En El Salvador, Nayib Bukele le quitó los fondos para el desarrollo a las municipalidades del país para crear una entidad que, desde el Ejecutivo, decide qué proyectos impulsar y a cuáles empresas contratar para ejecutar obras. El argumento para el cambio de modelo fue acabar con ‘la corrupción de la oposición’ en las comunas, pero a casi dos años de operaciones, su gobierno ha repartido contratos hasta por $266.5 millones de forma discrecional, o hasta fuera de la ley, a 61 empresas invitadas en las que destacan aquellas dirigidas por funcionarios del Estado, una excandidata de Nuevas Ideas y afiliados partidarios, sancionadas, sin experiencia y algunas creadas por empresarios investigados por corrupción

El 27 de diciembre de 2021, mes y medio después de que Nayib Bukele y su gobierno crearan la Dirección de Obras Municipales (DOM), una comerciante del oriente del país y afiliada del partido Nuevas Ideas logró entrar a una fiesta en la que se repartieron 127 contrataciones en obra pública municipal que asciende a 335.5 millones de dólares. Pero Marta Alicia Argueta de Gutiérrez no era una afiliada ni una invitada cualquiera a esa fiesta. Apenas 10 meses antes de convertirse en contratista del gobierno, había competido como candidata a concejal en la planilla de su amiga, Sara Elizabeth Zelaya de Bermúdez, la hoy alcaldesa de El Triunfo, que tampoco es una funcionaria cualquiera: es hermana de Alejandro Zelaya Villalobo, el exministro de Hacienda, fundador del partido oficialista y uno de los artífices en la creación de la DOM, la entidad ideada para “vencer la corrupción del pasado” y llevar desarrollo a las municipalidades salvadoreñas, según la propaganda bukelista. 

El 1 de mayo de 2021, el mismo día en que Bukele y su partido dieron un golpe a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, la hermana del entonces ministro tomó posesión de la comuna, pero su amiga comerciante no logró sentarse con ella en el Concejo Plural porque los votos no le alcanzaron. Sin embargo, 10 meses después, el Estado y la DOM le dieron una segunda oportunidad para aportar al municipio. En realidad, la entidad dirigida hasta por cinco fundadores y dirigentes de Nuevas Ideas le dieron otras 16 oportunidades convertidas en contratos para trabajos en El Triunfo y en otros municipios del departamento de Usulután. 

Según registros oficiales, en gobiernos anteriores Construtodo ganó proyectos valorados entre los 5 mil y 25 mil dólares. Con el gobierno Bukele encontró una bonanza de contratos por hasta $1.85 millones.

El millonario reparto de la DOM

Las 16 obras a favor de la empresa de Marta Alicia Argueta son parte de un total de 500 contratos celebrados por la DOM entre diciembre de 2021 y mayo de 2023. FOCOS analizó cada uno de los documentos oficiales, revisó las fichas de las empresas en el Registro de Comercio; extrajo nombres, datos, cruzó las información con las listas de candidatos y afiliados al partido cian, con las listas de todas las empresas contratadas y con las listas de empresas inhabilitadas por el propio Estado. 

Luego de cinco meses de investigación, el análisis de todos esos datos permite concluir que la DOM repartió de manera discrecional, y sin que a la fecha se conozcan criterios técnicos, $335.5  millones a 127 empresas. En el 48 % de estas empresas hay seis cuyos propietarios y fundadores son afiliados a Nuevas Ideas, como la excandidata vinculada a la familia del exministro Zelaya, que suman en conjunto contratos por $6.6 millones.

También hay empresas sancionadas por el Estado o que fueron beneficiadas con contratos bajo procesos discrecionales y algunos hasta contrarios a la Ley de la entidad. 46 empresas de esta muestra recibieron en conjunto $80.3 millones. 15 de las beneficiadas tenían poca o ninguna experiencia previa y nacieron con un contrato de la DOM bajo el brazo, acumulando en conjunto $56.7 millones. Otras 22 empresas, que habían estado entre diez y cinco años sin registrar actividad según el Registro de Comercio, resucitaron entre tres y seis meses antes o después de la creación de la DOM para llevarse una tajada del pastel de $7.8 millones. 

