Las periodistas Michelle Mendoza y Stef Arreaga, así como las hermanas Lucía y Andrea Ixchíu, se encuentran exiliadas, lejos de su familia. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, muchos periodistas, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos están siendo víctimas de acoso cibernético y persecución judicial. Estas son sus historias.
Este reportaje forma parte de #DesAutorizadas, un especial transfronterizo y multimedia que narra cómo el retroceso democrático impacta en las mujeres de cinco países de Centroamérica, con el apoyo de Free Press Unlimited. Una alianza de Revista Fáctum, desde El Salvador, Contra Corriente, desde Honduras, Divergentes, desde Nicaragua, Las Indomables, desde Panamá y No Ficción desde Guatemala.
Texto: Lucía Escobar / Edición: Carolina Gamazo / Fotos: Cortesía de las periodistas
Para tomar la decisión de irse de Guatemala, dejar su casa, su familia y a sus hijas, con todas las implicaciones que el desarraigo incluye, Michelle Mendoza, corresponsal en Guatemala para CNN, tuvo que llegar a un límite.
Viajé a Washington D.C para conocer las razones de esta decisión. Cuál había sido el límite que la había expulsado del país donde llevaba más de 15 años haciendo periodismo, con una exitosa carrera.
Michelle me recibió en el lugar que comparte con una “roomate”, quien sin conocerla le abrió las puertas de su casa. “Pude haber sido una asesina serial, una loca empedernida”, bromea y agradece por ese acto de confianza de una desconocida.
Michelle Mendoza era una figura notable en Guatemala, ni ella ni sus reportajes para la cadena internacional pasaban desapercibidos. Cubría todos los hechos de alto impacto del país que, en Guatemala, son muchos. Reportó la tragedia del deslave del volcán de fuego, acompañó las caravanas migrantes que durante el 2018 al 2021 atravesaron el país hacía Estados Unidos, mientras investigaba y exponía la corrupción en el gobierno.
Como muchos de sus oyentes, me enteré de su exilio por redes sociales. Y fui testigo del acoso cibernético, que fue creciendo a medida que su trabajo se hacía más visible.
El primer año de Michelle en Washington fue de mucha inestabilidad y de cambios. Hoy la periodista se está adaptando, quiere hablar y contar su historia.
Volvamos un poco en el tiempo para entenderla.
En septiembre del 2017, el ex presidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala) a través de un video en donde declaró non grato al comisionado Iván Velásquez. Ese momento fue un parteaguas para el país, y la relación entre los medios de comunicación y las autoridades cambió.
“Empezaron las demostraciones de fuerza”, recuerda Michelle. Cuestionar la decisión de desconocer a la CICIG era parte del trabajo de cualquier periodista. Pero las autoridades comenzaron a verlo como tomar bando. “Tú estás haciendo tu trabajo, haciendo las preguntas que tenés que hacer”, explica la periodista. Las amenazas a Michelle tuvieron desde un inicio un claro sesgo de género y también una marcada misoginia. A Michelle le querían dar donde más le duele, en su integridad como mujer.
En esos meses, Michelle tuvo la primera amenaza de violación: descubrió que alguien muy importante había ofrecido entre 300 y 500 mil quetzales para que le dieran “un susto”, que incluyera violarla. La periodista confrontó a sus fuentes, se aseguro de que la información fuera cierta y cuestionó a las autoridades supuestamente responsables. Tuvo una reunión con el vocero del entonces presidente Jimmy Morales, y con el Ministro de Defensa para explicar que, según sus indagaciones, las amenazas venían del Estado Mayor Presidencial. Esto coincidió con una persecución que sufrió en una de las avenidas principales del país. Confrontar a las autoridades responsables hizo que las amenazas cesaran por un tiempo. Y que ella pudiera continuar haciendo su trabajo.
