El cierre masivo de oenegés perpetrado por el régimen Ortega-Murillo ha cortado de un solo tajo a otras 1500 ONG, para un total de 5163 entidades disueltas desde 2018. El golpe es total para las zonas vulnerables donde el Estado no brinda asistencia y miles de niños y jóvenes nicaragüenses sufren ya las consecuencias. Un análisis realizado por Redacción Regional y DIVERGENTES arroja que cerca del 16% de las entidades canceladas corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, lo que agrava aún más la calidad de una educación precaria y partidarizada, en un país con una de las desigualdades más marcadas de Centroamérica

Era temprano, quizá las 6:40 de la mañana del 12 de junio. Álvaro no recuerda muy bien la hora, pero sí la angustia que sintió cuando se enteró que su centro de estudios había sido clausurado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El WhatsApp estaba lleno de mensajes de sus compañeros del técnico de refrigeración. En los grupos compartían la misma noticia: que la Fundación Hedwig y Robert Samuel, dos ONG ya no podrían seguir funcionando por “presentar inconsistencias en los estados de cuenta sin aclaraciones”. 

El Ministerio del Interior (MINT) ordenaba no sólo la disolución de la ONG, sino la confiscación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El joven leía con desconsuelo. “¿Y mi beca? ¿Y mi futuro, mi vida?”, comenzó a preguntarse. 

Preguntas bien complejas para un joven de 18 años, originario de un barrio pobre de Managua, pero que por razones de seguridad pide no mencionar, al igual que su nombre real. Álvaro está indignado por varias razones. La primera porque siente que le arrebataron la posibilidad de quejarse, de expresarse. Y la segunda porque esta ONG era la esperanza más palpable para evitar un “futuro desgraciado”. Su familia es humilde: su papá es mecánico y su mamá tiene trabajos esporádicos limpiando viviendas ajenas. Con poco lo mantienen a él y sus dos hermanos. De modo que el técnico que le ofrecía la organización era la vía más rápida para aportar económicamente a su hogar.

“Yo cursaba los primeros meses del técnico. El curso regular duraba un año y seis meses… y era salvaje (maravilloso) porque no solo era salir del curso como técnico calificado, sino que pasaba casi todo el día en la Fundación: me daban la comida, los uniformes y hasta el pasaje para ir a las clases y volver a la casa”, narra Álvaro. 

Confiaba en que se graduaría en menos de siete meses y se sentía aliviado porque, aparte de todo el acompañamiento de la beca, la Fundación Hedwig y Robert contaba con una bolsa de trabajo para ubicarlos en empresas nicaragüenses. “En el 90% de los casos graduados, vos te quedabas laborando”, dice el joven, basado en la experiencia de sus amigos. 

Pero la decisión del régimen, ejecutada por el MINT, no sólo ha estrellado los sueños de Álvaro y sus compañeros de la Fundación Hedwig y Robert, sino el de miles de nicaragüenses que recibían ayuda de las más de 3500 oenegés clausuradas por el gobierno sandinista hasta abril de 2024, como parte de su política de erradicar las voces críticas e imponer un control total en la sociedad iniciado en 2018, tras las protestas sociales. 

La Fundación Hedwig y Robert ―creada en Alemania en 1932― funcionaba en Managua desde principios de los años noventa, después de la derrota de la revolución sandinista en las urnas ante la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Funcionaba en la Colonia Unidad de Propósito en Managua. En la fundación laboraban 18 personas y en el año 2022 se graduaron de sus programas técnicos 94 de 102 jóvenes matriculados. En los siguientes seis meses, la dirección de la oenegé colocó en puestos de trabajo a 88 jóvenes, un 94% de la promoción. 

Al margen de las confiscaciones de inmuebles de organizaciones no gubernamentales, el cierre de oenegés fue un duro golpe económico para los nicaragüenses. De acuerdo a un análisis de libros contables de 600 oenegés confiscadas realizado por el investigador del Diálogo Interamericano Manuel Orozco, el país dejó de percibir en materia de donaciones 580 526 614 dólares.

Al analizar el impacto del cierre de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSLF) entre 2018 y 2022, Orozco encontró que solo la cancelación de las primeras 53 significó unos 200 millones de dólares en pérdidas, sin incluir a las oenegés internacionales. Luego, el investigador seleccionó los perfiles de 600 OSLF similares a las primeras canceladas y calculó la cifra de 580 526 614 dólares en pérdidas. 

