El 20 de noviembre fue el Día Internacional de la Remembranza Trans, y el 25 se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Mientras tanto, en Guatemala, la falta del reconocimiento de la identidad de género, y los prejuicios, impiden que los crímenes contra las mujeres trans sean identificados como tal, y que se resuelvan para comprobar que esos prejuicios las mataron. Por eso no hay cifras oficiales de los transfemicidios. Para el Estado, las mujeres trans y los crímenes contra ellas no existen ni en papel.

Era finales de la década de los 90, cuando las pistas de las discotecas Eclipse y Metrópoli en la capital de Guatemala se encendían con los pasos de baile de Evelyn Zulma Alegría Robles, vestida con los brillos y lentejuelas de moda, y de Adriana Rubí Muñoz. Ambas eran trabajadoras sexuales, y días atrás se habían conocido en el sector 4 de Pavoncito, donde se encarcelaban a los hombres con discapacidades, tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual. “A las mujeres trans nos llevaban a ese sector porque pensaban que así no tendríamos relaciones sexuales con ellos”, recuerda Rubí molesta con ese trato prejuicioso. Treinta años después, poco ha cambiado. 

Para 2015 en Guatemala se estimaba que había al menos 4,840 mujeres trans, según un informe de The Task Force for Global Health. Un número no determinado ejerce el trabajo sexual por falta de acceso a la educación y otras fuentes de empleo, de las que las mujeres trans son excluidas por prejuicio. Debido a que el Estado no reconoce su identidad de género, su acceso a servicios de salud también es limitado, según Yorkia Robell, doctora en la clínica de la organización OTRANS Reinas de la Noche en 2016.

Solo una minoría tiene la preparación y los ingresos económicos para situarse en un entorno alejado de la violencia. La mayoría sólo puede cambiar su forma de vestir, porque no pueden pagarle a un notario por el trámite de cambio de nombre. El proceso dura al menos tres meses y cuesta cerca de Q5,000 (unos US$667), casi dos salarios mínimos. El Estado tampoco les reconoce la autoidentificación de género y el Congreso se rehúsa a aprobar una ley que lo permita.

En esas condiciones, muchas toman el camino del activismo para defender sus derechos como Evelyn, quien perteneció dos años a la directiva de OTRANS, Reinas de la Noche. Es una de las organizaciones que comenzó a defender los derechos de las trabajadoras sexuales en Centroamérica, donde muchas son víctimas de transfemicidio, o de discriminación por prejuicio y transfobia.

“Nosotras pagábamos por nuestra libertad”, dice Rubí, de aquella época en los 90 con Evelyn. Para ella, sólo hablar del tema, todavía es un riesgo. Recuerda que una o dos veces por semana, la policía detenía a unas 40 mujeres trans por “faltas a la moral” y “riñas en la vía pública”. Eso implicaba que pagaran multas de Q200 a Q800 (US$27 a US$107) para no ir a prisión. 

Las trabajadoras sexuales son blanco constante de asedio y acoso de sus clientes, las autoridades, agentes de seguridad, extorsionistas y otros actores del crimen organizado, en parte, porque el trabajo sexual no es reconocido como una actividad laboral con derechos. Sin embargo, es una de las pocas actividades, como la estética, que les permiten generar ingresos a las mujeres trans. Evelyn, por ejemplo, logró titularse en cosmetología, abrió una estética y fue promotora de prevención del VIH en varios municipios del país.

Impunidad en los transfemicidios

Para muchas mujeres trans, su círculo más cercano lo componen sus compañeras de trabajo, y de activismo en las organizaciones. Evelyn tenía una relación cercana con su mamá. Cuando cumplió 70 años en febrero de 2016, le compró un pastel para festejarla. Fue el último cumpleaños que estuvieron juntas.

El 18 de noviembre del mismo año, la policía encontró el cadáver de Evelyn en el cuarto que alquilaba en la zona 19 capitalina. Los forenses determinaron que murió por asfixia por suspensión y encontraron rastros de veneno en su sangre. Tenía moretones en los brazos y en la mandíbula. No tenía dentadura. Le arrancaron mechones del pelo que se teñía de rubio. Dos días después, el 20 de noviembre, se conmemoraba el Día Internacional de la Remembranza Trans, y seis años más tarde, Rubí todavía habla de la impunidad que rodea la muerte de Evelyn.