Entre las ganadoras también hay un grupo de invitadas VIP que se llevaron, en conjunto, un 53.2 % de todo el pastel (hasta $178.6 millones). Entre estas destaca la Constructora MECO, de capital costarricense, con $66.3 millones por cinco obras adjudicadas entre diciembre de 2021 y abril de 2023. Los propietarios de MECO han sido procesados en dos casos de corrupción en Costa Rica y Panamá por presuntamente pagar sobornos para conseguir obras públicas. La DOM ha destinado el 20% de su pastel millonario a favor de esta sociedad, convertida en una de las empresas favoritas para desarrollar obras ‘insignia’, como la ruta conocida como Surf City II, en el oriente del país. 

Otra gran ganadora, con tres contratos que suman $15 millones, es la Constructora Díaz Sánchez (DISA). Uno de estos fue otorgado a través de un mecanismo llamado “licitación limitada”, un proceso opaco por invitación, sin convocatoria pública, y que es cuestionado por expertos en transparencia  y combate a la corrupción. En ese proceso se llevó $5.6 millones. 

“Es opaco porque las invitaciones son dirigidas y puede haber una ‘preselección interesada’ de los competidores. Es decir, se limita la competencia. Cuando hay una competencia limitada puede haber condiciones previas que estén orientando la contratación como una relación de parentesco o amistad”, explicó Ruth López, experta en Transparencia y Anticorrupción de la oenegé Cristosal.

Antes de ser favorecida por la DOM, DISA fue una de las empresas que participaron en la construcción del Hospital El Salvador durante la pandemia por la covid-19 y fue cuestionada por la Corte de Cuentas de la República en un Exámen Especial realizado al MINSAL y al MOP para el período 1 de enero a 30 de septiembre de 2020. A la fecha se desconoce si el ente contralor, dirigido por una exprecandidata de Nuevas Ideas desde el 22 de agosto pasado, concluyó los procesos sancionatorios.

La empresa Calidad y Técnicas de Construcción (CATECO) ganó $23.7 millones. Esta empresa también ganó dos contratos, por $7.3 millones, a través del cuestionado procedimiento de licitación limitada. 

En este pequeño club también destaca Tobar S.A. de C.V. , empresa que ganó contratos por 20 millones, de los cuales uno (3.3 millones) le fue revocado por “incumplimientos”. El 30 de mayo de 2022 fue inhabilitada para obtener contratos con la entidad por cinco años. Un mes después, el propietario de Tobar fue capturado y procesado por un caso de corrupción en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), donde trabajaba como gerente de la autónoma en el puerto de Acajutla. 

En síntesis: 66 de las 127 empresas se llevaron el 20.5% del monto ($68.8 millones) a través de procesos discrecionales. La otra mitad, en la que sobresalen las empresas sin experiencia, dirigidas por afiliados de nuevas ideas, favoritas del oficialismo o algunas contratadas saltándose la propia ley de la DOM, se llevó el 79.4% de los fondos públicos, un monto no menor a los $266.5 millones.

La albañilería que hace obras públicas

Marta Alicia Argueta no logra conseguir que su socia atienda su llamada, para que ella explique cómo lograron ganar contratos con la DOM. Su socia, que es su hija, dice que es  “quien conoce más”.

Su empresa, Construtodo Ingenieros y Arquitectos, está ubicada a un par de cuadras del parque central de El Triunfo, un pueblo fundado a finales del siglo XVII. Es una casa antigua, con techo de teja, y en la fachada tiene un rótulo particular: “Construtodo. Contruciones [Sic.] Remodelaciones.Creamos Ambientes y Diseños Exclusivos Adaptados a las necesidades y presupuestos de nuestros clientes”. 

Argueta no despacha en esa casa, sino a la orilla de la carretera panamericana, en una propiedad contigua a un terreno donde descansan camiones y maquinaria pesada con logos de la DOM que son propiedad de otra empresa: Dios Provee, S.A. de C.V., dirigida por su esposo.

