Con un audio filtrado y documentos proporcionados por una testigo, el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio contra el presidente Arévalo por haber ordenado pagos que presuntamente buscaban evitar actos de corrupción.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha presentado un caso denominado “Mecanismo de Corrupción Micivi” para solicitar el retiro de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo. La acusación pretende que Arévalo sea investigado por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución con el fin de apartarlo del cargo.
La denuncia
La denuncia, presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), argumenta que el presidente Arévalo ordenó pagos ilegales a contratistas del Estado.
Según el Ministerio Público (MP), Arévalo habría emitido una orden ilegal para crear un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones. El objetivo de este mecanismo, según el MP, era beneficiar a contratistas vinculados con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). Algunas de estas empresas, como una paradoja para el MP, fueron señaladas en casos de gran corrupción presentados en años anteriores y cuyos acusados han terminado en libertad debido a fallas en la investigación.
La corrupción señala a la otra corrupción
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y figura incluida en la Lista Engel de EE.UU. desde 2022 por ser considerado “actor corrupto y antidemocrático”, acusó a Arévalo de ser “el principal responsable de fomentar la corrupción y la impunidad en Guatemala.”
La FECI ha utilizado un audio difundido en redes sociales como parte central de esta investigación en contra del presidente. En el audio, referido a una llamada telefónica, Arévalo justifica la destitución de Jazmín de la Vega, exministra de Comunicaciones, por no cumplir con instrucciones para pagos destinados a evitar la corrupción.
El MP, no obstante, ha señalado que las órdenes de Arévalo estaban dirigidas a realizar pagos a empresas mediante un mecanismo anómalo e irregular. La fiscalía ha resaltado que el Presidente no era el responsable de decidir la forma en que se realizaban los pagos a las empresas contratistas dentro del Ministerio de Comunicaciones, según su mandato constiticional.
El fiscal Curruchiche, sin embargo, evitó responder preguntas sobre cómo estos contratos fueron firmados y autorizados por el gobierno anterior, y sobre los pagos relacionados a obras aún no concluidas.
La testigo y sus documentos
La fiscalía comparó el audio del caso “Mecanismo de Corrupción Micivi” con el que fue utilizado en 2015 para solicitar el retiro de inmunidad contra el expresidente Otto Pérez Molina en el caso “La Línea”.
Los documentos que acompañan la solicitud de antejuicio contra el Presidente, donde aparece la lista de supuestos pagos irregulares, fueron proporcionados por la ex Ministra Jazmín de la Vega, testigo en el caso y protagonista del audio que fue filtrado en redes sociales.
Además, Curruchiche mencionó presuntos vínculos con diplomáticos internacionales, como Gabriel Orellana Rojas, miembro jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una empresa vinculada a Orellana Rojas recibió un pago de Q67 millones 956 mil 574 dentro del presunto esquema de pagos realizado por el gobierno de Arévalo.
Procedimiento de Retiro de Antejuicio
La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada en la Torre de Tribunales y está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia la examine. Si es admitida, el Congreso de la República deberá integrar una comisión pesquisidora para recomendar al pleno si se debe retirar la inmunidad al presidente Arévalo. Este procedimiento es crucial para determinar si Arévalo enfrentará un juicio penal.
Respuesta de la Presidencia
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respondió a los señalamientos con un mensaje vía WhatsApp, calificando las acusaciones de Curruchiche como “sin ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo.” La Presidencia criticó el proceso del Ministerio Público, argumentando que está respaldado únicamente por “dos o tres jueces cómplices” que, según ellos, no tendrán un impacto significativo en el caso.
“Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe,” concluyó el comunicado de la Presidencia.
