El 28 de marzo de 2022 dio inicio la etapa intermedia del caso Diario Militar, en el que ex policías y ex militares son procesados por delitos contra la humanidad. Tras dieciocho jornadas en las que se escuchó a todas las partes, y tres más en las que el juez argumentó su decisión, el 6 de mayo de 2022 Miguel Ángel Gálvez resolvió enviar a juicio a nueve de los hasta ahora quince imputados

Diez meses después de que fueran capturados los primeros oficiales y agentes de inteligencia señalados en el caso Diario Militar dio inicio la audiencia en la que se decidiría si los acusados iban o no a debate oral y público.

Por primera vez acudieron a la sala el general retirado Marco Antonio González Taracena y el ex teniente coronel de policía Juan Francisco Cifuentes Cano, pues en la audiencia de primera declaración, González Taracena participó desde el patio de pediatría del Centro Médico Militar, y Cifuentes Cano por videoconferencias, acostado en una cama de hospital.

Los veteranos militares de más alto rango que asistieron a los tribunales llegaron ataviados con batas, e inicialmente fueron colocados en hilera, sentados en sus sillas de ruedas en la sala del Juzgado B de Mayor Riesgo, en la Torre de Tribunales. A Oliva Blanco y Vásquez Echeverría los reubicaron luego más cerca del estrado, pues al inicio del proceso alegaron sordera para evitar llegar a las audiencias y ahora escuchaban al juez y a los abogados a través de audífonos.

La fiscalía, representada por Elena Gregoria Sut Ren y Erick Giovanni de León Morataya, presentó las acusaciones y realizó un resumen de su investigación. Se refirió a los patrones de actuación de los grupos clandestinos del ejército, basándose en documentos y declaraciones. Los representantes del Ministerio Público explicaron su funcionamiento durante los secuestros, el uso de centros clandestinos de detención y el de la tortura como método para obtener información. Estos lugares se ubicaban en casas particulares e instalaciones militares y policiales, como la antigua Escuela Politécnica y el Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. Entre los planes militares leídos durante las audiencias, el correspondiente a 1983 establecía como uno de sus objetivos “aislar a las bandas de delincuentes subversivos para que seguidamente estos sean eliminados por medio de operaciones tácticas”.

Neutralizar, desarticular, aniquilar

Cuando el ex jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la policía Gustavo Adolfo Oliva Blanco fue capturado el 27 de mayo de 2021, el Ministerio Público encontró una colección de documentos de inteligencia que el ex militar conservaba en su casa.

Algunos fueron presentados por la fiscalía. El primero muestra un resumen de las estructuras y divisiones ocurridas en el Partido Guatemalteco del Trabajo desde 1969. En 1978 habla de crisis en el Comité Central, que resultó en la división de PGT-Camarilla y PGT-Núcleo. En 1979 surge el PGT-PC. En 1982, el PGT-Álamos y una escisión del PC: la Unidad Militar de Solidaridad Mélida Anaya. Para 1984 salvo la Camarilla, que figura como vigente en esa época, el Núcleo aparece neutralizado, el PC desarticulado, Álamos contrarrestado y la UMS, aniquilada.

Otro documento contiene los nombres de 30 militantes del PGT-PC. En la Comisión DN o Dirección Nacional aparecen Fito, Manuel, Manolo y Saúl. Tres de ellos con un signo “+”. Según el Diario Militar, a Fito y a Saúl “se lo llevó Pancho”. Manolo, “cuando detectó al grupo y se puso en alerta, fue acribillado”.

El documento incautado menciona a otras veintiséis personas de la Región Sur Víctor Manuel Paniagua, la Región Suroccidente Joaquín Noval y la Región Central del PGT-PC, también señaladas con un signo “+”, o “/” en el caso de las personas liberadas. Todas aparecen en el Diario Militar.

Otro de los documentos que había conservado el ex militar señala: “Se procedió a incautar el reducto del PC, ubicado en la 15 calle de la zona 1, Barrio Gerona, en el cual se pudo neutralizar lo que fuera la sección de impresión y reproducción del periódico clandestino Claridad, y secundariamente el archivo histórico del PGT, debidamente microfilmado, así como todo el equipo de serigrafía profesional empleado para tal fin propagandístico”.

