En una histórica sentencia a favor de 36 mujeres maya achí, cinco expatrulleros de autodefensa civil fueron condenados a 30 años de prisión por haber violado sexualmente y esclavizado domésticamente a cinco en Rabinal, Alta Verapaz, entre 1981 y 1984 en el contexto del conflicto armado interno. 

En el idioma maya achí no existe una palabra para traducir “violación sexual”, textualmente, por eso las 36 mujeres de 12 comunidades diferentes de Rabinal que desde 2011 denunciaron los crímenes que sufrieron hace 40 años, se han valido de expresiones en su idioma como: “pasaron sobre mi” o “nos arruinaron”, para explicar el horror crudo vivido en los años más terroríficos del conflicto armado interno.

Sin embargo, estas mujeres no se arruinaron, sino que siguieron una silenciosa lucha en contra de sus agresores. Los entonces Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), ahora sentenciados, eran sus vecinos, hombres campesinos de sus comunidades, que después de las violaciones se los encontraban en los parajes de sus aldeas, en el mercado y en otros espacios públicos; como un recuerdo de esos días terribles en los que fueron sometidas. Su lucha silenciosa comenzó a hacerse tangible a partir de 2011, cuando el caso pasó al Ministerio Público. 

El proceso ha caminado entre un sistema de justicia complicado y un pantanoso trayecto para que el pasado de los acusados fuese investigado, donde incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró lesiva la actitud del Ministerio de la Defensa (Mindef), por su negativa para aportar información sobre las PAC, según advirtió durante el juicio el Ministerio Público (MP). 

Las víctimas han sido representadas durante más de una década por el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, una asociación que tiene como objetivo el acceso a la justicia para los sobrevivientes de la guerra de Rabinal. Las abogadas de las víctimas; Haydeé Valley una mujer maya achí nacida en Rabinal, Gloria Reyes también de origen achí pero de San Miguel Chacaj y Lucía Xiloj de Chichicastenango, Quiché, saben que este fue tan solo un paso, un primer juicio.

Como algo que casi no sucede en un debate en Guatemala, esta vez la mayoría de participantes en el juicio eran mujeres, las abogadas defensoras, las abogadas querellantes, dos de los tres jueces del tribunal, son mujeres. Como algo aún más difícil de ver, casi todas las mujeres eran mayas. 

La tarde del 24 de enero, el ambiente era tenso en el tribunal de mayor riesgo “A”, presidido por Yassmin Barrios, la jueza conocida por haber condenado a 80 años de prisión por genocido al general Efraín Ríos Montt en 2013.

En la sala, con su nimap’ot o chalina blanca rodeando su cuello, haciendo contraste con su colorida vestimenta maya de tonos azules y collar de perlas rojas, doña Pedrina López De Paz, de 51 años, permaneció en silencio con la mirada fija hacia el frente, cuando escuchó que el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, condenó a 30 años de prisión inconmutables a los hermanos Bernardo y Benvenuto Ruiz Aquino, quienes abusaron de ella la noche del 20 de agosto de 1984 en su propio hogar, cuando ella tenía 12 años. 

Junto a los hermanos Ruiz Aquino, los ex patrulleros Damian Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado también fueron condenados a 30 años de prisión, por violar y esclavizar domésticamente a las hermanas Alvarado Enriquez entre 1981 y 1982 en la aldea de Xococ, Rabinal.  

Lucía Xiloj, una de las tres abogadas que representan a las mujeres achí, aseguró que durante el largo proceso penal, 3 de las 36 mujeres víctimas de violencia sexual fallecieron, antes de que se hiciera justicia.

Del 5 al 19 de enero, el nivel 15 de la torre de tribunales fue testigo de los crudos testimonios de mujeres que fueron violadas por un grupo de integrantes de las Patrullas de Autodefensa que fueron armados y entrenados por el Ejército de Guatemala a través de la S-5, la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor, según explicó el juez auxiliar Gervi Sical durante la lectura de sentencia. 

Durante el debate, el peritaje infográfico realizado por el investigador visual Marlon García, mostró que, de las 36 mujeres violadas, siete resultaron embarazadas por los patrulleros, cinco sufrieron abortos, 16 sufrieron hemorragias y tres de ellas adquirieron enfermedades de transmisión sexual como consecuencia del abuso. 

Además, el Tribunal reconoció la responsabilidad del Estado de Guatemala por los vejámenes ocurridos en contra de mujeres que fueron violadas, mientras sus esposos, padres y hermanos eran acusados de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, muchos de ellos fueron asesinados y desaparecidos. 

