En el newsletter de esta semana hablamos de cómo las acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro destaparon una vieja tormenta en Guatemala: el uso del espacio aéreo para el narcotráfico. Una atmósfera cargada de narco-política, con alcaldes extraditados, partidos como vehículos del crimen y una fiscal general que intenta eludir responsabilidades.
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Buenos días, buenas tardes, buenas noches comunidad de No Ficción. Esta semana la política y el narco han aparecido como una constelación en Guatemala. Y es que…
Los cielos de Guatemala llevan varios días nublados por enormes nubes grises de estupefacientes. Es como una gran pareidolia del narcotráfico que ha permanecido suspendida sobre el firmamento. El espacio aéreo ocupado por la figura de la narco-política.
Fue la Fiscal General de EE.UU. Pam Bondi la que atrajo a mediados de agosto los principales nubarrones narcóticos para Guatemala y Centroamérica. Una tormenta diplomática de hecho.
Bondi, mientras EE.UU. mantiene una presencia militar cerca de la costa de Venezuela, con destructores cargados con misiles guiados, buques de asalto anfibio, un crucero y un submarino de ataque, como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, dijo en una entrevista que el gobierno de Nicolás Maduro ha pagado sobornos a cambio de tener acceso al espacio aéreo de Guatemala, así como el de Honduras y México, para el tráfico de drogas.
La administración de Trump, de hecho, ha acusado a Maduro de liderar el “Cartel de los Soles” y ha duplicado la recompensa por su captura que ahora asciende a los US$50 millones.
Ante el mal pronóstico del clima internacional, el gobierno de Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones en un comunicado oficial, asegurando que “no permite que redes criminales utilicen su espacio aéreo”.
Una década de cielos ocupados
Pam Bondi no especificó un rango de años para el presunto tráfico de drogas. Sin embargo, en una de sus declaraciones, mencionó que el “Cártel de los Soles” ha estado operando por más de una década, y que Maduro ha sido su líder durante ese tiempo.
La acusación federal por narcoterrorismo contra Maduro es de marzo de 2020.
Y en el ambiente político guatemalteco, el uso del espacio aéreo para el narcotráfico mediante coimas, coincidiría con los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el de Alejandro Giammattei.
Según las sospechas de EE. UU., los cargamentos del “Cártel de los Soles”, durante toda una década, surfearon los cielos de Guatemala atravesando las amalgamas entre política y narcotráfico: Narco-alcaldes, narco-partidos, narco-presidentes.
2025 ha sido un año revelador para Guatemala, con varios alcaldes y exalcaldes capturados y extraditados por sus vínculos con el narcotráfico.
En mayo, Romeo Ramos Cruz, el ex alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, fue aprehendido y enviado a EE. UU. por utilizar documentos oficiales de su propia municipalidad para disfrazar envíos aéreos de cocaína desde Venezuela. Ramos fue electo alcalde en 2019 por el Partido Productividad y Trabajo (PPT) y en 2023 buscó su reelección con el partido Cabal.
El 20 de agosto fue Esvin Fernando Marroquín Tupas, exalcalde de Cuilapa, electo por el partido VAMOS en 2023. Este se declaró culpable ante la justicia estadounidense por traficar 450 kilos de cocaína. Marroquín Tupas en 2015 fue electo con el Partido Patriota, en 2019 se postuló con Podemos y en 2023 lo hizo con Vamos. Pese a que su proceso judicial por narcotráfico inició en 2019, su arresto y extradición no se materializó hasta 2023.
La constelación de narco-alcaldes
En abril de 2024, en San Marcos, los hermanos Exadillas (del partido VAMOS) y Roderico (de Podemos) Ramos Aguilar, alcaldes de Esquipulas Palo Gordo y El Rodeo, respectivamente, fueron señalados por su presunta vinculación con una red transnacional.
En 2021, Otoniel Lima Recinos, exalcalde de Nueva Concepción, Escuintla fue acusado de integrar una estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero. Fue electo por el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO) en 2015, e intenó reelegirse en 2019.
En 2019, Érick Salvador Súñiga Rodríguez, ex alcalde de Ayutla en San Marcos, se entregó a la DEA. Fue electo con el partido Unionista en 2007, con la coalición UNE-Gana en 2011 y con el comité cívico Crecer en 2015. Falleció en una prisión en Carolina del Norte en abril de 2020.
Esta constelación de ex funcionarios extraditados describe la narco-política de Guatemala. La nebulosa de partidos políticos como vehículos para el crimen organizado que apenas suele ser investigada.
Consuelo Porras y las nubes sobre el Ministerio Público
En medio de las nubes sobrecargadas de narcotráfico sobre el espacio aéreo de Guatemala, la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, intentó justificar los omisos de su trabajo a lo largo de siete años.
Porras fue señalada por EE. UU. como un actor corrupto y antidemocrático. Ella respondió que las acusaciones de Pam Bondi coinciden con las investigaciones que el Ministerio Público (MP) está llevando a cabo.
Así la Fiscal desvió su responsabilidad y señaló a otras instituciones de seguridad y prevención del delito, sugiriendo que, a su juicio, son ellas las que facilitan las actividades ilícitas en el país.