Recibe a FOCOS en el garage de la casa. Habla bajito, como nerviosa, como si no quisiera que la escuchen. Confirma que es afiliada a Nuevas Ideas, que fue candidata del partido en las elecciones de 2021 y, aunque al inicio duda, afirma que es amiga de la hermana del exministro. Reconoce que ha ganado 16 contratos con la DOM, dirigida por directivos NI, pero no ve problema, todo le parece en orden.

Consultada sobre si su repentino crecimiento tiene que ver con sus cercanías a la familia Zelaya, Argueta responde: “Creo que está totalmente equivocado alguien que piensa de esa forma, porque nosotros hemos presentado las ofertas y hemos logrado no porque tengamos un conecte. Incluso algunos se ganaron porque nadie más presentó oferta”.

En Facebook, la empresa que fundó junto a Rosa Margarita Gutiérrez Argueta, en septiembre de 2013, se promociona no como una empresa constructora de obras civiles, sino como una que provee servicios de albañilería y fontanería para casas o habitaciones, venta de bloques y cemento.

De hecho, según el Portal de Transparencia, Construtodo solo tuvo experiencia previa con dos instancias estatales: la primera con el Hospital Nacional de Santiago de María, donde ganó pequeñas obras entre 2016 y 2018, pero ningún proyecto sobrepasó los $5,000. Y la segunda con la alcaldía de San Rafael Oriente para la pavimentación de una calle en mayo de 2017 por $25,500.

Cuatro años después, Marta Alicia Argueta se metería a la política con Nuevas Ideas y haría campaña con su amiga, la hermana del exministro de Zelaya. “Somos conocidas pues, anduvimos en la campaña con ella. Antes de la campaña, sí hemos sido…, no amigas cercanas, cercanas,  pero sí ha habido amistad porque somos del mismo pueblo, vamos a la misma iglesia, a la católica”.

En diciembre, sin competencia, la empresa ganó 10 órdenes de compra para realización de estudios geotécnicos y topográficos en una decena de municipios de Usulután, entre ellos El Triunfo, por $77,850. Dos meses más tarde, la empresa volvió a ganar tres contratos más por los mismos servicios en Mercedes Umaña, Berlín y San Francisco Javier, por $33,350.

Y solo cuatro meses después de los primeros 10 contratos, en abril, la DOM le entregó obras de concreto hidráulico para los municipios de Alegría, Berlín y San Buenaventura, por $1.74 millones.

Para poder realizar estas obras de concreteado, Argueta relató que subcontrató a Dios Provee, SA de CV, la empresa que fundó junto a su esposo Víctor Gaspar Gutiérrez en 2007, para alquilarle maquinaria pesada y para hacer trabajos de terracería. Suele hacerlo, dice, porque Construtodo no cuenta con maquinaria propia ni con la capacidad por sí sola de ejecutar esos trabajos.

A diferencia de su empresa hermana, Dios Provee tiene más experiencia en obra pública con distintas entidades estatales. Sin embargo, desde el 2020 está sancionada e inhabilitada por cinco años por “invocar hechos falsos en un proceso de adjudicación” con el FOVIAL, según el portal de compras públicas COMPRASAL. 

La junta directiva de la DOM que contrató a Construtodo no reparó en la relación de los esposos ni en las empresas hermanas. Esa junta está conformada por cinco fundadores y directivos del partido, entre ellos Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una de las manos derechas de Bukele desde sus empresas familiares y secretaria financiera de Nuevas Ideas. En la junta también está María Ofelia Navarrete, ministra de Desarrollo Local y dirigente del partido cian, además de un representante del Ministerio de Hacienda, nombrado por el exministro Zelaya.

Argueta de Gutiérrez insiste en que no tiene conflicto de interés al haber sido contratada por una entidad liderada por dirigentes del partido que la quisieron tener de concejal. “Para mí, porque esa es la realidad, ahí sí que nada, nada que ver con Obras Municipales. Yo sí le ayudé a Sara (Zelaya) y la sigo apoyando porque es una mujer que ha trabajado por el pueblo, pero de ahí nada, absolutamente nada que ver como lo que se ganó…”, dice. 

Afiliados y contratistas sancionados

Como Construtodo, a la fiesta de la DOM llegaron otras cinco empresas de seis afiliados de Nuevas Ideas que también se llevaron tajadas de un pastel que en conjunto sumó $6.6 millones. Pero entre estas también destacan algunas sancionadas por el Estado antes de llegar al reparto de la nueva obra municipal. 

