Al dejar sus cargos, la mayoría de empleados públicos tienen derecho a cobrar una compensación por el tiempo que trabajaron para el Estado. No importa si abandonaron su puesto por voluntad propia, si pasan a otro puesto en el Estado o si se trata de cargos de confianza política o por designación. Todos pueden cobrar una indemnización. Esto supone un costo creciente que en los últimos cuatro años superó los Q2 mil millones.
Cuando Néster Pimentel dejó la Corte Suprema Justicia (CSJ) en 2021 para convertirse en magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial (OJ) le pagó una indemnización de Q1 millón 357 mil, según consta en el Sistema de Contabilidad del Estado (Sicoin).
Pimentel, quien trabajó para el OJ unos 12 años y ha sido investigado por corrupción, nunca fue despedido. Renunció al cargo porque él quiso y porque logró ser designado para otro puesto.
Aun así, le correspondió un pago que la mayoría de los trabajadores del país solo reciben en el caso de ser despedidos sin causa justificada.
Lo mismo le sucedió a su compañero en la CC, el magistrado Walter Paulino Jiménez Texaj. Él dejó el puesto que ocupó por más de 30 años de juez de primera instancia para ser magistrado en la más alta corte, también en 2021. Al integrarse a la CC, el OJ, le compensó con casi Q750 mil.
Y cuando otra funcionaria, la exsecretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus, fue designada magistrada de la CC en 2021, ella también cobró de la institución de la que salió.
La Secretaría General de la Presidencia le indemnizó con casi Q85 mil por los 15 meses en los que fue titular de la institución.
Estos pagos procedieron de un renglón de gasto, el llamado renglón 413, en la jerga del presupuesto, que corresponde al pago de indemnizaciones laborales a personas que trabajan en el sector público.
Esta partida supone una carga que no es pequeña para las cuentas del Estado. Y que, además, crece al mismo ritmo que crecen los salarios públicos y el número de empleados.
Las indemnizaciones se calculan en función de los salarios, bonos y otros beneficios y el tiempo trabajado por un funcionario. Además, también suelen incluir algunas prestaciones pendientes, como días de vacaciones no disfrutados.
En los últimos cuatro años, entre enero de 2020 y octubre de 2023, el renglón 413 supuso un desembolso para las instituciones públicas de Q2,077 millones. Este recuento, basado en información de Sicoin, que es la fuente principal de este reportaje, incluye prácticamente todas las entidades del Estado salvo la mayoría de municipalidades y empresas municipales.
En contraste, durante los cuatro años anteriores, los del gobierno de Jimmy Morales, las mismas instituciones gastaron Q1,680 millones en indemnizaciones. Es decir, este gobierno, hasta octubre pasado, había gastado un 24 por ciento más que el anterior en estos pagos.
El estado invierte un aproximado de 500 millones anuales en indemnizaciones
En la actualidad, las instituciones del Estado invierten alrededor de Q520 millones anuales en el renglón de indemnizaciones, el 413.
Aunque las indemnizaciones son una mínima parte del presupuesto general, no es una cifra menor si se compara con otras actividades. Es el doble que, por ejemplo, lo que las instituciones públicas gastan en ofrecer becas de estudios cada año. O diez veces más de lo que el Ministerio de Educación invierte en libros de texto para escuelas o institutos.
En el sector privado lo habitual es que los trabajadores solo sean compensados en caso de ser despedidos sin causa justificada. Lo común es recibir, básicamente, un mes de sueldo por año trabajado.
En las instituciones públicas, en principio, el funcionamiento debería ser el mismo: un mes de compensación por cada año laborado en caso de despido sin causa, con el límite, además, de que los funcionarios no deberían cobrar indemnizaciones superiores al equivalente a su salario de diez meses.
Así lo establece en sus regulaciones la Oficina Nacional del Servicio Civil, la entidad que supervisa todo lo relacionado con los empleos en el Estado.
Sin embargo, en la práctica, estos principios se interpretan como un mínimo y no como un máximo.
Muchas de las principales instituciones públicas cuentan con pactos colectivos, negociados entre las autoridades y los sindicatos, que mejoran estas condiciones.
Por eso es común que se permita pagar indemnizaciones a cualquier empleado que deje la institución, sin importar si lo hace por voluntad propia o porque es un alto funcionario, como un ministro, cuyo cargo es de naturaleza política.
El costo de las indemnizaciones es el doble de lo que, por ejemplo, las instituciones públicas gastan en ofrecer becas de estudios cada año. O diez veces más de lo que el Ministerio de Educación invierte en libros de texto para escuelas o institutos.
También es frecuente que algunas instituciones encuentren formas para incrementar el monto de las compensaciones que pagan. Esto, aunado a los elevados salarios que algunos cargos cobran, puede convertir a algunas indemnizaciones en desembolsos millonarios. Montos suficientes para comprar un carro nuevo o, incluso, una casa.
Desigualdades en las indemnizaciones
En los alrededor de Q520 millones que el Estado gasta al año en el renglón 413 se incluyen situaciones dispares.
