La nueva Corte de Constitucionalidad constituye un cambio de balance abrupto y apresurado que afectará el sistema de justicia y la defensa de derecho constitucional. Un cambio de dirección cuyo objetivo radica en alinear una agenda política que confluye con los intereses del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, eliminando la posibilidad de ser cuestionados legalmente.

La más alta Corte de Justicia en Guatemala ha sufrido un importante reacomodo de poder tras la juramentación de sus nuevos integrantes. Un proceso que inició hace varios meses, con la designación de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes por parte del presidente Alejandro Giammattei, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la Universidad de San Carlos (USAC).

El resultado de todo este proceso, en esencia, constituye un cambio de balance abrupto y apresurado que afectará el sistema de justicia y la defensa de derecho constitucional. Un cambio de dirección cuyo objetivo radica en alinear una agenda política que confluye con los intereses del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, eliminando la posibilidad de ser cuestionados legalmente en sus acciones, y estableciendo impunidad para diversos sectores de poder tradicional. Es decir, un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos del sistema político guatemalteco.

De los cinco magistrados titulares electos para los próximos cinco años, tras evaluar el pasado, el origen, los compromisos y las relaciones de poder de cada uno de ellos en este reportaje, al menos cuatro responden a intereses políticos actuales y compromisos empresariales; la mayor parte de ellos fueron escogidos bajo la influencia del Ejecutivo de Alejandro Giammattei: Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escriba, Leyla Lemus. Néster Vásquez, también electo y ubicado dentro de este bloque de poder, no ha podido asumir debido a impugnaciones en contra del proceso de su designación dentro del CANG.

Por su parte, la quinta magistrada titular, Gloria Porras, electa por la USAC, no fue juramentada por el Congreso de la República y no podrá asumir su puesto para un tercer periodo constitucional hasta que se resuelva una impugnación en contra del Consejo Superior Universitario, el ente que la designó. El puesto le fue negado, después de que la junta directiva del Legislativo, presidida por el diputado oficialista Allán Rodríguez, recibió una notificación de última hora por parte de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, que sirvió de argumento legal en contra de la elección de la magistrada Porras, considerada como un voto disidente dentro de todo el grupo de nuevos magistrados titulares, aunque representa intereses de otros sectores de poder afines al partido del ex presidente Álvaro Colom. Porras, en consecuencia, también ha perdido su inmunidad.

La nueva Corte de Constitucionalidad, por tanto, ha quedado temporalmente conformada como un ente híbrido, con viejos y nuevos magistrados, a la espera de que se resuelvan todas las impugnaciones legales contra los procesos de designación. Según la Constitución Política de Guatemala, los vacíos de poder que dejan los magistrados no juramentados, deben ser ocupados por los actuales magistrados correspondiendo a cada uno de los entes colegiados responsables de su designación.

En lugar de Néster Vásquez, continuará en su cargo María Cristina Fernández, electa por el CANG en el año de 2015 como suplente, y que en 2020, asumió el puesto titular tras el fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía. Este puesto queda sin magistrado suplente. En el caso de Gloria Porras, continúa en el cargo Francisco de Mata Vela como titular, electo por la USAC en 2015.

El Congreso, sin embargo, también juramentó a los otros cuatro magistrados suplentes: Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo. Todos ellos, catalogados dentro del bloque de poder que responde al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como el nuevo balance de fuerzas dentro de la Corte de Constitucionlidad.

Roberto Molina Barreto, el magistrado del status quo

(Titular CSJ)

La trayectoria profesional del abogado Roberto Molina Barreto durante los últimos 15 años le ha ganado el título de “El magistrado”. Sus resoluciones, declaraciones y amistades le han mantenido al centro y al frente de la defensa del status quo en Guatemala.

Nacido en la ciudad de Guatemala, tiene 66 años de edad, se graduó de la Universidad de San Carlos (USAC) y el resumen de su carrera consta de más de 200 páginas de documentos legales, diplomas, constancias y reconocimientos que ha recibido. Así lo presentó él mismo en su expediente cuando intentó ser el Fiscal General que reemplazaría a Thelma Aldana en 2018, y en el mismo que presentó en esta ocasión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto a su candidatura para volver a ser magistrado.

Con tres períodos y medio –y a punto de comenzar el cuarto-, como magistrado titular de la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala, las resoluciones de Molina Barreto han sido conocidas por ser conservadoras, con cierta afinidad al poder económico y militar del país. Los mismos sectores que le recibieron y contrataron durante los años que estuvo fuera de la CC.