“Hubo un diseño estratégico para dañar el sistema comunitario, los patrulleros no violaban solo por satisfacerse, la violación sexual fue parte de la guerra. Este tribunal considera que las mujeres achí fueron sometidas a violaciones sexuales de forma sistemática y a esclavitud doméstica en busca de quebrantarlas y castigarlas por considerarlas como el enemigo”, indicó el juez vocal Gervi Sical durante la lectura de la sentencia. 

El 27 de enero el Tribunal de Mayor Riesgo, citó a todas las partes para la audiencia de reparación digna, donde se definirá qué medidas deberá tomar el Estado para resarcir a las víctimas. Además el 31 de enero se dará lectura a la sentencia completa.

La noche que la vida de Pedrina se oscureció 

En 1982 las familias achí de Rabinal eran comerciantes, en las comunidades rurales se sembraba caña de azúcar en terrenos propios o alquilados, luego la convertían en panela y se vendía en en el mercado de la cabecera municipal, tenían fábricas artesanales que servían para el sustento de las familias. Las mujeres eran productoras de petate o panela.

“Excepto dos de las víctimas, el resto no eran pobres. No les faltaba alimentación, techo, vestido o trabajo, hasta que soldados, comisionados militares, patrulleros y judiciales llegaron a sus comunidades (…). No eran mujeres sin cultura, fue el Ejército que las convirtió en pobres y las dejó indefensas”, declaró ante el tribunal la antropóloga Irma Alicia Nimatuj, quien en 2018 realizó un peritaje cultural de 35 mujeres achí a petición del MP .  

Así era también la vida de la familia de Pedrina López de Paz. Sus padres Calixto López y Margarita de Paz eran agricultores y ella la hija mayor de cuatro hermanos. Pedrina sufre de dolores de cabeza cada vez que trae a su mente la noche del 20 de agosto de 1982, ese día su vida prácticamente se atascó, quedó paralizada y entre sombras.

Actualmente, Pedrina tiene 51 años. “Yo lo que quiero es justicia por lo que me hicieron don Bernardo y don Benvenuto Ruiz Aquino, ellos me violaron a los 12 años”, dice en español mientras con sus manos juega con el collar de perlas rojas que luce en su cuello.

Era de noche en el caserío Pacotzij el 20 de agosto de 1982. Unas candelas iluminaban la casa de la familia López de Paz cuando los patrulleros y hermanos Ruiz Aquino, que vivían en la misma comunidad, llegaron acompañados de militares y sacaron por la fuerza a los padres de Pedrina, “ahí se cuidan hijo, que ya no voy a volver”, dijo don Calixto López a su hijo Agustín antes de que se los llevaran.

42 años después los restos de los señores López no han sido localizados. 

Los hermanos Ruiz Aquino volvieron horas después, dijeron que llegaban por Agustín, de 10 años, le pegaron contra la pared de la cocina. Pedrina, la hermana mayor, salió a defenderlo y les dijo a los patrulleros que lo dejaran. 

“Entonces ellos me agarraron me pusieron un pañuelo rojo en la boca para que no gritara, me tiraron al suelo de la cocina, me arrancaron el corte y me violaron, dos veces cada uno”, —contó Pedrina López el lunes 17 de enero en la ciudad de Guatemala antes de asistir a una de las audiencias del juicio—, “mi hermano Agustín, que era el más grande, vio todo. Yo no sabía que me estaban haciendo, yo era muy pequeña no entendía nada, cuando me levanté estaba chorreando sangre”.  

Pedrina y sus hermanos lloraron toda la noche hasta el amanecer tras la ida de los patrulleros, a eso de las siete de la mañana ella tomó a sus tres hermanos y huyó a casa de su abuela en la aldea de Pajoc. Su vida no mejoró, todo lo contrario.

Pedrina vivió bajo la constante amenaza de que moriría si denunciaba. Ella no sabía cómo explicar lo que Bernardo y Benvenuto Ruiz le habían hecho, los dolores en su vientre nunca dejaron y a las 4 semanas de lo sucedido, su tía la llevó a un médico de Rabinal que confirmó que ella fue violada.

A los 15 años, Pedrina fue casada por sus tíos con don Genero Álvarado Ismalej, de aproximadamente 30 años. Cuando él descubrió que Pedrina no era virgen comenzó a golpearla e insultarla. “Vivimos 11 años juntos, pero no tuvimos ni un solo día feliz, él se ponía a chupar, me pegaba, así fue todo el tiempo, con amenazas” señala Pedrina, quien tuvo tres hijos de ese matrimonio forzado. 

