales de FECI lograron fundamentar que Alejos era uno de los negociadores más importantes detrás de la nueva elección de magistrados para cortes que se intentó realizar en 2019 para escoger nuevas cortes del período 2019-2024. Tras estos hallazgos, el proceso de elección quedó desestimado, debido a un amparo que la CC otorgó al Ministerio Público, donde los fiscales argumentaron vicios, fallas y corrupción en el proceso.
Derivado de esta nueva línea de investigación, para agosto de 2020, la fiscalía solicitó retirar la inmunidad por los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita a: Valdés, Baquiax, Orellana, Medina, Pineda, Pineda Barales, García y Pimentel. Los mismos que según los testimonios se reunieron y juraron lealtad en 2012 y 2014 a los ex candidatos presidenciales: Sinibaldi y Baldizón.
La FECI también presentó, en relación a este caso, 12 solicitudes de retiro de inmunidad más en las que se incluían a los otros dos magistrados de la CSJ, que habían quedado como suplentes durante el proceso de elección de 2014: Manuel Duarte y Maria Eugenia Morales, además del magistrado Ranulfo Rojas del TSE, y varios magistrados de las Cortes de Apelaciones, como Wilber Castellanos, el expresidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, quien según el testimonio de Alejos fue uno de los operadores más importantes en la Comisión de Postulación de 2019 y que ha sido uno de los abogados que ha acusado y atacado legalmente con más vehemencia a la jueza Ericka Aifán, a cargo del caso de Comisiones Paralelas.
El exfiscal Sandoval advirtió a finales de julio, durante su última conferencia de prensa antes de salir al exilio, que los procesos en los que Alejos había testificado no iban a proceder y que probablemente, debido al contexto del MP y las decisiones de Consuelo Porras, se caerían. Dos semanas después de estas declaraciones, ya sin el fiscal anticorrupción al frente de la FECI, la CSJ (integrada por todos los magistrados señalados en este caso) se atrevió a conocer y rechazar cada uno de los antejuicios planteados contra ellos mismos.
Obstrucción a la justicia
Entre agosto y septiembre de 2021, el pleno de magistrados de la CSJ rechazó casi una veintena de solicitudes de antejuicio que habían sido planteadas en su contra y otros de sus colegas, justamente por su implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020. Esta acción fue realizada por la FECI, y en la resolución, los magistrados señalados argumentaron que esta solicitud tenía motivaciones “espurias”. Con este fallo lograron proteger a sus colegas y, sobre todo, a ellos mismos. Observadores de Derechos Humanos manifiestan preocupación porque el caso de Comisiones Paralelas no avance y quede archivado. Es un caso donde los mismos jueces y magistrados tienen que juzgar su propia participación en hechos delictivos.
Alejandro Rodríguez del programa de justicia de Impunity Watch, una organización internacional que ha trabajado el tema de derechos humanos en más de 20 países, calificó de “grave” esta autoprotección de los magistrados.
“Los magistrados podrían estar incurriendo en los delitos de obstrucción a la justicia, delito de obstaculización a la acción penal y delito de tráfico de influencias. Los magistrados de las más altas cortes están impidiendo ser investigados y también están impidiendo que se investigue a los políticos que los eligieron”, dijo Rodríguez.
Carmen Aida Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, opinó que mientras los magistrados estén en sus cargos el caso en su contra no va a proceder y posiblemente tampoco cuando ellos dejen sus puestos porque no hay seguridad ni certeza jurídica de que el proceso vaya a estar “vivo” cuando eso ocurra. “Este es un caso emblemático porque muestra la cooptación de la administración de justicia y por lo tanto es uno de los que les urge desmantelar”, comentó.
Mucha de la responsabilidad de que las investigaciones continúen y de que el proceso prospere en los tribunales está en manos de Rafael Curruchiche, jefe de FECI, nombrado recién en agosto de 2021 después de que la fiscal general, Consuelo Porras, destituyera a Juan Francisco Sandoval. Sandoval trabajó en la FECI casi desde su creación en 2006, fue galardonado por Estados Unidos como héroe anticorrupción y fue el último bastión de la lucha contra la corrupción en Guatemala, después de la expulsión de la CICIG en 2018.
Porras, en lugar de apoyar el trabajo de Sandoval decidió retirarlo del puesto. E incluso ordenó una investigación en su contra, quizás como reproche, debido a diversas faltas como la exhibición de personas detenidas, obstaculización del ejercicio de defensa. La Fiscal, que está incluida en uno de los listados que ha elaborado Estados Unidos sobre personajes corruptos, colocó en su lugar a Curruchiche, un exfiscal de delitos electorales que es conocido por haber favorecido a los empresarios de la élite que la CICIG señaló de financiamiento ilícito cuando manipularon las elecciones de 2015 apoyando monetariamente al expresidente Jimmy Morales quien en ese momento era candidato.
Estados Unidos manifestó su rechazo al nombramiento de Curruchiche pues dijo que no agregaba confianza en las investigaciones o incluso para procesar de manera independiente los casos de corrupción a cargo de la FECI.
“Los antejuicios en contra de algunos magistrados fueron declarados no ha lugar. En contra de dicha resolución, se han presentado hasta la fecha 13 acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad”, explicó Curruchiche al preguntarle sobre sus planes con el caso.
Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), comentó que hay que mantenerse atentos a la fase del caso en donde sí hay capturados, es decir la que incluye a los ex rectores y a los abogados detenidos en 2021. Diaz dice que es escéptico respecto al avance del proceso, pero a la vez se mostró positivo porque la justicia puede alcanzar a los magistrados que se han “autoprotegido” cuando, algún día, terminen su administración y finalmente pierdan su inmunidad.
La cooptación de las cortes, la fidelidad y protección que el caso Comisiones Parelelas genera entre los magistrados señalados, ha demostrado que la lucha real es en función de la impunidad. Además, el gremio de abogados se ha unido para atacar y hostigar a jueces que no se han plegado a estos intereses, como la jueza Aifán, a cargo del caso, a quien han recusado, solicitado el retiro de inmunidad, y difamado en redes sociales. Los analistas ven solo una forma en la que se busca detener la captura completa del Sistema de Justicia: la preocupación de la comunidad internacional.
“Por esta razón Estados Unidos recientemente anunció la creación de una fuerza de tarea para investigar a los corruptos de la región porque no confía en las instituciones de justicia del país”, agregó Rodríguez de Impunity Watch.
El informe de 2020 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que al 30 de noviembre de ese año, el Congreso, encargado de aprobar a los candidatos electos por la comisión de postulación, había postergado el procedimiento 31 veces.
Este año, el Congreso tampoco se ocupó de esa elección, así que el 13 de octubre de 2021, el pleno de magistrados de la CSJ confirmó en un comunicado de prensa que continuarían en el cargo hasta que sus sucesores sean electos. El caso Comisiones Paralelas no sólo reveló la cooptación de las cortes, sino que reitera que las redes de políticos, magistrados, empresarios y abogados que buscan perpetuar la impunidad siguen presentes en toda la institucionalidad de la justicia en Guatemala.
Un mes después, la CC suspendió de forma provisional varios artículos de la Ley de la Carrera Judicial y otras normativas que le otorgan facultades a la CSJ para administrar nombramientos, traslados, vacancias, entre otros movimientos de jueces y magistrados. Eso significa que la Corte Suprema de Justicia recuperó el poder de disponer sobre el futuro laboral de los funcionarios que integran las diferentes instancias del Organismo Judicial.
