El periodista Juan Luis Font se encuentra actualmente perseguido por la justicia guatemalteca. El ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, lo acusa de haber recibido sobornos durante el gobierno Patriota para “mantener la fiesta en paz”. Sin embargo, varios indicios apuntan a persecución selectiva. Estas son las cosas que deberías saber para entender este caso. 

Juan Luis Font, periodista y director del programa radial ConCriterio, se encuentra actualmente involucrado en una persecución penal que lo vincula directamente a los años del gobierno del Partido Patriota. Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones, actualmente en prisión, implicado por la CICIG y la FECI en cinco casos de corrupción, ofreció una declaración al MP en una nueva investigación que involucra al periodista.

El Ministerio Público (MP) tiene una declaración de Alejandro Sinibaldi de 57 páginas, donde tres hacen alusión a Juan Luis Font. En esta parte, el ex ministro acusa a Font de recibir 1.5 millones de quetzales a cambio de buena prensa para él durante su gestión en el Partido Patriota entre 2012 y 2014 en los medios en los que Font trabajó. “Los mismos eran entregados personalmente por el señor Sinibaldi Aparicio en su oficina ubicada en la sexta calle (…). Dichos pagos ilegales fueron una estrategia pactada entre el señor Sinibaldi Aparicio y el señor Juan Luis Font Monzón, y dichos pagos fueron realizados por el ex ministro con dinero procedente de sobornos que pagaban direrentes constructoras”, dicta el expediente al que No Ficción tuvo acceso. 

La audiencia ha sido suspendida cuatro semanas consecutivas y fue hasta el 24 de noviembre que la defensa de Font tuvo acceso al expediente que podría derivar un nuevo caso penal en su contra.

Esta persecución podría ser parte de la justicia selectiva que está evidenciando en los últimos meses el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras. A continuación, algunos de los elementos de la trayectoria de este periodista que debes saber para entender la persecución a Juan Luis Font. 

1. Su trayectoria

Font tiene 55 años, 32 de ellos se ha dedicado al periodismo. Más que un reportero ha sido director y fundador de importantes medios en Guatemala. Comenzó su carrera en la antigua revista Crónica en 1988, trabajó en Siglo XXI entre 1993 a 1995.

Después se convirtió en fundador y director del diario elPeriódico en donde estuvo por 17 años. También fundó A Primera Hora de Emisoras Unidas y fungía como director de noticias de Canal Antigua, propiedad de Erick Archila. 

En 2013, un año después de que el Partido Patriota ganara las elecciones y que nombrara a Erick Archila como ministro de Energía y Minas, Juan Luis Fonto dejó elPeriódico para crear la revista Contra Poder, en sociedad con el exministro Archila, de donde renunció en 2017, en medio del escándalo de orden de captura y fuga de Archila. El entonces ministro de Energía y Minas fue inculpado en el caso Cooperacha de haber ofrecido cuantiosos regalos cada año por su cumpleaños al ex presidente Otto Pérez Molina, caso por el que huyó del país en 2016 y se encuentra prófugo hasta la actualidad. 

En ese mismo año, 2017, Juan Luis se convirtió en fundador y socio, junto con Pedro Trujillo y Claudia Méndez Arriaza, del programa radial y televisivo ConCriterio. Sin embargo, la sombra de su sociedad con el exministro de Energía le persigue en este gobierno en donde además se trama otra amenaza para encarcelarlo.

Esta no es la primera vez que Font está casi contra las cuerdas. En su larga carrera periodística ha tenido momentos difíciles, como el de finales del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en donde junto a su familia tuvo que abandonar su casa y trasladarse a una temporal por el riesgo que corría, luego de la cobertura del Jueves Negro (julio 2003) en donde grupos afines al FRG, gobierno de turno, arremetieron contra varios medios de comunicación incluido elPeriódico. 

Pero la actual amenaza y quizás la más fuerte que enfrenta ahora es esa persistencia del MP a cargo de Consuelo Porras, quien logró retomar el control de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que hasta junio pasado jugó un importante papel en la lucha contra la corrupción y ahora muestran que su enfoque es el de encarcelar a periodistas y activistas sociales que resultan incómodos para el poder político y empresarial que gobierna el país. 

