La resistencia permanente de los pueblos indígenas se avivó con la amenaza política que pretendía bloquear el avance de la opción partidaria que prometió poner frenos a la corrupción.

Desde sus territorios o en los diferentes puntos de protesta en la ciudad de Guatemala, miles de mujeres indígenas fueron protagonistas durante los 106 días de resistencia, desde las autoridades que estuvieron en las mesas de diálogo y toma de decisiones, quienes pusieron el cuerpo en las protestas o subieron a las tarimas para tomar la palabra, hasta quienes encendieron los fogones para alimentar a los manifestantes que se tomaron la calle frente al Ministerio Público (MP) para exigir la renuncia de la fiscal General Consuelo Porras y otros funcionarios judiciales.

La resistencia se levantó como contrapeso a las acciones para revertir los resultados electorales e impedir la toma de posesión de los gobernantes electos por el Movimiento Semilla, entre riesgos de criminalización y esfuerzos personales y comunitarios.

“Fue un desafío estar presente en las mesas de diálogo y mantener las demandas de la población en esos espacios”, cuenta Feliciana Herrera, quien como alcaldesa de Nebaj en Quiché ejerció liderazgo durante las protestas que terminaron con la toma de posesión de los gobernantes Bernardo Arévalo y Karin Herrera. “Hace falta participación de las mujeres, pero es un avance que den un espacio a las autoridades indígenas, creemos que puede haber un cambio hacia nuestras comunidades, a nuestros territorios”, dice Herrera, cuyo mandato concluyó en diciembre pasado.

El  nuevo gobierno inspira algunas esperanzas de desarrollo para las comunidades, atravesadas por la desigualdad y carencias que atraviesan a las poblaciones indígenas aunque no significa una garantía para erradicar el racismo y la exclusión. “Creemos que habrá un cambio para nuestros territorios, tendrán nuestro apoyo pero vamos a estar atentos si cometen errores”, dijo semanas antes de la juramentación de Arévalo y Herrera, que puso fin a la resistencia ciudadana.

Desde el 2 de octubre de 2023 las organizaciones comunitarias de los 48 Cantones de Totonicapán y las alcaldías indígenas de Sololá y del área Ixil se instalaron frente a la sede del MP para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y otros funcionarios a quienes se les responsabilizó por tratar de bloquear el avance del Movimiento Semilla, que colocó en la presidencia al sociólogo Bernardo Arévalo y a la científica Karin Herrera. Al paso de los días el movimiento atrajo a más grupos y acciones en defensa de la democracia, más que en defensa de una bandera política.

Bajo el sol o la lluvia, las mujeres apoyaron las caminatas para exigir respeto a su voto, algunas con ramilletes de flores en las manos otras portando las varas de la autoridad ancestral, las jóvenes con pancartas y otras con los hijos tomados de la mano y los más pequeños a cuestas, sujetados con perrajes. Ellas también pasaron varias noches en la toma frente al MP, en el Barrio Gerona, arropadas con los cuerpos de sus abuelas, hermanas, amigas, compañeras del viaje, como cuando deben trasladarse a la ciudad para consultar con un médico especialista o para denunciar violencia machista.

A mediados de noviembre, Carolina Simón, originaria de San Juan Sacatepéquez llegó a la protesta frente al MP junto con otras de sus vecinas y contó que  aunque en su localidad hay una oficina para atención de víctimas de violencia, “no tienen recursos para garantizar la atención de una mujer”. “Se han tenido jornadas de sensibilización con jueces y el MP pero aún se ve la parte negativa que no representan los derechos de las mujeres ni asumen todas las responsabilidades”, que les toca así que de todas formas tenemos que venir a la capital, señaló.

Como el racismo, “la violencia contra las mujeres es un problema estructural que permea a la comunidad, las instituciones y es constante”, de acuerdo con un estudio del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’. La falta de funcionarios que hablen los idiomas indígenas y de traductores oficiales, la centralización de los servicios entre otros, se concluye que “la justicia no está al alcance de las mujeres indígenas”, según un informe de la organización.

Pero los viajes para respaldar la resistencia los emprendieron con el vigor que da la esperanza y la motivación de salvar una agonizante democracia. Muchas de las expresiones de protesta fueron en sí mismas un desafío a las imposiciones sociales.

En el imaginario social “persiste la idea según la cual las mujeres indígenas no tenemos la

capacidad de hablar y debemos estar confinadas a las tareas del hogar, con lo cual se nos excluye de la toma de decisiones en asuntos que nos competen y nos impactan directamente, de acuerdo con el estado de situación que presentó  Tzu’nunija’ en marzo de 2023. Sin duda, la participación de las mujeres ha sido un paso adelante en el ejercicio del liderazgo y en la acción política para tratar de cambiar su situación, dice Eva Tecún de ese colectivo.

