El caso se ha presentado como el mayor fraude fiscal detectado en el país en años. También como una enorme estructura creada durante el pasado gobierno para sustraer cientos de millones de quetzales de las arcas públicas. Sin embargo, hasta el momento, es poco lo que sabemos sobre qué es B410 y si las descripciones que se han hecho del caso son precisas. Lo que sí sabemos con seguridad es que B410 ha servido para poner el foco sobre fenómenos comunes que han existido por décadas: en Guatemala hay abogados que se dedican a crear y vender sociedades anónimas; hay empresarios dispuestos a pagar por permanecer en el anonimato; y comprar facturas falsas para pagar menos impuestos parece ser rutinario. Todos estos negocios coincidían en una humilde vivienda de la zona 7.
El pasado 14 de agosto, se destapó el primer gran caso de corrupción y fraude fiscal en años.
Su nombre: B410.
“B” por una dirección de la colonia Banvi II, en la zona 7 capitalina. Y 410 por el número de sociedades anónimas que se registraron en esa vivienda, algunas de las cuales, presuntamente, se utilizaron para evadir al menos Q300 millones en impuestos y sustraer unos Q82 millones fondos públicos, según las primeras estimaciones.
Pero sin la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) o la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la conferencia en la que se presentó el caso se pareció poco a las de 2015 o 2016.
En el pasado, FECI y CICIG nos acostumbraron a destapar complejos casos de corrupción.
Organizaban conferencias en las que se nombraba a responsables y beneficiarios. Detallaban el modus operandi de las estructuras. Anunciaban órdenes de captura o citaciones judiciales.
En los últimos cuatro años, con Consuelo Porras al frente del Ministerio Público y Alejandro Giammattei en la presidencia, estas conferencias desaparecieron por completo.
Ahora, con Bernardo Arévalo como mandatario, han regresado. Pero en un país que ya es otro, con un sistema de investigación criminal debilitado.
En la conferencia en que se presentó B410 ni siquiera estuvo presente el Ministerio Público.
Todo recayó sobre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que hizo las primeras pesquisas, pero que no está especializada en investigar delitos.
La SAT no dio nombres ni pudo ofrecer una hipótesis sobre cómo funcionaba B410, quién ideó la estructura o a quién servía.
La responsabilidad de desentrañar el caso recae ahora sobre la fiscal general Porras. Pero, mientras se conocen más detalles, a continuación, respondemos a algunas de las preguntas básicas que quedaron en el aire tras la conferencia del pasado 14 de agosto.
¿Por qué alguien creó 410 empresas en una casa de la zona 7?
Por un motivo: porque ese alguien se dedicaba a venderlas.
En Guatemala, crear y poner en funcionamiento la forma más común de empresa –una sociedad anónima– es un trámite que requiere, sobre todo, tiempo.
Se necesitan, al menos dos personas que accedan a figurar en documentos públicos como socios fundadores de la sociedad; otra que ejerza la representación legal; una dirección física que sirva de sede; un capital mínimo de Q5 mil; realizar varias escrituras ante notario; idas y venidas al Registro Mercantil, la SAT, bancos, oficinas de contadores etc.
Por todo ello, hay bufetes de abogados que se dedican a crear empresas y mantenerlas vigentes hasta que las venden a un cliente.
Alguien puede comprar una sociedad sencillamente porque va a hacer un negocio y desea ahorrarse estos trámites. O también porque van a hacer un negocio y no quieren que su nombre figure en documentos públicos por motivos más o menos legítimos.
B410 se ha descrito como una enorme estructura criminal creada durante el gobierno de Giammattei, pero toda información disponible sugiere que, en realidad, se trataba de un grupo dedicado a vender sociedades, que operó desde 2015 hasta el presente y vendió cientos de ellas a todo tipo de clientes.
Un abogado hacia las escrituras: uno de los más utilizados en fechas recientes era José Luis Oropín Mollinedo que operaba desde una oficina de la Torre Masval en la zona 9 capitalina.