Es el caso de Constructora e Inversiones Laínez Cruz, fundada por Pedro Eriberto Laínez Cruz en 2013, un afiliado al partido en 2018, según consta en la nómina publicada por el partido en Diario El Mundo el 10 de julio de ese año.

Entre marzo de 2022 a mayo de 2023, esta empresa ganó contratos para estudios topográficos y bacheo en municipios de Cabañas por $2.07 millones.

La empresa tiene experiencia previa en contratos con el Estado y con municipalidades de partidos de oposición y hasta fue sancionada por la Superintendencia de Competencia (SC) por prácticas anticompetitivas mientras recibía fondos públicos de la DOM.

Fue denunciada por la alcaldía municipal de Guacotecti, gobernada por el PCN, un partido aliado del gobierno, el 13 de diciembre de 2021. Según la denuncia, Laínez Cruz había establecido acuerdos con la constructora WalterVenez S.A. de C.V.,  para fijar precios o condiciones de compra en procesos de adjudicación por libre gestión convocados por esa municipalidad. WalterVenez también fue beneficiada por la DOM: ganó cinco contratos de bacheo en Cabañas por $1.58 millones entre mayo y diciembre de 2022.

Un año después de la denuncia contra las empresas, el 7 de diciembre de 2022, la SC las encontró responsables de fijar precios y las condenó a una multa de $30, 417 cada una. Ambas contratistas interpusieron un recurso de apelación, sin embargo, este fue declarado “improponible” y la resolución quedó en firme el 20 de enero de 2023.

WalterVenez no volvió a ganar ningún contrato con la DOM después de esa fecha, pero la empresa del afiliado a Nuevas Ideas, Laínez Cruz, sí. 

La DOM le encargó la construcción de una unidad de salud en el municipio de Nombre de Jesús en Chalatenango en mayo de 2023. A pesar de haber sido sancionada administrativamente por una institución del Estado, se llevó $547,349.00 en ese otro proceso.

Las otras empresas dirigidas por afiliados de Nuevas Ideas también comparten otra característica: fueron elegidas a través del proceso discrecional de ‘licitación limitada’. Por ejemplo, la constructora Marpa de Velis Alirio Paiz Díaz, quien firmó los contratos que suman $1.2 millones. 

Miguel Ángel Martínez, el administrador propietario de Marpa, dijo a FOCOS que desconocía que su socio Paiz Díaz fuese afiliado al partido pero negó que haya existido “influencias” en la adjudicación.

En otro proceso, una empresa no cuenta con registros como contratista de obra pública y desde su fundación, en 2017, no reportó balances al Estado. A pesar de esto, ganó un cuarto de millón de dólares en contratos ($251,516.23). Otra más, nacida 18 meses antes de que entrara en vigencia la nueva entidad, solo tenía una experiencia previa con una municipalidad y eso le bastó para llevarse ocho contratos por hasta $215,050.

Los funcionarios públicos que son contratistas de la DOM  

El 23 de noviembre de 2021, la Asamblea oficialista creó una ley especial para la DOM (la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales), con el pretexto de hacer más expeditas y eficientes las adjudicaciones para llevar ‘desarrollo’ al país. 

Pero en la fiesta del reparto de fondos, esta normativa fue letra muerta.

Según el artículo 4, literal b, de la Ley no podrán ser oferentes ni contratistas de la institución “los servidores públicos de (…) cualquier municipalidad, ni las personas jurídicas en las que ellos ostenten calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores y directivos”.

En noviembre de 2022, cuando la DOM contrató la empresa mexicana Gallo Hermanos para reconstruir el mercado San Miguelito de San Salvador, la entidad pasó por alto que esto implicaba darle el contrato a una empresa vinculada a un funcionario municipal de la alcaldía de San Martín, gobernada por Nueva Ideas, según reveló FOCOS en mayo pasado.