En la protesta se rompió con ese paradigma, cuando lideresas como Luz Emilia Ulario y Feliciana Herrera ejercieron autoridad y levantaron sus voces. En una de sus intervenciones frente al MP, bajo el sol ardiente de noviembre, la alcaldesa Luz Emilia Ulario reconoció la importancia de la participación de las mujeres en “un país machista, patriarcal y excluyente”. En su tierra, Santa Lucía Utatlán, en el departamento de  Sololá, el ejercicio del poder entre las mujeres surgió apenas hace unos diez años. Su mamá, Rosalía Zavala, fue la primera alcaldesa de ese poblado y también participó del paro nacional en defensa de la democracia.

En un país donde históricamente no hemos tenido voz en todas las decisiones “nuestro papel es levantar nuestra voz y nuestra dignidad, hacernos presentes, visibles porque este es un estado patriarcal, machista que nos invisibiliza y no valora nuestras opiniones”, dijo Ulario en entrevista para este reportaje.

Se abren los espacios

Después de la incidencia que tuvieron Felipa Tzoc y María Hernández en el levantamiento que dirigió Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en 1820, explica la lideresa indígena Carmen Tacam, las mujeres volvieron a ocupar puestos de decisión hasta finales del siglo pasado. La primera alcaldesa comunitaria en Totonicapán fue electa en 1998, cuenta Carmen Tacam que en 2012 asumió como la primera presidenta de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán. Pasaron 193 directivas para que una mujer ocupara la presidencia de los 48 Cantones y diez años después, Tacam considera que la participación de las mujeres todavía es bastante limitada.

Hasta la asunción de Tacam en la presidencia de los 48 Cantones, los cargos directivos quedaban reservados para los hombres, recuerda. “Las mujeres quedaban hasta los últimos puestos” o se les adjudicaban tareas “en función de su sexo” como integrantes de las juntas escolares, comités de padres de familia, extensiones de la maternidad, de los cuidados, detalla Tacam.

Ocupar un cargo directivo no tiene remuneración ni horario. Tacam pudo tomar el servicio porque sus papás la apoyaron con su manutención durante el año de servicio. En cambio, si se trata de un hombre casado, se da por hecho que la mujer se hace cargo del cuidado de los hijos y sostenimiento de la familia durante el tiempo que dure el servicio.

La ausencia de los hombres en las comunidades, por la migración en busca de trabajos, principalmente hacia Estados Unidos, podría explicar que más mujeres están asumiendo responsabilidades en la organización comunitaria, advierte Tecún. Precisamente, la migración es uno de los problemas que más golpea a los pueblos indígenas, que rompe familias, que choca contra uno de los principios fundamentales de la cosmovisión ixil, explica Herrera: el respeto y la protección de una vida digna.

La migración se relaciona estrechamente con la falta de oportunidades y con carencias fundamentales como el acceso a la educación,  agrega la exalcaldesa ixil. “Muchos se van a Estados Unidos, se mueren allá y sus padres ya no los vuelven a ver por eso esperamos que el gobierno electo nos garantice una vida digna, ya no queremos migajas de cada cuatro años”, remarca.

El concepto de vida digna también abraza la defensa del agua, de los bosques y del territorio, que constituye una de las principales luchas de los pueblos indígenas con consecuencias de persecución y criminalización. A lo largo de los 106 días de resistencia se promovieron campañas de descrédito, cuestionamientos sobre el financiamiento del movimiento y más de una acción para desmovilizar la protesta, al punto que las autoridades ancestrales debieron solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resistencia, un modo de vida

Más de cien días de resistencia es un largo periodo, pero lo cierto es que las poblaciones indígenas llevan más de 200 años en esa postura, desde la colonización, un conflicto armado durante el que se masacró a la población ixil, detalla Herrera. “La resistencia ha sido histórica desde la llegada de los españoles y seguimos reivindicando la dignidad, la lucha contra el despojo de nuestras tierras”. ¿Cómo podemos vivir en paz si seguimos en pobreza, sin educación, sobre todo educación superior, si las empresas transnacionales nos siguen jodiendo sin respetar el derecho y la autonomía de los pueblos? Sí, la resistencia se ha convertido en un modo de vida de los pueblos, afirma Herrera pero alberga la esperanza de que algún día ya no deban exigir todo aquello que merecen.

