La Contraloría General de Cuentas audita las adjudicaciones que recibió la empresa Labymed, S.A. por parte del Ministerio de Salud. Existen indicios de que la sociedad fue beneficiada en la compra de pruebas para detectar el COVID-19 a pesar que en ocasiones no era la mejor opción para el Estado.
Al inicio de la emergencia el presidente Alejandro Giammattei pidió la ayuda de empresarios para construir y equipar hospitales temporales que atenderían a los pacientes. Labymed, Sociedad Anónima fue una de las compañías que atendió el llamado y en abril hizo una donación de más de Q700 mil, segun los registros del Ministerio de Salud. Y también prestó equipo GeneXpert para procesar pruebas PCR.
En los siguientes meses esta empresa siguió recibiendo contratos, hasta llegar a Q273 millones, los principales productos vendidos fueron las pruebas PCR y antígeno para detectar el COVID-19.
Los contratos a Labymed fueron cuestionados desde mediados del año pasado. El 24 de agosto la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citó a funcionarios del Ministerio de Salud, Contraloría General de Cuentas y Comisión Presidencial Contra la Corrupción para abordar el favoritismo a Labymed.
El diputado Carlos Barreda explicó que la cartera de salud había adjudicado (hasta esa fecha) en total contratos por Q55 millones para la compra de pruebas de antígeno. De ese total, Q52.4 millones, un 94.4 por ciento de las adjudicaciones, fueron para Labymed.
“Del total de compras de pruebas PCR y de antígeno, que son alrededor de Q69 millones, Q55.5 millones se le ha adjudicado a Labymed. El 80 por ciento de las compras en pruebas se hizo a una sola empresa”, cuestionó el congresista a las autoridades de salud.
Dos semanas después, el 9 de septiembre la UNE volvió a citar a las autoridades de salud. En esa nueva reunión se cuestionó la Guía Nacional para la Realización de Pruebas Diagnósticas para COVID-19 que fue elaborada por el Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial para la Emergencia del Coronavirus (COPRECOVID). Con ese documento se da prioridad a Labymed ante las demás empresas que venden pruebas rápidas (de antígeno). En dicha guía únicamente se evaluó el grado de sensibilidad y especificidad de la marca SD Biosensor Standard Q que vende Labymed y no las que distribuyen otras compañías.
En la guía, la empresa farmacéutica SD Biosensor asegura que la prueba tiene un grado de sensibilidad del 84.4 por ciento, según documentos presentados por Labymed. Las pruebas también fueron evaluadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Hospital Roosevelt que le dieron una sensibilidad del 74.4 por ciento y 65 por ciento.
En esa ocasión, Óscar Dávila, jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) dijo que tomaría en consideración la denuncia de la UNE para iniciar una investigación en la presidencia. “Tomando en consideración todo lo que se ha manifestado, nosotros ya veníamos haciendo un análisis respecto a este tema, no habíamos tomado la alerta, pero derivado de la documentación que se nos entrega vamos a tomar la alerta de corrupción en el presente caso y vamos a iniciar la investigación correspondiente”, señaló.
En la citación con la UNE del 9 de septiembre la ministra de salud, Amelia Flores dijo que esa guía se elaboró y distribuyó antes que ella asumiera, es decir, en la gestión de Hugo Monroy. Flores agregó que actualmente tienen otra guía que no recomienda marcas.
“Nosotros tenemos la guía del Ministerio de Salud, de Epidemiología, en donde nosotros no ponemos nunca ninguna marca porque eso no se puede hacer”, enfatizó Flores.
Sin embargo, hasta la fecha la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) no ha anunciado ningún avance con respecto a la investigación sobre la empresa Labymed. Mientras esta ha seguido ganando contratos, la guía que favorece a Labymed se sigue usando y la evidencia es la compra hecha el 8 de enero del presente año por el Hospital Regional de Occidente.
Labymed sigue beneficiada por contratos del Estado
Un ejemplo de que esta guía beneficia a Labymed en la adjudicación de contratos se registró el 8 de enero de 2021. El Hospital Regional de Occidente en Quetzaltenango adjudicó a esa empresa la compra de 1 mil 325 pruebas rápidas SD Biosensor Standard Q por Q. 88,775 bajo el argumento de que esa prueba está avalada por el ministerio.
“Basado en la Guía Nacional para la Realización de Pruebas Diagnósticas para COVID-19, en donde estima que la marca ofertada por la empresa Labymed, S.A. presenta una mejor sensibilidad y mayor especificidad en pruebas que se realizaron en pacientes sintomáticos evaluados en hospitales públicos; por lo que se adjudica a la empresa Labymed, S.A. por el aval que recibe de dicha guía”, dice el acta de adjudicación.
Además de la guía aprobada por el Ministerio de Salud, donde se avalan las pruebas de Labymed, el equipo donado por esta empresa por Q500,000 al inicio de la pandemia, también hace que sólo se puedan comprar pruebas a esta empresa.