Los indicios hallados junto al cadáver podrían haber contribuido a ubicar a al menos un sospechoso, según Flor de María Salazar, representante en Guatemala del despacho de abogados de la organización centroamericana Cristosal, que lleva casos de abuso y crímenes contra población LGBTIQ+ (entre otros de derechos humanos). Cristosal tomó el caso de Evelyn en 2020.

“Encontraron dos latas de cerveza y cigarrillos tirados en [el] cuarto que [Evelyn] alquilaba”, señala Salazar. “El teléfono celular no lo analizaron. Sus cuentas bancarias tenían movimientos bastante elevados en los últimos días, como si la hubieran estado extorsionando, y tampoco fueron estudiadas. Ella en su [cuenta de] Facebook tenía muchas conversaciones públicas, le mandaban saludos, preguntaban por servicios sexuales y cosas así. El MP (Ministerio Público) pudo haber solicitado pericias de su cuenta porque pudo haber allí un último mensaje. Tenía un golpe en el cráneo que no tiene relación con la muerte por suspensión (un supuesto suicidio) y tampoco eso fue analizado”.

En 2022, el MP todavía no tiene pistas de sospechosos. El caso de Evelyn está archivado, junto a otros asesinatos de mujeres trans, aunque al ser asesinada tenía once años de contar con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había sido testigo de un crimen perpetrado por autoridades.

La noche del 17 de diciembre de 2005, Evelyn y Rachel Paulina Marrot caminaban sobre la 11 calle y 5a. Avenida de la zona 1, cuando les dispararon dos policías a bordo de una motocicleta. Así lo relató Evelyn, la única que sobrevivió. Pese a la resolución de la CIDH, el gobierno no la protegió. No tuvo vigilancia de 24 horas, ni guardaespaldas. Sí la reubicó en un lugar supuestamente seguro para vivir, pero no podía salir. Eso fue ensombrecedor para alguien habituada a salir de fiesta con sus amigas y a trabajar. Por eso, Evelyn no demoró en retomar su rutina. Ahora lleva seis años asesinada y su asesino está libre.

Siete años sin ver a papá

En su perfil de Facebook, Jénnifer Ávila se definía como una romántica empedernida. Era tal vez una reacción a una vida en el extremo opuesto. Tenía 33 años, y ejercía el trabajo sexual en Mazatenango, Suchitepéquez (costa sur de Guatemala). La conocían con el sobrenombre Burbuja, por la caricatura de Cartoon Network, según una de sus amigas. Mucho antes trabajó como agente de seguridad, cuando en realidad lo suyo eran los vestidos frondosos, maquillarse y los concursos de belleza.

Actualmente, en la casa familiar solo hay una foto de Burbuja, de cuando tenía 17 años, y fue representante familiar en la clausura de segundo primaria de su hermano menor. Para entonces, había abandonado la escuela. Llegó hasta tercero básico. Muchas mujeres trans dejan de estudiar para evadir la discriminación y el acoso, o porque las expulsan del centro educativo. Burbuja además tenía un impedimento del habla. Algunas personas en Mazatenango todavía recuerdan que era difícil entenderle cuando hablaba. Su familia observaba otras cosas.

“A él ya se le notaba”, dice uno de sus hermanos menores, al hablar de la identidad de género de Burbuja en esos años. “Se le notaba de niño que era homosexual; no quería cargar leña ni hacer cosas de hombres”.

Tuvo 15 hermanos. Todos son originarios de San Lorenzo, Suchitepéquez. Ella era la número 11. El mismo hermano menor recuerda que Burbuja tenía 25 años cuando decidió contarle a su padre que quería ser una mujer trans. El padre la rechazó, y su única alternativa fue irse. Las mujeres trans suelen ser expulsadas del núcleo familiar por no identificarse con su género biológico.