“Yo lloro, porque Dios sabe que no estoy diciendo mentiras (…) si no se hubieran llevado a mis papás tal vez yo hubiera tenido mejor vida, hubiera tenido estudio, con esa violación se me fueron las ganas de todo, nunca aprendí a leer y ni escribir, nada”, indicó Pedrina. 

Doña Pedrina sobrevive en Rabinal lavando ropa de vecinos y vive sola. “Yo lo que más anhelo es que ellos (los patrulleros) digan dónde están los restos de mis padres, ellos saben dónde los dejaron”, explicó Pedrina.

El peritaje psicológico realizado por Mónica Esmeralda Pinzón descubrió que la violencia sexual sufrida por las mujeres achí provocó un duelo alterado por la pérdida de sus padres, esposos previo o posterior a ser abusadas.

Pinzón indica que el trauma de la violación también es responsable de la destrucción del proyecto de vida de las víctimas: “Las mujeres fueron desprovistas de un futuro, viven con pensamientos dolorosos que perdurarán todo el tiempo”.  

Masacres por una hidroeléctrica y los patrulleros de Xococ

El manual de guerra contrainsurgente del Ejército de Guatemala de 1978, indica que Rabinal era un municipio de retaguardia o guarida de la guerrilla; las masacres ocurrieron en el contexto de un gran interés económico en la zona, por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy sobre la cuenca del río con el mismo nombre, un proyecto presentado en 1975 por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), bajo el auspicio del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En aquellos años de guerra, el enorme embalse de la hidroeléctrica Chixoy, producía 1 mil 700 millones de kilovatios hora al año, es decir más del doble de energía eléctrica que consumía Guatemala en 1982, según información del Inde.

Al menos 30 comunidades maya achí que se oponían a la construcción de la represa fueron desplazadas. El hostigamiento inició en 1980, el Ejército se apoyó en pobladores de Xococ convertidos en patrulleros, cuyo comandante era Carlos Chen Gómez. 

Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, los patrulleros de Xococ se ensañaron contra la población de Río Negro a partir de febrero de 1982, los culparon de ser responsables de la quema del mercado, ambas comunidades rompieron lazos comerciales y el Ejército atribuyó el ataque a guerrilleros de dicha comunidad. 

“Ustedes no son gente, ustedes tienen cachos y tienen compañeros en las montañas, ustedes son unos coches, son unos shucos ya no sirven”, así se expresaban soldados sobre los pobladores de Río Negro, según un testimonio de uno de los 289 sobrevivientes, recopilado en el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). 

En noviembre de 1998 el Tribunal de Sentencia Penal de Rabinal condenó al comandante patrullero Carlos Chen a 50 años de prisión junto a dos patrulleros más por el asesinato de tres mujeres en la masacre de Cerro Pacoxom el 13 de marzo de 1982.

Mientras que en mayo del 2008 cinco expatrulleros fueron condenados a 780 años de prisión por el asesinato de 143 personas en la masacre de Río Negro, El entonces capitán del Ejército José Antonio Solares, que dirigió a los patrulleros en la operación militar contra Río Negro, y quien se encontraba prófugo desde 2003, falleció en 2008, antes de que se dictara sentencia.

Todas las violaciones por las que fueron condenados los Cuxum Alvarado fueron cometidas en Xococ, aldea de la son originarios y durante el mismo período de tiempo en que Río Negro estaba bajo fuego y los patrulleros de su aldea contaban con el respaldo de la zona militar de Salamá y Cobán. 

Todas las víctimas de los Cuxum Alvarado tienen en común que eran hermanas y mujeres casadas cuyos esposos habían sido detenidos y además tres de las cuatro estaban embarazadas cuando las violaron. 

“La estrategia del Ejército secundó la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, declaró a comunidades rebeldes pero no solo a los levantados en armas como el enemigo interno, esta fue la principal razón por la que el municipio de Rabinal, fue un importante objetivo militar pese a que en él no existió ningún frente de guerra”, indicó en el debate el investigador social Fernando Suazo, quien realizó un peritaje étnico-social sobre el adoctrinamiento militar y la actuación del Ejército de Guatemala en violencia sexual contra mujeres achí. 