“La terminación de mil organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 500 estaban activas regularmente es otro acto contra la libertad de asociación por parte del régimen”, plantea Orozco en un informe presentado en el Diálogo Interamericano. 

“Muchos grupos vulnerables han quedado aún más desprotegidos y se da una fuga de recursos humanos calificados de las OSFL. Estas organizaciones estaban trabajando con compromiso en proyectos de desarrollo social muy necesarios, la mitad de los cuales estaban relacionados con educación”, añade. 

Orozco insiste que las pérdidas materiales ―en un país donde la mayoría de niños tienen pocas oportunidades y el nivel educativo promedio está por debajo del cuarto grado― ascienden a por lo menos 200 millones de dólares al año, excluyendo la expulsión de 56 organizaciones internacionales sin fines de lucro,  que afectan a casi un millón de beneficiarios. 

Uno de esos beneficiarios es Álvaro. Quedó en el limbo y ahora ayuda a su papá en el taller mecánico, sin paga, y eso lo hace sentir desesperado. Siente que todavía no aporta económicamente lo que su familia necesita. Si bien el Gobierno ha fundado algunas escuelas técnicas en los inmuebles de las oenegés confiscadas, él dice que no se siente a gusto con la educación que brinda el Gobierno. Cuando le pregunto por qué, no sabe responder. Sólo dice que “no le gusta”. A secas. Más bien ha pensado en el Parole humanitario para migrar a Estados Unidos, pero no ha encontrado un patrocinador que lo pida (el programa fue pausado a inicios de agosto de 2024 por la administración Biden) . El futuro sin desgracia que tanto deseó sigue en el limbo. 

Oenegés educativas: las más golpeadas 

Un análisis realizado por Redacción Regional arroja que de las más de 3 500 organizaciones no gubernamentales cerradas hasta finales de julio de 2024, 23% corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, 13% salud, 13.5% gobernabilidad, 11.18% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros. Al investigador Orozco le alarma que las organizaciones con fines educativos sean las más perjudicadas. 

Pero la cacería del régimen no tiene distingos y el impacto no deja de maximizarse. Este lunes 19 de agosto, la pareja presidencial dio uno de los golpes más contundentes a las oenegés: cancelaron 1500 entidades de un solo tajo. En total, suman 5163 las organizaciones disueltas desde 2018. El oficialismo las acusa de “no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años”, un argumento recurrente en esta política estatal de suprimir toda organización que esté fuera del control del régimen. 

De las nuevas 1500 oenegés decapitadas, la mayoría son evangélicas y católicas, algo que no es casual. El Gobierno mantiene una persecución religiosa en el país, en especial contra el catolicismo. Si bien los líderes de las iglesias evangélicas han sido cercanos al Gobierno, en los últimos meses han sido avasallados por un modelo totalitario, a través de la disolución de sus oenegés. De entre las nuevas organizaciones cerradas hay algunas que trabajan temas sociales, empresariales, médicos, indígenas, deportivos, de atención a excombatientes, asociaciones de abogados y otras más de carácter educativo.

“El impacto es real, pero es difícil de medirlo porque las oenegés en educación hacían un rol complementario, no suplementario en Nicaragua: como alimentar a los alumnos, apoyar y capacitar a los maestros. Estas organizaciones tenían muchas certezas de las debilidades académicas de los chicos, pero aún así no se conoce bien el retraso educativo en el país”, dice Orozco. 

A falta de información oficial fiable, el último dato sobre la inversión en educación que se conoce de Nicaragua es de 2021. Ese año el régimen Ortega-Murillo disminuyó la inversión en ese rubro en 0.65% respecto a 2020. En 2021 se destinaron para educación 20 mil millones de córdobas, es decir 571.9 millones de dólares. Es decir que se invierten menos de 70 dólares per cápita. 

El recorte tuvo que ver con la baja en las recaudaciones provocadas por la primera oleada de la pandemia de Coronavirus. Lo irónico es que desde las protestas de 2018, y aún con la pandemia encima, mientras se recortaron gastos sociales, el régimen aumentó el presupuesto a la Policía Nacional, una institución señalada por organismos de derechos humanos de reprimir a los jóvenes y cometer graves violaciones a los derechos humanos. 

La escasa prioridad, sin embargo, es histórica.  A pesar de que el régimen sandinista presume como “prioridad la educación”,  en la última década, desde que Ortega está en el poder, la inversión en educación nunca ha sobrepasado el umbral del 4% del PIB. Esta baja inversión mantiene al sistema educativo bajo recurrentes carencias, en específico en infraestructura en mal estado y una crisis de calidad educativa. 