Hay muchos pequeños pagos a trabajadores del Estado que durante décadas cumplieron con sus funciones y que al jubilarse reciben una indemnización porque así está previsto en sus pactos colectivos.
Por ejemplo, algunos maestros cuando se retiran cobran compensaciones que, en 2023, fueron de en promedio, Q29 mil, como consta en Sicoin.
Pero un análisis del gasto en indemnizaciones realizado durante los últimos cuatro años, realizado para este reportaje, muestra cómo estos Q520 millones se gastan de manera desigual y que ciertos puertos e instituciones acaparan el gasto.
Es el reflejo de un Estado en el que las diferencias salariales y otros beneficios establecidos en los pactos colectivos pueden ser muy grandes. Un Estado con recursos limitados, pero en el que algunos funcionarios reciben salarios y otros beneficios que serían difíciles de conseguir trabajando en el sector privado.
Los altos cargos, incluyendo los puestos que son puramente políticos, concentran una parte importante del gasto en el renglón 413.
Esto a pesar de muchas veces se trata de personas que pasan de manera efímera por sus puestos.
Aquí se encuentran cargos como ministros, viceministros, secretarios presidenciales o embajadores.
En teoría, estos altos funcionarios no son despedidos, sino que pierden la confianza política de las siguientes autoridades electas, pero, en todo caso, son compensados.
El ministro de Educación durante la gestión de Jimmy Morales (2016-2020), Óscar Hugo López Rivas por ejemplo, recibió una compensación de casi Q330 mil cuando dejó el cargo en enero de 2020. Al de Finanzas, Víctor Martínez le indemnizaron con Q221 mil. Al secretario privado de Morales, Carlos Adolfo Martínez Gularte, le pagaron Q243 mil.
El embajador que nombró Jimmy Morales en Uruguay, el actual diputado Antonio Arenales Forno, recibió casi Q300 mil al dejar el cargo. Y el exembajador en Francia, Francisco Gross, Q436 mil.
Según publicó el medio Soy 502, Gross es yerno del exvicepresidente Jafeth Cabrera y carecía de experiencia en la carrera diplomática hasta que empezó a ocupar cargos en la Cancillería, mientras su suegro era vicepresidente.
Solo en las indemnizaciones que recibieron en 2020, durante el cambio de gobierno, 27 ministros y viceministros de la administración de Morales, el Estado gastó Q5.2 millones, según un recuento hecho para este reportaje.
Y en compensar a 36 embajadores, cónsules y otros cargos diplomáticos nombrados durante el gobierno Morales se destinaron algo más de Q4 millones.
Los funcionarios de rango menor también resultan beneficiados
Además de estos cargos políticos, también pueden resultar tanto o más beneficiados funcionarios de menor rango, pero que, al devengar salarios altos, también reciben compensaciones elevadas; sobre todo si han trabajado algunos años en sus cargos
De este grupo forman parte personas con el rango de director, subdirector, delegado departamental, asesor o magistrados de apelaciones.
Son profesionales como abogados, economistas, auditores o ingenieros; los cuales, además, es común que salten de una institución a otra u opten a cargos más políticos.
Aún cuando ellos mismos abandonen sus cargos por voluntad propia para ocupar otros o sean designados para puestos superiores, reciben indemnizaciones.
Por ejemplo, un asesor administrativo financiero de la CSJ que haya trabajado una década, puede recibir casi Q550 mil en indemnización al dejar su puesto.
Este es el caso, por ejemplo, de José Emilio Líquez Arévalo, quien trabajó en el Organismo Judicial entre 2010 y 2020, según información de Sicoin, y después pasó a ocupar una posición equivalente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2022. Líquez Arévalo recibió casi Q550 mil como compensación.
Similar es el caso de la exmagistrada de apelaciones, Irma Palencia. Ella fue designada para su cargo en 2014 y tras seis años en él pasó a ser magistrada del TSE. Al dejar el Organismo Judicial en 2020 recibió una compensación de Q504 mil.
En las entidades del Ejecutivo también existen numerosos ejemplos. Un ingeniero con algo más de nueve años de experiencia en la Dirección General de Caminos llamado Carlos Rafael Figueroa Caballeros dejó su cargo en 2021. Llegó a ser director de la institución y cuando salió recibió una indemnización de casi Q230 mil. Solo unos meses después fue elegido viceministro de Infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones.
Aunque pierdan sus puestos por un cambio de gobierno, estos funcionarios suelen encontrar puestos similares a los que tenían.
Eduardo Mejía Calito por ejemplo, comenzó a trabajar en la Cancillería durante el gobierno de Jimmy Morales y permaneció allí hasta 2022, como consta en Sicoin. Ocupó, entre otros, cargos como consejero en la embajada de Italia. Y cuando dejó la Cancillería recibió una compensación de Q295 mil. Poco después, pasó a ser el secretario del Ministerio Público para Asuntos Internacionales y Cooperación.
Veteranos millonarios
Este tipo de funcionarios pueden recibir indemnizaciones mucho mayores si han alcanzado estos puestos de rango alto después de largas carreras.