Gallo Hermanos fue la segunda empresa más beneficiada en la repartición millonaria de la DOM, llevándose un proyecto de más de $33.6 millones para reconstruir el mercado San Miguelito, en la capital.  Tras no poder acceder a recursos en el país, abandonó el proyecto y en mayo, luego de la publicación y de las preguntas sin respuestas de las autoridades, la DOM la sancionó e inhabilitó por cinco años.

Pero los contratos que la DOM ha celebrado con empleados públicos no se limitan solo a empleados municipales. El 4 de marzo de 2022, Diseño, Desarrollo y Construcción (Dideco) S. A. de C. V. firmó el contrato 20/2022 por $416,146.47 para la pavimentación de tramos de las calles en el Barrio San Juan y Carlota, del municipio de Sesori en San Miguel. Esta empresa fundada en 2015 es dirigida por Roger Antonio Grande Bercián y su esposa Vinda Arely Moreno de Grande. Ella además es empleada de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y, el 15 de julio de 2022, los magistrados de ese organismo la juramentaron directora de la Oficina Regional de San Miguel.

Posteriormente también ganó otros $1.35 millones para el concretado en la vías de los municipios de Comacarán, San Miguel, y El Carmen, La Unión.

A pesar que ser empleado de la CCR no está contemplado en la ley como una inhabilitación expresa, lo cierto es que pueden existir conflictos de interés porque el ente contralor se encarga de fiscalizar el uso de recursos públicos de todas las instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Obras Municipales, de la cual la empresa de Moreno de Grande se ha beneficiado.

Según Ruth López, a pesar que la ley simplificada de la DOM no tiene prohibiciones para fucncionarios de las instituciones de control, el caso de Moreno de Grande podría incurrir una violación a la Ley de Ética Gubernamental .

“La ley de ética es clara en su artículo 6, g) al establecer que cualquier servidor público tiene prohibido mantener responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de la función pública”, dijo López.

FOCOS buscó una reacción de Moreno de Grande a través de la oficina de prensa de la institución. Un delegado se comprometió a hacer la gestión, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Negocios entrelazados

El 18 de enero de 2022, dos meses después de la creación de la DOM, los empresarios René Rivera Alvarado y Rolando Barrientos Calero formaron una Unión de Personas (UDP) “Inversiones Rivera Barrientos – INRIBAR” para participar en conjunto en procesos de obra pública municipal. 

Sin embargo, su relación comercial no había comenzado aquí. En 2009, Barrientos fundó Inversiones Tecleñas (ITEC), a la que se sumó Rivera Alvarado. Años después, Barrientos la dejó para fundar una tercera: Icivil Infraestructura, otra de las constructoras que participó en la construcción de la cuestionada tercera fase 3 del Hospital El Salvador durante la pandemia, un recinto que se prometió como un hospital de primer nivel y devino en un vacunatorio que costó más de 19 millones de dólares, según reveló La Prensa Gráfica. 

INRIBAR, ITEC e Icivil están domiciliadas en la misma oficina en la colonia Escalón.

Rivera Alvarado y Barrientos Calero lograron ganar cuatro proyectos que juntos suman $5.9 millones con dos de las tres empresas a las que están vinculados en seis meses. Al menos la mitad de este monto fue otorgado a través del mecanismo de licitación limitada.

El primer contrato se lo llevó ITEC el 20 de diciembre de 2021 por $1.2 millones. El segundo, por $783,190.94, lo ganó INRIBAR el 1 de abril de 2022, a menos de cuatro meses de haber sido constituida.

Veinte días después, el 21 de abril, ITEC ganó el tercero por $1.7 millones. Dos semanas después, esta empresa quedó inhabilitada por ley para ser contratada con la DOM porque el 4 mayo de 2022, el FOVIAL la sancionó por cinco años porque “invocó información falsa en un proceso de licitación” con esa entidad. En su ley simplificada, la DOM establece que las empresas sancionadas por otras instancias del Estado no son elegibles para ser contratadas.

Rivera Alvarado y Barrientos Calero siguieron concursando, y ganando. Como la familia dueña de Construtodo y Dios Provee en Usulután, estos socios utilizaron a otra de sus empresas, INRIBAR, para concursar. El 16 de junio, Rivera Alvarado, el mismo que había firmado el primer contrato de ITEC, firmó como representante de INRIBAR un contrato por $2.2 millones para obras de bacheo en Ciudad Delgado. 