Es por eso, plantea una experta en educación bajo condición de anonimato, que debe alarmar este cierre de oenegés vinculadas a la educación. “Si Nicaragua fuera un país en donde el Estado asume todos los costos vinculados a una educación de calidad, el cierre de oenegés sería relativamente irrelevante. Pero en un país donde la educación no solo no cumple con los estándares mínimos de calidad requeridos para sobrevivir en el mundo actual, es decir lo que tiene que ver con los aprendizajes fundamentales, tampoco hay los que se necesitan en el marco del inicio de la cuarta Revolución Industrial”, asegura. “Estamos en un proceso donde cada vez más se está automatizando el trabajo, en donde las habilidades requeridas por las personas en formación son diametralmente opuestas a las que plantea el currículum”.

La experta en educación, que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas, sostiene que los maestros no sólo no cuentan con material didáctico adecuado para impartir clases, sino que en la mayoría de los casos son producto de un mismo sistema educativo con falencias. 

“A eso habría que agregarle lo que las familias invierten para que sus hijos vayan a clases. Las familias invierten más que el Estado en ese sentido. Hay muchos lugares, como el Caribe, donde el Ministerio de Educación no tiene cobertura. Entonces, en ese marco de carencias, las oenegés suplían la labor del Estado. Pero ahora, al no existir esas organizaciones, entonces la población queda en un total abandono”. 

En el caso de la Fundación Fabretto en San José de Cusmapa, la población intentó impedir la confiscación de la escuela. Sin embargo, la policía arremetió contra ellos. “Es una puñalada al corazón, tocaron lo más sagrado de este pueblo”, dijo una de las madres de familia. 

La organización fue cancelada supuestamente por incumplir con la entrega de informes financieros al departamento de Registro y Control del Ministerio de Gobernación. Al momento del cierre, Fabretto tenía bajo su administración ocho centros educativos ubicados en Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Atendían a más de 40 000 niños, niñas y adolescentes, ofreciendo alternativas para mejorar el futuro de los beneficiados y romper el círculo de la pobreza en el que vivían.

Tasa de escolaridad y los más pobres 

El régimen Ortega-Murillo no solo ha trastocado la educación inicial, sino que ha confiscado más de 20 universidades privadas en Nicaragua. El caso más llamativo es el de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por los jesuitas. Los universitarios se ven obligados a estudiar en las universidades del régimen donde, denuncian ellos mismos, se ha implantado una educación superior con tintes políticos partidarios. 

Centenares de estudiantes de la UCA han decidido estudiar de manera presencial o virtual en otras universidades jesuitas de Centroamérica, mientras que otros ven en la migración su última opción de futuro. Un país en fuga: más de un millón de nicaragüenses se han ido desde 2018. Se sienten estancados en Nicaragua. 

La experta en educación consultada por Redacción Regional asegura que si se habla de estancamiento, debe hacerse desde antes de 2018 en el caso de la educación primaria. La tasa de escolaridad en Nicaragua se estancó desde 2006, sobre todo a nivel de educación primaria, cuando era del 90%. Sin embargo, en un informe presentado por el gobierno en 2013, cuando aún publicaban información, seguía en el mismo rango.  

“El Gobierno planteaba una tasa ajustada de escolaridad, porque ni siquiera era una tasa neta porque habían cambiado el indicador. Lo que nosotros estábamos viendo era un estancamiento. De modo que la parte fácil del acceso se había cumplido en el país. Quedaba la parte dura. ¿Cuál es la parte dura? La de los más pobres”, cuestiona la experta en educación. 

“Ese 10% implica un desafío para un sistema educativo que fue concebido en el siglo 17, no solo en Nicaragua, en el mundo. Pero ahora, con esta crisis y que no hay información, ¿esa tasa neta de escolaridad en cuánto estará? No sabemos, es decir, no sabemos cuál es el tamaño del problema que tenemos. Estamos ante un retroceso en el acceso y muy probablemente un retroceso en el aprendizaje. Muchos maestros me dicen que los niños y niñas están llegando a cuarto y quinto grado sin saber leer”. 