Era la casa de Claudina Betzabé Salazar Barreda, en la que junto a Óscar Eduardo Barillas Barrientos y otras personas imprimían la publicación del PGT-PC.

Otro dice: “En el sector de la 12 calle y 5a avenida de la zona 12 fue localizado un nuevo reducto del PC, conteniendo armamento largo y corto y uniformes del Ejército y de la Policía Nacional, con los cuales efectuaban puestos de registro, además un lote de placas, literatura y documentos internos de valiosa información”. En esa casa vivía Marvin Girón Ruano, capturado herido tras un enfrentamiento y quien nunca apareció.

La fiscalía explicó que muchos de los documentos son originales, no se encuentran en el Archivo de la Policía y es a través de la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro que estos se conocen.

No fueron hechos fortuitos

El 20 de abril de 2022 tuvieron la palabra la abogada Casilda Jovita Tzul Tzul, representante de las querellantes adhesivas Alejandra Cabrera Tenas y Wendy Santizo Méndez, y el abogado Francisco Martín Vivar Castellanos, representante de Elisa Meza Paniagua y Paulo René Estrada.

La licenciada Tzul comenzó solicitando que sus representadas fueran admitidas como querellantes en forma definitiva. Se refirió a los delitos contra deberes de humanidad cometidos hacia las mujeres, narrando las historias de diez de ellas que, aunque están directamente relacionadas, no aparecen en el Diario Militar.

“Esta representación no busca ser amarillista o victimista sino que es importante, consideramos, mostrar estas situaciones”, advirtió Tzul. Clara Luz Tenas Chavarría, secuestrada durante cuatro días, fue golpeada, arrojada por unas escaleras, engrilletada, encapuchada y su cabeza sumergida en una tina de agua con excremento y sangre. No le daban comida ni agua, pero una vez “le ofrecieron una taza de caldo con un pedazo grande de carne”. Ella se negó, entonces le pegaron y le dijeron: “No querés comerte a tus compañeros”. Tzul dijo, sorprendida: “Son actos realmente indecibles, y llenos de perversidad”. A Yolanda Gómez la desnudaron, le dieron choques eléctricos y la golpearon. A Alma Ledy Poza Gudiel la tiraron al suelo, la patearon y la colgaron cabeza abajo. Wendy Santizo Méndez sufrió violación sexual, secuestro y tortura. Tenía 9 años.

En varios momentos la abogada repitió esta idea: “No fueron hechos fortuitos, no fueron hechos de mala conducta, no fueron excesos de algunos elementos. Formaban parte de esa estrategia de sometimiento, utilizando para ello la vida y el cuerpo de las mujeres”. Y señaló: “Lo que esta representación busca en este proceso es que estos hechos nunca más se repitan, que ninguna mujer en Guatemala, en el mundo, tenga que volver a vivir estos hechos”.

Jovita Tzul leyó un fragmento de una declaración de Claudina Betzabé Salazar Barreda, quien al momento de su secuestro el 23 de diciembre de 1983 se encontraba embarazada. La sobreviviente dijo: “En la tarde y en la mañana sonaban cornetas y así yo hice mis días, pensando en seis de la tarde y seis de la mañana”.

Refiriéndose a uno de los secuestradores, relató: “No era muy alto, blanco, como tipo de oriente, pelo castaño oscuro. Este último ya para retirarse se regresó y me dijo: mi más sentido pésame, licenciada. Se carcajeó y se fue. Yo no entendí por qué me dijo así, si fue por mí o por Rolando (Fito). Pensé: estos ya decidieron matarme, y empecé a buscar la forma de quitarme la vida, para no darles gusto. Y en la ventana encontré un pedazo de vidrio. Entonces el bebé empezó con una movedera, y yo le decía con el pensamiento: ‘estate quieto, porque nos vamos a morir’, y en ese diálogo me amaneció, porque sonó la corneta de la mañana. Ese bebé prácticamente me salvó la vida”.