Burbuja perdió la comunicación por completo con su familia, aunque, en ocasiones, se encontraban en la calle. “Cuando lo veía, ya se vestía como mujer”, cuenta su hermano. Para entonces, Burbuja ya era trabajadora sexual, y se había vuelto alcohólica, aunque participaba en los movimientos locales por la defensa de los derechos humanos de las mujeres trans.

Su hermano recuerda que, en 2019, Burbuja llegó a disculparse con su padre por haberse ido. Tenían siete años de no verse. El padre le pidió que ya no siguiera trabajando “en esa vida”. Eso la animó a llamar o visitar a la familia ocasionalmente, pero poco después dejó de hacerlo. Unos meses después, en la madrugada del 1 de enero de 2020, Burbuja fue asesinada.

Negligencia en las autoridades

Los bomberos todavía encontraron a Burbuja viva pero inconsciente, sobre la 6a. Calle 1-54  de Mazatenango, frente a una venta de materiales eléctricos. Su agresor la había lapidado; la atacó a pedradas. Los golpes eran visibles pese a que aún vestía un pantalón de lona rasgado, y una blusa beige con círculos cafés.

Salazar, la representante de Cristosal (que ofrece acompañamiento legal en el caso a OTRANS, querellante en el proceso), reveló que en el expediente hay un vídeo grabado por una cámara de seguridad, que registró que el ataque duró cuatro horas. “[En el vídeo se observa que un] hombre la golpeaba, se iba, regresaba, la volvía a golpear”, relata. “Se acostaba encima de ella, le quitaba la ropa, se la ponía, se fue por una cerveza, y regresó”. Información extraoficial indica que su victimario también abusó sexualmente de ella.

Los bomberos la llevaron al Hospital Nacional de Mazatenango, donde murió. La necropsia determinó que la causa de muerte fue un trauma cráneo facial.

Un conocido le avisó a la familia. “Un amigo en moto me llevó al hospital para ver si era mi hermano”, dice el hermano menor. “Nos explicaron que ya había fallecido, [aunque] nos dieron su cuerpo hasta el 2 de enero porque no tenía identificación. Nosotros no teníamos nada de él, [pero] una amiga suya tenía una copia y así logramos sacarlo”. Ese día, sus familiares y un puñado de amistades fueron a su entierro en el cementerio de San Lorenzo. La cruz sobre su tumba tiene el nombre con el cual sus padres registraron su nacimiento: José Luis Ávila Sumpalaj.

Salazar dijo que hubo mucha negligencia del MP. “Cuando tomamos el caso no tenía ninguna diligencia que no fueran las que habían hecho los policías”, señaló. “[Era] lo más básico: escena del crimen, informe de los bomberos, informe del hospital”. Eran los primeros meses de la pandemia del Covid-19, y recuerda que había muchas restricciones de movilidad y horario. El MP trabajaba hasta las tres de la tarde.

Cristosal, que tomó el caso en 2020, tuvo acceso al expediente hasta enero de 2021, en la fiscalía de Mazatenango. “El vídeo no había sido analizado”, dice Salazar de cuanto observaron. “El MP se fió de las declaraciones de testigos referenciales, no presenciales”. Estos señalaron a un hombre que no era el responsable, según Cristosal. Sus tatuajes no coincidían con los del hombre del vídeo. Aun así, permaneció capturado tres meses, y lo excarcelaron por falta de evidencias.

Salazar afirma que los tatuajes del sujeto captado en el vídeo podrían haber ayudado a identificar al victimario, igual que el análisis de las latas de cerveza halladas en la escena del crimen. Sin embargo, el caso está a punto de ser archivado. Gilda López, agente fiscal en la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Mazatenango, asegura que no hay más indicios que investigar. En 2021, el Grupo de Apoyo de Xela (GAX) registró que, de 839 denuncias presentadas entre 2016 y 2020 por población LGBTIQ+, el 69% no fue investigado ni resuelto. En una de cada cuatro denuncias la víctima fue una mujer trans. Del total de casos, 36 casos fueron muertes violentas.

Negación estatal de las mujeres trans

En la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación por la Violencia Contra la Mujer, cada 25 de noviembre, Guatemala sale perdiendo: solo uno de cada cuatro femicidios denunciados llega a sentencia. En lo que va del año, van 313 denunciados. No hay datos oficiales de los transfemicidios porque el sistema de justicia no reconoce su identidad.