Es fundador del Centro para la Defensa de la Constitución -CEDECON-, del que fue presidente del 2003 al 2005. Ese año, Roberto Molina Barreto fue nombrado Procurador General de la Nación (PGN) por el entonces presidente Óscar Berger. Un año después, en 2006, el mismo Berger le nombró por primera vez magistrado de la CC como representante del Organismo Ejecutivo para el período de cinco años. En 2011 vuelve a ser electo magistrado titular, pero esta vez representando a la Corte Suprema de Justicia. Intentó que le eligieran para un tercer período en 2016, pero Dina Ochoa Escribá fue electa por el gobierno de Jimmy Morales.

Sin embargo, luego del cese del cargo del magistrado Neftaly Aldana el 21 de octubre de 2020, Molina Barreto volvió a aplicar como candidato ante la CSJ, y resultó electo para terminar el período en abril de 2021. Y el 10 de marzo de 2021, lo volvieron a elegir como representante de la CSJ para el período 2021-2026.

El hecho de que Roberto Molina Barreto haya sido magistrado durante tantos años, deja entrever ciertas tendencias dentro de sus ponencias, resoluciones y votos razonados. Dentro de las más polémicas y publicitadas se encuentra su apoyo a la anulación de la sentencia por genocidio en contra del general Efraín Ríos-Montt, acusado de genocidio y deberes contra la humanidad, en 2013.

Luego en 2014, su apoyo a la terminación del período de la fiscal Claudia Paz y Paz, en cuya administración se investigó y persiguió a militares como Ríos-Montt involucrados en crímenes durante el conflicto armado. En el mismo año, la resolución de uno de sus votos permitió la elección de magistrados a CSJ y Salas de Apelación, a pesar de que existían denuncias e indicios, y ahora un caso presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de que el proceso estuvo viciado y lleno de influencias.

Cuando en 2015, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer casos de corrupción que involucraron al binomio presidencial, Roberto Molina votó a favor de mantener a Otto Pérez Molina en el cargo como presidente de la República.

Durante los años que estuvo fuera de la CC, entre 2016 y 2020, su título de abogado y su experiencia como magistrado le permitieron dar consultorías como experto en derecho constitucional a través de su firma Molina Barreto & Asociados.

Pero eso no fue lo único en lo que se desempeñó. En 2016 participó como representante de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua) en las mesas de diálogo para las reformas constitucionales al sector justicia. Su rol se caracterizó por mantener una postura totalmente contraria al pluralismo jurídico y reconocimiento del Derecho Indígena, el cual cuestionó públicamente como contrario a los Derechos Humanos. Este fue uno de los puntos clave para desvirtuar todo el proceso de reforma y creación de la carrera judicial.

Sin embargo, su mayor “giro” fue en 2019 cuando se presentó como candidato a vicepresidente de la mano de Zury Ríos, hija de Ríos-Montt. Una candidatura truncada y considerada inconstitucional por ser familiar directo de una persona que participó en un golpe de Estado. Y una decisión que Ríos reactiva cada cuatro años, en cada proceso electoral y que se espera vuelva a ser analizada en 2023, ahora con su ex-compañero de fórmula en el puesto de decisión.

Por este último rol político adoptado por Roberto Molina Barreto, Alianza por las Reformas y la AEU consideran que “no cumple con los criterios de imparcialidad, independencia e idoneidad requeridos para ocupar una magistratura”. Se presentó un recurso de amparo que fue aceptado por la misma CC, para que se analice el proceso de su designación. Un hecho que podría poner en peligro su nueva magistratura.

Ante estos señalamientos, Molina Barreto dijo en entrevista a Prensa Libre: “ejercí un derecho constitucional, ejercí mis derechos cívicos y políticos. Eso ni a mí ni a nadie se le puede impedir.” Sobre si se inhibirá de conocer una posible candidatura de Zury Ríos, prefiero no responder sobre “supuestos”.

Según el artículo 271 de la Constitución, los magistrados deben rotarse la presidencia cada año del período, “comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades”. Por lo que Roberto Molina Barreto será el primer presidente de la VIII Magistratura de la Corte de Constitucionalidad.