Así lo muestran las compras de pruebas del Hospital Temporal del Parque de la Industria, beneficiado con el equipo GeneXpert. Este equipo solo puede procesar pruebas PCR de marca COPHEID que vende exclusivamente Labymed en Guatemala y eso obliga al Ministerio de Salud a favorecerlos en cada compra.
Un ejemplo de ese favoritismo es que el 16 de abril se adjudicó un contrato de Q2 millones 592 mil a Labymed por la compra de 4 mil pruebas PCR de marca COPHEID para el Hospital Temporal del Parque de la Industria. ATP Diagnostica que presentó una propuesta por Q2 millones 496 mil, es decir, menor a la Labymed.
La oferta de ATP Diagnostica fue rechazada bajo el argumento de que las pruebas de marca ABBOTT BIOLOGIA MOLECULAR no cuentan con la certificación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos. La empresa presentó una inconformidad asegurando que sí contaba con dicha certificación, pero les fue rechazada por la junta calificadora. Este actuar refleja la intención de adjudicar el concurso a Labymed.
José Rudy Lara, químico biólogo de ATP Diagnostica, empresa que compitió con Labymed, explicó a No-Ficción que ante el favoritismo hacia su competente se presentó una inconformidad que les fue rechazada, tal y como lo reflejan los documentos. “La empresa (Labymed) ya había instalado un equipo lector en el hospital y definitivamente existe un compromiso para comprarle a ellos por parte de las autoridades”, dijo.
Al igual que los diputados, José Rudy Lara de ATP Diagnostica también considera que con la guía se favorece a las pruebas SD Biosensor que distribuye Labymed. “Hicieron un estudio (para la guía) en el que dicen que la única prueba rápida que estaba validada por las autoridades guatemaltecas es la de Labymed (SD Biosensor Standard Q). Esa es la critica que tenemos en el medio. En el Seguro Social y en el Ministerio de Salud parece que quieren favorecer a esta empresa”.
Otra anomalía detectada que involucra a esa empresa ocurrió el 14 de abril. El Hospital de Retalhuleu adjudicó a Labymed la compra de 130 pruebas PCR por Q648. Sin embargo, el 22 de abril el concurso fue anulado. La jefa de compras de dicho hospital, Sandra Rodas envío una carta al director del hospital, Óscar Rolando García notificando la cancelación de la adjudicación. Labymed envió una carta a ese hospital indicando que tenían un acuerdo de los precios de las pruebas con el Ministerio de Salud.
“El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se procederá a la anulación del proceso de compra identificado con el número 12382590 destinado a las pruebas para la detección de Coronavirus Sars-Cov2 para el Hospital de Retalhuleu. El adjudicatario (Labymed, S.A.) indicó vía correo electrónico que según convenios del Ministerio de Salud acordó un precio. Por lo que solicitaron que se anule el evento antes identificado para elevar nuevamente este proceso por cambio de precio”, dice la carta.
Otro ejemplo del favoritismo a Labymed se puede ver en el Hospital Regional de Zacapa. El 21 de julio d 2020 se adjudicó a Labymed un contrato de Q1 millón 584 mil por 8 mil pruebas rápidas. En las especificaciones el hospital colocó que necesita que las pruebas tengan un grado de sensibilidad del 74 por ciento. Ese porcentaje es el que tiene la prueba de Labymed en la Guía Nacional para la Realización de Pruebas Diagnósticas para COVID-19.
Según el acta constitutiva, Labymed, Sociedad Anónima fue creada el 26 de septiembre de 2002 por una familia. Iñaki Altuna Rodríguez, Amalia Lucrecia Penagos Flores de Altuna, Antonio Altuna Penagos, Iñaki Altuna Penagos y María José Altuna Penagos son los dueños de la empresa.
Según Guatecompras, en 2020, tuvo ventas por Q273 millones 998 mil, eso representa un aumento de más de Q100 millones cuando se comparan las adjudicaciones de 2019 cuando registró Q152 millones. Sus principales compradores son el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Desde el 2004, Labymed tiene contratos con el Estado por Q986 millones 763 mil.
Investigan concursos adjudicados a Labymed, S.A.
Estas anomalías y otras están siendo investigadas por la Contraloría General de Cuentas y están en el ojo de la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público. Stuardo Campo, responsable de esa agencia fiscal explicó que empezaron la investigación de oficio a raíz de las publicaciones que revelaron un posible favoritismo hacia Labymed. Agregó que desde abril se pidió un examen de auditoria a la Contraloría, pero que este se ha tardado porque se han detectado posibles irregularidades en otros concursos adjudicados.
“La revisión de la Contraloría es determinante para saber si procederemos una investigación. Inicialmente se investiga el hecho que la empresa hace una donación de una maquina lectora de pruebas de COVID-19 y que luego se le empieza a comprar las pruebas”, señaló Campo.
Por aparte, Orlando Rodríguez, quien lidera al equipo de auditores que revisan los contratos otorgados a Labymed, dijo a No-Ficción que iniciaron con un concurso y que posteriormente empezaron a detectar irregularidades en otros. Explicó que no han concluido porque durante el Estado de Calamidad por la pandemia del coronavirus se han cargado de trabajo.
