En los comicios de 2023, al menos 48 personas que fueron señaladas en casos investigados por la CICIG y FECI, trataron de inscribirse como candidatos. Casi todos lo consiguieron. En las papeletas irán los nombres de 40 políticos acusados de todo tipo de delitos.  Sus casos muestran la discrecionalidad de la autoridad electoral al sí inscribir a unos candidatos y a otros no. Pero también evidencian cómo se ha revertido la lucha contra la impunidad en el país.

Texto: Jovanna García / Diseño: Diego Orellana / Edición: Asier Andrés

Jimmy Morales, Ricardo Quiñonez, Héctor Cifuentes y Sandra Torres tienen unas cuantas cosas en común. Todos son políticos que han ocupado cargos de elección. A todos la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, los trató de acusar de delitos relacionados con la financiación ilegal de sus campañas. Y todos ellos, podrán ser electos en los comicios de este domingo a cargos tan importantes como la presidencia y la vicepresidencia del país, la alcaldía capitalina o una diputación en el Congreso.

Según la investigación, el expresidente Morales recibió un aporte de unos Q7 millones de grandes empresarios que ocultó. Los exfuncionarios de la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, Quiñonez y Cifuentes desviaron fondos públicos para financiar la campaña Unionista. A la candidata presidencial Torres, incluso, la grabaron mientras conversaba con uno de sus recaudadores de campaña y se sorprendía de las enormes sumas que habían conseguido. Según la investigación del caso, Torres se financió con dinero que procedía de un grupo de políticos y funcionarios que cobraban sobornos para agilizar trámites fiscales.

Todos estos señalamientos, los millones de origen ilícito o no registrados, parecen haber quedado en el olvido.

La ciudadanía guatemalteca podrá leer sus nombres en las papeletas este 25 de junio. Pero estos cuatro son solo unos cuantos de una larga lista.

Para este reportaje, No Ficción, hizo dos listados. En uno, se incluyeron todos los candidatos que trataron de inscribirse en estas elecciones generales: casi 46 mil nombres de aspirantes a diputados, alcaldes y binomios presidenciales.

En el otro, se recopilaron las personas contra las que CICIG o FECI emitió órdenes de captura, solicitud de levantamiento de antejuicio –en el caso de funcionarios con ese derecho– o citación judicial. En total, se contabilizó a 1712 individuos implicados en casos presentados desde el inicio de la CICIG, en 2008, hasta la salida de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI, en 2021.   

Al cruzar ambas listas, se encontraron 48 coincidencias: candidatos que trataron de inscribirse y que fueron implicados en las investigaciones que realizaron la CICIG y la FECI. Entre los nombres hay políticos de todo tipo.

Dos aspirantes a la presidencia: Sandra Torres y Sammy Morales. Un total de 33 candidatos a diputados al Congreso o al Parlamento Centroamericano. Y 12 candidatos a alcalde o concejal, en todo tipo de municipios; desde los más grandes del país como Villa Nueva a municipios como Chiché, en Quiché. 

Unos datos que ponen en evidencia la evidencia de la magnitud de la ofensiva anticorrupción que vivió el país en los últimos años.

La mayoría de ellos sí lograron inscribirse: 40 lo hicieron. 

En estos comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha negado a inscribir candidatos porque tenían muchas solicitudes de levantamiento de antejuicio, como le sucedió al diputado Aldo Dávila.

O porque tenían una denuncia en su contra por un supuesto mal manejo del pago de una indemnización, como le sucedió al candidato a vicepresidente, Jordán Rodas.

O porque sus partidos fueron multados en la vía administrativa, como en el caso del aspirante a la presidencia Roberto Arzú.

Sin embargo, no ha tenido problema para inscribir 40 candidatos implicados en investigaciones, en su mayoría, sobre hechos graves de corrupción.

El TSE sí denegó algunas inscripciones de viejas caras de la política nacional.

Por ejemplo, impidió participar al expresidente Alfonso Portillo, que no ha podido optar a una diputación. Tampoco pudo inscribirse el exdiputado Manuel Baldizón, que trató de volver al Congreso en estos comicios. O el también exdiputado Jaime Martínez Lohayza, que aspiraba a ser alcalde de la cabecera departamental de Jutiapa.

