En medio de un torbellino de denuncias y asedio en su contra, la jueza Érika Aifán, se prepara para el peor de los escenarios si perdiera su  inmunidad y es suspendida de su cargo. Durante una entrevista en su despacho este 7 de marzo, Aifán, explicó los vínculos e intereses en común entre los magistrados que la acusan, los indicios que llevan a ver sesgos en el MP y la dificultad del Estado de proteger su vida si ella ingresara a una prisión del país.

Guatemala vive un panorama complicado para la independencia y garantías de los jueces de mayor riesgo, los encargados de impartir justicia en grandes casos de corrupción. Están solos, no tienen apoyo. Esa es la lectura de Érika Aifán desde su despacho en el juzgado de mayor riesgo “D”, en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, dos días antes de que tenga lugar una de las audiencias determinantes para la decisión de si se le retira el antejuicio.

Aifán tiene ya 15 años de recorrido como jueza y lleva desde 2006, cuando pasó a trabajar en los juzgados de Zacapa, recibiendo amenazas y denuncias. Pero estas fueron en aumento con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad  en Guatemala (CICIG) y solo en los primeros meses de 2022 ha recibido ya 7 denuncias en su contra y enfrenta un antejuicio que podría costarle su investidura e incluso provocar su abrupta salida del país. 

Aifán explica en esta entrevista que ha tenido en sus manos procesos penales importantes que involucran a altos funcionarios y empresarios, por lo que se podría pensar que los ataques en su contra pueden venir de muchos frentes. La jueza ha estado a cargo de procesos como: “Financiamiento Electoral Ilícito de FCN Nación”, “Construcción y Corrupción y “Comisiones Paralelas”, el más emblemático para ella, porque de este caso surge gran parte de la persecución en su contra que busca ponerla contra las cuerdas. Además es importante recordar que del juzgado dirigido por Aifán, salió recientemente el testimonio del “testigo A” que señala al presidente Alejandro Giammattei de haber recibido sobornos de constructores durante su campaña política en 2019, según una investigación de El Faro publicada en febrero. Y, al mismo tiempo, la elección a fiscal general, y su intención pública de participar en el proceso, han podido acelerar su salida.

La denuncia que ha avanzado hasta llegar a solicitar el retiro de su inmunidad es el expediente 359, conocido públicamente como el caso “Comisiones Paralelas 2020”, el caso que demuestra cómo la elección a magistrados de la Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia había sido amañada. Por este caso, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) denunció a Aifán por haber autorizadoa la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) procedimientos de investigación contra algunos candidatos a magistrados sin tener la competencia para hacerlo. El denunciante fue Wilber Castelllanos, entonces presidente del IMCAOJ, quien está acusado en este mismo caso por reunirse con Gustavo Alejos durante las negociaciones ilegales.

En julio del 2020 Aifán recibió un amparo provisional a su favor de parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), congelando el antejuicio en su contra, pero en septiembre del 2021, la nueva magistratura de la CC, encabezada por Roberto Molina Barreto, revocó el amparo. Esto reactivó la persecución contra la jueza, encabezada por esta institución de magistrados. 

Este 7 de marzo la jueza Aifán nos cuenta que esta persecución ha afectado a su círculo familiar, sus amigos y al personal del juzgado que dirige. Aifán explica que, a su criterio, si es despojada de su inmunidad, y de su investidura, será porque los magistrados que la denuncian, el juez que debe investigarla, y la CSJ que debe decidir si retirar o no el antejuicio, tienen intereses en común y no le han permitido defenderse plenamente en el proceso. 

P- Si le retiran la inmunidad y es separada de su cargo, ¿cómo afectaría esto su relación con la justicia, lo que ha trabajado gran parte de su vida? 

R- El impacto a mi carrera profesional sería grande, porque si ellos me retiran la inmunidad pueden suspenderme del cargo y eso implica la suspensión de medidas de seguridad que tengo, no obstante las graves amenazas. Implica un riesgo a mi vida y, además de eso, la posibilidad de que el Ministerio Público (MP) pudiera solicitar una orden de aprehensión en mi contra. 