“Labymed está en dos partes (siendo auditada), una por petición del Ministerio Público y la otra por la auditoria que empezó de oficio la Contraloría General de Cuentas. Investigamos la forma de la compra y la adjudicación de varios concursos. Se nombraron a personas para encontrar esas posibles anomalías”, explicó.
Uno de los concursos auditados por la Contraloría es la compra de 120 mil pruebas rápidas por Q23 millones 760 mil. Inicialmente se hizo una adquisición competitiva y solo participó Imexmed, Sociedad Anónima, pero no se le fue adjudicada el concurso porque no presentó la muestra de la prueba. El concurso fue declarado desierto y se lanzó uno nuevo a través de una compra directa.
En ese concurso participaron las empresas Labymed, S.A., Imexmed, S.A. y Lavsa, S.A. Esta última empresa fue descartada porque no contaba con un documento que comprobaba el uso de sus pruebas en Guatemala. En el caso de Imexmed, S.A. fue rechazada porque sus pruebas tenían un grado de sensibilidad del 36 por ciento, según un estudio realizado por el IGSS en apoyo al Ministerio de Salud. Sin embargo, Imexmed aseguró que sus pruebas tienen un 96 por ciento de sensibilidad.
El Ministerio de Salud usó la Guía Nacional para la Realización de Pruebas Diagnósticas para COVID-19 que favorece a sus pruebas SD Biosensor de Labymed, S.A.
Labymed está siendo auditada en dos partes, una por petición del Ministerio Público y la otra por la auditoria que empezó de oficio la Contraloría General de Cuentas.
Distintos precios en la venta de las pruebas de Labymed
En el contrato de Q23 millones 760 mil por 120 mil pruebas rápidas (de antígeno) aprobado en julio de 2020, Labymed vendió las pruebas a Q198 cada una (unos US$25). Sin embargo, en el contrato adjudicado en diciembre a Labymed por el Hospital de la Amistad Japón-Guatemala la prueba se vendió a Q98 (unos US$12). Esto demuestra que la empresa ha vendido esa prueba a diferente precio al Estado.
La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) donó pruebas SD Biosensor Standard M que son las pruebas PCR de esa empresa. Cada prueba costó US$24 (unos Q184). También donó 500 unidades de pruebas de antígeno de la marca BioNote a un precio unitario de US$9 (unos Q69) que tienen mejor sensibilidad (88 por ciento) que la prueba SD Biosensor Standard Q que vende Labymed al Estado de Guatemala.
Por aparte, en octubre de 2020 se informó que la Fundación Bill y Melinda Gates firmó acuerdos de garantía de volumen separados con productores de pruebas de diagnóstico rápido con las empresas Abbott y SD Biosensor. Estos dos acuerdos pondrán a disposición, de los países de ingresos bajos y medianos, 120 millones de pruebas de diagnóstico rápido de antígeno con un precio máximo de US$5 por unidad, durante un período de seis meses.
Este acuerdo demuestra el precio bajo de venta que tiene la prueba SD Biosensor Standard Q que vende Labymed al Estado guatemalteco.
No-Ficción envió una cotización a la empresa SD Biosensor con sede el Corea del Sur para determinar el precio unitario de la prueba rápida SD Biosensor Standard Q y determinar el margen de ganancia que tiene Labymed, S.A., pero respondieron que esa consulta debe hacerse directamente con Labymed porque es la única empresa en Guatemala autorizada para comercializar sus pruebas.
Se enviaron tres correos electrónicos a diferentes destinatarios con preguntas dirigidas a Iñaki Altuna, uno de los propietarios de la empresa Labymed, en las que se le cuestionaba las investigaciones en contra de su empresa y las donaciones que hizo al Ministerio de Salud, pero no respondió. También se llamó a la empresa y una persona respondió que debía llamarse en otro momento y ya no respondieron.
No-Ficción solicitó a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción que se informara los avances en la investigación y respondieron que no le dan seguimiento porque esa tarea la hace la Contraloría General de Cuentas. No investigan como lo prometió el comisionado.
Al consultar a la vocera del Ministerio de Salud, Julia Barrera sobre las posibles anomalías en la otorgación de contratos a Labymed, dijo que las actuales autoridades no han presentado denuncias penales y que apoyarán en caso la investigación avance en el Ministerio Público.
“Denuncias no se ha presentado, las autoridades correspondientes se encargarán de realizar la investigación y se brindará toda la información que en su momento sea requerida como parte de las pesquisas que hagan”, explicó Barrera.
A pesar que la ministra de salud, Amelia Flores aseguró el 9 de septiembre de 2020 que se elaboró una nueva guía que no favorece a alguna empresa, las unidades ejecutoras siguen teniendo favoritismo con Labymed que empezó a beneficiarse durante la administración del exministro Hugo Monroy.
Mientras en el Hospital Temporal del Parque de la Industria siga el equipo lector de pruebas PCR que donó Labymed y el Ministerio de Salud siga usando la Guía Nacional para la Realización de Pruebas Diagnósticas para COVID-19, Labymed seguirá sumando contratos.