El 19 de enero, la jueza Yassmín Barrios dio oportunidad a los expatrulleros de realizar su última petición ante el tribunal previo a la sentencia; nadie habló en realidad, pero Los hermanos Gabriel y Francisco, dijeron ser inocentes, que no sabían de qué les acusaban e incluso dieron a entender que ellos nunca fueron patrulleros.

Pese a declararse inocentes, durante el juicio de las masacres de Río Negro celebrado en 1998, los hermanos Gabriel y Francisco fueron mencionados por sobrevivientes en el juicio de las masacres de Río Negro, como patrulleros que participaron en la masacre de dicha aldea el 13 de marzo de 1982, ese día fueron asesinadas 70 mujeres y 107 niños, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). 

Francisco Cuxum huyó de Guatemala hacia Estados Unidos, el 29 de enero del 2020 fue deportado y capturado en la Fuerza Aérea por su participación en las violaciones y enviado a prisión en el cuartel de Mariscal Zavala junto a su hermano Gabriel, quien después de los años de guerra consiguió una identificación falsa que obtuvo en Jutiapa, era conocido como Manuel Gumercido Ramírez de Paz y vivía en la zona 18 capitalina cuando fue identificado por el MP en 2018 y procesado por su participación la violencia sexual contra mujeres achí.  

Gabriel Cuxum aparte de ser sentenciado a 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad, también se le fijó una pena de ocho años de prisión por el delito de alteración del estado civil, por haber falsificado su identidad, en su afán de no dejar rastro de su vida pasada. 

Las violaciones contra las hermanas Alvarado Enriquez

Al igual que Pedrina, Margarita decidió presentar la querella y declarar en tribunales. Margarita tenía 20 años a finales de noviembre de 1981. Ese día, estaba lavando ropa en un río cercano a su casa cuando los tres señores Cuxum Alvarado aparecieron acompañados de integrantes del Ejército que no han sido identificados. La llevaron a la casa donde vivía con su esposo Silverio Xitimul Lajuj, él había sido privado de libertad recientemente. 

Margarita aseguró en su testimonio brindado al MP que los patrulleros la sometieron a interrogatorio, le taparon la boca, le daban patadas y manadas en todo el cuerpo, le presionaban el estómago, y le apuntaban con armas de fuego, le ordenaron que se quitara la ropa y la violaron de forma colectiva sin importar que Margarita tenía tres meses de embarazo. Margarita sufrió un aborto por el ataque sexual. 

“Se llevaron todo lo guardado, me violaron, me quitaron la ropa y me dijeron que si no me dejaba me iban a matar. Tenía la pistola en el pecho, tenía tres meses de embarazo, cuando me violaron, no quedó vivo, lo enterró mi papá” dice el testimonio leído por la auxiliar fiscal del MP, ante el tribunal. 

En octubre de 1981, Damián Cuxum Alvarado y Pedro Cuxum Alvarado también violaron a Marcela Alvarado Enriquez. Damián, el patrullero ahora condenado, llegó a la casa de Marcela en Xococ para interrogarla sobre el paradero de su esposo, quien fue asesinado. El patrullero amenazó con matarla si no daba la información requerida. Damián, entre amenazas e insultos, violó en el suelo a Marcela quien estaba embarazada.

Mientras tanto, en 1981 Gabriel Cuxum Alvarado detuvo a Inocenta Alvarado Enriquez en su casa y luego la trasladó al destacamento de Xococ, donde fue interrogada sobre el paradero de su esposo, el patrullero abusó de ella en dos ocasiones en un lugar abierto entre el monte. 

La señora Estefana Alvarado Sic, en noviembre de 1981 también fue detenida por Gabriel Cuxum Alvarado en Xococ, “la trasladaron al campamento militar de la aldea, la retuvieron tres días bajo amenaza, Cuxum Alvarado la violó, la amenazaron diciendo que si no se dejaba la mataría con un lazo y un palo que se encontraba en el lugar, las violaciones sexuales ocurrieron de forma reiterada, Estefana estaba embarazada y a consecuencia de la violación sufrió un aborto” relató el MP durante el primer día de debate. 

Estos testimonios de delitos inhumanos, que erizan la piel tan solo con imaginarlos, no son un acto natural. Los soldados, los jóvenes empleados por el Ejército, fueron provistos de las herramientas necesarias para deshumanizarse a un grado que les permitiera extremar su actuar, no solo para combatir a una guerrilla sino incluso para destruir a las comunidades de las que muchas veces ellos mismos eran integrantes. 