En general, el TSE impidió que la mayoría de personas condenadas en estos casos participaran.

Es el caso de los tres políticos mencionados. Portillo y Baldizón cumplieron condenas en Estados Unidos por lavado de dinero. Y Martínez Lohayza fue sentenciado a cinco años por tratar de proteger a una estructura de lavado de dinero.

Pero el TSE tampoco fue totalmente coherente con este criterio.

El exdiputado de San Marcos, Luis Chávez, por ejemplo, fue condenado por tráfico de influencias por presionar al Ministerio de Desarrollo para que se adjudicaran obras en su distrito a una empresa en particular.

Admitió su culpa y fue condenado por tráfico de influencias, al igual que, por ejemplo, Martínez Lohayza.

El TSE, sin embargo, sí lo ha considerado idóneo y ha permitido su inscripción como diputado de San Marcos por la Unidad Nacional de la Esperanza.

Sucedió lo mismo con Edgar Enrique Chicas de León, un reo en prisión preventiva por un caso de narcotráfico que fue procesado por CICIG-FECI por pagar sobornos a la estructura de Byron Lima para lograr su traslado a otra prisión. Fue condenado a cinco años. Ahora es candidato a diputado por Suchitepéquez por el partido Frente de Convergencia Nacional.

Sin embargo, la mayoría de personas que fueron acusadas en casos de CICIG-FECI, han logrado inscribirse por una sencilla razón: lograron impunidad y, en principio, no tienen obstáculos para ser electos. 

Son la evidencia del retroceso en la lucha contra la impunidad sucedida en el país en los últimos cuatro años.

Algunos de los candidatos fueron absueltos pese a las evidencias en su contra.

Es el caso, por ejemplo, del diputado por Suchitepéquez, Julio Antonio Juárez, procesado por ordenar la muerte de un periodista. Ahora es candidato a diputado por la UNE.

O el caso del expolicía Emmanuel Rivera, que participó en una unidad de élite acusada de cometer múltiples ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2004-2007. Ahora, es candidato a diputado por San Marcos en el Partido Unionista.  

Otros candidatos nunca perdieron la inmunidad, por lo que nunca fueron procesados, a pesar de las evidencias en su contra.

En esta categoría, por ejemplo, están 12 diputados que han gozado de derecho de antejuicio y esto les ha protegido hasta la fecha.

La mayoría de este grupo tiene relación con el caso Asalto al Ministerio de la Salud, una gran red de tráfico de influencias y pago de comisiones y favores, que operó en la cartera de Salud, en el periodo 2012-2014.

Entre los diputados implicados está Boris España, de Chiquimula, que busca su reelección por el partido oficial Vamos o Ronald Arango e Inés Castillo, ambos de la UNE.

En algunos casos los candidatos se beneficiaron de decisiones judiciales cuestionables, que los desligaron de los procesos en su contra.

Así le ha sucedido a una de las candidatas a la presidencia favoritas en esta elección: Sandra Torres. El proceso en su contra por financiación electoral ilícita se cerró.

Héctor Cifuentes, el integrante del Partido Unionista que forma parte del binomio de la candidata Zury Ríos, se benefició de una decisión judicial idéntica.

En algunos casos, incluso, personas que inicialmente fueron recibieron una sentencia condenatoria, recurrieron y lograron que los procesos en su contra se anularan.

Odilia González, por ejemplo, fue condenada por lavado de dinero. Ella era esposa del entonces alcalde del Puerto de San José, Escuintla, Jorge Alberto Rizzo, quien también fue procesado por lavado de dinero de corrupción y nexos con una organización mexicana de narcotráfico.

González logró que la sentencia en su contra se anulara. Ahora, busca ocupar el puesto que ocupaba su marido, representando al partido Valor.

Pese a sus antecedentes y sus vínculos familiares, el TSE no presentó obstáculo alguno a su inscripción.

La mayoría de candidatos con señalamientos por CICIG-FECI, son postulados por la Une, Valor-Unionista y Cabal

La mayoría de los 48 candidatos inscritos y no inscritos por el Registro de Ciudadanos del TSE que fueron señalados por corrupción por parte de la Cicig y la FECI son postulados por los tres partidos punteros en las encuestas: UNE, la coalición Valor-Unionista y el partido Cabal.