Como las indemnizaciones laborales en el Estado suelen calcularse teniendo en cuenta, exclusivamente, los últimos salarios, un funcionario con una larga trayectoria que al final de la misma alcance un puesto alto, aunque solo lo ocupe durante unos meses, puede llevarse una cuantiosa compensación.
Esto es común que suceda, por ejemplo, en el Ministerio de Educación.
Muchos profesionales que llegan a ser directores departamentales del Ministerio o directores o subdirectores generales de alguna de las múltiples dependencias de la institución, comenzaron, décadas antes, siendo maestros o profesores.
Cuando cambia el gobierno y se les desplaza de sus cargos, algunos de ellos no regresan a puestos de menor categoría. Optan por dejar el Ministerio y cobrar una indemnización que suele rondar entre Q400 mil y medio millón de quetzales, como consta en Sicoin.
Cuando en 2020 cambiaron las autoridades de la cartera de Educación, estas decidieron apartar a al menos 35 altos cargos. Muchos de ellos eran directores departamentales de la institución con una larga carrera. Sus indemnizaciones costaron Q13.6 millones al Estado.
Algo parecido sucedió en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En 2021, la salida de solo dos gerentes de la institución, Cristian Axpuac Alvarado y David Arnaldo Valenzuela, supuso el desembolso de Q1.9 millones.
Axpuac, que recibió algo más de Q1 millón, pasó a la dirección financiera del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y Valenzuela, a quien le compensaron con casi Q870 mil, logró un puesto en la subgerencia financiera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Un caso similar a estos es el del exmagistrado y presidente del TSE, Julio Solórzano. A diferencia de otras personas que han ocupado este cargo, él llegó a él tras una larga carrera en la institución. Cuando venció su mandato y se retiró, Solorzano recibió una compensación de Q1 millón 250 mil.
El INDE o los puertos: empresas generosas en sus indemnizaciones
A todo esto se suma el caso de las instituciones que cuentan con pactos de condiciones laborales especialmente favorables a sus trabajadores. Estos normalmente gozan de salarios altos y otras prestaciones. Entre ellas: generosas indemnizaciones que pueden ser millonarias cuando un empleado es despedido, renuncia o se jubila.
Esto se produce sobre todo en empresas públicas como el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) o en las portuarias de Puerto Quetzal (EPQ) o Santo Tomás de Castilla (Empornac).
En los últimos cuatro años, el INDE gastó en el renglón 413 Q261 millones, una de las cifras más altas en el Estado. La Empornac Q102 millones y la EPQ Q61 millones.
En contraste, el Ministerio de Educación, que tiene decenas de miles de empleados más que cualquiera de estas entidades, gastó un poco más de Q100 millones en indemnizaciones.
Los registros en Sicoin sobre estas empresas públicas son menos detallados que los disponibles sobre otras instituciones. Pero aún así, los datos consultados describen un panorama en el que unos cuantos empleados, literalmente, se reparten millones de fondos públicos cuando dejan sus cargos.
En el INDE, por ejemplo, en 2020, 25 trabajadores cobraron indemnizaciones superiores al millón de quetzales. En total, su salida de la institución costó casi Q34 millones.
Empornac es otro de los ejemplos de millonarias compensaciones. También en 2020, fueron ocho empleados los que recibieron compensaciones por encima del millón de quetzales.
Ninguno de ellos ocupaba puestos directivos. Según los registros de Sicoin, trabajaban como caporales de bodega, marineros o asistentes profesionales. Estos empleados se repartieron Q9.4 millones en indemnizaciones.
La rotación de personal incrementa las indemnizaciones
La magnitud del gasto que alcanza el renglón 413 no podría entenderse sin otro fenómeno que está presente en muchas instituciones públicas: la constante rotación del personal.
El Estado paga mucho dinero en indemnizaciones, en parte, porque despide a muchas personas, con frecuencia solo para contratar a otras en el mismo puesto cuando hay un cambio en la presidencia.
En los últimos cuatro años, solo las entidades del gobierno central (ministerios y secretarías presidenciales) pagaron indemnizaciones a algo más de 10 mil personas diferentes, según un recuento realizado para este reportaje.
No es posible determinar cuánto tiempo trabajaron en el Estado todas estas personas. Pero la administración anterior, la de Jimmy Morales, contrató al menos una de cada cinco, unas 2100.
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Muchas de estas personas ocupaban puestos operativos
Eran, por ejemplo, empleados de alguna instalación deportiva del Ministerio de Cultura o de uno de los comedores del Ministerio de Desarrollo; personas que lograron trabajar para el Estado durante dos o tres años con salarios modestos.
Estos, en su mayoría, recibieron indemnizaciones de Q15 mil, Q10 mil o menos cuando cambió el gobierno.
Aunque en menor medida que otros altos cargos, sus casos también contribuyeron a engrosar el renglón 413. Son la base de un sistema del que se benefician miles de funcionarios públicos de todo tipo, desde el personal operativo a embajadores o ministros, y que supone un gasto millonario para el Estado que se repite cada cuatro años.
