El Ministerio de Salud ya se encuentra en la recta final para la implementación del plan de vacunación contra la COVID-19. Pero todaviá no cuenta con una fecha exacta para la llegada de las vacunas y ni especificaciones claras sobre el tipo de dosis a adquirir. El obstáculo más grande es la propia vacuna.
El sábado 30 de enero, desde la aldea Los Duraznales, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, durante la inauguración de la construcción del Centro de Comercialización para cosecha de papa, el presidente Alejandro Giammattei decidió enviar un improvisado mensaje a la población. Publicó un aviso en sus redes sociales y las del Gobierno de Guatemala convocando a escucharle en los próximos minutos, en vivo, a través de esas mismas plataformas.
A las 12 del mediodía se presentó frente a las personas de esa comunidad con un sombrero beige con un detalle rojo, y sin mascarilla. “Hoy ha sido un día de bendiciones, recibí de parte la Ministra de Salud la comunicación del Sistema COVAX, donde nos dicen que entre mediados y finales de febrero estaremos recibiendo las primeras 400 mil vacunas, 800 mil dosis contra la COVID-19”, expuso el presidente Giammattei, como último punto de su discurso.
“COVAX nos notificó que en lugar de la vacuna Pfizer recibiremos la de AstraZeneca la segunda quincena del mes de febrero 2021, con un mínimo de 847 mil 200 dosis iniciales”, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta opción no necesita de hipercongelación y puede ser almacenada a una temperatura que la cartera puede manejar fácilmente.
COVAX es el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el coronavirus COVID-19.
Según la viceministra técnica del Ministerio de Salud y presidenta del Comité de Vacunación, Lucrecia Ramírez, el Plan Estratégico ya está en la fase final, por lo que luego de la validación, estarían “preparados, ya solo esperando a que las vacunas estén en las aduanas.”
Pero los analistas no están convencidos, con el último material público actualizado hasta el 8 de enero, muestran preocupaciones relevantes a la espera del documento oficial. Esa versión final del Plan de Vacunación se le presentó a la ministra de salud, Amelia Flores, el pasado viernes 29 de enero. Según la viceministra Ramírez, esperaban hacer las correcciones necesarias en la primera semana de febrero para, luego, presentarlo públicamente.
La llegada de la vacuna
Dos meses de trabajo se resumen en un Plan Estratégico para vacunar a toda la población guatemalteca que, según los cálculos del comité de vacunación, se comprende a 11 millones de personas aproximadamente.
Entre este censo inexacto y la falta de certeza alrededor de la fecha de llegada de las primeras vacunas, tanto la viceministra Ramírez como Juan Carlos Zapata, de FUNDESA, coinciden en que el obstáculo más grande ha sido trabajar sobre supuestos y estimaciones.
“Lo que más ha costado para la elaboración del plan es que nunca hemos tenido certeza de las fechas en que va a llegar la vacuna, ni los tipos de vacunas que vamos a recibir… Así que hemos tenido que crear –en cierta manera- tres escenarios diferentes tomando en consideración los términos generales, como la cadena de logística de cada una de las vacunas. Desde la hipercongelación para Pfizer y Moderna, hasta las temperaturas que utilizan el resto de vacunas, que ya se manejan en el país desde los años ochenta”, explica la viceminsitra Lucrecia Ramírez.
“El gran desafío que se está teniendo a nivel global es de oferta de vacunas. No se están produciendo suficientes vacunas y los países están haciendo pagos anticipados para comprarlas desde hace seis meses, y la Ley no nos permitía hacer esto. Además de que Guatemala no es un país grande y no somos prioridad para las farmaceúticas que están negociando con México, con Brasil que tienen grandes poblaciones”, expone Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, y continúa, “el mayor reto es cómo logramos los guatemaltecos compaginar con otros países de Centroamérica para hacer volumen”.
El medio estadounidense Vox denuncia esta realidad y explica que, aunque se han distribuido más 80 millones de vacunas contra la COVID-19, solo 55 dosis han sido entregadas a personas de países de bajos ingresos. Y responsabiliza a los países más ricos de intentar acaparar los nuevos lotes de producción, lo que provocaría retrasos de hasta un año en las entregas para los países –como Guatemala- que ni siquiera cuentan con negociaciones firmes con las empresas productoras de las vacunas.
El tema de las negociaciones despierta una alerta en el Plan de Vacunación. Karin Slowing, ex titular de la Secretaría General de Planificación (Segeplan) dice que “no hubo previsión de cómo serían esas negociaciones bilaterales, de Gobierno de Guatemala con empresa farmacéutica”.