Si ingreso en una cárcel del país, tendríamos que preguntarnos si el Estado de Guatemala tiene las condiciones para garantizar mi vida e integridad física. Porque, por los casos de alto impacto que he conocido, hay personas condenadas por mí en casi todos los centros de detención del país. No sé hasta qué punto podrían garantizar mi vida e integridad física. Y, adicional a esto, el debido proceso no lo están garantizando. Si en esta posición del juez en la tramitación de antejuicio no hay garantía de debido proceso, mucho menos lo habría estando en la calidad de sindicada.  

P- Hemos visto fiscales y jueces que han optado por el exilio después de perder su inmunidad,  ¿usted sabe qué hará para protegerse? 

R- Yo estoy trabajando con mis abogados en el plano nacional e internacional. A nivel nacional existen demasiadas vulneraciones al proceso, entonces estamos analizando y trabajando en mecanismos internacionales. Todavía estamos evaluando la opción de enfrentar los procesos sin salir de Guatemala con las garantías mínimas. 

P- ¿Cómo ha afectado esta situación a su familia y sus cercanos? 

R- Todo esto ha generado afectación a mi familia, ellos saben el trabajo que he hecho, los riesgos y el nulo apoyo de la institución (OJ), les afecta pero no solo a ellos, también a mis amigos, al personal. Son momentos de incertidumbre, de mucha preocupación.

P- ¿Cómo afectaría su salida del juzgado a los procesos que están en su despacho? 

R-El hecho de que me retiren de una manera ilegal y arbitraria de mi cargo no solo impacta a los procedimientos, porque además el mensaje que están enviado es que el juez o jueza que pongan en mi lugar  no será independiente.

Hay una vulneración a la independencia judicial que afecta a todos los jueces del país, y esa independencia es una garantía de derechos humanos. Esto repercute directamente en el estado de derecho, en la democracia, en la garantía de los ciudadanos a ser juzgados de forma objetiva. Ahora el juez que esté llevando un caso no se sentirá libre y confiado de poder resolver de acuerdo a la ley y, según su análisis, existirá temor de que se tomen represalias. 

P-  En julio del 2021, usted, junto a otros jueces de Mayor Riesgo, pidieron al MP que se desestimaran la denuncias emitidas en su contra, por considerar que muchas carecen de fundamento. También denunciaron la serie de hostigamientos que han vivido. Ante esta situación de acoso ¿cuál cree que es el futuro de los juzgados de mayor riesgo?

R- Sobre esa petición, a la presente fecha la señora fiscal (Consuelo Porras),  no ha dado ninguna respuesta, ni positiva ni negativa. Esto en comparación con las respuestas que da a otras solicitudes que son más inmediatas. En cuanto al panorama de los juzgados de mayor riesgo, les diría que es muy complicado. No tenemos ningún apoyo, ni institucional ni de otra forma y hablo de otra forma refiriéndome al tema de las garantías de independencia judicial en el país. En este momento no existe. Hay una serie de amenazas, hostigamientos, también se nos limita algunos recursos, y algunas circunstancias que no permiten que nosotros avancemos. 

«En cuanto al panorama de los juzgados de mayor riesgo, les diría que es muy complicado. No tenemos ningún apoyo, ni institucional ni de otra forma», Erika Aifán.

P- ¿Cuál cree que es el punto detonante de la persecución en su contra?

Es muy difícil establecer un punto como detonante, cuando toda esta persecución ha estado girando en los últimos meses en torno al expediente 359 (Caso Comisiones Paralelas). Este expediente tiene investigaciones contra diferentes personas, dentro de ellas hay altos funcionarios que están en el ejercicio del cargo. Entonces es muy difícil poder establecer quién o quiénes pueden estar detrás de esos ataques y qué pudo ser en ese momento lo que marcara ese punto álgido en el hostigamiento. Porque los antejuicios y las denuncias penales en sí, porque no todas han llegado a ser antejuicios, son aproximadamente 7, presentadas entre enero y febrero de este año; todas giran en torno al caso de Comisiones Paralelas. Tal vez podría ser el proceso de selección de fiscal y la posibilidad de un cambio en la dirección de la fiscalía, que acorta los tiempos para hacer esa persecución.

