La saña con que mataron a Luisa es un criterio que la fiscalía podía seguir para investigar un crimen por prejuicio, pero archivó el caso dos años después del asesinato.

Luisa Sandoval tenía una estética en Puerto Barrios, Izabal (293 kilómetros al nororiente de la capital guatemalteca), donde se caracterizaba por su destreza con las uñas acrílicas. Su hermana la vio por última vez el 27 de febrero de 2020 y el 1 de marzo su familia reportó su desaparición. Casi 72 horas después, la policía encontró su cadáver semioculto con hojarascas, en una plantación de palma, en la aldea Entre Ríos, en Puerto Barrios. Dos años y ocho meses después, nadie sabe quién mató a Luisa ni por qué. Luisa ni siquiera alcanzó la media de esperanza de vida de 35 años para las personas trans en Latinoamérica.

El trato cruel hacia el cuerpo de Luisa, las puñaladas en el cuello, brazo y mano y la mutilación de sus genitales, que le hicieron después de muerta, según el informe forense, son un criterio para que el homicidio también se investigue como un posible crimen por prejuicio, de acuerdo con organizaciones locales e internacionales que abogan por la visibilidad y luchan contra la discriminación de la comunidad diversa como OTRANS, Asociación Lambda y Visibles.

La fiscalía de Puerto Barrios archivó la investigación por el homicidio de Luisa dos años después del asesinato, porque no recolectó suficientes indicios para identificar a quién o quiénes la mataron. Gilberto Bernal es uno de los fiscales que liquidan los casos que “no tienen futuro” en el MP, porque no hay sindicado ni indicios directos para identificar a un posible responsable y pedir la captura. Para evitar la mora fiscal, los casos deben tener una conclusión -desestimación o archivo, entre otras salidas- en el mes posterior a la denuncia.

En la puerta de la oficina que Bernal comparte con otras fiscales, hay un cartel conmemorativo por el Día de la Mujer, una identidad que se le ha negado a Luisa. Bernal buscó el expediente bajo el nombre de Luis Fernando Sandoval (su nombre de pila), sexo masculino, 28 años.

“Al parecer pues… él salía con las amigas ¿verdad? y… a veces no llegaba uno o dos días a la casa”, dice Bernal frente a una carpeta de unas cincuenta páginas. “Entonces era bastante común para la familia de que él saliera y no regresara el mismo día, pero ya cuando transcurrió una semana presentan la denuncia en la policía e inician la búsqueda, encontrándolo luego en una plantación de palma”. 

Crímenes de odio: indiferencia e impunidad

Bernal dijo que el caso de Luisa se siguió como el de una persona trans, pero en todo el expediente se le nombra y trata como a un hombre sin respetar su autoidentificación. Sin embargo, el principal criterio para indagar si se trata de crimen por prejuicio es si la víctima forma parte de un grupo o colectivo que afronta discriminación, como la comunidad LGBTIQ+, de acuerdo con el Protocolo de investigación de crimenes motivados por prejuicios y odio contra la población LGBTIQ de la Fundación Justicia y Género.

Entre otras razones, los crímenes por odio o prejuicio comunican mensajes amenazantes al resto del grupo. Un historial de insultos, mensajes amenazantes, la significancia de la fecha y/o la crueldad o saña con que se comete el delito son otros criterios para identificar un crimen por prejuicio.

El informe forense señala que Luisa murió por una herida de arma blanca en el cuello y después de muerta le mutilaron los genitales. Esa saña perturba a los colectivos trans y les hace demandar justicia por un crimen por prejuicio.  El fiscal no quería admitir la crueldad hacia Luisa. “No menciona mutilación”, dijo y comenzó a repasar el informe forense hasta que leyó el término “antropagia (sic) cadavérica en área genital, herida en antebrazo derecho, herida en dorso de mano derecha…” y se quedó en silencio. Las heridas en el brazo y la mano parecían heridas defensivas, de cuando Luisa intentó protegerse. 

Bernal no hace mucho esfuerzo por ocultar el contenido del expediente y, desde el ángulo de la entrevistadora, se alcanza a leer sobre la página abierta, “ausencia de genitales por probable mutilación… en el punto, cuatro, o cinco”. Hay una pausa incómoda.

“Ah, sí, sí tiene razón”, dice Bernal al preguntarle. “Al parecer sí fue posterior a la muerte, porque la herida [que le causó la muerte], según el Inacif, fue la herida en el cuello”.

El fiscal concluye que el victimario empleó mucha saña, porque “no tenía sentido” causarle más heridas después de la herida en el cuello que la mató. El fiscal señala que la demora  en denunciar la desaparición impidió encontrar pistas del agresor en el cadáver, y hacer pesquisas más inmediatas. El único sospechoso que el MP identificó fue Billy Herrera Blanco, supuestamente la última persona con quien ella habló antes de que la mataran.

La fiscalía interrogó a Herrera el 23 de julio, casi cuatro meses después de hallado el cadáver. Allanó su casa para buscar el cuchillo (posible arma homicida), y su teléfono celular, pero no hizo análisis comunicacionales y perfilación del sospechoso -rastreo de sus redes sociales, comentarios, perfil psicológico- como lo mandan protocolos para investigar crímenes por prejuicio.

De las dos hojas manuscritas que plasman la entrevista del MP con Herrera, se rescata que conocía a Luisa, pero no recordaba cuándo fue la última vez que la vio, sólo que “hacía bastante tiempo”. Herrera le dijo al MP que no tenía teléfono.

El mismo día, el MP entrevistó a Luis Fernando Humberto Ramos, un amigo de Luisa, o “Güicha”, como la conocía desde hacía seis años. La vio por última vez el 27 de febrero cerca de las diez y media de la noche cuando iba de pasajera en una moto negra que Herrera manejaba en dirección del centro de Puerto Barrios. Es la pista más concreta, pero el testigo, hermano de Carla Reyes otra víctima de transfemidicio, fue asesinado de ocho balazos frente a su barbería en Entre Ríos también en 2020.

“El caso de Luisa se puede reabrir si alguien llega a testificar”, dice Bernal. Sin embargo, nadie quiere hablar. Varios vecinos no se recuerdan de Ramos o de su hermana, Carla, asesinada en Entre Ríos en 2016. La mayoría responde también con una mueca de desaprobación.