Pero la seguridad no mejoró con el siguiente gobierno, el de Alejandro Giammattei, quién tomó el poder en enero del 2020 y quien, desde el primer momento, fue dejando claro que continuaría con la línea del gobierno anterior: borrar todo rastro de la CICIG y continuar con la narrativa de que esta comisión fue lo peor que sucedió en Guatemala. Pero, con el apoyo de la fiscal general, Consuelo Porras, hoy incluida en la lista Engel de Estados Unidos de grandes corruptos, y el apoyo de la maquinaria del Estado, el presidente Giammattei comenzó a transitar una línea aún más peligrosa, la de la venganza. Venganza hacia quienes había perseguido la corrupción y también hacia quienes la estaban poniendo en evidencia. Una de ellas era Michelle Mendoza, una de las periodistas más conocidas del país, la cara visible ante el público internacional del descalabro de la democracia guatemalteca.
Ella siguió trabajando. Cubrió la corrupción en el Centro de Gobierno, una institución creada por el actual presidente, el financiamiento electoral ilícito, el negocio de las vacunas de Covid-19, las caravanas migratorias: todos, temas controversiales.
Su trabajo provocó que los ataques se radicalizaran. A partir de ese momento, comenzó a vivir una verdadera historia de terror. Propia de thrillers, propia de los años más álgidos de persecución del conflicto armado.
Le enviaron coronas fúnebres a la casa de sus papás y, en una ocasión, le fueron a tirar un par de perros muertos a la puerta de su casa. La perseguían carros sin placas. Fotos personales suyas fueron filtradas en las redes sociales.
La corresponsal de CNN ponía denuncias en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa pero no pasaba nada, o no investigaban o desestimaban las denuncias. “Yo ya no salía con las niñas, no iba a fiestas, no me exponía a ir a conciertos, ya no patinaba. No hacía nada. Me convertí en presa en Guatemala”, explica
Permaneció así durante varios meses, en los que poco a poco su vida se iba desmoronando. Pero hubo dos hechos principales que le hicieron tomar la decisión de abandonar el país.
Uno de ellos estuvo relacionado con su familia y fue uno de los más le afectó. Su hermano tuvo problemas en su puesto de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, en el que llevaba dos años. Fue despedido en el 31 de diciembre del 2020, dos días después de que su jefe le pidiera que le exigiera a su hermana, Michelle, que bajara un tuit, colgado por la periodista con un meme del presidente. Poco después, otra institución pública en la que iba a ser contratado finalmente rechazó su propuesta por su nexo familiar con la periodista de CNN. Esto se lo dijeron explícitamente.
A partir de ese momento, las amenazas subieron de tono. Filtraron datos personales de sus hijas. Publicaron en redes su teléfono y su dirección personal. En esos días recibió varias llamadas de alerta: la Fiscal general había dado luz verde para judicializar un caso en su contra por una investigación que publicó en CNN sobre sobornos que había recibido el presidente Giammattei.
El 3 de mayo del 2022, un año y medio después de que iniciara el acoso en su contra, la periodista salió a Washington D.C. a pedir asilo. “Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida porque mis hijas se quedaron en Guatemala”, recuerda.
Incluso viviendo en Estados Unidos, el acoso en su contra no disminuyó. Seguía recibiendo llamadas a diario con amenazas de violarla si regresaba. “Me mandaban videos de mujeres a las que estaban violando y yo tenía que lidiar, no solo con la amenaza, sino con la impotencia de no saber qué había sido de la persona a la que estaba viendo en ese video. Caí en una depresión espantosa”. Cambiar su número de teléfono la hizo sentirse aún más sola. Entendió que la decisión era para siempre.
Michelle Mendoza se encuentra en una nueva etapa de su vida. Está en clases de inglés, de costura, de tango, está trabajando para lograr reunirse con sus hijas y creando proyectos que le permiten seguir haciendo su labor como periodista fuera de Guatemala.
“Tengo la solvencia moral intacta. Me quitaron mi país, mi comida, mi familia, mis amigos, mi forma de trabajar; pero no me quitaron ni mi nombre, ni mi dignidad, ni mis ganas de hacer algo por el país”, concluye. Mendoza planea plasmar su historia en un libro, ha recibido propuestas para escribir un guión e intenta reencontrarse con sus hijas.
Ahora la periodista se mueve en patines y metro por las calles de Washington. Asiste a reuniones con otros guatemaltecos, que también se encuentran exiliados en la capital estadounidense. Su vocación de comunicadora sigue intacta, así como sus ganas de dar a conocer lo que sucede en Guatemala. Callarse no era una opción.