La analista considera que este tipo de negociación no se hace sin planificación previa y menos en un contexto de voracidad global. Y eso podría repercutir en que la disponibilidad de las vacunas dependerá de la venta privada.
Según Slowing, “COVAX para mí es el mecanismo por el cuál deberíamos de comprar todas las vacunas, porque nos va a salir más barato a los guatemaltecos. Y las negociaciones ellos saben hacerlas, y nosotros no”.
La escasez o poca disponibilidad de la vacuna es la misma razón por la que preocupa la corrupción que podría ocurrir alrededor de la distribución. El investigador Óscar Chávez explica que, probablemente, no logren cubrir a todas las personas de 80 años y que esas vacunas “se repartan por favores a otras personas”.
”El control me parece que va a ser muy difícil, y no sabemos cómo lo van a hacer porque el problema van a ser los colados”, lo que coincide Karin Slowing con énfasis en el primer grupo: el personal médico del sector privado.
“El Colegio de Médicos mandó a sus afiliados a llenar una base de datos para que cada uno dijera si es personal de salud o no”, comparte Slowing. Y continúa, “yo no me inscribí pero, de los 20 mil médicos registrados en el país, creo que la mayoría se dede haber inscrito”.
El último borrador público del Plan de Vacunación
En el último borrador público presentado por el Ministerio de Salud, fecha 8 de enero de 2021, se conocieron las primeras cuatro fases propuestas para la vacunación contra el nuevo coronavirus. Según el documento, para mantener la integridad de quienes integran el sistema de Salud se han considerado tres grupos.
Para la fase 1: Los trabajadores de Salud que atienden casos de Covid-19, los trabajadores de Salud que no están en la primera línea, bomberos, trabajadores de funeraria, y los estudiantes de medicina próximos a práctica asistencial.
La fase 2 está compuesta por personas mayores de 60 años o más –empezando por los más ancianos–, población de 18 años o más con problemas de salud como hipertensión, diabetes, enfermedades renales o cardiovasculares, así como obesidad severa, entre otras y mujeres embarazadas –aunque este grupo aún depende de la seguridad de la vacuna–. El objetivo de esta etapa sería de disminuir la mortalidad y carga de la enfermedad severa.
La tercera fase busca disminuir un impacto socio-económico y proteger la continuidad de los servicios básicos. Por lo que se incluye a los trabajadores esenciales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, personal del Ministerio de Salud, maestros, policías y militares.
La cuarta, y última, etapa contempla disminuir la carga de la enfermedad dando cobertura al resto de la población: personas de 18 a 59 años -empezando por los adultos- y luego los niños, dependiendo de los datos disponibles sobre seguridad y eficacia de las vacunas.
El Documento Personal de Identificación (DPI) será requisito para la vacunación porque permitirá el registro certero del número de dosis que ha recibido cada persona. También se entregará un carné de vacunación.
Óscar Chavez, investigador y analista de Laboratorio de Datos, se muestra preocupado alrededor de la información disponible. Según su análisis, los grupos priorizados no se adaptan a la realidad del país: la logística de priorizar, contemplando la letalidad del contagio de coronavirus por edades, complica el plan de distribución que sigue siendo una incógnita.
La Ley de Vacunación aprobada
El decreto 1-2021 conocido como la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus Covid-19, se aprobó con 145 votos en el Congreso y consiste de cinco artículos que establecen los mecanismos de compra, el financiamiento, la rendición de cuentas, la gratuidad y la campaña de divulgación alrededor de las vacunas.
Esta ley garantiza la vacunación de forma gratuita, universal y voluntaria para la población guatemalteca, junto con una campaña de información en diferentes medios de comunicación, con diversidad lingüística y pertenencia cultural.
También decreta qué tipo de vacuna se puede adquirir, y libera las compras de la vacuna y el equipo necesario para su conservación de los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado. Mientras responsabiliza a las autoridades superiores del Ministerio de Salud y del IGSS de velar porque las ejecuciones presupuestarias –incluyendo la modalidad de pago: completo o en cuotas– sean las más convenientes para el Estado.
Además, exige un reporte mensual al Congreso de rendición de cuentas sobre las acciones ejecutadas incluyendo todo lo relacionado con la política de vacunación, el detalle de las compras, los gastos y costos, la distribución, la contratación de personal, los beneficiarios y la adquisición de insumos y cualquier otra actividad relacionada para facilitar y garantizar la auditoría social y la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.