“Extremaron los procedimientos hasta cambiar la subjetividad de los soldados y convertirlos en instrumento de castigo y exterminio de sus propios hermanos indígenas, incluso de sus propias familias”, concluyó el perito Suazo López. 

Los patrulleros de Benedicto y el plan victoria 82 

Durante el juicio, el MP indicó al tribunal que las patrullas de autodefensa civil, aunque comenzaron a funcionar en septiembre de 1981, fueron fraguadas en el seno del Ejército desde 1978. “En un testimonio brindado por el general Benedicto Lucas García, aceptó que él desde adentro trabajó en la instauración de las patrullas”, indicó la Fiscalía de Derechos Humanos. 

Benedicto Lucas actualmente tiene 89 años y está enfrentando proceso penal por el genocido cometido contra el pueblo Ixil. Durante el gobierno de su hermano el general Romeo Lucas García, Benedicto fungió como jefe del Estado Mayor Presidencial, lo que es igual al encargado de la política de guerra contrainsurgente. 

En septiembre de 1981, campesinos de municipios que el Estado consideraba espacios claves de organización guerrillera fueron empoderados por el Ejército de Guatemala que buscó involucrar a la población civil en la guerra contrasubversiva creando las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), conocidos popularmente como “patrulleros”. El manual de guerra contrasubversiva de 1978 indica que darle un papel activo a los civiles en el conflicto, ayudaría a que estos estuvieran del lado del gobierno.

Sin embargo no fue hasta 1983, durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, cuando las patrullas fueron institucionalizadas, y alcanzaron un número de un millón de efectivos a nivel nacional. 

En el Plan Victoria 82, en su inciso J, se hace referencia a los lineamientos de funcionamiento de las PAC. Además, refiere que son los jefes de cada zona militar, brigadas y fuerzas de tarea quienes tienen la cadena de mando sobre estas estructuras civiles armadas. 

“Se debe emplear las mismas técnicas y procedimientos de la subversión en la organización de masas, puesto que en esta guerra triunfa quien tenga mejor organizada a la población y mayor apoyo popular del pueblo”,  reza un extracto del Victoria 82 ejecutado durante el gobierno militar del general Efraín Ríos Montt. 

El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) atribuye a las patrullas de autodefensa civil el 18% de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, tomando de referencia el periódo de su institución irregular en septiembre de 1981 hasta su desarmamiento en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. 

Durante el segundo día de juicio el coronel peruano Clever Pino Benamu, quien realizó el peritaje técnico militar del caso achí, aseguró que la planificación militar del conflicto armado le dio la potestad a los patrulleros de poder cometer crímenes sexuales contra las mujeres, “ las patrullas de Rabinal estaban bajo la cadena de mando de la zona militar número 21, Coronel Antonio José Irrisari y la zona militar número 4 de Salamá”.  

Autores intelectuales: Una deuda pendiente

A criterio del perito militar peruano Pino Benamu es indiscutible, desde la lógica castrense, que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres de Rabinal compromete a las cadenas de mando de las zonas militares de Cobán y Salamá. Particularmente, porque los comandantes y jefes de zona deben encargarse de las operaciones y de la seguridad interna y control poblacional de la jurisdicción que le compete. 

Si bien durante este juicio las víctimas celebraron la sentencia condenatoria contra cinco de los expatrulleros que efectuaron los crímenes; queda en el aire la posibilidad de poder ir detrás de los militares de rangos medios y altos que tenían a su cargo los operativos de los hoy condenados. 

Una de las partes del proceso informó off de récord que durante la gestión de Thelma Aldana al frente del MP, se decidió enfocarse únicamente en los autores materiales de los crímenes. Esto debido a la complejidad política y el tiempo que tomaría enjuiciar a los generales, coroneles y capitanes que podrían resultar implicados por la responsabilidad y papel que jugaban en la región achí durante los crímenes.

Además, se entiende que algunos de los militares de alto rango que podrían ser implicados ya han fallecido. Tal es el caso de Ricardo Méndez Ruíz Rohrmoser, quien falleció en 2016, cuatro años después de la primera denuncia de las mujeres achí. 

El coronel Méndez Ruiz comandó la zona militar 21 de Cobán y la zona militar 4 de Salamá entre 1981 y 1982, años en los que ocurrieron los vejámenes contra las cinco víctimas del juicio achí y tenía a 6 mil hombres a su cargo, según muestra el libro “La ocupación militar en Guatemala” de la Dirección General de Investigación (DIGI) de la Universidad de San Carlos (USAC). 