Michelle Mendoza es una al menos cinco periodistas guatemaltecas que en los últimos dos años han dejado el país ante amenazas que no cesan. Ellas dejaron su medio de sustento y su familia, drásticamente. Lo que han vivido por hacer su trabajo es una larga lista de delitos que van desde amenazas de muerte, hostigamiento, calumnia y difamación, hasta acoso sexual, y cibernético.
Acoso y derribo hacia la prensa en Guatemala
La prensa en Guatemala se encuentra en la actualidad en una situación sin precedentes. Muchos periodistas han sido denunciados judicialmente y sus casos se encuentran en investigación con pocas posibilidades de tener un juicio justo.
El caso más emblemático, el que supuso el parteaguas para la situación de la prensa en el país, fue el de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien se encuentra preso desde el 29 de julio de 2022. Su juicio ha estado lleno de irregularidades procesales, se ha criminalizado a sus abogados, a periodistas, e incluso a quienes publiquen opiniones al respecto (caso Mullet). Y elPeriódico, después de 27 años de existir, se vió asfixiado económicamente y en mayo del 2023 dejó finalmente de publicarse, tanto en papel como electrónicamente.
En la primera semana de junio del 2023, la fiscal general Consuelo Porras, violando el artículo 35 de la ley de Libre Emisión del Pensamiento, dió la orden para investigar a nueve periodistas y/o columnistas de el diario elPeriódico, exigiendo sus artículos y notas como prueba.
Los periodistas se suman así a una lista de operadores políticos o activistas perseguidos o exiliados que no deja de crecer. Jueces, magistrados, fiscales, comunicadores y defensores de derechos humanos han emigrado por miedo a ser criminalizados y no poder tener un juicio justo.
Esta persecución comenzó con la expulsión de la CICIG, la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público y la cooptación de las Cortes de Justicia. Consuelo Porras, y Rafael Curruchiche a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), están incluidos en la lista Engels, de EE.UU., de actores corruptos y antidemocráticos.
Algunos periodistas, como el ex director del elPeriódico, Juan Luis Font, migraron, en calidad de exiliados, refugiados o buscando otras maneras migratorias. Otros se encuentran en Guatemala enfrentando procesos judiciales poco confiables. Hay mucha desconfianza hacía el Ministerio Público y esto ha provocado que las denuncias en la fiscalía de delitos contra la prensa disminuyan, ya que los periodistas no confían en la institución que debería protegerlos. Algunos, como Stef Arreaga, tuvieron también que salir al exilio.
Stef Arreaga y el caso del Hogar Seguro
Un día, al salir de una reunión relacionada al caso del Hogar Seguro, Stef Arreaga, periodista actualmente exiliada, escuchó más de siete tiros al aire afuera de su casa. No era la primera vez que tenía este tipo de sustos. Pero sí fue una de las veces que más repercusiones tuvo en su vida. “Las autoridades hicieron un levantamiento de cascabillos”, pero no pasó nada.
“Dos días después estábamos en Estados Unidos con mis hijos”, cuenta desde Boston, Massachusset. Stef también se encuentra en el país norteamericano desde noviembre del 2021. A diferencia de Michelle, quien viajó sola, Stef pidió el estatus de refugiada junto con sus tres hijos menores de edad.
Stef Arreaga es periodista y fundadora del colectivo Ocho Tijax, una organización que da acompañamiento a las familias de varias niñas asesinadas y algunas sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017, cuando 56 niñas fueron encerradas y ardieron vivas en un fuego que mató a 41 de ellas.
Como periodista, Stef escribía sobre temas de derechos humanos y sociales. Pero desde el suceso ocurrido en el Hogar Seguro se volcó al caso. A finales del 2017, fundó Ocho Tijax junto a su madre, otras madres y algunas familiares de las niñas. Es el caso de muchos comunicadores en Guatemala, que efectúan labores de periodismo y de defensa de los derechos humanos.
Además de documentar lo que sucedía, Stef se dedicó a encontrar archivos, analizar el caso penal y realizar entrevistas para aclarar lo sucedido el 7 y 8 de marzo del 2017. Un caso que se encuentra en fase de juicio pero que se atrasa o se suspende el juicio por excusas como el mal sonido de la sala. Hasta el momento, casi 7 años después de la tragedia, aún no hay ninguna condena.