2. La relación de Font con Erick Archila

Juan Luis Font tenía más de 20 años de carrera periodística y 4 años de ser director de noticias de Canal Antigua, cuando, en 2013, el dueño del canal, Erick Archila, integrante de la familia propietaria de Grupo Emisoras Unidas, le propuso asociarse para crear una revista; “Yo tenía poco más de 40 años y pensaba que era un buen momento para capitalizar mi trabajo”, explica Font. 

En 2013, Erick Archila ya ministro de Energía y Minas del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2016), invirtió unos US$350 mil para crear la revista ContraPoder, la empresa fue creada a través de dos sociedades inscritas en el Registro Mercantil de Panamá, que dieron vida a ContraPoder Inc. 

Font niega haber tenido algún tipo de comunicación con Archila luego de que se fugara del país ante diversas investigaciones en su contra por corrupción y lavado de dinero, “nunca volví a hablarle, no me pagaron mi indemnización, ni me dieron un centavo por las acciones de la revista” agregó. 

Archila figuraba como socio capitalista y poseía el 75% de las acciones, mientras que Font fue inscrito como accionista minoritario con un 25% de las acciones, según él su aporte no fue económico, sino industrial para montar y dirigir la revista. 

En la actualidad Font asegura que a la luz de la persecución que vive en estos días es tentador decir que fue un error asociarse con Archila, sin embargo se aferra a la idea: “¿de qué otra forma podría yo haber creado un medio con el peso que llegó a tener ContraPoder?”. 

El director de ConCriterio defiende que durante los tres años y siete meses que dirigió ContraPoder, se publicaron reportajes sólidos e incómodos, “la revista llegó a tener relevancia, se que estoy pagando un costo caro en términos emocionales y de prestigio, pero no me arrepiento (…) ahí se reunieron algunos de los mejores periodistas del país y siento que todos nos sentimos orgullos de lo que hicimos”. 

Además del caso Cooperacha, el ex ministro de energía y Minas se encuentra inculpado por la FECI en 2020 de haber recibido más de 75 millones de quetzales en el caso “Mecanismos de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas” 

La investigación determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos y presentó a Archila como el lider de esta organización que operó en el MP entre 2012 y 2016.

Los medios de comunicación Canal Antigua, Antigua Sports, revista ContraPoder y Diario Digital fueron allanados por el Ministerio Público (MP) en abril de 2017. En 2016, tras las acusaciones a Erick Archila, el Grupo A lo separó de la presidencia de los medios de comunicación. Su hermano, Francisco Archila Dehesa, cambió la administración de Emisoras Unidas para encargarse del Grupo A, pero en febrero de 2017 dejó el puesto.

3. El regreso del prófugo Alejandro Sinibaldi.

“Aquí debo mencionar que el señor Juan Luis Font, quien era socio de la revista Contrapoder y Director de Canal Antigua, era un visitante frecuente ya que cada mes durante el tiempo que fui ministro llegaba a mis oficinas ubicadas en la sexta calle 2-38 del la zona 10 de ciduad de guatemala, conocida como la “casa verde”, y que en cada reunion que normalmente se llegaba entre las diez y las once de la mañana, el señor Font recibía un sobre con cicuenta mil quetzales, el cual yo personalmente se lo entregaba y que a la vez el sobre era llevado a mi oficina por parte de la asistente Analiesse Herrera, este dinero se entregaba para que se llevara “la fiesta en paz”, menciona Sinibaldi en el expediente al que tuvo acceso No Ficción. 

El ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, regresó a Guatemala en agosto de 2020, después de cuatro años prófugo, y se entregó a la justicia. Sinibaldi actualmente guarda prisión en Mariscal Zavala, implicado en cinco casos de corrupción, entre ellos el caso Odebrecht, donde recibió casi USD10 millones, de los casi US30 millones que entregó la constructora brasileña en sobornos en Guatemala. Además, Sinibaldi fue inculpado por la CICIG y la FECI en otros de los macrocasos de sobornos durante el Gobierno Patriota: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Transurbano o el caso Cooperacha, caso por el cual huyó de Guatemala, al igual que Erick Archila. 