“Señor Juez, es muy duro que una mujer embarazada haya tenido que sufrir eso, y que la persona sienta risa, alegría, por la situación que una mujer está viviendo, porque dice ¡me vio y se carcajeó!”, expresó la abogada.

Francisco Vivar se refirió a los que calificó como actos innombrables, describiendo diversos patrones de actuación, pero enfocándose principalmente en la utilización de la violencia y violación sexual como método de tortura y las agresiones a niñas y niños.

“Mi hermano de siete años quiso defender a mi madre, pero le pusieron una ametralladora en el pecho, y cuando salí de mi habitación para ver qué pasaba, me pusieron una pistola en la cabeza y me tiraron al suelo. Mi abuelita salió corriendo, pero otro hombre le pegó con una pistola en la frente. Nos amarraron con las corbatas de mi padre de pies y manos y nos mantuvieron encañonados por casi una hora”, declaró Néstor Villatoro. Los restos de su papá fueron localizados en una fosa en el destacamento de Comalapa, e identificados en 2011.

“Recuerdo que ese hombre vestido de particular, y que era el que dirigía, le pidió a un soldado unas pinzas de las herramientas de mi papá y el soldado se las entregó. Ahí empiezan a quitarle las uñas a mi mamá, y el hombre empieza a decirle malas palabras. Interroga a mi mamá y le dice: Decime nombres, tus hijos te están viendo”, dijo Wendy Santizo, que entonces tenía nueve años.

Durante otro allanamiento golpearon y arrojaron contra la pared a dos niños de cuatro y dos años y medio, obligándolos a presenciar la violación de su mamá.

Sobre los centros clandestinos de detención un testigo declaró: “En el lugar de cautiverio escuché varias voces de hombres, mujeres y un niño. Escuché que al niño y a la mamá los capturaron en La Terminal. A ella la torturaron e interrogaron. Al niño lo sacaban para que reconociera a alguien en la calle, pero regresaban sin buenos resultados”.

Ese día no se presentó González Taracena, y Cifuentes Cano, Oliva Blanco y Vásquez Echeverría abandonaron la sala antes de la presentación del abogado Vivar, pues se retiraban al mediodía por motivos de salud.

La declaración de Salán Sánchez

El 21 de abril el abogado del entonces capitán de artillería Jacobo Esdras Salán Sánchez solicitó que su defendido prestara declaración, a lo que el juez accedió, garantizando el derecho de defensa que le asiste, dijo.

Salán Sánchez le indicó a Gálvez que el Ministerio Público lo había engañado y comprometido con una investigación errónea, tendenciosa y manipulada. “Nunca estuve bajo el mando de mi general Marco Antonio González Taracena, ni fui inmediato superior de los especialistas que están atrás mío”, dijo señalándolos con el pulgar. “El puesto de que el MP me acusa no soy yo, señor Juez. Es el coronel Max Errol Ronny González Salán, quien estaba de alta en el Archivo”.

Dijo que le habría sido imposible participar en los delitos por los que se le acusa. Según su narración, en Petén, donde era sub jefe de la Escuela Kaibil, vivía en una situación de aislamiento y le era muy difícil viajar a la capital.

Aseguró que la acusación es fruto de un acuerdo entre familias. Max Myrol Rubelsy González Salán, hermano de Max Errol Ronny, estuvo casado con una sobrina de Silvio Maricardi Salán de nombre Ligia Matricardi Juárez. Así, habrían ideado un intercambio de personajes. Dijo que llevaba once meses injustamente preso y solicitó su libertad inmediata. Señaló además que hace responsable a González Salán de cualquier cosa que le pase a su familia.

Durante las preguntas realizadas por la parte acusadora y la defensa, y en las que apenas se mencionó a González Salán, contó que su mamá lavó los pies de Slivio Matricardi cuando éste fue abandonado descalzo en la frontera con México, en 1963, y que su familia lo hospedó durante años. Dijo que nunca lo volvió a ver.

Salán Sánchez es señalado por el asesinato de Matricardi y por delitos contra deberes de humanidad en agravio de otras nueve personas.

