La presión social logró que el Congreso  desistiera de continuar el trámite del presupuesto para 2021. La opacidad con que fue negociado y los beneficios para los legisladores en detrimento de las partidas para derechos humanos provocó una de las crisis más serias para el gobierno de Alejandro Giammattei, con la solicitud masiva de su renuncia tras apenas 10 meses en el poder. La represión es la nueva carta con que se presenta este gobierno.

Humo. Una columna de aire negro se elevaba en el cielo. Había ruido. Y gritos. Las calles de los alrededores arrastraban los murmullos de los manifestantes, que a veces emergían corriendo por las avenidas, pidiendo apoyo o buscando refugio.

La policía nacional civil había empezado a movilizarse intentando dispersarlos, incluso utilizando bombas lacrimógenas. Algunos de ellos aparecían afectados, los ojos rojos, la asfixia… otros narraban las explosiones, el olor de la pimienta y la búsqueda de vinagre.

Para las 4 de la tarde del 21 de noviembre (en la manifestación del #21N), esa era la escena que llegaba desde el horizonte, sobre la séptima avenida de la zona 1, a un lado de la catedral metropolitana. Señales de humo negro con noticias tensas que se distinguían desde la plaza de la constitución, frente al palacio nacional de Guatemala, donde miles de personas se manifestaban y pedían la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, de todo su gabinete y recalcaban que el mensaje también era dirigido a los diputados del Congreso de la República.

Desde los micrófonos alguien anunció que había otra manifestación sucediendo en simultáneo, a pocas calles de distancia. Habían quemado el Congreso. Y ese humo se elevaba en el cielo.

En la plaza, escuchando, había niños que sostenían pancartas. Ancianos que portaban mascarillas anti pandemia de Covid-19 con una bandera de Guatemala entre las manos.

Tras el anuncio del fuego varias personas empezaron a buscar las noticias en sus redes sociales. En algunas de las pantallas celulares el Congreso apareció envuelto en llamas. Era una imagen extrañamente familiar, poderosa, que se había dibujado, imaginado y photoshopeado miles de veces en Twitter y Facebook y ahora era realidad, y sucedía a pocas cuadras de distancia.

“Es un símbolo” dijo alguien viendo el video del fuego que salía por las ventanas del edificio donde el miércoles 18 de noviembre, los diputados habían decidido aprobar el presupuesto más oneroso de la historia de Guatemala. Un total de Q99.7 mil millones, donde se habían reducido drásticamente los recursos dedicados a los derechos humanos, a los derechos básicos, como educación e incluso salud durante una pandemia que continúa vigente, priorizando dinero para las estructuras clientelares de los diputados distritales con un endeudamiento de casi Q34 mil millones.

Muchas de las pancartas de la manifestación tenían consignas que se quejaban de este hecho: “Guatemala empobrecida por la corrupción”. “No al presupuesto 2021”, “Se ha presupuestado la corrupción, las caletas y los negocios de los diputados”.

Entre los gritos y las consignas, las banderas agitadas, las vuvuzelas, incluso a pesar del incendio en el Congreso, la plaza era un lugar tranquilo. Varios manifestantes comentaban que era como volver al año 2015, a las protestas que duraron varios meses hasta que renunció la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex presidente Otto Pérez Molina acusados de liderar una banda de defraudación aduanera. Uno de ellos, Carlos Sagastume, parecía sonreír detrás de su máscara al recordar que hace 5 años, había estado también acá, cuando “hicimos caer a un presidente, por corrupto y sinvergüenza. (…) Ahora estamos aquí por lo mismo, porque nada ha cambiado”, lamentaba.  

Algunos todavía observaban sus teléfonos con el Congreso ardiendo cuando una bomba lacrimógena reventó casi en el centro de la plaza. La policía había llegado hasta la manifestación frente al palacio y ya no era 2015 para nadie. Se había retrocedido aún más en el tiempo. A los noventa. O más atrás, a la década de los ochenta, antes de la era democrática, a los regímenes opresivos. Tras una segunda bomba, todos corrieron intentando dispersarse. La asfixia, las lágrimas. Alejandro Giammattei había puesto su carta de intención sobre la mesa. Su mensaje sería la represión. Y el gobierno no estaría dispuesto a recular en la aprobación anómala de su plan de gastos para 2021.

O al menos eso parecía.

La última jugada de Giammattei

El saldo del #21N se puede contabilizar en 40 capturados, 14 heridos y 3 comunicadores agredidos. Además de 12 policías lesionados. La manifestación duró cerca de seis horas.

Tras las protestas, Giammattei se refugió en el silencio. Se ocultó de los cuestionamientos y delegó la comunicación en manos del recién designado ministro de gobernación, Gendri Reyes: “Manifestarse es un derecho siempre y cuando no excedan los límites legales”, dijo justificando las agresiones contra la ciudadanía.