R-¿Cree que esto está conectado con un intento de frenarla para que no se postule a un cargo como el de Fiscal General?

R- En cuanto a la obstaculización para poder acceder a un cargo como este, hubo un mensaje a través de Twitter, si no me equivoco del señor Raúl Falla (mandatario de la Fundación Contra el Terrorismo), en el que indicaba que iba a presentar el amparo, precisamente, para que jueces como el licenciado Miguel Ángel Gálvez y yo no pudiéramos acceder al cargo. Y tengo entendido que fue él quien interpuso el amparo ante la CC, y ese amparo provisional, lamentablemente, no solo al licenciado Gálvez y a mí nos restringe esa posibilidad (de poder acceder al cargo de Fiscal General), si no a todos los jueces y juezas del país. Entonces, hay una manifestación expresa de una persona en cuanto a bloquear esa posibilidad de participación. Él (Raul Falla) me parece que ha estado también realizando algunas acciones dentro de estas denuncias que han sido interpuestas en mi contra. Entonces sí hay una acción bien determinada en este aspecto.

P- ¿Cuál es su lectura sobre la respuesta rápida del MP a las demandas de una fundación, como la Fundación Contra el Terrorismo, cuando en Guatemala no se atienden las denuncias de otras fundaciones y organizaciones?

R- Nosotros, con mi equipo de abogados, estamos haciendo un análisis. Porque hemos visto denuncias de graves hechos: persecuciones con vehículos sin placas, amenazas, etcétera, que hemos presentado oportunamente en el Ministerio Público, y en las que, ustedes podrán verificar, no se ha avanzado en la investigación de ninguno de esos casos. Personal que ha sustraído expedientes del juzgado, denuncias de la fiscal Cinthya Monterroso, quien además estaba haciendo investigaciones paralelas, que fueron puestas en conocimiento directo de la Fiscal General. Sin embargo tras varios meses y años, algunas de estas denuncias han sido interpuestas desde el año 2019, y no existe una respuesta eficaz por parte del Ministerio Público. 

Sin embargo, vemos denuncias que están siendo presentadas en mi contra que en 24 horas están generando solicitudes de antejuicio. Y, entonces, cuando ustedes verifican que reciben la denuncia y en un plazo de 24 horas solicitan el antejuicio, pueden preguntarse…¿qué tipo de investigación la sustenta?, ¿qué tanto puede un fiscal investigar en 24 horas? y, ¿por qué, en casos como las denuncias que hemos presentado, tras tres o más años de investigación, no tienen ningún resultado? Entonces estamos viendo que puede existir algún sesgo en la investigación del Ministerio Público.

Así también estamos haciendo un análisis de quiénes son los denunciantes a quienes el Ministerio Público les está realizando investigaciones en plazos tan breves, y quiénes son los denunciantes a quiénes nos las retrasan, y esto en el marco de que tenemos conocimiento de por lo menos las denuncias de otros compañeros jueces de mayor riesgo que tampoco están siendo atendidas.

P- ¿A qué actores usted ha podido analizar en este tiempo, que pueden convenirle que usted sea retirada de sus casos como jueza? 

R- No puedo referirme concretamente a nombres porque algunas personas están involucradas dentro de los procesos que estoy juzgando. 

“Vemos denuncias que están siendo presentadas en mi contra que en 24 horas están generando solicitudes de antejuicio”, Erika Aifán, jueza de alto riesgo.

