En el newsletter de esta semana hablamos del nuevo golpe del Ministerio Público al gobierno de Bernardo Arévalo: el caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, presentado el 21 de octubre, que más parece una jugada política que una investigación sólida.
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En Guatemala ya nos acostumbramos a que las investigaciones y casos del Ministerio Público estén más relacionadas con la agenda política de una estructura criminal que busca desestabilizar al actual gobierno que con hechos certeros de corrupción. Esto sucedió el martes 21 de octubre, con la presentación del caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”.
Nos acostumbramos a que estos casos tengan el mismo sustento que un peladero, y las conferencias para hacerlos públicos parezcan más una escena de una película de comedia de los hermanos Marx que un ejercicio de justicia en el que debería descansar la seguridad de la ciudadanía. Y aunque lo tengamos normalizado, aunque lleve pasando ya seis años —y descaradamente desde las últimas elecciones—, definitivamente, como contamos en nuestro podcast mensual, no es normal.
Una conferencia de prensa sin pruebas sólidas
No es aceptable, desde mi punto de vista, que una conferencia de prensa que pareciera armada en la casa de Ricardo Méndez Ruiz, mencione dos denuncias que han llegado al MP como base para señalar de corrupción a altos cargos del gobierno: al hermano del presidente, Martín Arévalo; al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; o al actual ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Y de paso, a Gustavo Alejos.
Estas conferencias quedan a años luz —en otras galaxias, diría yo, a varios agujeros negros de distancia— de las que ofrecía la CICIG. Si antes se presentaban pruebas, cuentas, sociedades anónimas, rastreos de dinero, interceptaciones telefónicas y testigos protegidos, ahora ofrecen como “prueba” una denuncia anónima. Y Curruchiche se queda tan tranquilo. Daría risa si la estructura criminal no tuviera tanto poder.
El caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, por hacer un breve resumen, considera que hubo anomalías en un convenio suscrito en abril de 2024 entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el abastecimiento de medicamentos, equipo y otros insumos, por un monto aproximado de US$ 943.9 millones (más de Q7 274 millones).
Las denuncias en cuestión
En la conferencia, Curruchiche leyó como sustento dos denuncias recibidas en la FECI. Spoiler: cualquiera puede hacer una denuncia. En la primera, se indicaba que organismos internacionales habían ayudado a Arévalo en su campaña: la OEA, la ONU, la Unión Europea y el Partido Demócrata.
La segunda denuncia acusaba a Martín Arévalo (hermano del presidente), Gustavo Alejos, su hijo Gustavo Andrés Alejos Cámbara, Joaquín Barnoya, Jonathan Menkos y el diputado Samuel Álvarez.
Según esta denuncia, el hermano de Arévalo dictaba al ministro de Salud cómo proceder respecto al convenio con la UNOPS. Luego, el ministro Menkos autorizaba desde Finanzas los pagos “para pagarles de inmediato”, favoreciendo supuestamente a las empresas de Gustavo Alejos.
“Es aquí que el modelo de negocio entra en acción: Gustavo y su hijo reciben el dinero y lo depositan en cuentas en el extranjero, en Uruguay, Panamá y Costa Rica, y cuando el presidente necesita dinero en efectivo para actos de corrupción, estos se lo entregan en efectivo en sus oficinas al señor Santiago Palomo Villa, emisario de Bernardo Arévalo”, dijo en su conferencia Curruchiche.
Las pruebas del MP
Pero este caso no es como los que presentaba la CICIG, más allá de esta denuncia, el MP solo ha presentado dos pruebas.
La primera, según la FECI, es que el exministro Óscar Cordón suscribió un memorando con Andrea Calvaruso, representante de UNOPS en Guatemala, sin considerar la disponibilidad presupuestaria del ministerio y atribuyéndose funciones que no le correspondían.
La segunda es un examen de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que señala que el artículo 171 de la Constitución establece que los convenios internacionales que sobrepasen el 1 % del presupuesto anual deben ser aprobados por el Congreso. En este caso, el convenio se firmó únicamente por el Ministerio de Salud.
Estos dos argumentos bastaron para pedir cuatro órdenes de captura. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad giró órdenes contra: Óscar Cordón, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción. María Gabriela Vélez Chaulón, asesora ministerial, por asociación ilícita, peculado por sustracción y tráfico de influencias. Edwin Romeo Sicán, director administrativo, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción y Luis Cermeño, jefe de Presupuesto, por falsedad ideológica.
También solicitó el retiro de antejuicio contra el ministro Joaquín Barnoya.
El contexto de los convenios con UNOPS
Conviene recordar que el Acuerdo Marco entre UNOPS y Guatemala data de 2008, cuando el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, formalizó la cooperación con esta oficina de la ONU.
El Congreso lo aprobó mediante el Decreto 26-2011, publicado el 12 de diciembre de 2011.
Actualmente, el acuerdo sigue vigente y es de cumplimiento obligatorio para las partes.
Gracias a la firma de estos convenios, Guatemala habría logrado la compra más barata de medicamentos. En un proyecto entre UNOPS y el IGSS, se redujo hasta un 50 % el precio de los medicamentos, según datos oficiales de la agencia.
A quién incomoda este convenio
Quisiera rescatar dos elementos. Primero, el Ministerio Público señala a Gustavo Alejos de recibir negocios millonarios por la compra de medicamentos. No tengo duda de que eso sea cierto. Y justo eso es lo que debería estar haciendo el MP: investigar a las empresas farmacéuticas que han recibido contratos millonarios del Estado.
Pero pareciera que al MP esto realmente no le interesa, o que después de haber desmantelado las capacidades que instaló la CICIG, ya no tiene la capacidad real de investigar corrupción.
Aquí hay otro punto: ¿a quién le perjudica el convenio entre Naciones Unidas y Guatemala para la compra de medicamentos más accesibles para la población?
La lógica indica que a la industria farmacéutica, que, como hemos contado en No Ficción, funciona como un cártel que vende medicamentos a precios pactados muy por encima de lo que puede pagar la mayoría del pueblo.Esto —investigar al cártel farmacéutico— es lo que debería estar haciendo el MP. Pero mientras Consuelo Porras siga en el poder, no lo va a hacer.
Por eso es tan importante el proceso del año que viene, por eso no debemos quitarle el ojo. Quizás por eso mismo ahora intentan señalar a Gustavo Alejos, uno de los grandes operadores del país, incluidos los procesos de elección.
