El actual Congreso es un archipiélago de traiciones. Desde enero de 2020, las 19 organizaciones políticas electas para el Legislativo de Guatemala, se fragmentaron hasta convertirse en 36 facciones de negociación, con diputados sin afinidad política, que no pueden renunciar a sus bancadas. Donde existen más de 30 líderes dispersos, sin agenda colectiva 

La primera vez que los diputados de esta legislatura llegaron al Congreso, el 14 de enero de 2020, empezaron también las traiciones entre ellos, contra sus partidos políticos y sus distritos, además del electorado.

Ese día, Carlos Barreda, un diputado de larga data, y entonces subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), llegaba con la afirmación de tener el apoyo de más de 90 congresistas para elegir como presidente del Congreso a su colega de partido Orlando Blanco. La UNE había logrado obtener 52 diputaciones de 160 en total. Era la fuerza mayoritaria en el Congreso después de las elecciones de 2019 en la que 19 partidos políticos lograron representación en el Legislativo, y se esperaba que la presidencia de la Junta Directiva sería de la UNE durante 2020.

Pero algo pasó, y tras largas horas de retraso durante la primera sesión de ese nuevo Congreso, la UNE quedaría fragmentada, plagada de traiciones internas, y sin poder dirigir el parlamento.

Detrás de todo estaba la bancada de Vamos, el partido que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia. Con 17 diputados electos, la bancada oficial previamente había sometido a proceso de votación interna quién sería el candidato oficial para ocupar el puesto en la presidencia del Congreso y buscaba aliados desesperadamente en todas partes, incluso con diputados de la UNE, sobre todo los que estuvieran dispuestos a dar la espalda a su propio bando. 

El problema para el partido del presidente, sin embargo, era que los diputados que asumían el cargo para 2020-2024, por primera vez desde 1985, no podían cambiar de bancada al nomás llegar al Congreso debido a la prohibición del transfuguismo que apenas había sido aprobada en la legislatura anterior (2016-2020). Una vez electo, como establecía el nuevo impedimento, un diputado debía continuar con su partido si quería formar parte de la Junta Directiva o presidir cualquier comisión de trabajo. 

El partido Vamos, ese primer día, logró reclutar a 6 diputados de la UNE para su agenda oficialista. Y, al hacerlo, no sólo partió a la bancada mayoritaria sino que también creó una dinámica de facciones o subgrupos partidarios sin identidad política al conseguir que 82 diputados de bancadas diversas (Bienestar Nacional -BIEN-, Partido Unionista, Partido Valor, Partido de Avanzada Nacional -PAN-, Prosperidad Ciudadana, Frente de Convergencia Nacional -FCN-, Partido Humanista, Visión con Valores -VIVA- y TODOS), eligieran al diputado por Sololá, Allan Rodríguez, como presidente del Congreso. 

Desde el día uno, las 19 organizaciones políticas electas para el Congreso de Guatemala, poco a poco, se fragmentaron hasta convertirse en la actualidad en 36 facciones, con más de 30 líderes dispersos, sin agenda.

“Como no hay identidad del diputado con su partido, tampoco hay identidad de su actuar con la ideología del partido que los ha llevado al Congreso. Con un partido sin ideología cada quien vela por sus propios intereses”, apunta Roberto Alejos, ex diputado Constituyente y ex presidente de este organismo por tres períodos continuos cuando fue electo por la UNE en 2008. 

Jahir Dabroy, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) coincide con Roberto Alejos sobre el problema del fraccionamiento como producto de cómo funciona el sistema político en el país: los personalismos. “Los partidos se convirtieron en instrumento para que una persona y no una organización llegue a ocupar un puesto público”, indica.

La UNE, días después de ese 14 de enero, denunció públicamente que el presidente Giammattei y su partido habían comprado los votos de los diputados para que Rodríguez ganara la presidencia de la Junta Directiva, “sacó la billetera y con ello el apoyo de 82 diputados… junto con ello, varios proyectos de obra gris”. 