En 1983, año en el que también existen violaciones contra mujeres achí denunciadas ante el MP, el encargado de la zona militar 21 de Cobán era Otto Erick Ponce Morales, un comandante retirado de 84 años que se encuentra prófugo de la justicia, buscado por la Interpol para enfrentar proceso penal por su implicación en el caso de desaparición forzada más grande del conflicto armando interno, conocido como “Creompaz” el Comando Regional militar de Cobán donde fueron halladas 558 osamentas en cuatro fosas comúnes. 

Además, otro de los militares que podría acusarse por su presunta responsabilidad en este caso de violencia sexual, está pendiente de confirmarse su nombre, de quien actualmente se encuentra enfrentando proceso penal por formar parte de los oficiales de la muerte, sindicados en el caso Diario Militar. 

Durante el período de 1981 cuando los crímenes ahora juzgados iniciaron, era el último año de gobierno del jefe de Estado, Romeo Lucas García. Su ministro de la defensa era Luis René Mendoza Palomo, quien está prófugo de la justicia por su implicación en el caso Creompaz. Los abusos continuaron durante el período del general Efraín Ríos Montt en el poder y con Óscar Humberto Mejía Victores como su ministro de la defensa. 

En una posible segunda fase del proceso, el Ministerio Público (MP) buscaría responsabilizar como autores intelectuales de los delitos de lesa humanidad que ya han sido probados ante un tribunal, a los altos mandos de la zona militar 21 de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.  

¿Un posible segundo juicio contra patrulleros? 

La abogada Lucía Xiloj informó que tras concluir el primer juicio las energías del equipo jurídico se enfocarán en identificar a más responsables de las violaciones. Según contó, hay soldados y otros ex patrulleros que aún no han sido identificados plenamente por la Fiscalía de Derechos Humanos.

Mientras organizaciones sociales y mujeres celebraban la condena contra los cinco ex patrulleros, Paulina Ixpatá de 58 años, una de las mujeres víctimas de violencia sexual dijo, “esto no termina acá, tenemos que seguir buscando a los demás responsables”.

“Este apenas fue el primer paso, tenemos que seguir trabajando”, declaró la abogada Xiloj. 

El equipo de abogadas de las mujeres achí están en un proceso de casación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se lucha para que los ex patrulleros: Simeón Gómez, Félix Sánchez y Félix Tum, que fueron absueltos por la jueza Claudette Domínguez en 2019, sean nuevamente procesados por la violación sexual de otras de las 36 mujeres. 

En 2018 falleció otro de los patrulleros de Rabinal sindicados de violencia sexual, se trata de Juan Cecilio Guzmán Torres de 77 años, sin embargo él falleció en el Hospital Roosevelt previo al inicio de la etapa intermeida del proceso.  

Una amenaza contra los casos de justicia transicional 

En octubre del 2021, la jefa del MP, Consuelo Porras, decidió trasladar a la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda a la Fiscalía de Delitos contra el Turista y el Extranjero.

Pineda tenía más de una década en esa fiscalía y estaba al mando desde el 2016. En 2018 consiguió una sentencia condenatoria en el caso Molina Theissen contra altos mandos militares como Benedicto Lucas García y cuatro altos mandos del Ejército en condición de retiro, por el delito de desaparición forzada. 

En el lugar de Pineda, la fiscal general colocó a Tomás Ramirez López, quien tiene carrera dentro de la entidad, sin embargo, no en materia de derechos humanos. Se había desempeñado en la Fiscalía contra el Delito de Usurpación. 

La abogada Xiloj, opinó que la situación actual del MP y en específico de la Fiscalía de Derechos Humanos es preocupante.

“La salida de la fiscal Pineda, puede ser una represalia por todos los operativos del 2021 en el caso Diario Militar, hubo molestia de Consuelo Porras por la detención de los militares retirados. Tenemos preocupación de que los procesos se estanquen en la oficina de la fiscal general”, explicó Xiloj. 

Pese a esa crítica situación en el MP, descrita por una de las abogadas que trabajó para que la primera sentencia condenatoria contra los responsables de la violencia sexual cometida en Rabinal entre 1981- 1984, ella asegura que durante este 2022, el Bufete Jurídico y Popular de Rabinal está representando a otro grupo de más de 30 mujeres achí, que inspiradas por los relatos de mujeres como Doña Pedrina, han decidido romper el silencio e iniciaron el camino de justicia para que se juzguen a sus agresores, incluso más de 4 décadas después.