Mientras la mayor parte de manifestantes capturados salían en libertad al día siguiente, con resoluciones de falta de mérito, sin pruebas en su contra, y a casi 24 horas de haber recibido la represión por parte de las autoridades estatales, y mientras sucedía una nueva manifestación, la #22N, por parte de los ciudadanos en la plaza de la Constitución frente al palacio, Giammattei se mantenía reunido con su gabinete a puerta cerrada. Dos de los manifestantes habían perdido el ojo a esa hora a causa de las balas de goma usadas por la policía.

Cerca de las seis de la tarde, el gobierno finalmente publicó un comunicado. El presidente Giammattei enunciaba el peligro de “un golpe de estado”, múltiples “atentados a la democracia”, e invocaba a la Carta Democrática Interamericana con el propósito de que la Organización de Estados Americanos (OEA) estableciera “un diálogo con los actores políticos del país para respetar la institucionalidad”.  

Las redes sociales le imprecaron que la inestabilidad democrática había sido causa de sus acciones políticas y las del Congreso. La ciudadanía no era responsable de la ingobernabilidad.

La OEA le contestó que para el diálogo solicitado por el gobierno de Guatemala se necesitaba transparencia en la ejecución del presupuesto de 2021, además de voluntad política, como también respeto a las manifestaciones ciudadanas, e invitaba al presidente a distinguir entre gobernabilidad y democracia desde una perspectiva de lucha contra la corrupción.

La última jugada del día, durante el #22N, por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, consistió en reunir a la junta directiva del Congreso de la República, en uno de los salones del Ministerio de la Defensa. Cerca de la medianoche, el presidente del Legislativo, Allán Rodríguez, airado, comunicó la estrategia pactada a toda la ciudadanía. “En aras de la gobernabilidad”, dijo, el Congreso se negaría a enviar el decreto del presupuesto 2021 para que fuera conocido por el Ejecutivo.

Así anularía cualquier motivación de protesta.

Las redes sociales, de nuevo, cuestionaron esta estrategia. Un decreto no se puede suspender únicamente por decisión de la Junta Directiva. Se necesita del pleno de 160 diputados para tomar este tipo de decisiones.

De lo contrario, Giammattei se lavaría las manos de su responsabilidad como mandatario, con una táctica orquestada desde el Legislativo. En un intento del presidente, incluso desesperado, para contener las protestas ciudadanas en su contra. Y evitar las exigencias de su renuncia a tan solo 11 meses de haber asumido el cargo.

“A nosotros no nos pela”

Las protestas iniciaron frente al Congreso el miércoles 18 por la mañana, apenas horas después de la aprobación viciada del presupuesto 2021. Todo el gabinete de Giammattei, para entonces, arrastraba ciertos desgastes importantes. Un día antes, se filtraría un audio del ministro de finanzas, Álvaro González Ricci, donde mencionaba una de las frases que consolidaría las protestas en contra del plan de gastos del Estado para 2021: “Pela, el fondo de este dinero es regalarlo… pela, no importa, aquí no hay forma de salir ganando”. Ricci se refería a la ejecución de gasto de programas sociales asignados como apoyo a las familias durante la pandemia de la COVID-19. “Le pelaba”, que en la jerga guatemalteca significa una indiferencia absoluta.

La frase fue añadida desde su significado inverso como “#ANosotrosNONosPela” dentro de las narrativas de convocatoria para solicitar la renuncia del presidente.

Durante dos días, en los programas de debates de Guatemala no se habló de otra cosa que no fuera el presupuesto planteado para 2021. Economistas, auditores, politólogos y expertos en las ejecuciones presupuestarias desfilaban con sus opiniones de un programa a otro mientras coincidían en que todo era parte de un plan muy mal diseñado. La deuda aumentaría en más de 35 %. Carecía de mecanismos para la rendición de cuentas. Proyectaba ingresos sin respaldos. Se comprometía la dinámica fiscal. No respondía a las necesidades de la población. Se priorizaba los privilegios de los políticos distritales. Se había obviado los recursos para la gestión de la pandemia y la ayuda para los damnificados de las tormentas ETA e IOTA. Y lo más importante, se había hecho a escondidas de la población.

Era un presupuesto insostenible e inadecuado. Opaco. Y el presidente Alejandro Giammattei estaba obligado a vetarlo, es decir, a no reconocerlo para que tuviera vigencia.

Entre los bulos que propiciaron una nueva crisis democrática en Guatemala, resaltaban ciertas mentiras instaladas por los propios diputados oficialistas en torno al presupuesto, como la segregación de Q200 millones para apoyo de la Gran Cruzada Contra la Desnutrición, que fue incluida nuevamente por una enmienda del propio presidente del Congreso, Allán Rodríguez, durante la madrugada del 18 de noviembre. Los influencers, gente que baila y que muchos aspiran a ser como ellos, difundieron la fake news y abonaron a la inestabilidad general desde sus redes sociales.