A los tres meses, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ampliación presupuestaria por Q5.1 mil millones, en el se incluyeron Q600 millones para Consejos Departamentales de Desarrollo (Cocodes). Parte de la distribución de todos esos recursos quedó en manos de la alianza oficial integrada por diputados de varias facciones provenientes de partidos divididos.

Desde entonces, los subgrupos partidarios (más de 35)  y no las bancadas (19 electas), son las que dirigen el destino del Congreso, con sus propios intereses y negociaciones.

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Los 36 grupos del Congreso

En año y medio, Allan Rodríguez se convirtió en una de las piezas más importantes del tablero político de Alejandro Giammattei, sobre todo para operar desde el Congreso. Junto a él, la alianza oficialista ha estado dirigida por la diputada Shirley Rivera, también del partido del presidente y que ha funcionado como el enlace entre los ministros y los congresistas. 

Sin embargo, el partido oficial también tiene sus propias divisiones. Mientras Rodríguez y Rivera suplen a Mynor Mejía López en sus funciones como jefe de bloque, Josué Edmuno Lemus ha regresado al Congreso como diputado electo de Quiché después de haber sido llamado como Ministro de Comunicaciones por Alejandro Giammattei casi por 2 años. 

Lemus, aparentemente tiene una cercanía con una de las facciones de la UNE. En 2015, fue electo diputado de Quiché con el partido de Sandra Torres, pero no pudo asumir el cargo porque según el Tribunal Supremo Electoral, aún era contratista del Estado con pagos pendientes por parte del Fondo para la Paz (Fonapaz). La estrategia de Lemus, desde entonces, ha sido regresar y convertirse en un operador político para Giammattei, para la bancada Vamos, desde el distrito de Quiché. 

La otra facción de Vamos pertenece a Roberto Calderón, un diputado que llegó por el voto de las familias de los migrantes, y que en 2019 afirmaba que Giammattei lo había designado para ser el presidente del Congreso. Sin embargo perdió contra Rodríguez y hoy mantiene una alianza con un grupo del bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Dentro del actual Congreso, FCN-Nación es conocido como el partido que llevó a la presidencia en 2015 a Jimmy Morales. Fue la última agrupación que recibió tránsfugas al asumir el cargo en 2016. De 11 diputados crecieron a 37 representantes en unos cuantos meses. Ahora este bloque sólo tiene ocho diputados y está partido en tres: Javier Hernández tiene el control del partido y está respaldado por dos legisladores. En tanto la diputada por Jutiapa, Patricia Sandoval, ha peleado por la vía legal la jefatura de bancada, con el apoyo de dos congresistas. El resto de integrantes de FCN-Nación, funcionan como comodines entre los dos bandos.

“En las elecciones de 2019, el Congreso quedó dividido en 19 bancadas y desde esa fragmentación ya existía una dificultad para consensuar una agenda” refiere Carlos Barrera, diputado de la UNE quien ha visto los cambios del Legislativo desde 2003. 

La UNE ha sido uno de los bloques más heridos por estas dinámicas parlamentarias. La profunda división consiste entre los diputados que todavía respaldan a su ex candidata presidencial, Sandra Torres, contra aquellos que se consideran más institucionales, en defensa de los colores del partido. Ambos grupos tienen un objetivo en común: tener el control del partido. Mario Taracena, uno de los diputados más antiguos de la UNE, indica que desconoce si existen subgrupos entre su bancada de 52 integrantes, pero da indicios de que a lo interno existen cinco líneas con quienes se tiene que cabildear cualquier tema.

Óscar Argueta, secretario general de la UNE, y los diputados Orlando Blanco y Carlos Barreda tienen una parte del Comité Ejecutivo del partido y junto con 29 de sus colegas funcionan como oposición. No obstante, dentro de esta facción hay otra más, un grupo que coordina la congresista Inés Castillo como representante de Santa Rosa. 

