Esta semana analizamos en nuestro Newsletter las últimas acciones del Ministerio Público contra Iván Velásquez a menos de un año de la elección de nuevo Fiscal General.

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Al Ministerio Público de Consuelo Porras le quedan 11 meses de vida. Pero morirá matando, destruyendo todo lo que pueda antes de desaparecer, aún si ello conlleva la vergüenza internacional y la degradación legal de Guatemala.

La orden de captura del ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y de la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, solicitadas por Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), derivado todo del caso Odebrecht, funcionan como un “trailer” del panorama de caos que se avecina. Es el anuncio de una película sobre ingobernabilidad.

Hay quién podría afirmar que esta película sobre una Guatemala distópica ya inició. Qué vamos por el episodio V o VII de esta representación de una sociedad caracterizada por condiciones negativas y opresivas. Pero la agonía de 11 meses de Consuelo Porras y el acuerdo de las élites que han permitido a la impunidad capturar el Sistema de Justicia contiene un “lore” o una mitología o un trasfondo aún más profundo: Sin el bastión del MP, el halo de protección que rodea a la corrupción en la actualidad quedaría desvanecido.

Según el informe de Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia Judicial, tras una visita oficial de 12 días en el país, el MP de Consuelo Porras —sancionada por más de 40 países por sus acciones contrarias a la democracia y la lucha contra la corrupción— “ha perfeccionado un esquema de persecución política basado en el uso instrumental del derecho penal”.

Entre las principales víctimas de esta maquinaria se encuentran jueces independientes, fiscales anticorrupción, periodistas, líderes indígenas, abogados defensores de derechos humanos y personas que han desafiado intereses políticos incrustados en las estructuras del poder.

El ex jefe de CICIG y la Fiscal General colombiana son acusados dentro del expediente del caso denominado «Acuerdos Fraudulentos», un anexo lado B oscuro y confuso del caso Odebrecht, por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

Curruchiche también resaltó que la Sala Tercera —sin facultades para emitir ordenes de captura— declaró en rebeldía a la ex fiscal general, Thelma Aldana; a la ex secretaria general del MP, Mayra Véliz; al ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; sus ex agentes: Eva Siomara Sosa, Rudy Herrera y Amy Girón; y al ex mandatario de la extinta CICIG, David Gaitán. Todos ellos en el exilio.

La masacre judicial que emprende (y las que está por iniciar) el MP en vísperas de su muerte no contempla, sin embargo, un proceso sólido contra los ex funcionarios acusados originalmente de haber recibido sobornos millonarios de la constructora Odebrecht.

Al contrario, el ex ministro Alejandro Sinibaldi y el ex candidato a la presidencia Manuel Baldizón, casi han quedado libres de las acusaciones en su contra, y convertidos en denunciantes, el contrasentido radica en un sistema judicial que se ensaña contra quienes los investigaron.

En la distopía del MP, los acuerdos de colaboración eficaz que logró firmar la CICIG para investigar sobornos fueron ilegales. Y si fueron ilegales, si carecen de sustento, los sobornos de Odebrecht, en consecuencia, en Guatemala nunca sucedieron.

La ignominia, así, la infamia, así, el descrédito, así, es parte siempre de la trama. La estructura narrativa que utiliza el MP cuando Curruchiche sale en video y dice: “se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol para que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país”.

Acto seguido, el jefe la Interpol anuncia que no le hará caso al MP y no se activará ninguna alerta contra Iván Velásquez ni Luz Camargo.

Acto seguido, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, le recuerda al Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras que el ex comisionado Iván Velásquez, así como otros 25 exfuncionarios de la CICIG gozan de inmunidad, luego del anuncio de las órdenes de captura.

El MP de Consuelo Porras tiene fecha de vencimiento. Morirá matando. En mayo de 2026, el rumbo estará un poco mejor definido. Si Bernardo Arévalo continúa en la presidencia, si logra esquivar las embestidas de la dictadura judicial y sus jueces inquisidores, tendrá la oportunidad de elegir a una o un fiscal independiente. Pero el saldo de las víctimas judiciales, para entonces, se contabilizará por montones.