Otro abogado figuraba como socio y representante legal: este era siempre el mismo: Francisco David Barrera Maldonado. Él actuaba en nombre propio y también como apoderado de una sociedad beliceña, Alter Ego AG, que se usaba para que figure como socia de las empresas que se creaban en Guatemala.
Se utilizaba siempre la misma dirección: una casa de la 33 calle C de la Colonia Banvi II, en la zona 7.
Esta dirección era también la que Barrera Maldonado señalaba en los documentos como su residencia.
Las sociedades se creaban con el capital mínimo, un nombre aleatorio y una descripción vaga de a qué se dedicaría.
Para la inscripción en la SAT, en los últimos años, se recurría a un contador de la zona 4: Manolo Estuardo López Orozco.
Así quedaban listas para la venta las sociedades de B410.
¿Esto es normal?
Es algo común acá y en otros países. Bufetes prominentes de Guatemala como Díaz-Durán Abogados, entre otros, han ofrecido este tipo de servicios por décadas.
Y célebres bufetes panameños como Mossack Fonseca, que protagonizó el escándalo de los Panamá Papers, convirtieron esta actividad en toda una industria internacional.
En 2012, por ejemplo, el difunto diario elPeriódico publicó un reportaje que evidenciaba como Díaz-Durán vendía sociedades en Guatemala.
También ofrecían la posibilidad de que uno de sus empleados, un mensajero llamado Bergil Yas, fuera nombrado representante legal de las empresas vendidas por el bufete u otras ya constituidas.
Yas llegó a administrar sobre el papel 158 sociedades distintas.
Es decir, a los ojos de la ley él era el responsable de gestionar estas empresas. Sin embargo, en realidad, era solo un trabajador del bufete que ejercía la representación legal de empresas a cambio de una pequeña tarifa.
Esto permitía a los verdaderos administradores, los clientes de Diaz-Durán, permanecer en el anonimato y evadir responsabilidades.
El caso de B410 no es muy diferente. El papel de Bergil Yas lo ejercía el abogado Barrera Maldonado.
Él ahora está en el centro del caso, pero esto no significa que las sociedades que él creó o administró fueran realmente controladas por él.
¿Cómo sabemos esto?
Por la información disponible en el Registro Mercantil y en el portal electrónico Guatecompras.
Consultamos la información de decenas de las empresas creadas por B410. Y muchas de ellas cambiaron de manos poco después de ser creadas.
Es decir, B410 las constituía; el notario Oropín Mollinedo hacía las escrituras; el abogado Barrera Maldonado figuraba como socio y representante legal, la casa de la colonia Banvi II se registraba como dirección.
Pero, poco después, en muchos casos, se cambiaba la dirección original e incluso el nombre de la sociedad. También se nombraban nuevos administradores, representantes legales o contadores.
Todo esto sugiere que fueron vendidas a clientes de B410.
En muchos casos, estas sociedades se transformaron en negocios que parecen reales.
Las sociedades creadas por B410 se convirtieron, por ejemplo, en un salón de belleza de Mixco, una pequeña constructora en Cobán o un hospital privado en Mazatenango.
Los datos también revelan cómo la estructura proveía diferentes tipos de servicios a sus clientes.
Algunos solo adquirían la sociedad ya hecha y después asumían el control de la misma abiertamente.
Otros compraban la sociedad, pero deseaban permanecer en el anonimato y mantenían a Barrera Maldonado como representante legal o emitían facturas desde la casa de la colonia Banvi II.
Otros solo contrataban los servicios de Barrera Maldonado para que él administrara empresas creadas por otros bufetes.
B410, por tanto, no era una estructura creada por y para un grupo en concreto.
Era un negocio que se dedicaba a atender las mismas necesidades que ofrecen grandes bufetes a sus clientes corporativos.
Era, digamos, un Díaz-Durán para la clase media. Y cientos de clientes diferentes recurrieron a sus servicios.
¿Quién lideraba la estructura?
Este es uno de los enigmas aún por resolver. Hasta ahora solo conocemos la identidad de las partes más débiles: los abogados que daban la cara y figuraban en documentos públicos: Oropín Mollinedo y Barrera Maldonado.