En la mayoría de los casos, la orientación sexual o la identidad de género de la víctima es completamente ignorada durante la investigación, a pesar de su posible utilidad en la identificación de posibles motivos o sospechas de que son crímenes por prejuicio, según el informe Nudas Vidas, de la Asociación Lambda. OTRANS, Visibles, y también Lambda señalan que el trato cruel y la saña hacia el cuerpo de la víctima son dos de los criterios para identificar si se trata de un crimen por prejuicio, como en el caso de Evelyn, o el de Luisa Sandoval Lemus, una mujer trans de 28 años asesinada en Puerto Barrios, Izabal. Agentes policiales encontraron el cadáver mutilado de Luisa tres días después que su familia la reportó como desaparecida. El informe forense señala que murió por una herida de navaja o cuchillo en el cuello y, después de muerta, le mutilaron los genitales.

La Policía Nacional Civil (PNC), el MP y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) registran las muertes violentas por sexo biológico. Ese vacío de información oficial lo llenan las organizaciones no gubernamentales con recopilaciones como el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género de Lambda. Esta asociación lleva su propio registro de muertes violentas de personas de la comunidad LGBTIQ+ desde 2016, con el apoyo de monitores de al menos seis organizaciones comunitarias, según Diego Lima de Lambda.

El asesinato de Carla Reyes, el 18 de abril de 2016, también en Puerto Barrios, Izabal, es el primero que registraron y el primero de una mujer transexual que llega a sentencia condenatoria en Guatemala. El proceso duró un año y siete meses. Fue una excepción. Otros casos llevan hasta 15 años en investigación. Las cifras de los femicidios no son mucho mejores: sólo uno de cada cuatro reportados llega a condena. Solo entre enero y julio de 2022, la asociación Lambda registró 18 asesinatos violentos de personas LGBTIQ+. En cinco casos, el 28 %, las víctimas eran mujeres trans, el mismo porcentaje que el año pasado.

Julio Morán Rivera, la pareja de Carla, fue acusado de cometer el crimen y condenado a siete años de cárcel por homicidio preterintencional. Sin embargo, el tribunal nunca reconoció la identidad de Carla. Los médicos forenses dicen que el reconocimiento de la identidad de género es responsabilidad de los fiscales. De hecho, en agosto de 2020, el MP estableció un protocolo de investigación de femicidios y violencia contra la mujer que reconoce a las mujeres trans, pero los fiscales lo desconocen o simplemente no lo aplican. El MP no informó cuántos casos de femicidios de mujeres trans están bajo investigación.

Algunos fiscales dicen que los jueces impiden que los casos contra las mujeres trans se tramiten como femicidios porque la Corte Suprema de Justicia resolvió que los femicidios ocurren en función del sexo asignado al nacer. “Nosotros evaluamos a la persona según el documento con que se identifica, sin otros pormenores”, dijo José Galdámez, jefe de Clínica y Tanatología Forense Regional del INACIF. El jefe de la morgue central, insistió en que sólo evaluaba a hombres y mujeres.

El sistema de justicia guatemalteco hace caso omiso de que, hace más de 20 años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoció la discriminación por orientación sexual e identidad de género, después que diversas organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas denunciaron durante años la violencia y discriminación hacia la población LGBTIQ+. Las resoluciones internacionales en esta materia exponen lo que la justicia local oculta, como las medidas cautelares de la CIDH para Evelyn que el Estado ignoró.

Ciclo de discriminación, activismo e impunidad

La necesidad de hacer ruido para ser escuchadas y visibilizarse a sí mismas ante el no reconocimiento de la sociedad, llevó al activismo a muchas mujeres trans. Como en todos los movimientos sociales por los derechos humanos, esa visibilización las expuso a los riesgos de violencia de grupos que han querido negar y frenar su lucha.