Estos partidos tienen entre sus filas a casi la mitad de candidatos vinculados a casos de corrupción. FCN-Nación está empatado con Cabal.

La candidata a la presidencia Sandra Torres y el aspirante al Parlamento Centroamericano, Jorge Estuardo Vargas Morales, son dos de los nueve candidatos con señalamientos por CICIG-FECI que fueron inscritos por la UNE.

“La CICIG politizó la justicia, (…) le reconozco a Jimmy Morales no haber renovado el mandato de la CICIG”, dijo Torres recientemente en una entrevista con Emisoras Unidas.

Ambos formaban parte del caso conocido como Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE. Según la investigación, el partido recibió Q19 millones entre aportaciones ilícitas no registradas.

Este caso fue, poco a poco, desmantelado, y los señalamientos en su contra se desvanecieron.

Además de Torres y Vargas, también se beneficiaron del cierre de este caso candidatos a diputados como Karina Paz y Jairo Flores, ahora postulados por el partido VOS; Ángel Ren Guarcas y Pedro Raymundo Cobo, candidatos a alcaldes por el partido Cabal en Chiché y Nebaj, municipios de Quiché; o Víctor de Jesús Duarte Mendoza, candidato a alcalde por el partido Victoria en el municipio de Villa Nueva. Lo mismo le sucede a Guillermo Alejandro Sierra Sierra, quien se postula como candidato al Parlacen con el partido Nosotros.

A todos ellos la justicia jamás los alcanzó a pesar de haber sido involucrados en una exhaustiva investigación por financiamiento electoral ilícito.

El 61% de los señalados buscan reelegirse o llegar al Congreso de la República

Un total de 29 candidatos señalados en casos de CICIG y Feci se postulan como candidatos al Congreso por distintos distritos o el Listado Nacional.

El segundo cargo de elección popular al que más se postulan los candidatos con señalamientos, son los alcaldes. Diez personas vinculadas a ocho casos de corrupción buscan llegar a las alcaldías de los municipios de Puruhlá (Baja Verapaz), Aguacatán (Huehuetenango) Ciudad de Guatemala, Chiché (Quiché), Nebaj (Quiché), Villa Nueva (Guatemala), Puerto de San José (Escuintla), Lanquín (Alta Verapaz), La Democracia (Huehuetenango) y Santo Tomás la Unión (Suchitepéquez).

En cuanto a los aspirantes a diputados por los distintos listados, son el Listado Nacional y el distrito de San Marcos, los que concentran más candidatos. La siguiente gráfica muestra cuántos lograron inscribirse y cuántos no, según el distrito, así como sus partidos. La UNE es el partido político que más candidatos a diputados con señalamientos postula.

El financiamiento electoral ilícito, el círculo vicioso de la corrupción

“El financiamiento ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca, es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses particulares, y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder”, señaló el excomisionado de CICIG Iván Velásquez en un foro sobre financiamiento electoral, en octubre de 2017.

Por eso, la CICIG fue a buscar con lupa, la comisión de ese delito en partidos políticos en la campaña de 2015. Los partidos UNE, Líder, Patriota, FCN-Nación y Unionista fueron señalados.

El 20.5% de los 48 señalados que intentaron inscribirse como candidatos, fueron acusados de financiamiento electoral no registrado o ilícito. Otro 20.5% por tráfico de influencias.

En el caso del FCN-Nación, el partido de Jimmy Morales, siete empresarios de la cúpula del sector privado fueron acusados de crear un mecanismo alterno ilegal de financiamiento con un monto no reportado al TSE mayor a los Q7 millones. La mayoría de los implicados logró evadir la justicia.

Poco después del estallido de este caso, en 2018, de forma expedita, una mayoría en el Congreso reformó el Código Penal. Esta reforma eliminó la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos sobre aportes ilícitos o no reportados que produzcan en una campaña de su partido. Esta reforma también creó el delito de “financiamiento no registrado”, con penas de uno a cinco años de prisión y una multa igual a la cantidad “no registrada”. Las penas iguales o menores a 5 años en Guatemala son conmutables.