A medida que Stef investigaba sobre el caso, las repercusiones en su contra crecían y no solo la difamación, sino que amenazas directas, despojo de equipo a mano armada, y persecución en la calle. “Me seguían, me tomaban fotos o vídeos. Me atravesaron el carro un par de veces, hacían señales con la mano como si tuvieran una pistola. Afuera de una sala de audiencias, el familiar de una de las sindicadas sacó un arma y me insultó caminando al lado de mi mamá”, recuerda.
Llegaban motos a dar vueltas a su casa, llegaron a patear la puerta varias veces. “Mis hijas se escondían con pánico protegiendo a su hermanito, mientras que llegaba la policía pero al final, estos no hacían nada, ni siquiera levantar un acta”, dice molesta. Se tuvieron que esconder varias veces en diferentes lugares. Incluso, a su hija adolescente le pusieron la pistola en la cabeza para quitarle el equipo fotográfico que llevaba Stef. “Mi niña nunca volvió a ser la misma”, cuenta con tristeza.
Al igual que Michelle, Stef puso varias denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, y en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa. “No avanzaba nada, solo llegaban a mi casa las cartas donde decían que la denuncia estaba desestimada. A veces me pedían que diera el nombre de los atacantes, yo no lo sabía, pero sí proporcionaba fotos con las placas de los vehículos pero no investigaban. Era muy frustrante porque los ataques continuaron”, relata.
En octubre del 2021, Stef fue al Congreso a cubrir una citación de los diputados al entonces procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Ese mismo día Rodrigo Polo, un personaje que se dedica a difamar a defensores de derechos humanos, publicó una nota donde llamaba a Arreaga “narco alfil del procurador”, y daba datos precisos del negocio familiar, la dirección de su residencia y el teléfono.
A partir de ese momento, el hostigamiento creció. Los disparos en su casa fueron el detonante que le llevó a abandonar el país. Antes de viajar, ella y sus hijos estuvieron refugiados en un hotel.
Fue un momento muy duro. Tuvo que dejar toda su vida de un momento a otro y no pudo, ni siquiera, despedirse de su familia. “Yo estaba construyendo mi casa, en esos días terminaron de poner el piso. Ni siquiera pude estrenarla. Dejé a mi perra, el trabajo y mis proyectos porque tuve que salir a escondidas para proteger nuestras vidas”, explica. “Nunca fue mi plan vivir acá, el idioma es una barrera y siendo periodista es todavía peor.”
Después de un año y medio fuera de su casa, consiguió un trabajo en un medio local latino y tiene planes de seguir haciendo periodismo para la comunidad migrante en el este de los Estados Unidos, fundando su propio medio de comunicación junto a su pareja. Una de las más grandes alegrías que les ayudó a sanar el duelo migrante fue mandar a traer a su perra Sienna. “Tengo la mejor de las actitudes y estoy muy positiva sabiendo que desde cualquier rincón del mundo, mi corazón sigue en Guate y voy a seguir trabajando.”
Ser mujer y ser periodista
A finales del año pasado el Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reportó que durante el gobierno de Alejandro Giammattei han ocurrido 389 agresiones contra periodistas, y que 105 de estos hechos ocurrieron de enero a octubre del 2022. La cifra de denuncias recibidas por la Fiscalía de delitos contra la prensa es mucho menor, con 274 de enero de 2020 a febrero de 2023. Ese descenso o sub-registro en las denuncias, puede deberse a que “las y los periodistas no confían en el sistema de justicia y han dejado de acudir a la fiscalía”, según el Informe Violencia contra las mujeres periodistas, realizado por la Red Rompe el Miedo Guatemala. Mientras las denuncias bajan, “la persecución estatal contra las periodistas y comunicadoras comunitarias es un hecho que ha cobrado relevancia en los últimos años, así como la violencia en su contra en el ámbito digital”, señala el documento.