“No recuerdo mucho desde los 7 años para abajo, pero sí recuerdo mi primaria: la cursé como toda una niña (…) pero eso tuvo consecuencias”, relata Andrea Junnisly Mutz González en el documental Reinas de la Noche, de la Universidad Panamericana (Upana), divulgado en 2016. En ese entonces, tenía 22 años de edad, pero todavía recordaba que sus compañeros y maestras de la primaria la excluían de todo, hasta que la expulsaron en sexto grado. “El director del establecimiento me dijo que yo era una persona con una enfermedad mental, que debía pasar tres meses con un psicólogo para regresar y hacer mis exámenes”.

Pese a la discriminación que sufrió, Andrea no se detuvo. Fue enfermera, promotora de salud, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y representante legal y directora de OTRANS, hasta el 11 de junio de 2021, cuando la asesinaron. Tenía 28 años. El crimen fue precedido por una llamada de extorsión un mes antes. El interlocutor le exigía Q25,000 (US$3,333) para no hacerle daño, y le dijo que, como ella era representante legal de OTRANS, “le tocaba responder”. Le enviaron fotos que comprobaban que la vigilaban, así como a miembros de su familia, según un informe de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

El 11 de junio del año pasado, Andrea estaba sobre la 11 avenida y 2a calle de la zona 1 capitalina, cuando un sujeto le disparó. Una versión indica que el victimario se desplazaba en un vehículo. Andrea avanzó un par de pasos, asustada y herida, y cayó de bruces al suelo, arrodillada, con la frente sobre el pavimento. El balazo le causó una herida fatal en el hígado, según un reporte del hecho. Los bomberos divulgaron que se trataba de un hombre herido de bala, y la llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde murió. Al menos 100 fotogramas de las cámaras de seguridad en la escena registraron el crimen.

Poco más de un año después, la PNC capturó a José Roberto Ramírez Sotavando, de 29 años, a petición de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que lo vinculó al caso de Andrea. No obstante, Salazar (Cristosal y OTRANS también siguen este caso) afirma que es un comerciante de la zona 5 capitalina y su perfil no coincide con el de un extorsionista o integrante de un grupo criminal.

La Fiscalía también identificó el caso como un “homicidio”. En Guatemala no existe un delito que describa el contexto de discriminación hacia las mujeres trans, pero las organizaciones de defensa de derechos se han apropiado del término transfemicidio para nombrar los crímenes por prejuicio contra ellas, como el de Andrea.

Para la penalista Ligia Saquiché, aunque no exista el delito de transfemicidio, durante la investigación se debería reconocer la identidad de género para analizar la realidad y el entorno de una mujer trans, y determinar si las matan por delincuencia cotidiana o por prejuicio.

El estigma de ser mujer indígena y trans

Nancy Sacul migró a la capital a los 17 años. Era una mujer trans q’eqchi’ de Chisec, Alta Verapaz. Huía de la discriminación y el rechazo de su familia. Sin otras opciones, se unió al Colectivo de Mujeres Trans del Trébol y se dedicó al trabajo sexual por las noches. También comenzó a vender ropa, verduras y otros artículos en el mercado de día.

“A las mujeres trabajadoras sexuales del Trébol siempre nos han tratado con discriminación y prejuicio, pero con las mujeres trans, es peor”, dice Dasha, una excompañera de Nancy en el colectivo. “Nancy siempre tuvo una actitud de defensa ante los maltratos de guardias de seguridad de los moteles y las cantinas en El Trébol, y las redadas de la Policía para revisarnos y tratar, de alguna forma, de incriminarnos para que no trabajáramos en el sector”. Esto fue lo que Evelyn y Rubí padecieron hace casi 25 años. La historia se repite.

Nancy ya había tenido problemas con varios sujetos en los alrededores de El Trébol por defenderse de las agresiones, según Dasha. “La agredían e intimidaban, incluso uno le botó la dentadura a golpes. Ella no lo denunció pensando que era una pérdida de tiempo”.