Su primo Max Errol Ronny González Salán es uno de los graduados de la Escuela de las Américas. En 1980 trabajó en la S-2 del Agrupamiento Táctico de Seguridad de la Fuerza Aérea, y el 15 de abril de 1982 fue nombrado Ayudante de Negociado en el Estado Mayor General del Ejército. Una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en México, lo ubicaba en julio de 1983 como miembro de la Segunda Sección del EMGE. La misma menciona una cárcel secreta dentro de la antigua Escuela Politécnica. Según documentos presentados por Salán Sánchez, su primo, el entonces mayor Ronny González Salán, fue Ayudante del Estado Mayor Presidencial del 10 de agosto de 1983 al 15 de enero de 1986.

Posteriormente, González Salán, entre 1988 y 1995 fue jefe del Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil, tercer comandante en El Quiché, segundo comandante en Escuintla y Suchitepéquez y comandante de la Guardia Presidencial.

Además fue miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Avanzada Nacional (PAN) en 2005, 2008 y 2010, y candidato a diputado en 2011, pero en esa ocasión su partido obtuvo tan sólo dos escaños. Trabajó en la Comisión Nacional de Resarcimiento, donde prestó servicios técnicos entre al menos 2013 y 2016, asistiendo al presidente del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) “en conferencias, organizaciones y comités de familiares de víctimas del Enfrentamiento Armado Interno”, y representándolo “en reuniones con líderes de comunidades a efecto de escuchar sus demandas”.

La defensa

El viernes 22 de abril fue el turno de la defensa. Comenzó Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo, abogada del sargento José Daniel Monterroso Villagrán, quien dijo que el MP presentó una investigación idéntica a la de la primera declaración y que continúa sin poder probar que Monterroso, alias el Lengüita, dirigiera uno de los grupos operativos de contrainteligencia y participara en el traslado de Rubén Amílcar Farfán del Departamento de Investigaciones Técnicas a la Escuela Politécnica. El ex agente trabajó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional entre 1981 y 1990, donde oficialmente ocupaba el cargo de oficinista.

Erick Path Ruiz Uz, abogado del sargento mayor especialista Enrique Cifuentes de la Cruz, se dedicó a leer numerosos artículos constitucionales explicando que la ley facultaba al juez para tener independencia judicial y liberar a su cliente, “no importando toda aquella situación mediática” y “todo el andamiaje del derecho internacional”. Solicitó además que los testimonios del sobreviviente Álvaro René Sosa Ramos no tengan valor probatorio. El Miquillo, como era conocido su cliente, es señalado de dirigir uno de los grupos clandestinos del Archivo, donde oficialmente se desempeñó como Revisor de cartografía de septiembre de 1979 a noviembre de 1984, y como Técnico en computación del 1 de diciembre de 1984 al 15 de enero de 1985. Está acusado por crímenes contra diecisiete personas.

Eddy Ronaldo Herrera López, abogado de Salán Sánchez, expresó: “Quiero mencionar que todos los seres humanos somos los responsables de construir nuestro propio destino y nuestro propio futuro. Si todos nosotros nos comportamos dentro de los márgenes de la ley, en ningún momento vamos a ser atropellados, perseguidos o mucho menos ejecutados, como ocurrió en aquellos años. Algo pasó, definitivamente algo tuvo que haber pasado para que estas personas tuvieran ese trágico final. No lo estoy justificando, aclaro”.

Uno de sus argumentos fue que Silvio Patricio Matricardi Salán nunca existió, pues no logró encontrar ningún documento oficial que acredite su nacimiento, y así su defendido no puede ser señalado por su asesinato. Nunca lo va a encontrar, pues Patricio era un seudónimo. Al mismo tiempo dedicó buena parte de su alegato a la teoría del pacto entre familias, una de las cuales es precisamente la del maestro de primaria y líder magisterial Silvio Matricardi Salán.