“La organización nos mantuvo acá y las comunidades nos mantuvieron en esta resistencia que nos costó bastante económicamente, fue bastante el apoyo de las comunidades, del pueblo, para mantener la resistencia, considerando la distancia, casi a 300 kilómetros, distancia a las comunidades, no hay acceso fácil”, cuenta Herrera.

La proyección poblacional en Guatemala para 2024 es de 17. 8 millones de habitantes, de los cuales 7.6 millones (un 43.75 por ciento) pertenece a los pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko), Garífuna, Xinka y Creole o afrodescendiente.

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés), una red global de expertos avalada por Naciones Unidas para el monitoreo de los derechos de los pueblos indígenas, señaló que “los indígenas siguen rezagados en materia de salud, educación, empleo e ingresos respecto al conjunto de la sociedad guatemalteca, situación que es aún peor para las mujeres indígenas”.

La raíz, es el racismo estructural que empuja la desigualdad y la exclusión social, así como de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que el IWGIA ilustra con la inversión pública: el Estado invierte US$0,4 diarios en cada indígena y US$0,9 diarios por persona no indígena. La pobreza, la desnutrición y la baja participación política son más profundas en la población indígena, según el IWGIA.

En ese contexto, no extraña que la ciudadanía que seguía la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera desde la Plaza de la Constitución haya estallado en júbilo cuando se proyectó la investidura de la diputada Poqomam Sonia Gutiérrez Raguay como quinta secretaria del Congreso para el periodo 2024-2028. La diputada ha señalado su compromiso con una agenda política a favor de las mujeres y de las poblaciones indígenas, sobre todo en lo que se refiere a la desnutrición, los embarazos en adolescentes y las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

El 51% de esa cifra son mujeres, lo cual significa que los números de representación de mujeres de pueblos originarios debería ser mayor,  pero en la actualidad solo existe una representación de cuatro diputadas mayas en el Congreso de la República de 160 diputados, es decir un 2.5 %.

Las condiciones de desigualdad han alimentado el arrojo y la constancia con que se organizan los pueblos, explica Eva Tecún del Movimiento de Mujeres Tzu’nunija’. Es una suerte de paradoja, su fuerza de resistencia responde a lo mucho que deben enfrentar. Y no es restar el mérito, aclara Tecún, pero lo que hicieron los pueblos fue responder al llamado al servicio de sus organizaciones comunales o alcaldías, que son los espacios de participación social y política, y que desde principios de siglo abrió más espacios a las mujeres.

Las demandas persisten

La resistencia de 106 días terminó con la juramentación de los gobernantes Arévalo y Herrera, que se demoró hasta la medianoche del 14 de enero por maniobras políticas en el Congreso. Mientras, en el barrio Gerona se levantaban las carpas, la cocina y se alistaba la tarima para recibir a los nuevos gobernantes.

En su primer acto público, la madrugada del 15 de enero, Arévalo y Herrera saludaron a los pueblos indígenas que lideraron la movilización y escucharon sus demandas. Inclusión fue la petición más reiterada, así como desarrollo, educación y salud. Entre la multitud que esperaba a Arévalo, estaba Agustina de León, una mujer ixil de 42 años cuyo mayor anhelo es que durante el gobierno de Arévalo y Herrera se mejore la atención en salud en Cotzal, Nebaj y Chajul; el área ixil en Quiché, al noroccidente del país porque en esas comunidades no hay médicos especialistas. Si necesitan consultar con un cardiólogo u otra especialidad, deben viajar hasta la ciudad, a más de 300 kilómetros de su hogar.

Así, el más reciente episodio de la lucha indígena que atrajo la atención dentro y fuera del país fue una lucha más de los pueblos para hacerse escuchar y ocupar los espacios que les corresponden como autoridades indígenas, dice Herrera, que estuvo presente en las mesas de diálogo con la cúpula empresarial, con el entonces presidente Alejandro Giammattei y finalmente en la juramentación de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como los nuevos gobernantes.

Se han ocupado los espacios que les corresponden, “no porque estuvimos en la resistencia ni por lástima” puntualiza Herrera. La resistencia terminó pero las demandas persisten, sobre todo la que sacó a los pueblos a las calles, la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, que solo puede ser removida del cargo al agotar un proceso penal en el que se le declare culpable por algún delito. Nosotros hemos analizado y discutido “que si hay voluntad, el gobierno puede exigir la renuncia de la Fiscal y es uno de los resultados que esperamos con la toma de posesión del gobierno”, dijo Herrera a finales de diciembre.

Un mes después de la toma de posesión de los nuevos gobernantes, Porras continúa en el cargo y la ola de criminalización desde el MP parece no haber perdido su fuerza.