La violencia digital es sistemática y dirigida. Está controlada por los llamados “netcenters”. Según una investigación de la revista Con Criterio, los “nets” se dedican a desprestigiar y a calumniar a los criticos del gobierno. También en un artículo de Vox Populi, se concluye que son coordinados desde la mismísima Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Los netcenter son cuentas con muy pocos seguidores, sin foto de perfil, ni nombre real que comparten y difunden información falsa contra opositores del gobierno. Ponen apodos, y calumnian. En el informe Violencias contra las mujeres periodistas se ejemplifican varios casos de acoso y calumnias. A la columnista Sandra Xinico, la atacan casi a diario con comentarios racistas y ofensivos, a una periodista que cubrió la marcha de la mujer del 8 de marzo se le tachó de abortera y de asesinar bebés otra periodista extranjera, le dicen que se regrese a su país o que fuma marihuana. Estas cuentan ponen y difunden apodos como LadyCuquitos, Iguana Mascadora, Narcoalfil, Gata Mojada, etc. con el fin de humillar a las periodistas y hacer que se autocensuren.
A continuación, como ejemplo, solo algunos de los centenares de tuits de acoso a Michelle Mendoza, apodada por los netcenters como la “iguana mascadora”
Bertha la Iguana Mascadora en Lady’s Night. pic.twitter.com/wzqZOw5qyr
— Eriol (@Eriol_Gt) June 25, 2022
Los orígenes de Bertha la Iguana Mascadora. pic.twitter.com/pAdJzRUdM7
— Eriol (@Eriol_Gt) June 22, 2022
La edecan y activista disfrazada de periodista, alias 'La Iguana Mascadora' resulto ser tan corrupta como le señaló a funcionarios de gobierno y demáa políticos del país.
— El_Irreverente (@ElIrreverenteGT) April 30, 2022
Ahora está huyendo. Se hará la vístima y se auto denominará perseguida política.
– La misma historia… pic.twitter.com/iWxXnSc4zz
Andrea y Lucía, abonadas
En septiembre de 2020 las hermanas Ixchíu se encontraban grabando un documental para la serie Cura de la Tierra sobre el bosque de Totonicapán cuando fueron emboscadas por taladores ilegales que las golpearon a ellas y a los guardabosques porque no querían ser filmados cometiendo un delito.
A Andrea le rompieron las costillas. Fue hospitalizada.
Andrea Ixchíu llevaba entonces más de quince años siendo comunicadora comunitaria. Es co-fundadora de la red Tz’ikin, la cual co-dirigió 8 años y ha colaborado en medios internacionales. Como periodista en Guatemala ha publicado en La Cuerda, elPeriódico, Prensa Comunitaria y Plaza Pública, tratando temas de cultura, territorio y recursos naturales.
El acoso en su contra, recuerda, comenzó cuando tenía 10 años y realizaba un programa de televisión en la iglesia de la Pastoral Católica. Desde ese tiempo comenzó a sufrir descalificación por su trabajo. Decían que era un títere de sus papás. El programa era un éxito y generaba una serie de reflexiones que provocaron que lo cerraran y que el cura que lideraba el proyecto saliera al exilio.
Su hermana, Lucía, tres años menor, se hizo comunicadora unos años más tarde, en 2012, tras la primera masacre en tiempos de paz, en Alaska, Totonicapán, con un saldo de 6 muertos y varios heridos a cargo del ejército de Guatemala.
Andrea y Lucía hicieron equipo. Lucía también trabajó en Prensa Comunitaria. Durante diez años acompañó procesos de presos políticos y creó los Festivales Solidarios para dar visibilidad y acompañamiento a las comunidades en territorios que resisten la minería como La Puya o que se oponen a la industria cementera como en San Juan Sacatepéquez. “Después de la masacre de Alaska, la violencia fue escalando a niveles cada vez más gruesos”, recuerdan. Lucía y su pareja fueron retenidos por paramilitares en 2016. En 2017, Lucía fue denunciada por agresión durante una audiencia del caso de desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.
En 2020, ambas hermanas sufrieron varios casos de criminalización judicial, unos siguen abiertos y otros en suspenso. “Del 2012 para acá he puesto más de una docena de denuncias en el Ministerio Público por todas las agresiones que hemos vivido y todas las han cerrado por falta de investigación”, comenta Andrea.