María Odilia Jerez Argueta, abogada del sargento mayor especialista Edgar Corado Samayoa, indicó que la acusación es confusa al no ser clara, precisa y circunstanciada en cuanto a modo, tiempo y lugar, y solicitó que si no se otorgaba el sobreseimiento para alias el Diablo (como se conocía a Corado), se le juzgara por encubrimiento. Corado es señalado de dirigir también uno de los grupos élite del Archivo, donde trabajó de 1981 a 1985, y se le acusa por delitos contra dieciséis personas.

José Carlos Guerra Aldana, abogado del sargento mayor especialista Rone René Lara, alias el Carnitas, explicó que la acusación está basada en objetivos, principios o afirmaciones vagas o genéricas. Consideró que uno de los testigos que ubican al Carnitas como miembro del grupo élite fue inducido, y solicitó el sobreseimiento. Lara trabajó en el Archivo del 1 de febrero de 1981 al 28 de febrero de 1985, durante los gobiernos de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores.

Luis Pedro Toledo Morataya, abogado del primer jefe del Quinto Cuerpo Juan Francisco Cifuentes Cano, señaló la inexistencia de medios de investigación claros y concretos. Según él, el Comando de Operaciones Especiales, o el Batallón de Reacción y Operaciones Especiales o Quinto Cuerpo, como en distintos momentos se le conoció, era un cuerpo convencional, que utilizaba el mismo armamento y uniformes que cualquier otro, distinguiéndose únicamente por un brazalete. Con operaciones especiales se referían a que, además de labores de orden y seguridad cubrían eventos de mayor trascendencia, poniendo como ejemplo un concierto de José Luis Rodríguez, El Puma. En septiembre de 1982 las dos presentaciones que el cantante venezolano tenía programadas en el Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores y el entonces Estadio Mateo Flores fueron boicoteadas por el Movimiento Revolucionario del Pueblo-Ixim, la primera con el estallido de bombas lacrimógenas y la segunda mediante amenazas que impidieron su realización. El abogado señaló que no existe ningún documento que acredite la existencia del BROE.

Toledo Morataya solicitó el sobreseimiento por no existir ningún fundamento racional suficiente. Cifuentes Cano, quien firmó varios documentos policiales narrando su participación en algunos de los operativos registrados en el Diario Militar, es señalado por delitos en contra de doce personas, incluyendo un niño de cinco años y una niña de tres.

Danilo Estuardo Sandoval Flores, abogado del ex jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional y coronel de artillería del Ejército Gustavo Adolfo Oliva Blanco, indicó que las acusaciones deben tener la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible y su calificación jurídica. Según él, el MP obvió cumplir con este requisito. Señaló además que no hay elementos de convicción y de investigación suficientes para vincular a su patrocinado en los hechos. El ex jefe policiaco y militar retirado, al que en mayo de 2021 le fueron decomisadas listas de personas perseguidas, secuestradas y asesinadas durante los años ochenta, es acusado por delitos contra doce personas.

Rodolfo Calvillo Valdez, abogado del ex comandante de la Zona Militar de Chimaltenango Víctor Augusto Vásquez Echeverría, compartió a su auditorio la conclusión a la que había llegado: las agrupaciones que pretendían tomar el poder eran ilegales y clandestinas, y muchas de las personas que aparecen en el Diario Militar pertenecían a dichas estructuras, a las que comparó con Sendero Luminoso. Solicitó el sobreseimiento, pues considera que no es posible incorporar nuevos elementos de prueba ni requerir la apertura a juicio.

En Chimaltenango, donde su defendido era comandante de la Zona Militar, se localizaron 220 osamentas en un destacamento, seis de las cuales eran de personas que aparecen en el Diario. Entre las desapariciones que se le atribuyen a Vásquez Echeverría está la del niño de 12 años Juan Pablo Armira López.

La alocución de José Axel Marín Quintanilla, abogado del general en retiro Marco Antonio González Taracena, que falleció el pasado 14 de junio, duró casi cuatro horas. Comenzó diciendo que su visión del caso había cambiado en agosto de 2021, tras escuchar una transmisión sobre el libro de la madre de un desaparecido, cuyo nombre no menciona pero que es doña Elizabeth Andrade de Rodas, madre de Joaquín Rodas Andrade, la penúltima persona que aparece en el Diario Militar. Antes había llamado al caso El diario de las mentiras, pero orando y pidiéndole a dios sabiduría su visión cambió, y entonces llamó al caso La reivindicación de los ausentes.