En ese contexto de educación primaria y secundaria, en noviembre de 2023, el Ministerio de Educación orientó la estrategia de “cero rojos”, es decir aprobar a todos los alumnos. “Dicen que si usamos el rojo, le estamos causando un trauma a los alumnos”, explicó en ese momento un docente que impartía clases en una escuela pública en la ciudad de Masaya. 

El rojo para marcar las notas académicas deficientes o mediocres fue prohibido en unas reuniones que sostuvieron delegados del Ministerio de Educación y técnicos de esta institución de Gobierno con los maestros, previo al inicio del año escolar 2023. “En aquel momento no le tomamos mucha importancia, pero a mitad del año la cosa fue una exigencia total”, afirmó el educador.

Lejos de prohibir el rojo porque “afecta a los estudiantes”, la orden de usar lapicero azul, explicó la alta fuente del Ministerio de Educación, busca únicamente que el plan de evaluación se cumpla a cabalidad y que las estadísticas de reprobados, que es del 7% a nivel nacional, disminuya a finales del año a 1%. “He recibido la queja de maestros que no están de acuerdo con esta política del Gobierno, pero no podemos cambiar las disposiciones que vienen desde arriba. El objetivo que tienen ellos está distante de una educación de calidad”, afirmó la fuente del Ministerio de Educación. 

En abril de este año, DIVERGENTES, que es parte de Redacción Regional, publicó una investigación que reveló por primera vez el nuevo sistema de evaluación para el aprendizaje, ordenado por el régimen sandinista a través del Ministerio de Educación, con el objetivo de que ningún estudiante repruebe, aunque “falle la mitad del año” o entregue sistemáticos o asignaciones deficientes.

En el nuevo plan, el Ministerio de Educación (Mined) optó por cambiar el sistema de puntuación. Ahora en lugar de que los maestros califiquen un examen y pongan una nota basada en los conocimientos del alumno, las autoridades educativas establecieron categorías evaluativas con un mínimo y máximo de puntos. Según el manual las categorías evaluativas son: Aprendizaje Avanzado (AA), que va de 90 a 100 puntos; Aprendizaje Satisfactorio (AS) que se puntúa de 76 a 89; Aprendizaje Fundamental (AF) que tiene como nota máxima 75 y como mínima 60 puntos, y Aprendizaje Inicial (AI) cuya nota mayor es 59 y la menor es de 45 puntos.

“Aquí está el truco. Si tomamos como referencia el puntaje mínimo impuesto por el Mined y en lugar de las categorías ponemos números, vamos a tener un 45, un 90 y un 76. Entonces la nota final sería de 76. Esa nota podría variar si fuera el profesor quien pone la calificación basado en el conocimiento del alumno, pero eso ya no lo deciden ellos”, manifestó la misma fuente, quien explicó que al quitarle al profesor el poder de calificar de acuerdo al conocimiento previo de cada estudiante, lo que se obtienen son notas ficticias.

Se incrementa la desigualdad 

La experta en educación sostiene que estas falencias en la educación, sumada al cierre de las oenegés, lo que generan es más desigualdad en Nicaragua. Una hipótesis de la ilustración, dice, es que la educación es la mejor herramienta para promover la movilidad social. 

“Pero cuando esa educación no es de calidad, está reproduciendo la pobreza. Cuando quien te da clase y quien te enseña a leer es una persona que salió del mismo sistema educativo deficitario, lo que está reproduciendo son sus propios déficits. Eso ya lo sabíamos desde hace muchísimos años. ¿Qué podemos esperar, aunque no tengamos datos, de la situación de los más pobres? Es muchísimo más precaria”, plantea la experta en educación. 

“Que hay muchísimos más pobres que se retiran de la escuela por una razón de costo de oportunidad, porque si yo mando a mi hijo a la escuela, estoy haciendo una inversión grande; y si la escuela no me devuelve esa inversión, entonces prefiero no enviarlo. No sé cuánto es ese porcentaje de niños y niñas que se han retirado de la escuela, pero podemos hacer la hipótesis de que en medio del conflicto político y de crímenes de lesa humanidad que ha generado la dictadura, sumado al Covid 19 y la salida de todas estas ONG, entonces ha habido un incremento de la deserción”. 

Haydée Castillo era directora de la oenegé Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una oenegé que se dedicaba al trabajo local en varias vías: apoyo a la educación primaria y secundaria; educación técnica y empoderamiento de las mujeres. 