Mientras tanto, los 21 integrantes de la UNE restantes conforman un grupo aparte. Los diputados Estuardo Vargas y Carlos López, afines a Torres, son quienes tienen otra parte del partido. Marleni Matías, la representante de Baja Verapaz es la líder de otra facción que incluso ha logrado detener dos de las cinco asambleas generales que ha puesto en complicaciones la gobernanza interna de todo el partido a nivel nacional. La última división la integra el diputado Santiago Nájera, actual miembro de la Junta Directiva, al lado de Allan Rodríguez del partido oficial.

La división no solo se limita a los partidos grandes, también las bancadas minoritarias que funcionan a veces como bisagras dentro del Legislativo sufren de fragmentaciones internas. Sin el transfuguismo, los diputados prefieren seguir en un partido con el que ya no sienten afinidad, sobre todo si no quieren perder la posibilidad de contar con privilegios en puestos de decisión. 

Visión con Valores (Viva) es coordinada por dos líneas: Armando Castillo, secretario general de la agrupación, y Aníbal Rojas, un fiel aliado de Giammattei a tal punto que su hermano, Mario Rojas, es el actual Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Winaq, que ganó cuatro diputaciones, es coordinada por la diputada Sonia Gutiérrez. Sin embargo, a uno de sus integrantes, Aldo Dávila, se le inició un proceso para retirarlo del partido. Dávila hoy tiene una cercanía con la UNE, y le han confiado la coordinación del área metropolitana, una de las bases electorales más importantes para una posible postulación con este partido en las próximas elecciones.

El caso más particular dentro del actual Congreso ha sido el del partido Todos, una agrupación dirigida por Felipe Alejos, un diputado que fue sancionado este año por el Departamento de Estado de EE.UU. acusado de corrupción. Su bancada ha tenido la función de “bisagra” desde 2016 y tuvo momentos claves durante el gobierno de Morales (2016-2020). Con la llegada de Alejandro Giammattei, Felipe Alejos tuvo en principio la misma postura. Pero a mediados del año pasado, la relación con el Ejecutivo se enfrió y se alejó por un par de meses de la alianza, para regresar antes de concluir el 2020. Actualmente el líder de Todos coordina cinco de los siete congresistas que integran este bloque.

A diferencia del resto de partidos, hay dos cuyos integrantes se han mantenido unidos. La Unión del Cambio Nacional (UCN) es dirigida por Sofía Hernández y Napoleón Rojas, con un bloque de 12 diputados. La alianza de los dos líderes del partido UCN les ha permitido mantener un puesto en la Junta Directiva y presidir Comisiones de trabajo, incluso a pesar de estar en medio de una posible cancelación definitiva del partido debido a que su ex candidato a la presidencia, Mario Estrada, fue acusado de narcotráfico en 2019 y hoy cumple una condena de 15 años en Estados Unidos. El otro caso es el partido Valor, que tiene como cara visible dentro del Congreso a la diputada Lucrecia de Palomo, pero detrás está la estructura de la hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, que controla también parte de la Corte de Constitucionalidad debido a que uno de los diputados electos de este partido, Luis Rosales, fue designado como magistrado suplente de la más alta Corte de Justicia en Guatemala por parte del Legislativo.

Dabroy explica que esta dinámica (división) dificulta las negociaciones en el Congreso, pues se volvió una relación individual en donde privan en su mayoría intereses personales sobre los colectivos. Alejos (Roberto) agregó que ahora los cabildeos no son a base a planes de trabajo o agendas legislativas, sino a cambio de plazas, prebendas de gobierno y en otros casos, proyectos para sus departamentos: “entonces los legisladores en este caso se dan cuenta que no tiene ningún beneficio ser oposición”.