A pesar de estos años de contínuo hostigamiento (vivieron retenciones ilegales de parte de para militares, vapuleos, difamación), al igual que en el caso de Michelle y Steff, el cambio de gobierno, la expulsión de la CICIG, y la dirección de Consuelo Porras al frente del MP, agravó su situación.
El 21 de noviembre del 2021, Lucía se encontraba en la manifestación en contra del gobierno de Alejandro Giammattei. Ese día un grupo incendió una parte del Congreso. Ese día más, tarde, llamaron a Lucía de una emisora de radio para intentar incriminarla en el hecho.
“Usaron el caso de nuestra agresión en el bosque para querer obligar a Lucía y a Carlos a presentarse a repetir la declaración”, repasa Andrea, quien tenía la representación legal para seguir con el caso de los taladores. “Nos enteramos de que, efectivamente, nos iban a criminalizar por el caso del Congreso y que iba a ser de una forma completamente arbitraria, sin dejarnos margen de defensa”, explica Lucía.
“Para mí, la cárcel en Guatemala no es una opción. Yo no me considero víctima de nada, ni nadie. Yo soy sujeta de mi propia historia. Veo el desarraigo como una forma de sobrevivencia ante la prisión y ante el intento de homicidio”. Así que verse entre la cárcel o la muerte, es lo que la obligó a salir de Guatemala. Estuvo escondida en Guatemala, también en Costa Rica en una casa de acogida y luego viajó a España, donde le dieron asilo político.
“Guatemala es una dictadura. Aspirar a llevar un proceso legal justo es un poco romántico. ¿Te imaginás qué nos pueda pasar a nosotras, unas indias incómodas para medio mundo? Tanto la derecha como la izquierda nos quiere chingar. Entonces, obviamente ahí no quedaba otra que moverse para construir esos mundos posibles donde se pueda y donde la gente los reciba”, dice Lucía, desde su exilio en España.
Lucía salió de Guatemala en marzo del 2021, cuando comienzaron a circular noticias falsas sobre el asesinato de un “supuesto hermano” de las Ixchíu. Amigos en común, las llamaron para decirles que lo único que les quedaba en Guatemala era la cárcel o la muerte.
En el caso de Andrea, ella salió en noviembre del 2021 a un evento político y, cuando volvía de regreso, le avisaron que podía tener una orden de captura. Ella decidió que no va a pasar un solo día presa, pues conoce el sistema de justicia, y no confía en él.
La criminalización que este gobierno esta realizando contra cualquiera que manifieste se evidenció con los casos de la estudiante Dulce Archila (20 años) y la activista Nanci Sinto (31 años), quienes dos años después, aún se encuentran en un proceso judicial por el delito de depredación del patrimonio cultural por presuntamente haber dañado el edificio del Congreso con unas pintas durante una manifestación.
Antes de instalarse en México, Andrea viajó y trabajó en Inglaterra y Brasil, gracias a su consultora de comunicación estratégica. “Me busqué otras vías para legalizarme en México, no solicite asilo político y ahí he ido poco a poco abriéndome camino por mi propia cuenta”, cuenta.
Mientras tanto, a Lucía Ixchíu y a su pareja les ha tocado sobrevivir facilitando talleres, haciendo transcripciones; lo que sea. Festivales Solidarios continúa con una nueva generación que la coordina en Guatemala.
Andrea se mantiene viajando, activa con su proyecto Hackeo Cultural, y está construyendo una gira de solidaridad con Guatemala. “Ha sido duro, me tiraron mierda y lo que me tiraron fue abono y me salieron flores”.
Lucía concluye la entrevista afirmando: “No cumplimos con el estereotipo de las buenas exiliadas que están en pobreza extrema y en sufrimiento absoluto. Se trata de vivir y de disfrutar nuestra vida. El mundo colonial y patriarcal no está preparado para mujeres indígenas, no está preparado para nosotras”, dice Lucía.
“He podido reflexionar que sí fue una buena idea salir porque quedarnos para estar en silencio, eso sí era matarnos”, finaliza Andrea.