La ley de la DOM, en el artículo 5, inciso tercero, establece una prohibición para los oferentes o representantes legales que busquen ganar con otra empresa con la finalidad de eludir o evadir prohibiciones para ofertar y contratar.

Entre los beneficiados de un reparto de $25, 6 millones para ejecución de obras públicas también hay un grupo de 12 sociedades que destaca porque entre sus miembros están conectados por relaciones de amistad o parentelas en dos empresas diferentes.

Empresas sin dinero hacen obras millonaria

A la fiesta de la DOM, llegó de todo. También los invitados que recibieron obras millonarias pero cuyo presupuesto inscrito en el Registro de Comercio no les alcanzaba para cubrir ni el 5% del costo total de las obras asignadas. Cuatro empresas fueron beneficiadas con $8.07 millones sin tener los fondos para hacer frente a los proyectos. 

Construtodo, la empresa de la amiga de la alcaldesa Zelaya está también en esta lista. Para abril de 2022, la DOM ya había adjudicado los últimos tres contratos a la empresa, que juntos sumaban $1.74 millones, pero la sociedad no cumplía con el requisito contractual de acceso a recursos por al menos el 5% del monto total para ejecutar las obras. El último balance reportado ante el Registro de Comercio sumaba 30,000 dólares menos de ese porcentaje y reportaba pérdidas por $9,300. También era una empresa que no había actualizado sus balances de ingresos y egresos anualmente desde hace más de cinco años: los reportes de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se inscribieron a Comercio solo tres meses antes de ganar las contrataciones millonarias.

Argueta de Gutiérrez reconoce que no contaba con los fondos pero que para cubrirlos solicitó dos créditos por $60,000 y $100,000 con el estatal Banco Hipotecario, quienes “la apoyaron”. 

“Siempre ha tenido acceso a créditos con el banco con propiedades como garantía desde antes de este Gobierno. (…) Es un (crédito) rotativo creo que le llaman”.

Sin embargo, no todas corrieron con la suerte de Construtodo. 

El 2 de septiembre de 2022, la Dirección de Obras Municipales publicó en su cuenta de twitter: “Queremos transformar el Centro Histórico y el Palacio Municipal de San Vicente. Pronto será una realidad”. 

A casi un año después de la promesa, las obras aún no están concluidas porque la institución contrató a Consorcio de Inversiones para el Futuro (CIPF), una empresa sin experiencia en obra pública, sin personal especializado permanente y que no contaba con los fondos necesarios para arrancar esa obra millonaria.

El CIPF nació en octubre de 2019 pero en tres años y medio no registran ningún contrato con el Estado, según el portal de Transparencia gubernamental y el portal de COMPRASAL.

Entre  septiembre y noviembre de 2022, antes de la asignación del contrato, la empresa buscaba “ingenieros o arquitectos residentes con experiencia en edificaciones de 2 o más niveles”. Durante ese período, en su cuenta de facebook publicó una “una visita” de campo a San Vicente para la “reavilitación (sic.) del Palacio Nacional” y anexó la fotografía del inmueble derruido desde los terremotos de 2001.

Inmediatamente, la DOM le otorgó por $4,860,940.32 la licitación 140/2022 para reconstruir el Palacio Municipal de San Vicente y remozar el centro histórico vicentino, pero la empresa no podría cubrir ni el 5% de los recursos respecto al monto adjudicado. Su más reciente balance informado al Registro de Comercio era de $13,939,84 una cantidad 18 veces menor al monto requerido ($243,047) que la DOM impone para verificar la capacidad financiera de las empresas.

La obra no se completó. Y el 31 de mayo, la DOM anunció la terminación de contratos y sanción para dos proveedores: entre ellos estaba la empresa mexicana Gallo Hermanos que se suponía levantaría un nuevo mercado en San Salvador, y que entre sus filas tenía a un empleado municipal, y el CIPF, sancionado por el incumplimiento del proyecto el 12 de mayo.