Para el diputado Manuel Conde, integrante del Partido de Avanzada Nacional (PAN), otra agrupación que se dividió durante la primera sesión del 14 de enero de 2020, la situación del Legislativo obliga a un mayor nivel de cabildeo. “Hay que hablar con más gente para llegar a los consensos y hay que tener la capacidad de comunicación a lo interno y entre los bloques”, dice. Añade que la situación fragmentada entre las bancadas demanda una labor más constante y personalizada para la búsqueda de los apoyos. No es fácil, ahora, tratar de gobernar el Congreso de la República sin entender los intereses de cada una de las 36 facciones.

Un poder supeditado al del Presidente

Durante el 2020, el Congreso se caracterizó por la aprobación de 32 decretos relacionados en su mayoría a temas coyunturales. Leyes para atender la emergencia del COVID-19, préstamos, una ampliación presupuestaria, una decena de estados de calamidad y dos estados de sitio, en su mayoría solicitados por el Ejecutivo y apoyados por la alianza oficialista. Es decir, el Congreso ha sido obediente a las disposiciones presidenciales.

“Hay un sentido de frustración de muchos diputados distritales que anteriormente fueron alcaldes y vinieron al Congreso con la idea de sacar adelante a su municipio. Pero ahora es un país atomizado, con pandemia y sin una agenda particular, nadie se muere por nada”, indica el diputado Javier Hernández, exjefe de FCN-Nación durante los cuatro años del gobierno de Morales. El congresista recuerda que aún en la legislatura anterior, se movían entre cinco a seis diputados dentro del pleno para que se lograra votar por algún tema. Hoy el debate se centra en lo que necesite el Ejecutivo.

Con los partidos divididos, las facciones internas de las 12 agrupaciones que llevaron a Allan Rodríguez a la presidencia han votado casi a ciegas bajo las órdenes de la bancada de Gobierno. El 18 de noviembre de 2020, por ejemplo, la alianza aprobó cuatro decretos sin ninguna discusión, que incluían: un nuevo presupuesto para el Congreso, dos nuevos préstamos y un techo de más de Q100 mil millones para el Gobierno. Los votos a favor fueron entre 110 a 125 en promedio. 

Esta falta de transparencia, además de la prepotencia de la alianza oficialista, desató la indignación a nivel nacional. Durante los tres días siguientes se registraron manifestaciones fuera del Legislativo, concluyendo con la quema de una de las entradas del edificio. Tres días después, la Junta Directiva presidida por Allan Rodríguez y los jefes de las bancadas aliadas anunciaron que darían marcha atrás a la aprobación de los decretos. El propósito era recuperar la calma.

Roberto Alejos llama a la agenda discutida por el Congreso como “apagafuegos”, porque lo que conocen los diputados es lo que le urge al Gobierno, dejando de lado temas sociales y económicos. 

Dabroy agrega que no existen proyectos colectivos pues lo único que les interesa a los diputados es la adjudicación de obras públicas para sus allegados, en tanto simulan que estas construcciones benefician a toda una comunidad, como estrategia para buscar su reelección.

Sonia Gutiérrez, la jefa de la bancada Winaq, analiza que no ha existido una buena capacidad para dirigir el actual Congreso. La culpa ha sido de quienes están al frente, señala. 

Para Manuel Conde, en contraste, el debate dentro del hemiciclo siempre es continúo y en su caso, dice, cada vez que realiza un planteamiento es escuchado. 

La caída de la alianza oficialista

Para finales de 2020, la alianza oficialista aseguró el segundo mandato de Allan Rodríguez. No fue fácil. Había que coordinar y negociar, de nuevo, con más de 80 diputados de 12 bancadas distintas. Sin embargo, como indicó Juan Francisco Sandoval, el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el día que fue despedido por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, la reelección de Vamos al frente de la Junta Directiva del Congreso estuvo amañada y negociada por el operador político y ex secretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos.

Sandoval, antes de abandonar el país, indicó que Gustavo Alejos quiso colaborar con información sobre la forma en que la alianza oficialista había negociado la presidencia del Congreso en noviembre de 2020. “Él tiene información de funcionarios actuales, congresistas actuales y magistrados que actualmente desempeñan un puesto”, dijo y advirtió que el caso no caminaría mientras Porras estuviera al frente de la entidad investigadora.