Más tarde explicó que su defendido había sido seleccionado caprichosamente por la parte acusadora en virtud de que era el único militar de alto rango que quedaba vivo. Según él, las funciones de Marco Antonio González Taracena consistían en coordinar reuniones con el Tribunal Supremo Electoral, en el marco del proceso de retorno a la constitucionalidad.

Durante un foro virtual organizado por TPC Radio Libertaria, Marín reiteró que la función de su defendido era servir de enlace y coadyuvar en el retorno a la ruta democrática, cumpliendo una función meramente administrativa. González Taracena, quien dirigió el Archivo General y Servicios de Apoyo del 10 de agosto de 1983 al 31 de mayo de 1985, era señalado por delitos graves contra 28 personas.

La resolución

La audiencia de resolución dio inicio el miércoles 4 de mayo de 2022. Marco Antonio González Taracena no se presentó, argumentando problemas de salud. El juez dijo: “no es que me encapriche, pero estamos haciendo algo legal, tenemos que darnos la cara”. Cuando al final de la jornada su abogado pidió que no fuera convocado al día siguiente, pues su estado de salud era lamentable, respondió: “No hay problema. Lamentablemente me hubiera gustado que él estuviera, y lo ideal sería que él en su interior hiciera un análisis de todo lo que yo he manifestado”. El día de la resolución el general retirado sí estuvo para acompañar a sus subordinados de otros tiempos. Apenas un mes después, el oficial de más alto rango dentro de los acusados por el caso Diario Militar, y quien dirigiera el Archivo General y Servicios de Apoyo, fallecería el 14 de junio de 2022 sin haber enfrentado un juicio.

El día de la resolución de etapa intermedia, el juez señaló que el resto de los sindicados estaban muy separados, y les recordó que estar entre el público era una situación excepcional. “Es más, existe una carceleta”, dijo, y les pidió que se acercaran.

Miguel Ángel Gálvez, al inicio de su argumentación, se remontó a la guerra fría y mencionó algunas fechas de contexto. Recordó la exigua colaboración del ejército para aportar información a la CEH, y cómo ésta realizó una solicitud al gobierno de Bill Clinton, desclasificándose cerca de un millar de documentos de cinco agencias federales estadounidenses. De estos, sesenta fueron utilizados en peritajes del Diario Militar.

Resumiendo el proceso desde su inicio, el juez leyó un fragmento de la declaración de Juan Carlos Solís Oliva, hijastro de Byron Disrael Lima Estrada y medio hermano del capitán Byron Lima que fue acusado de asesinar a Monseñor Juan Gerardi en 1998: “La política general era dirigida por Mejía Víctores y Lobos Zamora, con el voto favorable y la venia del Consejo de comandantes. Los actos del escuadrón conocido como Archivo eran actos políticos dirigidos por el general Mejía Víctores”, dijo Solís Oliva en 1999, en una declaración ante el Ministerio Público dentro del caso Diario Militar.

Leyó también un fragmento de la carta que Rosario Godoy le envió a Ruth Molina, madre de Carlos Cuevas, el 30 de marzo de 1985. “Se rumora mucho una sorpresa por parte del gobierno. Lo malo es que no sabemos si se refiere a devolver a la gente o a eliminarnos a la directiva del GAM. Estoy por volverme loca. Ya diez meses. No se me ocurre más qué hacer. Los días y las noches pasan tan rápido y tan lentamente que quisiera desaparecerme del mapa y jamás haber estado en esta pesadilla. Miro a Augusto Rafael y mi desesperación se vuelve mayor. Esos ojitos que me piden a gritos tranquilidad y un hogar feliz y estable”.

Cinco días más tarde fue secuestrada, torturada y asesinada, junto a su hermano y su hijo Augusto Rafael Cuevas Godoy, de 2 años.