Walter Jimenez, de juez en Chimaltenango a magistrado suplente en la CC

(Suplente CSJ)

Walter Paulino Jiménez Texaj fue electo por unanimidad en la CSJ como el magistrado suplente de Roberto Molina Barreto, el 10 de marzo de 2021. Dentro de su trayectoria profesional destaca que es presidente del Tribunal de Sentencia de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Chimaltenango desde 2006.

Jimenez intentó ser elegido por el Consejo Superior Universitario de la USAC, pero quedó excluido, y aunque logró que le volvieran a considerar, su expediente no avanzó. 

Jiménez Texaj de 53 años es originario de Chimaltenango, inició su carrera como juez de Paz del Municipio de San Juan Comalapa, en 1999. Fue juez vocal del Tribunal de Sentencia Penal de Quiché de 2001 a 2003, y presidente del mismo entre 2005 y 2006.

Es doctor en Derecho con mención honorífica Cum Laude por la USAC, cuenta con otros títulos académicos y también ejerció como juez vocal de la Junta de Disciplina Judicial en 2003 y 2004. Jiménez Texaj además se ha desempeñado como docente universitario y ha participado de publicaciones académicas.

En 2018, presentó su documentación ante la comisión de postulación para ser candidato a Fiscal General del Ministerio Público para el período 2018-2022, mismo proceso al que aplicó Molina Barreto, pero que ahora ejerce María Consuelo Porras.

Leyla Lemus, la ungida de Giammattei

(Titular Ejecutivo)

“¿La cúspide? Espero que no, estoy muy joven”, respondía Leyla Lemus hace solo ocho meses, en junio de 2020, cuando desde el cargo de Secretaria General de la Presidencia se le pregunta si este es el momento más alto de su carrera.

Sin embargo, tras la rápida reconfiguración de fuerzas para garantizar la impunidad, Lemus ha llegado a la cúspide profesional de muchos abogados del país, a “la corte celestial”. El pasado 9 de abril, sin haber ocupado ningún cargo dentro de la carrera judicial, fue nombrada magistrada de la Corte de Constitucionalidad, en el cargo que corresponde al Ejecutivo y que Alejandro Giammattei decidió asignárselo a ella y que el Congreso la juramentó para ocupar el cargo. 

Leyla Lemus es una de las figuras más cercanas al presidente de Guatemala desde el inicio de su gestión, una cercanía que sólo comparte con una persona, Miguel Martinez, el ex jefe del Centro de Gobierno. Calificada como inteligente y astuta, ha logrado ganarse el favor de personas que le han ido dirigiendo hacia una mayor responsabilidad y con 28 años de carrera profesional le han ido acercando cada vez más a la cúspide del poder. 

Pero, desde la misma estructura del poder en Guatemala, Lemus aparece a lo largo de estos años muy cerca a personas o actos dirigidos a favorecer la impunidad o la corrupción. La última noticia conocida en esta dirección se hizo pública hace unas semanas cuando Lemus fungía como abogada de la farmacéutica Nipro Medical Corporation, la cual fue beneficiada con una carta de entendimiento por el gobierno, saltándose los mecanismos de licitación que contempla la Ley .

Leyla Susana Lemus Arriaga, de 47 años, es  una mujer morena de pelo liso, rasgos agradables y mirada dura. Se graduó como abogada en la USAC en cinco años (1992-1996) y un año después de iniciar su carrera, en 1993, comenzó su trayectoria profesional en el Ministerio Público, como auxiliar fiscal en San Pedro Sacatepéquez. 

Allí conoció a Edgar Ajcip, ex diputado y secretario general del partido LIDER, entonces alcalde de este municipio. En 2004, cuando Edgar Ajcip fue designado como director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), se llevó a Lemus a esta institución, designándola como Subdirectora administrativa financiera. Lemus trabajó 4 años en FONAPAZ, una institución con múltiples señalamientos de corrupción, principalmente durante el gobierno de Álvaro Colom, que devinieron en su cierre por completo.

En marzo de 2008, Lemus pasó a ocupar el puesto de subdirectora del Programa de Protección de Testigos dentro del Ministerio Público. Desde este cargo, estuvo señalada por la CICIG de obstrucción de la justicia respecto del caso Matus.

A Álvaro Matus Flores, ex Jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP, se le acusó de los delitos de conspiración, obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la investigación del asesinato de Víctor Rivera, el asesor policial venezolano acusado de ejecuciones extrajudiciales en el caso Pavón. Por estos mismos hechos se vinculó a Leyla Susana Lemus, Sub Directora de la Oficina de Protección a Testigos del Ministerio Público y a Pedro Pablo Girón Polanco, todos por los mismos delitos cuando sacaron del país a Maria Rosario Melgar, principal testigo y posible cómplice en el asesinato de Rivera, acusado en el caso Pavón. 