Las protestas continuaron durante dos días más. El jueves 19 y el viernes 20. Todas pequeñas y realizadas frente al Congreso que se mantenía acordonado por la policía nacional civil. El colmo lo gestionó el mismo presidente durante su última aparición en cadena nacional, la noche del 20 de noviembre. Giammattei defendió el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 2021, argumentando que era de beneficio para el país, y ofreció socializarlo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entre otras organizaciones.

La actitud de Giammattei fue incendiaria. Incluso sarcástica al mencionar que para protestar, debían recordar que el virus de la COVID-19 todavía está activo, y debían usar correctamente las mascarillas. Había creado un caldo de cultivo para la manifestación del #21N.

Un nuevo golpe en su contra sucedió apenas 30 minutos más tarde ese mismo viernes. El vicepresidente, su compañero de fórmula durante la campaña presidencial de 2019, Guillermo Castillo, le pidió la renuncia, en cadena nacional. Pidió que ambos renunciaran, porque a su criterio se había traicionado al pueblo, con la aprobación del presupuesto 2021 y la creación de entidades supranacionales como el Centro de Gobierno, con el que Giammattei ha pretendido coordinar los 14 ministerios bajo su mandato.

Bombas y lágrimas

El centro histórico de Guatemala es una gran cuadricula sobre un valle que intenta ser plano. En menos de 20 manzanas, se ubican los tres poderes del Estados, además de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. En caso de protesta, la policía siempre mantiene el control creando entradas y salidas únicas. Y protegen los edificios públicos ante las manifestaciones.

El #21N fue una excepción. Las vallas metálicas que habían prevalecido durante dos días seguidos ante manifestaciones pequeñas, para la gran movilización del sábado 21 de noviembre habían desaparecido. Se pudo notar una fuerza policial constituida por elementos de baja condición física frente al Congreso de la República.

Fue muy fácil para los manifestantes saltar los bloques de seguridad, saltar a las ventanas exteriores del palacio legislativo, quebrar los vidrios y lanzar bombas molotov. Fue sospechosamente fácil abrir una de las puertas de madera más grandes de todo el centro histórico. Entrar y quemar los retratos de todos los presidentes que ha tenido el Congreso desde su etapa democrática.

Fue también fácil cercar y encaminar como un rebaño a todos los manifestantes para retirarlos del lugar. Los cercos de seguridad se rearmaron alrededor del palacio legislativo.

Varias zonas alrededor se convirtieron en pequeños frentes de batalla. La policía jugaba a retroceder o avanzar para ganar y perder terreno. Una estira y encoge acompañado de bombas lacrimógenas, capturas, golpes, intimidaciones. Los terrenos neutros se consolidaron cerca de las seis de la tarde. La 9ª. 8ª., y 7ª. avenidas eran las rutas de los lanzamientos parabólicos del gas. Los ojos rojos, la asfixia, las lágrimas. El enojo.

La protesta siempre mantuvo el recuerdo de lo realizado por los diputados como motivación. El símbolo de lo quemado, una fuerza, un estandarte para la población.

Allán Rodríguez, como presidente del Legislativo, durante la última estrategia de Giammattei de no enviar el presupuesto para la revisión del Ejecutivo la noche del 22 de noviembre, todavía intentó matizar:

“Falso: No era el presupuesto más alto de la historia”, la pandemia obligó a aumentar en más de 107 mil millones el plan de gastos de 2020.

“Falso: No se quitaron los Q200 millones para la gran cruzada por la desnutrición”, luego de que él mismo lo reincorporara mediante una enmienda el día de la aprobación.

“Falso: no son Q200 millones sino Q100 millones para la construcción de un nuevo edificio para el Legislativo”, luego del incendio que puede usarse como justificación.

“Falso”, dijo, “No es el primer presupuesto aprobado por urgencia nacional. Sucedió en 2006, 2005 y 2015”, aunque sí se socializaron con expertos en ejecución.

“Falso: no se quitaron Q20 millones a la procuraduría de derechos humanos, sino se aprobó lo convenido en Q120 millones”, a pesar de que el Congreso retuvo parte de la partida presupuestaria asignada a derechos humanos durante 2020.

Rodríguez también dejó entrever un poco sobre lo que piensan los asesores en seguridad del gobierno de Alejandro Giammattei. La protesta del #21N tuvo su origen a finales de octubre de 2020, donde, explicó, se continuó con una agenda desestabilizadora que se ha visto en los países del sur, pero que se aprovechó de la aprobación del presupuesto para coordinar ingobernabilidad e inestabilidad social.

A pesar de la presión social, el gobierno de Giammattei se ha negado a verse completamente como un rectificador en sus decisiones. El presidente, ante la crisis política institucional, ha optado por volver a ocultarse. Quedará por verse si las manifestaciones del #21N y #22N resultan las únicas que piden su renuncia, cuando todavía tiene constitucionalmente otros tres años en el cargo.