“Las saladas del penal”, una crónica de Melisa Rabanales de marzo de 2021, incluye los relatos de dos compañeras de Nancy en el colectivo que guardan en su celular fotografías de una vez cuando la Policía la agredió. La habían capturado por faltas al orden público y el supuesto robo de un celular. Las fotografías muestran “algunos raspones en las piernas y un golpe en la espalda, debajo de donde se abrocha el brassiere,” según la crónica de Rabanales. Estos eran, conforme sus testimonios, los rastros de la golpiza que cuatro agentes de la Comisaría 14 le dieron a Nancy cuando la detuvieron. Ambas también cuentan que un “comandante” (un militar) de tez blanca, con bigote rubio y acento de oriente, le dijo una vez a Nancy que “era una vergüenza para el pueblo de Cobán que fuera hueco”.

Poco más de un año después de publicada la crónica, Nancy fue asesinada. Era el 2 de julio de 2022. Estaba embriagada, y había discutido con el mismo hombre que meses atrás le botó los dientes. Esa noche, aproximadamente a las nueve, todas sus compañeras presenciaron cómo la atacaron a balazos.

“Vimos cuando el hombre le disparó”, recuerda Dasha. “[Nancy] todavía se levantó y andaba caminando porque quería agarrar al hombre [que la golpeó]. Los bomberos llegaron rápido y la atendieron. Ella sola se subió a la ambulancia y se la llevaron al hospital”. Murió poco después. En cuatro años de pertenecer al colectivo, Dasha había visto morir a otras compañeras por negligencia médica, pero nunca había presenciado algo así.

En el caso de Nancy, la Asociación Lambda propuso que se aplique la condición de “menosprecio al ofendido” del Código Penal, ya que el transfemicidio tampoco aparece identificado como un agravante a los delitos contra la vida.

Identidad silenciada aun después de la muerte

El INACIF registró la muerte de Nancy con su nombre biológico: Ismael Absalon Sacul Tut. Ella nunca logró gestionar su cambio de nombre, pero varias apelaciones del colectivo lograron que su acta de defunción la identificara con el nombre que ella eligió, Nancy Sacul.

“Eso trajo problemas con su familia”, revela Dasha, porque Nancy tenía una doble vida. “Su familia en Chisec sabía que ella era travesti, y por ser cristianos, nunca la aceptaron. Cuando Nancy les visitaba, le tocaba vestirse de hombre. Ella pagaba un hotel y ahí se vestía de hombrecito. Se ponía pantalón formal, su playera y se tenía que esconder el cabello”.

Después de su asesinato, el colectivo se encargó de todos los trámites funerarios para velarla, como siempre lo ha hecho. De la familia, sólo su hermana llegó al funeral. Al principio, sus familiares no tenían interés en sepultarla, pero al ver que sería velada y enterrada como mujer, decidieron llevar su cadáver a Chisec, donde la vistieron de hombre y la sepultaron así”.

Según Dasha, después del asesinato de Nancy, la PNC ha patrullado El Trébol para cuidarlas, por instrucciones del MP. Además, capturó al hombre que asesinó a Nancy. Desde entonces, el colectivo sigue el caso con atención, pero sus excompañeras todavía tienen miedo de correr la misma suerte, aunque desde entonces no ha ocurrido otro hecho así en el sector.

Pero el problema no es sólo la violencia, sino los prejuicios que desconocen la identidad de las mujeres trans, y sus derechos, y que conllevan abusos, según Rubí. “Cuando la Policía [nos] pide identificarnos, muchas veces nos dicen, ‘¡Pero si es hombre! Y tiene nombre de mujer’… y eso, es un problema, porque nos tendría que revisar una mujer policía y no un hombre, y abusan”, dice.

El pasado 18 de noviembre se cumplieron seis años del transfemicidio de Evelyn. Son seis años en los que su muerte permanece impune, como en los casos de Jénnifer, Luisa, Nancy y otras víctimas. Este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional por la Eliminación por la Violencia Contra la Mujer, el sistema de justicia guatemalteco todavía no las reconoce como mujeres, ni ha establecido si las mataron por ser mujeres trans.

En 2016, en el documental de la Upana, Evelyn decía: “Nos pusimos ‘Reinas de la Noche’ porque antes sólo de noche podíamos salir (…); en el día vivíamos como refugiadas, en un cuarto”. Después de dos años de pertenecer a la organización, sus palabras sugerían que algunas cosas habían cambiado–hasta que la asesinaron. Hoy Evelyn tendría 48 años.