Es importante destacar, a este punto, que Alejandro Giammattei en 2006, cuando tuvieron lugar las ejecuciones extrajudiciales de Pavón, fungía como director del Sistema Penitenciario y que estuvo acusado por este caso y guardó prisión. 

En 2006, según dan cuenta declaraciones de ella misma en el perfil elaborado por Nómada, fue cuando Leyla Lemus conoció a Alejandro Giammattei. “En la entrevista cuenta que conoció a Giammattei cuando él era Director del Sistema Penitenciario, en 2006, y ella era letrada de la Corte Suprema de Justicia con el entonces magistrado Luis Fernando Molina”. Aunque este cargo de letrada no aparece dentro de su experiencia laboral.

Tras su paso por el MP, fue contratada como subdirectora administrativa financiera en el IGSS (2004-2008), dirigido en ese momento por Rolando del Cid Pinillos. Del Cid Pinillos es catalogado como una persona cercana a Gustavo Alejos, además de ubicarlo como su operador, según el perfil escrito por Nómada, donde su nombre también aparece en las comunicaciones del caso Comisiones Paralelas.

En 2010, Del Cid Pinillos fue ascendido a Ministro de Finanzas, y nombró a Lemus directora de la dirección de Fideicomisos, un cargo que sólo ocupó tres meses. También en 2010, Leyla Lemus fundó la firma L&L asociados.

En diciembre de 2010, la actual magistrada de la CC pasó a ocupar el puesto de Directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas, un puesto en el que transcurriría los siguientes 4 años y que le llevó convertirse en una de personas de confianza de Nora Segura, ex Contralora, también con varios señalamientos dentro de los casos abiertos por la CICIG. Desde la oficina de asesoría legal, era Lemus quien decidía cuáles de los hallazgos detectados por los auditores en su fiscalización a los diferentes entes públicos se convertían en denuncias penales.

Tras la llegada a la Contraloría General de Cuentas de Carlos Mencos, y poco antes de que estallaran los casos de corrupción que involucran a un buen número de funcionarios de la gestión patriota, Leyla Lemus inició un periodo ejerciendo su profesión desde el ámbito privado. Ella aseguró que esto tuvo que ver con motivos de salud y el inicio de una quimioterapia.

Durante este tiempo trabajó en Estrategias Legales, S.A,  y en el bufete L & L y Asociados. Además, aparece abogada mandante de la empresa Carpintería de Exportación Riviera, S.A., una empresa propiedad de la familia Paiz Klanderud, constituida, entre otros, por Rolando Paiz Klanderud, actual comisionado del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM).

En 2020, cuando Alejandro Giammattei llegó a la presidencia, Lemus, quien según ella la recordaba de 15 años atrás, la llamó para el cargo de Secretaria General de la Presidencia y hace un mes la designó como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. 

Lemus da muestras de una destacable carrera profesional, ocupando desde joven puestos altos dentro del Estado. Desde estos mismos puestos Lemus ha estado cerca de personas clave dentro de las redes de corrupción que gobierno tras gobierno buscan garantizar la impunidad. Tan cerca que la misma CICIG la acusó de obstrucción de justicia en la investigación del asesinato de Victor Rivera, un caso que lleva a través del caso Pavón, al pasado más oscuro de Alejandro Giammattei y también de la historia reciente del país. Ahora, desde su cargo en la Corte de Constitucionalidad, Lemus está aún más cerca de garantizar la impunidad. Quién sabe si para ella haber llegado a este puesto, a sus 47, supone la cúspide de su carrera.

 
Juan José Samayoa Villatoro, el magistrado del deporte

(Suplente Ejecutivo)

Juan José Samayoa Villatoro, es un abogado especializado en derecho mercantil. Fue designado por el Ejecutivo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, en el cargo que asumiría si Leyla Lemus falla por algún motivo. 

Samayoa, de 74 años, se licenció en la Universidad Rafael Landivar en 1975 como abogado y notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. A continuación, cuenta con numerosos estudios de especialización, donde destaca en materia de arbitraje internacional y derecho mercantil. En 1975 fundó el bufete profesional Samayoa y Asociados en el que ha trabajado desde ese momento. 