Aifán rodeada de documentos que abarrotan su escritorio en su modesta oficina en el nivel 14 de la torre de tribunales, hace una reflexión sobre el actual proceso de antejuicio en su contra. La jueza opina que hay un claro conflicto de interés, porque en junio del 2021 el Instituto de Magistrados que la denunció recibió Q20 mil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además el juez que la investiga, Roaldo Chávez, es el secretario del ente que busca retirarle la inmunidad. 

La jueza pudo establecer que durante este año la magistrada Silvia Valdés atendió una petición del Instituto de Magistrados, para mantener una comunicación directa sobre el caso en su contra y ella no tiene conocimiento de lo hablado entre ambas partes: quienes le acusan y la encargada de decidir su futuro. 

P- ¿Qué conflicto de interés hay en la comisión pesquisidora que analiza su caso?

R- Bueno, ahí tenemos una serie de conflictos de interés muy grandes. En la Corte Suprema de Justicia por lo menos 7 de sus magistrados titulares son señalados por el MP de ser sindicados dentro del expediente “Comisiones Paralelas 2020”. Hay un interés directo en el asunto, porque es el proceso que subyace al antejuicio y es por el que no han querido conocer las recusaciones. 

El Instituto de Magistrados se ha coordinado de tal manera que quien me denuncia es el presidente del Instituto, el licenciado Igmain Galicia. Quien integra el pleno, y por lo tanto coadyuva con los 7 magistrados señalados en este proceso, es el licenciado Jaime González, quien tiene enemistad conmigo, es parte de las personas que denuncié ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por las acciones por la que me otorgaron medidas cautelares. Además de eso, (Jaime) González es tesorero del Instituto de Magistrados, entonces el denunciante y quien va juzgar comparten la junta directiva. Y quien realiza las pesquisas o investigación  en mi contra es el juez Roaldo Isaías Chávez, quien es el secretario, entonces quien me denuncia, quien me juzga y quien me investiga son parte del mismo ente. ¿Qué objetividad puede existir en este proceso de antejuicio? 

Además de eso, la licenciada Silvia Valdez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, yo tengo constancia que le ha entregado Q20 mil al Instituto de Magistrados, esto me generó muchas dudas, realicé una solicitud de acceso a la información pública porque este dinero que la magistrada le dio al instituto es dinero del estado, del OJ. Ustedes pueden ver que no están reparados los ascensores, no hay material, no hay recursos.  Pero la magistrada da dinero al Instituto de Magistrados, hay que resaltar algo importante que esta es una institución privada, entonces, ¿cómo se da dinero a una entidad privada? El Instituto de Magistrados lo niega, yo pedí información y ellos dicen que no reciben dinero del Estado, sin embargo yo tengo acreditado por la Dirección financiera del OJ que al menos recibió Q20 mil.

Los conflictos de interés son evidentes, por esa razón es que ni siquiera están conociendo mis solicitudes de recusación, porque eso los obligaría a apartarse y si el magistrado pesquisidor tuviera un poquito de ética, el debía de excusarse pero no solo no se excusó sino que rechaza todas mis peticiones. 

P- ¿Usted sabe cuándo se va a emitir la resolución de su caso?

R- Se que no concluimos la audiencia de descargo entonces me ha citado para el miércoles a las 8:00 AM y me ha indicado que solo tendré dos horas para exponer, se que le ha propuesto el instituto de magistrados que escuche testigos y como es de mi interés pregunté y me dijo que no me va notificar nada más en lo sucesivo y que ya es criterio de él si hace pesquisas adicionales o no. 

P- ¿Qué significa que estén persiguiendo a las mujeres operadoras de justicia y que mensaje puede dar en el marco del 8 de marzo? 

R- No hemos avanzando en Guatemala en la protección de los derechos de las mujeres, estamos viendo una persecución muy fuerte dirigido en contra de mujeres, me ha tocado vivir una parte de estos ataques, amenazas, hostigamientos, el día de la mujer eso, un día para que reflexionemos y visualicemos esas circunstancias y que podamos de forma conjunta establecer acciones para la protección y visibilización de los derechos de las mujeres.