“¿Será que esto lo podía provocar uno o dos o tres policías aislados? ¿Será que lo podía hacer una persona corriente? Y el mismo periódico hace referencia a que días antes le cortaron la lengua a Héctor Gómez Calito. ¿Será que eso es algo aislado? ¿Quién puede tener esa capacidad? ¿Quién tiene esa capacidad? Esa es la cuestión”, expresó Gálvez.

Una declaración de Ruth Molina, cuyo hijo Carlos Cuevas era secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios y miembro del PGT, y que aparece registrado en el Diario Militar con el código Z-132, señala que el rector de la USAC, Eduardo Meyer Maldonado, la citó con urgencia durante un viaje a Costa Rica, donde vivía exiliada. Le dijo que su hijo Carlos estaba vivo, y que viajaba exclusivamente para hacerle una propuesta: detener la campaña de denuncia internacional a cambio de su liberación.

Ella le dijo que no era posible, y que luchaban por la vida de las otras seis personas de la AEU secuestradas. Meyer le respondió que diera a Carlos por muerto, y que le quedara claro que cada vez que hiciera una denuncia en cualquier parte del mundo su hijo sería torturado.

Entre los documentos capturados a Oliva Blanco, el juez mencionó uno en el que los agentes encubiertos le daban seguimiento al Grupo de Apoyo Mutuo, la organización de familiares de personas desaparecidas surgida el 4 de junio de 1984, y de la que Rosario Godoy y Héctor Gómez Calito formaban parte. “Hasta incluso quiénes son los amigos, sacan una lista de a qué cafeterías va, en dónde come, en dónde trabaja, hay fichas del lugar de trabajo”. Y Gálvez desde su juzgado volvió a cuestionarse: “¿Será que eso lo puede hacer una persona común y corriente? ¿O se necesita una estructura vertical que gira instrucciones?”.

El juez leyó uno de los objetivos del DIT: Perseguir, aprehender y consignar a los delincuentes a los tribunales. “No dice capturarlos y llevarlos a un lugar militar para que los torturen, no. Dice llevar a los tribunales de justicia”.

Al presentar copias originales de los planes militares de 1983 a 1986, de este último el juzgador leyó los requerimientos para los lugares de detención: que sean discretos y no estén a la vista del personal.

Insistió en que las acciones cometidas no podían ser obra de un grupo de policías y militares que actuaran por su cuenta. Entre otros ejemplos mencionó el de Vásquez Echeverría, uno de los acusados que fue comandante de la Zona Militar de Chimaltenango, a donde fueron trasladadas once personas que aparecen en el Diario Militar. “Se supone que el que tenía el control en toda esa área es él. Además, aparecen 220 cadáveres enterrados. ¿Será que no se dio cuenta? ¿Cómo es posible, con esas jerarquías de los militares?”.

Según una declaración con datos bajo reserva, un oficial de contrainteligencia les entregaba las instrucciones a los miembros del grupo clandestino en un sobre, en una oficina del Edificio El Centro. Algunos de los jefes eran Carlos Álvarez, alias Wantán, y Toribio Acevedo, el Loco. Entre los jefes de los grupos de la D-2 estaba Alfonso Tarzo de León Maldonado. El oficial menciona también a un individuo conocido como “Sugerencias”, de estatura media, cabello castaño, tez blanca y complexión fuerte, y a Rubén Sagastume Pozuelos, alias Galleta. Éste último fue asesinado por hombres armados el 14 de diciembre de 2009. Era agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Sobre el Búnker, uno de los sitios en la Politécnica donde mantenían personas secuestradas, un testigo dijo: “Había muchas personas tiradas. El lugar estaba lleno de mujeres y hombres jóvenes, y otros aproximadamente de cuarenta a cincuenta años de edad. Me sentí triste cuando vi a una mujer que tenía aproximadamente siete meses de embarazo”.

El 6 de mayo, día de la resolución, el juez Gálvez continuó leyendo declaraciones y documentos. En estos archivos, una joven, cuya familia fue prácticamente desaparecida, describió las torturas y violaciones sexuales a las que fue sometida y que a su vez le obligaron a presenciar mientras estuvo secuestrada en las instalaciones del DIT.