Este abogado, además, ha fundado diversas asociaciones, como el Instituto de Derecho Mercantil (1989) o el  Instituto de Derecho de Familia, y también ha fundado asociaciones gremiales, como la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana, en 1992 o Cámara Guatemalteca-Chilena de Servicios en 2001. Además, fue miembro del Directorio del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), (1986 – 1990).

Juan José Samayoa además aparece vinculado a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco. En 2010 fue contratado para la revisión de amparos por la CDAG. Otro de los vínculos entre Samayoa y los entes deportivos viene de la mano de Elvia Delfina González Torres quien trabaja como abogada en el bufete Samayoa y Asociados. Delfina Elvia González es considerada una de las personas más cercanas a Gerardo Aguirre, el actual presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y aparece contratada con un contrato doble como asesora tanto en la CDAG como en el COG.

Otra de las abogadas que trabaja en el bufete Samayoa y Asociados es Marta Janeth Mancilla Recinos quien actualmente presta sus servicios profesionales dentro del Ministerio de Relaciones exteriores y fue contratada a la entrada del ministro Pedro Brolo. 

Según información recogida por una nota de soy502, fue el propio Brolo quien propuso a Juan José Samayoa como magistrado de la CC. El bufete de Samayoa tiene corresponsalías en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos y algunos países de Sudamérica.

Dina Ochoa, la magistrada del continuismo FCN-Vamos

(Titular Legislativo)

La magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá se mantendrá otros cinco años en la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 después de ser designada por el Congreso de la República.

La vinculación de Ochoa con la administración de justicia y la política, sin embargo, es mucho más antigua. Es un asunto de familia. Su padre, Eliseo Antonio Ochoa Aguirre, fue juez de primera instancia del ramo penal en el departamento de Guatemala a comienzos de la década de los 80. En 1985 su padre fue candidato a diputado por Lista Nacional por el partido Central Auténtica Nacionalista (CAN), una agrupación ligada a dirigentes militares de la década del 70 y formada por el expresidente Carlos Arana Osorio, general que ocupó la jefatura de gobierno con respaldo de un grupo de partidos de extrema derecha entre 1970 y 1974. 

La carrera de Ochoa en el Organismo Judicial inicia en 1994 como Jueza de Paz en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala. E incluye cargos como Jueza de Primera Instancia en el municipio de Amatitlán y más tarde en el juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala.  También se desempeñó como Jueza de Primera Instancia del Juzgado para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Así como Jueza de Primera Instancia en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio.

Es en 2014 cuando la carrera de Ochoa se relaciona con el mundo político. Fue electa por la alianza de los partidos PP y Líder en el Congreso de la República para el período 2014-2019 como magistrada de la Corte de Apelaciones. Fue nombrada luego vocal I del Ramo Penal de Delitos de Femicidio. En este mismo proceso, según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los magistrados electos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron designados con el aval de los políticos Alejandro Sinibaldi, del PP, y Manuel Baldizón de Líder, ambos actualmente detenidos por casos de corrupción.

Entre las decisiones criticadas de Ochoa, como magistrada de Apelaciones, se encuentra la tomada en 2015, por la Sala de Delitos de Femicidio, que dictaminó que el general Efraín Ríos Montt, acusado de Genocidio, no fuera enviado al hospital psiquiátrico Federico Mora, como había ordenado el Tribunal de Sentencia B de casos de Mayor Riesgo.

Ochoa fue electa por primera vez a la CC por el expresidente Jimmy Morales, el 10 de marzo de 2016. Luego de un proceso totalmente cerrado. Fuentes políticas detallan que Ochoa fue recomendada al mandatario por uno de sus asesores de confianza, el diputado Armando Melgar Padilla, diputado de FCN-Nación, una agrupación fundada por militares retirados de línea dura. En la decisión también habría pesado la fe religiosa evangélica de Ochoa, la cual es conocida como “profeta” entre los integrantes de la iglesia a la que asiste, Casa de Dios.

Una vez electa como magistrada de la CC tuvo una gestión inclinada a favorecer las disposiciones del Ejecutivo. Por ejemplo, como presidenta de la CC fue la única magistrada que votó en contra de suspender la decisión del presidente Morales de expulsar a la CICIG del país en 2019.

También votó de manera disidente en un amparo solicitado para conocer el antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, por el caso Traficantes de Influencias, al indicar que “no existían indicios suficientes” de los delitos que le imputaban. Además, votó en contra de la resolución de la CC que impidió la candidatura presidencial de Zury Ríos por el partido Valor en 2019.