Un día después de la publicación de las sanciones a Gallo Hermanos y a CIPF, se hizo pública la renuncia de Álvaro O’Byrne, director ejecutivo de la DOM y fundador de Nuevas Ideas. Tres meses después, la salida de este funcionario de confianza del presidente Bukele, desde sus tiempos como alcalde, no ha sido explicada.

Un representante de Consorcio de Inversiones para el Futuro, quien pidió anonimato, confirmó a FOCOS  que este proyecto era el primero que recibía la compañía, y que la empresa no es responsable de la obra desde diciembre de 2022, seis meses antes de que la DOM anunciara en público que la sociedad estaba sancionada e inhabilitada. Sobre los motivos para la revocación del contrato, dijo que no tenía comentario.

Como este caso existen dos empresas más: D. C. E. Construcciones e Inversiones; Diseño y Supervisión, Control de Calidad.  Al momento de las contrataciones no contaban con acceso el 5% del coste total de la obra para cubrir los proyectos, según los balances reportados al Registro de Comercio. Las cuatro empresas en conjunto ganaron 22 contratos que suman más de $8 millones.

Nacidas para triunfar

Meses antes de que la DOM fuera creada, o meses inmediatamente después de ser lanzada por Bukele, 15 sociedades, entre estas cuatro sucursales de empresas extranjeras, nacieron en un El Salvador que les aseguró un camino próspero con 46 contratos repartidos entre todas que ascienden a 56.7 millones de dólares. 

De entre este grupo de empresas que nacieron con cliente (el Estado) destaca la sucursal salvadoreña de la mexicana Promoción y Distribución CINCO, la empresa que más dinero ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, según las actas públicas del Instituto Nacional de los Deportes. A esta empresa, que se llevó $60 millones de los Juegos, la DOM también le adjudicó un contrato por más de $5 millones para un polideportivo de basquetbol en San Salvador, que debía haber iniciado en el primer trimestre de 2023, pero que a la fecha no ha arrancado.

Prodisa, con experiencia en construcción de escenarios deportivos, nació en México en la década de los ochenta pero en El Salvador fue inscrita hasta el 4 de julio de 2022, cuando ya había ganado dos contratos por $39.4 millones con el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) para remodelar el Gimnasio Nacional “Adolfo Pineda” y el Estadio “Mágico” González en el marco de los Juegos. Contratos que obtuvo fuera de la ley porque no estaba inscrita en el Registro de Comercio, según consta en las actas del consejo directivo del INDES.

Para ese tiempo, la DOM ya había lanzado una primera licitación para construir desde cero un polideportivo en San Salvador. A las 8 de la noche del 19 de junio, la institución invitó a empresas interesadas a participar en la licitación para la construcción de un polideportivo de basquetbol en terrenos cercanos al Gimnasio Nacional, escenario que Prodisa ya tenía adjudicado.

Esta obra nunca fue publicada por el INDES y no formaba parte de los proyectos de remodelación y construcción para los Juegos que anunció el titular del instituto, Yamil Bukele, hermano del presidente Nayib, en octubre de 2021.

El nuevo polideportivo estaría a unos metros del gimnasio y contaría con una cancha reglamentaria de básquetbol, graderíos para más de mil personas, vestidores y equipamiento completo de cancha, según lo anunció la DOM en su cuenta de twitter el 23 de junio.

Para finales de diciembre, luego de un accidentado proceso de licitaciones,  en una tercera convocatoria la DOM dio el contrato a Prodisa para la construcción del polideportivo por $5,148,413.25. La institución, fiel a su opacidad, no anunció la decisión ni ha vuelto a publicar al respecto. 

En silencio, el 26 de julio pasado, la DOM colocó a Prodisa en el listado de proveedores sancionados e incapacitados para ofertar por cinco años, es decir, hasta el 2028. Hasta el momento se desconocen las razones de la sanción, y el porqué, a la fecha, el escenario no ha sido construido.

Luis Bernardo Tévez Rivas, quien se presenta como exapoderado legal de Prodisa, pero que aún brinda ‘apoyo legal a las operaciones de la empresa en el país’, confirmó a FOCOS que la DOM emitió una resolución que revocó el contrato. Sobre este medida, el abogado sostiene que los representantes de la empresa y sus administradores “están verificando las diferentes disposiciones y las razones de la resolución”.