El financiamiento para las vacunas se fijó en Q1 mil 500 millones que se obtendrá de fondos propios del Estado. Con una readecuación presupuestaria, se incrementará el presupuesto del Ministerio de Salud con saldos de caja de bonos que se hicieron para atender la pandemia, bonos del tesoro, recursos no ejecutados, préstamos externos ya aprobados y de ingresos corrientes estatales.
Estos recursos no podrán disminuirse ni transferirse a ninguna otra dependencia pública, y podrán ser auditados en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) bajo el programa presupuestario: “VACUNA COVID-19”.
Las importaciones de vacunas e insumos vinculados a su transporte y conservación quedan exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y las donaciones relacionadas también se exoneran de pagar impuestos por dos años.
El Comité de Vacunación contra la COVID-19
El Comité Nacional de Coordinación para Vacunación contra la COVID-19, se formó el 23 noviembre del año pasado y según la página del Ministerio de Salud tiene como propósito coordinar y ensamblar el Plan Estratégico Nacional de Vacunación contra COVID-19 para la protección de la población en Guatemala.
Es liderado por el Viceministerio Técnico -bajo la presidencia de la viceministra Lucrecia Ramírez- y cuenta con la participación de representantes del Programa Nacional de Inmunizaciones y la Unidad de Atención de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad (UASPIIG) del Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CONAPI), la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), el IGSS, el Hospital General San Juan de Dios, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así como de instituciones de sociedad civil como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres.
Los integrantes del comité han variado en los últimos dos meses, y se espera que esto sea así a medida que se avance en el proceso de vacunación y la evolución de la pandemia. Por ejemplo: el año pasado no se incluyó a la Universidades, pero próximamente sí. Inició por invitación, pero toda institución u organización de sociedad civil interesada puede participar. Antes estuvo presente la COPRECOVID, mientras era liderada por el Dr. Edwin Asturias, pero ahora ya no.
El comité se reúne un promedio de tres horas semanales todos los miércoles, pero, según Lucrecia Ramírez, han llegado a tener jornadas de hasta dos días para la preparación del Plan Estratégico de Vacunación.
Para el diseño de este proyecto, el comité utilizó la herramienta de autoevaluación para la introducción de la vacuna contra la COVID-19, llamada VIRAT. Esta fue elaborada por la OMS en colaboración con la OPS y es un instrumento que permite a las autoridades nacionales establecer una hoja de ruta y vigilar los progresos en la preparación de las actividades relacionadas con la introducción de las vacunas.
Para cumplir con los puntos que evalúa VIRAT, la viceministra Ramírez explica que se instauraron mesas de trabajo con los representantes de las entidades públicas y privadas que conforman el comité. Los temas abordados por cada grupo son: la comunicación y movilización social, la planificación presupuestaria, la estrategia de vacunación y selección de vacuna, la regulación, importación y distribución de vacuna, la logística de vacunación, la planificación de la campaña de vacunación, la vigilancia de seguridad de la vacuna y el monitoreo y evaluación de la vacuna.
“El enfoque de FUNDESA ha sido cómo poder lograr la mayor cantidad de vacunas posibles. Y hemos estado involucrados en los congeladores, hablando con empresas que distribuyen congeladores. Hemos encontrado algunas que ya tienen disponibilidad para recibir 80 mil dosis. Y otras que aseguran que para marzo ya podrían recibir 170 mil dosis, pero si no sabemos cuántas van a ser ni en qué fecha no podemos avanzar mucho”, explica Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA.
De acuerdo con Lucrecia Ramírez, desde el comité de vacunación se ha hecho una estimación y consideran que, –con la cantidad adecuada y las vacunas a tiempo- podrían vacunas al 100 por ciento de la población en seis meses.
“Este plan es una cuestión nunca antes vista, en donde hemos sumado los esfuerzos y las capacidades que tiene cada una de las instituciones –en el Comité de Vacunación– y cuando lo pongamos en marcha se va a ver realmente el compromiso de los que manifestaron que querían integrar el comité”, dice la viceministra técnica Lucrecia Ramírez, sobre los próximos retos.
Sin embargo, con base en los requerimientos de VIRAT, Óscar Chávez insiste en que se espera que en el Plan de Vacunación final se establezca qué queremos hacer como país, y también cómo vamos a hacerlo. “Queremos vacunar al 95% de todas las personas en los establecimientos de salud y a mayores de 80 años, y cómo vamos a identificar a esta población, cómo vamos a llegar hasta ellas. Esa es una debilidad, que esperamos sea solucionada en el Plan final”, insiste el analista de Laboratorio de Datos.