Durante el gobierno de Morales, acompañó al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart a una reunión en la Casa Blanca para presionar a otros magistrados de la CC para que no se opusieran al Acuerdo Migratorio de Tercer País Seguro firmado entre Guatemala y Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

Recientemente votó, junto al magistrado Roberto Molina Barreto, en contra del amparo que dejaba sin efecto la juramentación del exjuez Mynor Moto, prófugo de la justicia, a magistrado de la CC.

Ochoa fue electa para el periodo 2021-2026 por el Congreso de la República con 101 votos a favor, cinco votos en contra y 54 ausencias. Esto gracias al apoyo en conjunto de las bancadas del oficialista Vamos, y aliados como UCN, FCN-Nación, Todos, CREO, Valor, PC y la facción disidente de la UNE, así como votos divididos de Bien. La elección de Ochoa representa la continuidad entre las fuerzas políticas del gobierno de Morales y el oficialismo de Vamos.

Rosales Marroquín, “uno de los nuestros”

(Suplente Legislativo)

El magistrado suplente electo por el Congreso a la CC es el diputado de Valor, Luis Alfonso Rosales Marroquín. Se trata de un abogado y político de larga data. Fue electo diputado por el desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) durante el periodo 2000-2004 (manteniendo una vicepresidencia del Legislativo por dos años) cuando este partido también ocupó la presidencia de la República. Más tarde estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) entre los años 2002 y 2006. Además, fue fiscal electoral del FRG hasta el 2011.

Rosales fue electo para el periodo 2016-2020 por el partido Visión con Valores (Viva) al Parlamento Centroamericano, la misma agrupación que postuló a Zury Ríos a la Presidencia en ese proceso electoral.

El nuevo magistrado suplente regresó al Congreso de la mano del partido Valor, el cual intentó postular a la presidencia a Zury Ríos Sosa en 2019, sin éxito. Rosales fue parte del equipo jurídico de la defensa del ex general Efraín Ríos Montt, líder histórico del FRG, durante el juicio por genocidio en su contra. Es considerado por fuentes políticas como uno de los hombres de confianza de la líder de Valor, Zury Ríos.

En 2020 y 2021 Rosales integró la Junta Directiva del Congreso y es parte del núcleo duro que mantiene cohesionada a la alianza de bloques que respaldan al oficialismo. Este apoyo se vio reflejado en su elección como magistrado suplente donde obtuvo 89 votos a favor por parte de los bloques Vamos, UCN, Valor, FCN-Nación, PC, Humanista y de la facción disidente de la UNE. Así como el partido Todos, que en decisiones sobre el control de la justicia apoya al oficialismo.

Por el contrario, Rosales obtuvo 17 votos adversos en el Congreso, incluyendo los de algunos aliados del oficialismo como los partidos Compromiso Renovación y Orden (Creo) y el Partido Unionista. 

Eulalio López, el delegado de la Fiscal General

(Suplente USAC)

Rony Eulalio López Contreras fue electo como suplente de la magistrada Gloria Porras por parte de la Universidad de San Carlos ante la Corte de Constitucionalidad. En la actualidad, López ha ocupado el puesto de Secretario General del Ministerio Público, bajo el mando de la Fiscal General, Consuelo Porras.

En su historial de abogado, resalta también su trabajo como Secretario General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los temas de niñez y adolescencia y la atención a las víctimas de delitos son parte de la agenda que ha impulsado en las distintas instituciones donde ha laborado.

El nombre de Eulalio López sonó en el año de 2017, cuando el ahora magistrado le pidió al juez Carlos Ruano una reunión para conversar con la magistrada Blanca Stalling, debido a que el hijo de ésta, Otto Fernando Molina, estaba implicado en el caso IGSS-Pisa. Stalling pidió beneficios para su hijo, por lo que fue acusada más tarde de tráfico de influencias. López es considerado uno de los abogados más importantes dentro de los allegados a Blanca Stalling.

De acuerdo con la Fiscal General, María Consuelo Porras, Eulalio López sólo cumplió instrucciones de la exmagistrada, y no tiene ningún proceso legal en su contra.

Antes de estos trabajos en el sector público, al magistrado López se le reconoce únicamente una trayectoria académica. Ha sido profesor de licenciatura y de maestría en distintas universidades del país. Y ha trabajado como coordinador de tesis en distintas instituciones de educación superior. El Derecho Penal, como respalda su curriculum, ha sido el eje transversal de su vida académica.

