Transporte insuficiente, altas tarifas en el pasaje y descontrol en la regulación de los taxis piratas, es parte de las consecuencias que dejó el cese de la circulación de autobuses urbanos. Los usuarios son los más afectados y la municipalidad es deficiente para solucionar los problemas.

Luisa Samol llevaba cuatro meses gastando Q1,000 mensuales en pasajes hasta que decidió pedir un préstamo para comprar una motocicleta. Su presupuesto estaba en crisis, a tal punto que para poder pagar sus traslados al trabajo tuvo que reducir la compra de alimentos porque su salario de maestra, apenas cercanos a los Q3,000, no le daba para más. Sin buses circulando, Luisa tenía que usar el único transporte disponible: taxis colectivos.

El servicio de transporte público lleva suspendido 21 meses para evitar la propagación del Covid-19, y a la fecha solo funciona el Transmetro y los Transurbanos en algunos municipios del departamento de Guatemala. 

Los transportistas de los buses rojos y de los microbuses que salían a la periferia y los que se movilizaban entre colonias fuera de la ciudad se quedaron sin trabajo y sin dinero. Los que pudieron habilitaron sus carros particulares y motos para ofrecerlos como taxis, no solo para mantener un ingreso financiero sino porque además, durante la pandemia, nadie estaba trasladando a las personas hacia zonas a donde el Transmetro no llega. 

La alternativa no era tan positiva pues las tarifas impuestas arbitrariamente alcanzaban los  Q10, Q15 y Q25 por viaje de ida y el mismo precio por el regreso. Estos precios se mantienen hasta el momento.

En julio de 2020, con apenas 5 meses de pandemia, la Municipalidad de Guatemala reabrió las operaciones del Transmetro, que cobra Q1.00, con un recorrido limitado a las vías principales de la ciudad. Y con la decisión de la comuna de crear varias conexiones entre paradas y destinos,el pasaje ya no sale tan barato como cuando comenzó el servicio en 2007. 

Luisa Samol vivió cada uno de estos aumentos. Y poco a poco veía cómo su economía era afectada. Su dilema era no comer para poder ir a trabajar, o alimentarse pero limitando el traslado hasta su trabajo. Ella migró a la ciudad hace años desde San Pedro La Laguna, en Sololá. Llegó para estudiar en la universidad y conseguir un mejor salario, y un mejor trabajo en comparación de los que ella podía encontrar en su comunidad. Para 2020 y 2021 el panorama parecía cada vez más complicado.

Dos meses después de que el Transmetro regresó a circular en medio de la pandemia, también retomó actividades el Transurbano, la opción de buses prepago que implementó el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012). Este cobraba entre Q1.10 y Q2.00 antes de la llegada del virus, pero desde que regresó a las calles en pleno Covid-19 aumentó la tarifa y ahora cobra entre Q5 a Q7 por persona. 

Según Armando Samayoa, representante de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) que opera el Transurbano, el incremento se debe a que los buses llevan menos pasajeros para mantener el distanciamiento social y evitar la propagación del virus. Sin embargo, con el pasar de los meses, estos buses en las horas pico se llenan, no se dan a basto para trasladar a la gente, y muchos pasajeros ya no usan mascarillas. La AEAU incluso ha comenzado a reciclar camionetas rojas, buses antiguos, que ahora forman  parte de su flotilla, con precios aumentados.  

La Municipalidad tiene dos unidades asignadas para la regulación del transporte público: la Empresa Municipal de Transporte (EMT), encargada de administrar, coordinar, controlar, adquirir y operar el sistema público de transporte de pasajeros con unidades que cumplan con los requisitos establecidos para la prestación del servicio, y la Superintendencia del Transporte Público (STP), adscrita a la EMT y encargada de controlar, supervisar, administrar, planificar y fiscalizar los servicios de transporte en el municipio de Guatemala y sus áreas de influencia urbana. 

El artículo 6 del Reglamento para la Operación y Prestación de Servicios en el Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo Urbano del Municipio de Guatemala y sus áreas de influencia, dice que: “El prestador del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano, podrá cobrar únicamente la tarifa aprobada por el Concejo Municipal de conformidad con lo que se defina en el procedimiento de la autorización de licencia de operación para los horarios diurno, nocturno y días festivos correspondientes”. 

En otras palabras, estas entidades municipales solo pueden fiscalizar a los autobuses. Los taxis y las mototaxis no entran dentro de su jurisdicción para regular la tarifa. Únicamente tienen alcance para controlar a los Transurbanos y los microbuses, y lo hacen mediante multas que pueden llegar a los Q5 mil si los descubren cobrando tarifas más altas de las autorizadas. 

La crisis de los transportistas

Evelyn López, hasta principios de 2020, tenía dos microbuses que cubrían la ruta del centro comercial Ciudad Cayalá, zona 16, hacia el sector de La Terminal zona 9. Ella es parte de un grupo de 16 transportistas agremiados que dan el servicio a miles empleados a través de 116 de estos vehículos en diferentes colonias: Maya, Paraíso y Llano Largo, en zona 18. 

Aquel 13 de marzo de 2020, cuando el presidente Alejandro Giammattei anunció la llegada del virus a Guatemala y tres días después, en consecuencia, ordenara el cierre del país y el cese de todas las actividades, López dejó de trabajar. “Al principio nos quedamos esperando a que nos dijeran cuándo íbamos a regresar a circular, pero como eso se alargó y se nos acabó el dinero guardado que teníamos, mi esposo y yo nos pusimos a vender gel y mascarillas en las calles para poder comer”, cuenta. 