Sin embargo, agrega que fue la misma empresa la que solicitó la suspensión del mismo “en virtud de los diferentes compromisos con el Gobierno y la realización de los juegos centroamericanos y del caribe, motivo por el cual no pudieron iniciar la obra ni ningún proceso constructivo sobre esa adjudicación”.

La DOM también invitó a la mesa del pastel a empresas que resucitaron cuando la institución hacía las invitaciones. La entidad cian ha entregado $7.8 millones de dólares en contratos a empresas que no tenían balances en el CNR o que los actualizaron para poder competir con esta institución. En total fueron 22 proveedores las que hicieron un trámite exprés de actualización de datos, que les valió para recibir adjudicaciones. 

“Creo que el Gobierno está bien estricto”

El 17 de noviembre de 2021, 40 días antes que la amiga de los Zelaya ganara una decena de contratos, el presidente Nayib Bukele publicó en twitter una propaganda. “Este es el principio de algo grande… @ObraMunicipal #DOM”, tuiteó. El mensaje acompañaba a un video sobre un “proyecto sin precedentes para nuestros municipios. Es la dirección correcta para poner en marcha nuestros sueños, para que pronto veamos cómo se hacen las obras que no se hicieron en décadas, muchas de las que nos prometieron, pero luego nos robaron… ”, dice el narrador. 

Más de dos años después, la fiesta de la DOM continúa, un reguero de proyectos millonarios continúan estancados o han sido paralizados por falta de desembolsos. 

En el garage de la oficina de Dios Provee nunca llegó la hija de Marta Alicia Argueta. Ella, cansada de esperar, manda llamar a una empleada de uno de sus proyectos.

Jocelyn Quintanilla llega y se presenta como administrativa de las empresas de los Gutiérrez Argueta. Según dijo, las 10 primeras obras que ganaron en diciembre de 2021 por $77, 851, no pudieron concluirlas y están en proceso de sufrir una revocación de esos contratos.

“Tenemos un proceso de caducidad porque como fueron los primeros proyectos que lanzó la DOM, nosotros no teníamos conocimiento del alcance que tenían esos lotes de topografía, entonces ofertamos bien bajo, y ya no nos dieron los costos para concluirlos, más que todo, en el tiempo que nos lo pedían”, explicó Quintanilla.

“Éramos nuevos en esa área (topografía) con la DOM, teníamos experiencia en esa área con otras instituciones que no eran tan exigentes”, añadió la administrativa, secundada por su jefa.

Entonces Marta Alicia Argueta reflexiona sobre los ‘conectes’ entre una empresa y una institución pública. “Yo nunca he tenido un conecte con nadie, ni ninguna institución ni nada, pero según lo que se escucha, cuando uno tiene un conecte no tiene muchos problemas, ja ja ja”.

Al repreguntarle si alguna vez llegó a conversar con su amiga la alcaldesa, o con alguien del partido oficialista, sobre sus aventuras con la DOM, Marta Alicia lo niega. Pero luego dice que la alcaldesa “hasta se sorprendió” cuando supo de los contratos que ganó con la institución.

“Yo siento que con eso el Gobierno está bien estricto, nadie tiene que echarle la mano a nadie”, ríe.

*Nota de la Redacción: Este medio buscó reacciones de las y los propietarios de las 127 sociedades o personas naturales que ganaron contratos con la DOM, entre el 21 y 31 de agosto pasado. De todas, solo cuatro dieron reacciones: Construtodo, Marpa, Prodisa e Inprovi. Una dio declaraciones off the record: CIPF. 35 dijeron que corresponderían la llamada, pero no lo hicieron. Siete fueron contactadas por correo electrónico o por mensajería instantánea, pero tampoco se recibieron respuestas. 46 no contestaron llamadas en los números dispuestos al público. A 34 empresas fue imposible contactarlas. Entre estas, 14 no reportan anomalías en sus procesos de contratación. Se pidió también reacciones a las autoridades de la Dirección de Obras Municipales, al exministro Alejandro Zelaya, a Casa Presidencial y al partido Nuevas Ideas. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).