PENDIENTES DE JURAMENTACIÓN

Gloria Porras, la magistrada disidente

(Titular USAC)

Nombrada en 2011 por el ex presidente Álvaro Colom como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, y luego en 2016 por el Congreso de la República, Gloria Patricia Porras Escobar ha vuelto a ser electa para un tercer periodo dentro de la máxima corte de Justicia en Guatemala, esta vez por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

A lo largo de una década, sus resoluciones han sido reconocidas por representar una opinión contraria a la mayoría de sus otros cuatro compañeros, catalogándola internamente dentro de la CC con el mote de “magistrada disidente”, como comentan algunos letrados dentro de la institución.

Gloria Porras votó en contra de la sentencia que anuló el juicio por genocidio en mayo de 2013. También emitió una resolución en contra de la sentencia que mantuvo la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2014, cuando las bancadas mayoritarias dentro del Congreso de ese entonces, PP y Lider, eligieron a magistrados titulares y suplentes que habían ofrecido su lealtad a dos ex candidatos a la presidencia, Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi.

En 2015, Gloria Porras votó en contra de las sentencias que protegían al ex presidente Otto Pérez Molina, tras ser acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de dirigir una banda de defraudación aduanera. Esta resolución permitió que la inmunidad presidencial le fuera retirada para ser investigado junto a la ex vice presidenta Roxana Baldetti.

Gloria Porras empezó su carrera como funcionaria en el Ministerio Público. Fue fiscal de distrito en Mixco y Amatitlán, municipios del área metropolitana. Fue una de las fiscales que inició las capturas de capos del narcotráfico desde el MP, y empoderó a muchas fiscalías contra el crimen organizado.

Más tarde ascendió hasta ocupar el segundo puesto de mando entre 2008 y 2010, como secretaria General de esta institución. En esa época, cuando sucedió el asesinato del abogado corporativista Rodrigo Rosenberg, las crónicas parlamentarias de los medios de comunicación resaltaron siempre la relevancia de Gloria Porras dentro del MP para proteger al presidente Colom, a la primera dama Sandra Torres, y al operador político y secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, tras ser acusados en un video de ser los autores materiales de la muerte del abogado. La CICIG esclareció el hecho al investigar que Rodrigo Rosenberg había planeado su propio asesinato. Y Gloria Porras, en consecuencia, como han contado allegados del gobierno de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE), fue electa por primera vez magistrada de la Corte de Constitucionalidad como parte de la deuda que abonó al proteger al ex presidente.

En su segunda elección, la bancada de la UNE dentro del Congreso de la República fue clave para que Gloria Porras lograra regresar a la CC. El diputado Orlando Blanco, jefe de bancada de esta agrupación en 2016, logró coordinar los consensos de votación para que Porras fuera la delegada del Organismo Legislativo dentro de la Corte más importante de Guatemala.

Varios medios de comunicación indicaron que Blanco eligió a Porras, debido a que, en 2012, la CICIG y el MP de Claudia Paz y Paz destaparon un caso de ejecuciones extrajudiciales donde acusaban a Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y hermana del diputado de la UNE. La exfuncionaria fue acusada de liderar una organización criminal que se dedicaba a localizar y asesinar a personas sospechosas de extorsionar a empresarios del transporte urbano.

En enero de 2016, bajo la presidencia de Gloria Porras dentro de la CC, por fin se llevó a cabo una vista pública en la que se escucharon los argumentos de Marlene Blanco Lapola y del Ministerio Público, para resolver su situación legal. Pero no fue hasta septiembre de 2017, casi un año después, que resolvió esa discusión a favor del MP, ya con Porras fuera de la presidencia de la Corte.

No obstante, la Corte de Constitucionalidad, liderada por Gloria Porras, fue una pieza indispensable para la lucha contra la corrupción e impunidad entre 2015 y 2018. Durante la última parte de su segundo periodo como magistrada, plantó oposición al Gobierno de Jimmy Morales y se opuso al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la industria minera, tres de los actores políticos de mayor peso en el país. Además, las resoluciones, la mayoría disidentes, lograron que muchos casos que buscaban hacer frente a la impunidad en Guatemala, continuaran adelante.