Conforme el tiempo avanzó y sin permiso para regresar a trabajar, ella decidió vender uno de sus microbuses, sacó un préstamo y compró por pagos un carro en un predio para utilizarlo como taxi y así tener de nuevo una fuente de ingresos. “En el busito antes de la pandemia cobrábamos Q5, ahora cobramos Q10 en el taxi, es taxi pirata, o sea no autorizado”, dice. 

Ella al igual que los otros pilotos de su colectivo han solicitado a la EMT y la STP que les permita circular, han estado en mesas de trabajo en donde les han explicado que deben mantener protocolos de seguridad por el virus, pero a la fecha no les han concretado nada. 

Las autoridades se respaldan en el Acuerdo Ministerial 645-2020 emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda publicado en julio de 2020 que detalla el protocolo y reglamento para el transporte público para evitar la propagación del virus. Este establece el 50% de ocupación en alerta roja, y anaranjada, y 75% en alerta amarilla y un 100% en verde. Además de tener gel, desinfectar los buses, termómetros, entre otros. Complementando la regulación con tener toda la documentación, la tarjeta y calcomanías de circulación en orden. 

Según Edgar Guerra de la Defensoría de Usuarios del Transporte Público de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la comuna capitalina les solicitará a los transportistas instalar un sistema pre pago para que puedan regresar a circular. Mientras que los buses rojos que desde antes del Transmetro cubrían toda la ciudad quedarán descontinuados, a menos que tengan menos de 10 años de funcionamiento y estén en buenas condiciones. 

La oficina de comunicación social de la Municipalidad no atendió ninguna entrevista, tampoco lo hizo Jorge Palacios, jefe de la Empresa Municipal de Transporte. El equipo de prensa únicamente envió a esta redacción un informe elaborado en octubre de 2020,  donde visitaron tres predios y revisaron al menos 300 autobuses (camionetas rojas) en el que adjuntan fotografías y un listado de las deficiencias e incumplimientos de higiene y mantenimiento que presentaron los buses por lo que solo circularían los que cumplan con los protocolos de seguridad por pandemia y ninguno de estos rojos cumplieron. 

Según la municipalidad, se examinaron los asientos sucios y sin desinfección, y sillones deteriorados. Además no cumplieron con la bitácora de control de desinfección al finalizar la ruta, tampoco portaban termómetro digital en el bus, y tenían ventanas en mal estado, entre otras observaciones que se indican en ese informe. 

López, que ve difícil regresar al uso de los microbuses, dice que la Municipalidad les pone multa con frecuencia por ser transporte no autorizado, que van entre Q2,500 a Q5,000. “Nos afecta, pero es la realidad que nos toca vivir”, lamenta. 

Amilcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), al ser consultado indicó que durante los primeros nueve meses de 2021, se detectaron casi 1,300 vehículos que estaban prestando el servicio de taxis piratas sin la autorización correspondiente. Y por lo tanto, generando vulnerabilidad para todos los usuarios, en cuanto a seguridad, y derechos de consumidor. Todos estos vehículos usados por las personas para poder trasladarse a sus trabajos y hogares, al estar fuera de las regulaciones, se ha convertido en un fenómeno que supera a la municipalidad.

Usuarios y servicio a la deriva

El servicio de transporte de las camionetas rojas ha sido deficiente durante años. Vehículos en mal estado, inseguridad dentro de las unidades, malos tratos de parte de los pilotos. Desde el cierre de servicios debido a  la pandemia, la Municipalidad los sacó de circulación y se ha esforzado por mantener el servicio de Transmetro aunque este no es suficiente para atender a todos los usuarios. Ahora también las autoridades eliminaron el pago con moneda e incluso habilitó el cobro con tarjeta de crédito, pero algunas personas desconfían de pasar su tarjeta en las estaciones de bus y muchos de los usuarios no cuentan con esta forma de financiamiento plástico por lo que optan por comprar la tarjeta de Transmetro. Esto también forma parte de los cambios que ha dejado la pandemia en el transporte público de Guatemala.

La PDH recomendó a la comuna que habilite un sistema de buses alimentadores para recorridos en áreas de rutas más cortas y ensayos de reactivación de microbuses para apoyar a la población a movilizarse. Muchos usuarios, cuya cotidianidad está marcada por el uso del transporte colectivo, verían un alivio en la disponibilidad de las autoridades para atender estas recomendaciones.

Pero por ahora la Municipalidad prioriza habilitar la Línea 5 del Transmetro que recorrerá las principales calles de la zona 5 el próximo año. Y en vez de buscar una manera de alimentar a las paradas principales, las autoridades han permitido a los empresarios del Transurbano reciclar algunos buses rojos para que presten el servicio pintados de celeste y blanco. 

Edgar Guerra de la PDH comentó que muchas personas, al igual que Luisa Samol, han adquirido motos para movilizarse. Es una forma de lidiar con la necesidad de llegar a un puesto de trabajo. “En 12 años pasaron de ser 250 mil motocicletas a ser 1 millón 650 mil. La población tenía que encontrar una opción para movilizarse”, contó. 

Así como las motos han aumentado también los accidentes viales resaltan en las estadísticas nacionales.  Según las cifras de PDH ocurren unos 30 accidentes diarios en los que están involucrados motoristas, con al menos cuatro muertos en cada jornada.

Samol es maestra de educación básica en un instituto público de Mixco, es soltera y no tiene hijos, pero tiene la responsabilidad de mantenerse con el salario mínimo que devenga. Y a pesar de los riesgos de manejar una motocicleta, ella siente que era necesaria esta forma de independizarse del transporte público. “Estoy todavía pagando mi moto, pero en lugar de pagar al taxista mejor pago mi vehículo propio. Ahora gasto Q50 al mes de combustible”, dijo.