Otra declaración leída durante la audiencia de resolución señaló: “Luego le dijo a los otros dos: vayan a traer las cosas. Y estos llevaron un costal, del cual sacaron alambre de púas, pañuelos, papel periódico, cinchos, cables, capuchas. Tiraron agua al piso, luego papel periódico encima del agua, en donde luego me sentaron y me colocaron unos cables en la punta de los dedos pequeños de los pies y me metieron una bola grande de papel en la boca, para que no gritara. Escuché que decían que eso lo hacían porque otros ya se habían cortado la lengua por el dolor de los choques eléctricos. Yo sentía mucho miedo y vergüenza por estar desnuda, y no sabía lo que harían. Me empezaron a dar descargas eléctricas y me decían: ¿Ya recordaste?”. El lugar parecía una casa normal, y se escuchaba ruido de niños, como si hubiera una escuela cerca. La declarante calculó que había otras veinte personas secuestradas. “Cada vez que me estaban torturando siempre ponían el tipo de música que a mí me gustaba. Ellos sabían todo de mí”. 

El juez leyó varias declaraciones más, y finalmente dictó resolución.

Fuera de la sala, el abogado de Salán Sánchez, Eddy Herrera, le expresó a Tilly Bickford, una activista de la derecha conservadora y ex candidata a diputada por el partido unionista en el 2019, quien se presentó como periodista del medio de reciente aparición, que solo aparece en twitter, Red América News, que la acusación no cumple con el artículo 332 bis del Código Procesal Penal ni con circunstancias de tiempo, modo y lugar. Que el juez estaba sólo disfrazando y relatando historias, que no había duda de que admitiría la acusación y que la defensa acudiría a las acciones constitucionales que la ley le provee para atacar esa decisión arbitraria y contraria a derecho.

Efectivamente el juez concluyó que después de hacer el análisis correspondiente, con base en los requerimientos planteados, pero especialmente con los medios de investigación, se admitía la acusación presentada por el Ministerio Público y se dictaba el auto de apertura a juicio contra nueve de los imputados. Se aceptó la participación en forma definitiva de las y los querellantes adhesivos y se informó que el debate oral y público lo conocerá el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo grupo A, que preside Iris Yassmin Barrios Aguilar.

Antes se solicitó al MP extender sus investigaciones sobre Toribio Acevedo Ramírez, a quien varias declaraciones lo han ubicado como miembro de los grupos élite, y quien se desempeñó como agente del Estado Mayor Presidencial y años más tarde representante legal en Cementos Progreso. Acevedo fue capturado la noche del martes 10 de mayo en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando pretendía viajar a Europa, y enviado inmediatamente a Guatemala. El miércoles 11 de mayo por la madrugada supo los motivos de su detención y fue enviado a la cárcel de Mariscal Zavala.

El 12 de mayo Cementos Progreso informó que Toribio efectivamente trabajó para ellos, que su perfil no corresponde con los delitos que se le imputan, pero que tendrá que responder como cualquier ciudadano ante los tribunales. Añadió que, recogiendo un reciente clamor público, esperaban que las garantías constitucionales y los derechos humanos del licenciado Acevedo fueran respetados, especialmente el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Al mismo tiempo se divulgó la información de una declaración con datos bajo reserva que fue leída durante la audiencia de etapa intermedia, en la que se menciona que Acevedo, conocido como Lucas o el Loco, habría participado en el primer intento de asesinato en contra del ex alcalde de la ciudad de Guatemala, Manuel Colom Argueta, el 29 de marzo de 1976. Entonces, el mismo Colom (que luego sería asesinado) señaló a La Regional como la responsable.

Esta es la séptima parte de un compilado de 8 reportajes sobre el Diario Militar, el documento desclasificado que describe el destino de 183 personas capturadas de forma clandestina por las fuerzas del Estado durante los años 80. Hoy, los oficiales que participaron en la creación de este dossier de la muerte, han sido capturados y están a punto de ser juzgados en los tribunales.