En tanto, su juramentación como magistrada para un tercer periodo se encuentra en un limbo, a la espera de que se resuelvan varias impugnaciones en contra del Consejo Superior Universitario, el ente que la eligió a inicios de 2021. Mientras eso sucede, la magistrada Porras corre el peligro de perder su inmunidad y pueda enfrentar varios casos penales que existen en su contra.

Néster Vásquez, el magistrado de las comisiones paralelas 

(Titular CANG)

Nester Vásquez Pimentel pretende tomar posesión y convertirse en el quinto magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) a pesar de que el Ministerio Público lo requiere por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas II. 

Vásquez fue uno de los magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2014-2019 y que “juró lealtad” a Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial, Manuel Baldizón, también a sus respectivos partidos Lider y Partido Patriota (PP), ahora extintos. 

Cumpliendo su promesa, el 21 de noviembre de 2014, tres días antes de la toma de posesión para la CSJ, Vásquez llegó a Casa Presidencial y se reunió con el entonces presidente Otto Pérez Molina, el presidente del Congreso, el subjefe de la bancada del PP y con dos magistrados más.

Previo a ser electo, el magistrado acudió a una de las casas de Sinibaldi y fue uno de los seis favoritos y propuestos por el PP para “servir a sus intereses y otorgar una protección jurídica desde su puesto en la máxima Corte para cuando los operadores políticos lo requirieran”, indica el informe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Tráfico de influencias y asociación ilícita”, son los delitos que enfrentaría Vásquez si perdiera la inmunidad. Su participación en las Comisiones Paralelas se basa en las declaraciones de Baldizón, Sinibaldi y Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Todos los anteriores personajes, están presos y sindicados de corrupción. 

Estos antecedentes no fueron impedimento para que la Asociación de Abogados y Notarios de Escuintla lo propusiera como candidato para magistrado de la CC en diciembre del año pasado. Tampoco fue algo que preocupara o molestara a los agremiados del Colegio de Abogados quienes le dieron, en febrero pasado, la victoria con 4 mil 762 votos a favor en una segunda vuelta que disputó contra Francisco Rivas, exministro de Gobernación. 

Un documento incautado en un allanamiento a Gustavo Alejos, ex secretario privado del ex presidente Álvaro Colom, y acusado de varios casos de corrupción, también es otra prueba de la FECI contra Vásquez en el manejo ilegal de integración de Cortes. 

Entre las supuestas relaciones del magistrado se cuenta también a Roberto López Villatoro, sindicado en el Caso Comisiones Paralelas por influir en las Comisiones de Postulación. Según la fundación Myrna Mack en el informe Impunidad y Redes Ilícitas, en donde cuenta de una relación indirecta entre Vásquez y López para influir en el proceso de las postuladoras. 

En 2018 cuando fue presidente de la CSJ colocó como jefe de seguridad del Organismo Judicial a Roberto Mota Bonilla, ex agente de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales, lo que incomodó a varios jueces. Poco después, Mota fue capturado y acusado por violencia contra la mujer. 

Además de este recuento de sindicaciones, el magistrado electo es abogado y doctor en Derecho Penal y con experiencia laboral en el Ministerio Público. Actualemte no puede asumir la magistratura, debido a impugnaciones en contra del CANG, el ente que lo eligió para ocupar un puesto dentro de la CC, como parte de los reacomodos de poder constitucinales de Guatemala.

Claudia Paniagua, la abogada de exdiputados e instituciones públicas 

(Suplente CANG)

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez es la magistrada suplente de Nester Vásquez también electa por el CANG. Ella ganó con 3 mil 968 votos, 62 más de los que obtuvo su contrincante Patricia Gámez. 

Abogada litigante, defendió a la exdiputada, Delia Back y a Eduardo Kestler Morán, gerente general de Televisiete y Radio Televisión de Guatemala. La primera acusada de corrupción y el segundo involucrado en el caso Cooptación del Estado. Además, ha trabajado con tres municipalidades y es hermana de Eddy Paniagua Pérez, uno de los financistas del Partido Unionista (PU) y empleado de la comuna capitalina. 

Según un informe del Tribunal Supremo Electoral, Paniagua aportó camisetas y dinero para la propaganda del PU en 2019. Ella comparte oficina jurídica con el magistrado suplente de la CSJ, Jorge Rolando Rosales Mirón, a quien en 2009 le fraccionó las escrituras públicas de una propiedad. Su toma de posesión, al igual que la de Néster Vásquez, permanece en suspenso a la espera de una resolución definitiva por parte de los tribunales de justicia.