Del Caso Asalto al Ministerio de Salud a las papeletas en 2023

Tras tres años de investigación, en julio de 2019, se hizo público el caso Asalto al Ministerio de Salud. Una investigación encontró una estructura criminal que de 2012 a 2014 utilizó el Ministerio de Salud para enriquecerse ilícitamente.

Esta estructura, según la investigación del caso, se dedicó al cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud; por la adquisición de bienes y servicios; y la contratación de puestos de trabajo.

Según la CICIG, la estructura dentro de la cartera de Salud ocasionó un detrimento importante del erario público. Todo surgió del nombramiento de Jorge Villavicencio como ministro para el período 2012-2014. Villavicencio habría liderado la estructura en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

En esta investigación estuvieron señaladas inicialmente 123 personas. Diez de ellas gozaban de inmunidad al ser diputados en el Congreso de la República; de ellos, hoy siete buscan ser electos junto a otros cuatro señalados que en ese momento no eran diputados. Lo hacen dispersos en distintos partidos, según la siguiente tabla.

Este caso aún se encuentra abierto. Distintos sindicados han sido ligados a proceso y algunos guardan prisión, como el exdiputado Estuardo Galdámez. Sin embargo, de los once que hoy se postulan, la mayoría aún cuentan con inmunidad por ser diputados y ahora, candidatos a elección popular.

Algunos de ellos tienen puestos claves dentro de las campañas de sus partidos. Por ejemplo, Minor Samayoa Recari quien se postula como diputado al Parlamento Centroamericano por la UNE, según reportes emitidos por el partido al TSE, ha donado Q74 mil en traslados en helicóptero para “actividades de afiliación”.

Un sistema electoral que evidencia una nueva era de impunidad

La CICIG llegó al país a finales de 2007 como resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo era eliminar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que después de la firma de los Acuerdos de Paz, se convirtieron en redes políticas ilícitas incrustadas en las instituciones públicas de Guatemala.

La CICIG inició sus funciones en un contexto de debilitamiento del Estado de Derecho, violencia, altos índices de impunidad y la ausencia de un marco jurídico para luchar contra el crimen organizado.

Cuatro años después de finalizada su gestión, el país se encuentra en un escenario de regresión de los avances conseguidos y venganza por parte de los actores que fueron señalados.

La expulsión de CICIG, en 2019 condujo a un cambio de papeles en el sistema de justicia guatemalteco. Quienes perseguían e investigaban corrupción eran procesados como criminales. Quienes habían sido acusados de cometer crímenes obtenían impunidad.

Aunque Consuelo Porras enfatizó en que apoyaría el fortalecimiento de la FECI tras la finalización del mandato de CICIG, no solo no cumplió su promesa si no que permitió la persecución de múltiples actores del sistema de justicia.

Unos 40 jueces, fiscales y operadores de justicia que investigaron y enjuiciaron casos de corrupción de la mano de CICIG y FECI, hoy se encuentran en exilio.

Este debilitamiento del sistema de justicia ha permitido que muchos de los señalados en los casos de CICIG-FECI puedan hoy participar en la elección.

“Existe una serie de casos en los que, con suficientes elementos probatorios, los juzgados, sin oposición de la Fiscalía, cerraron los procesos penales. Además, la FECI incumplió con sus deberes porque lejos de impugnar las resoluciones enderezó acciones contra los fiscales que investigamos los casos. Vemos a la FECI dirigida como instrumento para favorecer intereses políticos”, señala el exfiscal Juan Francisco Sandoval a No-Ficción desde Estados Unidos, país donde se exilió en agosto de 2021 tras su destitución y el inicio de persecución penal en su contra.

“Tenemos como ejemplo el caso de Financiamiento Electoral Ilícito en la UNE, donde se sobreseyó y favoreció a todos los involucrados y la fiscalía no impugnó e incumplió sus deberes. O un caso grave de violaciones a los derechos humanos que fue el asesinato a dos periodistas en Mazatenango donde la fiscalía incumplió con presentar todos los medios probatorios. En el debate absolvieron al acusado y la FECI no impugnó la resolución. Lo que hizo fue iniciar una investigación contra quienes investigaron”, añade el exjefe de la FECI.

Para el exfiscal, el panorama post electoral es desolador. “El pueblo de Guatemala deberá elegir entre personas que está demostrada su participación en hechos delictivos”, afirma Sandoval.