Rodríguez aparentemente logró llegar a acuerdos con sus aliados y en una sorpresiva reunión de Jefes de Bloque se incluyó la elección de la Junta Directiva de 2021 dentro de la agenda. Y durante casi otro año, el Congreso ha sido un poder que actúa de manera alineada con el Ejecutivo, sin una clara y democrática división de poderes.

Hasta agosto de 2021, la alianza oficialista hacía recordar un poco aquellas aplanadoras políticas de los años noventa que condicionaban la agenda parlamentaria en función de sus intereses. Pero Allan Rodríguez, empecinado en una tercera reelección, perdió el control de las distintas facciones que lo apoyaban. Según fuentes parlamentarias, la consigna de todos los bloques es la misma: un cambio en la Junta Directiva para el 2022.

Prueba de esta intención, sucedió el 25 de agosto de 2021 cuando las facciones de todos los partidos divididos pusieron a prueba a Rodríguez. El Ejecutivo había publicado un Estado de Calamidad Pública y era responsabilidad del Congreso, de la Junta Directiva, lograr los votos necesarios para que fuera ratificado. Rodríguez no logró los consensos y el requerimiento del Ejecutivo finalmente fue rechazado por 103 diputados. Una semana después, Alejandro Giammattei volvió a insistir con una nueva propuesta de Estado de Calamidad y de nuevo, con 82 votos (mayoría absoluta) fue rechazado a pesar de todos los intentos de llamadas y alteraciones de los tiempos de cierre de votación por parte de Allán Rodríguez. 

“El problema de Allan es que jamás tuvo los canales de comunicación con todos los bloques y se dedicó a bloquear, esto derivado de su soberbia que le provocó su inmadurez”, como declara Óscar Argueta, secretario en funciones y diputado de la UNE. El congresista aseguró que fue la personalidad del presidente del Congreso lo que generó problemas a lo interno del partido de Gobierno y dentro de la alianza oficialista.

Lecsan Mérida, jefe del bloque Humanista e integrante de la alianza que votó por Allán Rodríguez como presidente durante dos años, agrega que en este momento se ha iniciado un reacomodo de las fuerzas políticas. Cada partido, o bien las 36 facciones actuales, están planteando una visión distinta a la de hace dos años y ello se ve reflejado en la configuración de la Junta Directiva donde los acuerdos políticos siempre son temporales.

“Allan perdió el liderazgo que nunca tuvo, él no ha sido eficiente y no es un hombre que ayude a cohesionar las fuerzas en el Congreso”, resume el diputado Mario Taracena. 

¿La alianza oficialista está sepultada? De acuerdo con el diputado Lecsan Mérida de Valor, existieron ciertas acciones del Ejecutivo que hicieron que se perdiera la confianza, aunque no aclara a detalle cuáles fueron estos hechos.

Mientras Rodríguez observa como una nueva reelección para presidente del Congreso queda a la deriva, los nombres de Josué Edmundo Lemus, ex ministro de Comunicaciones y Manuel Conde, representante del PAN se mencionan entre las fuentes parlamentarias como aspirantes a la presidencia de la Junta Directiva que tomará posesión el próximo 14 de enero de 2022.

Lo cierto, sin embargo, es que cualquier diputado que forme parte de la nueva Junta Directiva, tendrá que lidiar con un Congreso completamente dividido. No son 19 partidos representados. Son 36 facciones llenas de contradicciones, intereses particulares y afinidades políticas demasiado volátiles.

*Silencio

Para esta nota se enviaron el pasado 11 de agosto, siete preguntas al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, vía Fernando Bolaños, su asesor en Comunicación, pero no dieron respuesta alguna. Las interrogantes iban desde cómo ha sido legislar en un Congreso fragmentado hasta su postura ante la denuncia que dio el exfiscal de la FECI, Francisco Sandoval.