Anteriormente, otros notarios también prestaron sus servicios B410: uno de ellos es, por ejemplo, Willian Vanegas Urbina, que constituyó empresas para el grupo entre 2016 y 2017.
Todos ellos tienen en común el ser abogados no muy conocidos y más bien jóvenes.
¿Es posible que ellos, por sí solos, lograran atraer tantos clientes? ¿O había alguien de mayor perfil liderando el negocio?
Hasta el momento, la única pista disponible es una dirección: la oficina 601 de la Torre Masval, en la zona 9, situada sobre la Avenida Reforma.
Según los documentos públicos, allí se creaban las empresas que vendía B410. Y esta es también la dirección que utilizaron Barrera Maldonado y Oropín Mollinedo para inscribirse en el directorio del Colegio de Abogados.
Si alguien visita este lugar, se encontrará con que en la oficina 601 funciona un bufete llamado Ortiz Recinos Asociados y Corporativo Legal.
De este bufete solo conocemos a uno de sus miembros: José Alexander Ortiz Ruiz. Y él sí es un abogado de alto perfil.
Ortiz Ruiz, fue asesor parlamentario, prestó sus servicios en instituciones como el Registro de la Propiedad y el Ministerio de Salud y es magistrado de sala de apelaciones desde 2023.
Además, es comisionado en el proceso de elección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia que actualmente está en marcha.
La dirección que registra Ortiz Ruiz en el directorio del Colegio de Abogados también es la oficina 601 de la Torre Masval.
Registros del Directorio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Los abogados principales de B410 compartían oficina con un magistrado de sala de apelaciones.
¿Es el bufete Ortiz Recinos quién está detrás de B410?
Por el momento, no hay ninguna prueba para afirmarlo. Ortiz Ruiz no aparece en documentos públicos relacionados con la estructura. Y el Ministerio Público le aseguró al medio Plaza Pública que él, por el momento, no es el objetivo de la investigación.
Además, la oficina 601 también está vinculada con otros abogados que no parecen tener relación con B410 o el bufete Ortiz Recinos, como María Elena Solares Luna, Aura Valdez, o Madeline Recancoj.
En otras palabras, muchos abogados utilizaban la oficina 601 de la Torre Masval.
Pero ¿quién lideraba B410 si es que el negocio tenía un líder?
¿A quién servía B410?
La información pública disponible sugiere que era un negocio abierto a cualquiera que contratara sus servicios.
Hubo muchos clientes diferentes.
Algunos parecen ser empresarios reales y legítimos. Es posible que estos no hayan hecho nada malo, pese a su relación con la estructura. O también es posible que algunos de estos clientes sí hayan cometido algún tipo de irregularidad en el pago de impuestos. Y es posible que recurrieran a B410 precisamente para lograrlo.
Pero las averiguaciones de la SAT e información disponible en Guatecompras también evidencian cómo algunos de los clientes de B410, expresamente se ocultaron y recurrieron a la estructura para hacer negocios oscuros.
Algunos compraron empresas con el fin de utilizarlas para recibir fondos públicos en contratos sospechosos con instituciones del Estado.
Otros es posible que compraran empresas solo para emitir facturas falsas y simular transacciones económicas.
Esto se pudo hacer con el fin de pagar menos impuestos.
Pero las facturas falsas, además de para la evasión fiscal, también pueden emplearse para un sinfín de otros propósitos. Por ejemplo, quien recibe un soborno puede usarlas para dar apariencia de legalidad a esta transacción. Lo mismo puede hacer quien paga ese soborno. O alguien que desee, por ejemplo, financiar en secreto la campaña de un político.
No sabemos cuál fue la implicación de B410 en todas estas actividades; hasta qué punto abogados como Barrera Maldonado conocían o, incluso, ofertaban este tipo servicios a sus clientes.
Tampoco conocemos, en gran parte, quiénes se beneficiaron de ellas. Si la responsable fue una única estructura, fueron varias o qué conexiones políticas tenían.
¿Por qué sabemos tan poco de los beneficiarios?
El problema reside en que quienes utilizaron las empresas que compraron a B410 para cometer delitos, precisamente recurrieron a la estructura porque les ofrecía anonimato.