La violencia es diferenciada
Desde que inició el gobierno de Giammattei, Michelle Mendoza, Stef Arreaga, Andrea y Lucía Ixchíu están afuera del país, sin posibilidad de regresar pronto. Otras, como Melissa Rabanales de Radio Ocote están sufriendo también persecusión judicial por hacer su trabajo. La periodista comunitaria Anastasia Mejía, directora de Xol Abaj Radio y Tv, estuvo presa y enfrentó hace poco un juicio al ser criminalizada por el alcalde de Joyabaj cuando cubría una manifestación que terminó con destrozos en la municipalidad. El 6 de febrero del 2020 fue asesinada la locutora Irma Chinchilla en Salamá, Baja Verapaz y aún no hay culpables presos. La reportera Julia Xuyá de Chimaltenango fue retenida ilegalmente y criminalizada con el sistema de justicia en mayo del 2020. A Ana González, reportera de Totonicapán, el tribunal de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, violentó su derecho de libre expresión al restringirle por dos años, mediante una sentencia, su derecho a ejercer el periodismo y participar en una radio comunitaria. Otras reporteras han denunciado que se les ha negado acceso a las fuentes, se les ha retenido ilegalmente y se les ha acosado en redes sociales.
Según el Informe Violencia contra las mujeres periodistas, “ningún crimen contra periodistas es casual, ni sucede por generación espontánea, ni por venganza personal. Se trata de delitos dirigidos a silenciar voces y evitar la publicación de investigaciones que develan la corrupción”.
La violencia contra las mujeres periodistas persigue silenciarlas y ocurre tanto en lo público como en lo privado, y en el ámbito digital. Se produce por el hecho de ser mujeres, por ejercer una profesión que rompe con el rol asignado a las mujeres.
Claudia Samayoa, directora de UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos), analiza la diferencia de acosos que reciben las mujeres periodistas. En sus monitoreos han creado la categoría de hostigamiento y también han estudiado el ataque a la familia. “Muy pocas veces se meten con la familia de los periodistas hombres. Pero el ataque a la familia es una forma de ataque a ti, te atacan a ti a través de tu familia”, dice.
Cuando una periodista o un defensor de derechos humanos se encuentra en situación de alto riesgo, UDEFEGUA les recomienda viajar por un tiempo, enfriarse, explorar una salida temporal. Pero si al regresar el ataque continúa las personas deben decidir si seguir viviendo en el país, pase lo que pase; si prefieren salir del exilio y desentenderse de todo, o salir y seguir buscando alternativas de vida que les permiten seguir haciendo el mismo trabajo.
En el foro Violencia diferenciada, el riesgo de ser mujer periodista en América Latina, Paula Saucedo, de Artículo 19, explica: “Muchas periodistas y también otras personas de la diversidad de género y sexual cubren temas que les atañen directamente como feminicidios o de violencia contra mujeres o derechos humanos y generalmente son atacadas de la misma forma. Entonces, si están investigando feminicidios, muchas veces reciben amenazas de violencia sexual”.
Según datos de la Fiscalía de delitos de prensa, de 274 denuncias realizadas de enero de 2020 a la fecha, solo 9 casos llegaron a juicio, apenas un 2.46 por ciento. Sin embargo, investigaciones de la Red Rompe el Miedo Guatemala y del informe Violencia contra mujeres periodistas señalan que los principales agresores son el funcionario público, agentes de la Policía Nacional Civil, alcaldes, comisarios y otros funcionarios públicos locales como concejales o jueces de asuntos municipales. El informe también afirma que, aunque el Estado y los funcionarios públicos son los principales violentadores, también quienes representan a empresas extractivas, sus compañeros y jefes también las vulneran y atacan. “El objetivo es el silenciamiento por medio de la imposición del miedo. Una forma marcada de violencia institucional es la omisión, la falta de respuesta, de acceso a la justicia, de marcos legales, de sistemas de registro y de servicios de atención adecuados” concluye el informe.
“El hostigamiento trastoca todos tus espacios, todas tus redes, todos tus afectos; y cuando eso pone en riesgo ya no solo tu integridad desde tu individualismo sino a tu red familiar, a tu sistema familiar, entonces es insostenible. ¿Qué tanto le sirve a nuestro país el seguir sembrando mártires en la tierra?”, reflexiona Andrea desde su residencia actual en México.