Castillo coincide con la experta en educación: la decapitación de las oenegés impacta las zonas más vulnerables de Nicaragua. Su organización trabajaba en el norte del país, en parajes rurales. Construían escuelas, dotaban de materiales didácticos a los colegios, repartían meriendas, y capacitaban a los docentes rurales, proporcionándoles becas para enviarlos a estudiar a universidades privadas. 

“Igualmente a los estudiantes destacados les dábamos becas para que estudiaran carreras técnicas o universitarias. Pero esto es de vieja data: ya en 2008, después que la dictadura regresó al poder, a nosotros nos impedían ingresar a los colegios que construimos. Le teníamos que entregar los útiles escolares a los niños debajo de los árboles, a la orilla de la carretera. La sede del Instituto de Liderazgo de Las Segovias fue construida con la idea de fundar la universidad de las Segovias, con carreras acordes para la zona, pero no nos permitieron”, narra Castillo, quien siempre ha sido una voz crítica contra el régimen Ortega-Murillo, pero que desde 2018 realiza su labor de activismo desde el destierro. 

El Instituto de Liderazgo de Las Segovias también promovió con cooperación de Galicia que en la currícula educativa se incluyera la historia del pueblo indígena de Mozonte, uno de los municipios más pobres de Nicaragua, compuesto por más de 6 000 personas donde la mayoría son descendientes de los chorotega. En diciembre de 2018, el Parlamento Sandinista canceló la personería del Instituto de Liderazgo de Las Segovias. 

“Entonces toda esta población quedó desprotegida, sin estos programas educativos que ni los gobiernos locales ni el nacional proveían. Nosotros coordinamos nuestros proyectos con los gobiernos locales, sin importar si eran de derecha o de izquierda, y traíamos hasta brigadas médicas con especialidades que no existían en el hospital de Ocotal y llegamos a atender casi a 10 000 personas con problemas renales y ortopédicos”, narra Castillo. “Esos eran servicios que también prestábamos a la comunidad. Lo que promovíamos era una filosofía de desarrollo, de empoderamiento comunitario. Si había que construir letrinas, nosotros poníamos una parte y la comunidad otra. O sea que la política de cerrar oenegés del gobierno ha traído un daño muy profundo a las comunidades”. 

“El fin de la Sociedad Civil en Nicaragua”

Dos días antes que Ortega y Murillo ordenaron la disolución de un tajo de 1 500 oenegés, la titular del Ministerio del Interior (MINT), María Amelia Coronel Kinloch, firmó un acuerdo ministerial el 16 de agosto, el mismo día que la pareja presidencial anunció “un nuevo modelo de operatividad de las ONG” que obliga a estas organizaciones a trabajar únicamente en “alianzas de asociación con entidades estatales”.

“El nuevo modelo de operatividad obliga a las oenegés a presentar a entidades estatales propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares”, establece un comunicado difundido por el régimen el viernes pasado. “El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas, y ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales”. 

El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL establece que “el destino de los bienes muebles e inmuebles” de las oenegés “serán traspasados al Estado de Nicaragua”. Una labor que le corresponde a la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una confiscación de facto prohibida por la Constitución Política. Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) sobre las confiscaciones en Nicaragua ofreció en mayo pasado una aproximación muy inicial a las afectaciones de las oenegés: calcularon que el valor de 41 propiedades confiscadas a oenegés era aproximadamente de casi 8,5 millones de dólares. Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que establece que las oenegés establecerán el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. 

Según analistas políticos consultados por Redacción Regional y DIVERGENTES, este “nuevo modelo” les arrebata la autonomía de sus proyectos a las oenegés, a la vez que impone un control total de los recursos que reciben. “Es el fin de la sociedad civil en Nicaragua”, dijo Félix Maradiaga, excarcelado político desterrado por la pareja presidencial.

“Es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3 600 oenegés en el país”, plantea Maradiaga.

El ex precandidato presidencial sostiene que “en la mente paranoica de Ortega y Murillo”, cualquier organización que mantenga un mínimo de independencia es vista como una amenaza. Asegura que la intención del régimen es clara: “Sólo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias, ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta nueva forma es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido más sagrado: el de una ciudadanía libre, participativa y crítica”, añade.

El opositor desnacionalizado lamenta que muchas agencias de cooperación internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, podrían verse obligadas a aceptar las reglas del régimen de Ortega-Murillo para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua.

“Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estarían validando un esquema que no sólo silencia a la sociedad civil, sino que también refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país”, asegura. “No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible sólo se alcanzarán en un entorno donde las voces críticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represión”.