Este anonimato hoy les protege.
Por ejemplo, si alguien revisa las facturas que pagó la Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, entre 2022 y 2023, encontrará 17 pagos efectuados a un misterioso proveedor llamado Grupo Cenizo SA.
Todos son pequeños pagos de entre Q18 mil y Q24 mil. Juntos suman Q392 mil. En teoría, la municipalidad pagó a Grupo Cenizo SA por el alquiler de una maquinaria que se usó para mantener unas bordas en los ríos Coyolate y Madre Vieja, según la información disponible en Guatecompras.
No tenemos ninguna prueba de que estos pagos sean irregulares, pero este es el tipo de servicio cuya existencia es difícil de probar y que, por tanto, se presta a la corrupción.
¿Realmente se hicieron estas obras? ¿Las horas de arrendamiento facturadas corresponden con las horas de trabajo realizadas?
Difícil de responder.
Y lo mismo sucede con la identidad de las personas que están detrás de Grupo Cenizo SA. No sabemos quiénes son.
En Guatemala, los accionistas de una sociedad permanecen ocultos ante el público. No deben registrarse en el Registro Mercantil.
Sabemos quiénes constituyeron la empresa y quiénes la administran. También su dirección y algunos otros datos. Pero sus verdaderos propietarios no tienen por qué figurar en documento público alguno.
Grupo Cenizo SA fue creada por B410. Y solo podemos vincular esta empresa a un nombre y una dirección: el abogado Barrera Maldonado y la casa de la Colonia Banvi II, zona 7 de la capital.
Este anonimato era lo que, probablemente, buscaban quiénes compraron Grupo Cenizo SA a B410.
¿Cuánto dinero público obtuvieron empresas de B410?
Al presentar el caso, la SAT explicó que detectó nueve empresas de la estructura que le facturaron al Estado casi Q82 millones entre 2021 y 2023.
Pero esta es solo una estimación, ya que las contratistas públicas fueron más. Grupo Cenizo SA, la supuesta constructora que le proveyó a la municipalidad de Nueva Concepción, por ejemplo, no está entre las nueve identificadas.
Y en una búsqueda no exhaustiva encontramos otras 12 sociedades creadas o administradas por B410 que también le facturaron otros Q7 millones por servicios a diferentes instituciones del Estado desde 2021 al presente.
Hasta el momento, el principal caso detectado por la SAT, es el de una empresa llamada Grupo Basado SA. Esta entidad obtuvo Q43 millones, solo en 2023, en ventas de alimentos a la Policía. Las compras fueron pequeñas, en su mayoría de entre Q5 mil y Q25 mil por productos como queso o pollo. Y muy repetitivas: unas 2,200 en 2023.
Esta empresa sigue proveyendo alimentos a la Policía en la actualidad. Este año ha facturado otros Q34 millones en 1,900 pequeñas compras.
Como en el caso de la municipalidad de Nueva Concepción, se trata de un tipo de servicio cuya existencia es difícil de probar.
Y de nuevo, resulta complicado determinar quién está detrás de Grupo Basado SA.
La sociedad fue proveída por B410. Pero después cambió su dirección, al menos ante la SAT, desde la Colonia Banvi II a otra en la 13 avenida de la zona 1 y nombró otros representantes legales, además del abogado Barrera Maldonado: Jorge Alfredo Chajón Cruz y Edén Armando Hernández Pérez.
Todo esto sugiere que la empresa fue vendida. ¿Pero a quién? Los nombres de los nuevos representantes legales parecen ser los de otros prestanombres.
La sociedad pasó de ser controlada por B410 a otra estructura similar. Mientras, los verdaderos dueños permanecen ocultos.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, únicamente ha realizado un allanamiento en el edificio en el que la SAT ubica la operación de la estructura B410.
Sin embargo, a la fecha, no existe ninguna orden de captura, tampoco un esquema en el que aparezcan los nombres de las personas que utilizaron esta modalidad para defraudar al Estado de Guatemala por más de Q300 millones en impuestos. Además de sustraer Q82 millones de fondos públicos.