El expediente se refiere en su mayor parte a una disputa de propuedades entre el ex ministro Sinibaldi y los hermanos Archila, Erick y Rolando Archila, ex fundador de Emisoras Unidas. 

“Sinibaldi dice concretamente que yo recibí de parte suya al redecdor de 1.5 millones de quetzales entre 2012 y 2014, dice que recibí ese dinero para garantizar unas coberturas noticiosas positivas para él y para el gobierno del Partido Patriota. Es completamente falso que él me hubiera dado un centavo y que yo lo hubiera recibido, y es enteramente falso y fracamente muy fácil de demostrar, que en los medios que yo trabaja él hubiera gozado de una cobertura positiva”, dijo ayer Juan Luis Font en su programa de radio. 

Sin embargo, existen muestras de lo contrario, de un encontronazo entre los medios que Font dirigía y el ex ministro de Comunicaciones, debido a investigaciones periodísticas que inculpaba directamente a Sinibaldi de corrupción. “Si el MP hace una rápida investigación hemerográfica, puede encontrar una gran cantidad de evidencias en contra de ese silencio que él pagaba”, dijo Juan Luis, quien mencionó varias disputas con el ex ministro Sinibaldi, debido a coberturas contrarias a la gestión o donde se le acusaba de corrupción.

De hecho, Juan Luis Font y Sinibaldi, quien hoy lo acusa ante el MP de haber recibido sobornos, habían tenido varios encontronazos en el pasado. El encontronazo más importanto tuvo lugar en 2013. En ese momento, un equipo de dos reporteros del diario elPeriódico elaboraban una investigación sobre el Fondo de Conservación Vial (Covial), un fideicomiso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a cargo en esa época, 2013, de Alejandro Sinibaldi.

El reportaje evidenciaba que en 78 procesos de adjudicación se detectó una sobrevaloración del 40 por ciento, este reparto de obras se hizo entre 13 empresas. La nota se tituló, Covial pudo haber ahorrado Q29 millones en 2012. Al pedir la explicación del Ministerio sobre el caso, Sinibaldi decidió organizar una reunión poco convencional para responder a los cuestionamientos de los periodistas. En su sala de sesiones citó a Rubén Mejía y Miguel Angel Cabrera, viceministros de la cartera; José Luis Agüero, presidente de la Cámara de la Construcción y a Álvaro Mayorga, representante de Conasa, una de las empresas beneficiadas con esta modalidad de comprar al más caro. Todos ocupaban esos cargos en esa época.

Por parte del medio estuvieron presentes; Font como director, Paola Hurtado como editora y los dos reporteros. La reunión fue tensa. Asier Andrés, coautor del artículo, presentó a través de una cañonera una base de datos y otros documentos que respaldaban su hipótesis de la colusión de empresas constructoras para beneficiarse con licitaciones millonarias. 

Sinibaldi no aceptó y cuestionó las pruebas documentales, en un momento de la sesión su rostro se enrojeció y fue el primero en levantarse y salir de la sala. Al final la nota fue publicada el 28 de enero de 2013, sin ningún cambio y con la versión de los funcionarios, pero este fue el principio de una serie de investigaciones que publicó elPeriódico y luego Contra Poder, bajo la dirección de Font y que evidenció anomalías en ese miniterio. 

En julio de 2018, el directivo de la constructora Conasa, Álvaro Mayorga, se entregó en el juzgado de Mayor Riesgo D para responder por el caso Construcción y Corrupción y fue condenado un mes después, a cinco años de prisión conmutables y al pago de una multa, por haber entregado sobornos por Q1.4 millones a Sinibaldi para la campaña del Partido Patriota cuando fue parte de otra constructora.  El exministro aún debe enfrentarse a ese caso que es uno de los que se le sindican.

En el pasado Font ya había entrevistado a Sinibaldi, esto ocurrió en el programa de noticias “Noticias a las 8:45” de Canal Antigua en el 2011, cuando Sinibaldi figuraba como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala en 2011 por el Partido Patriota. También en esta entrevista Font fue crítico y cuestionó a Sinibaldi, contrario a al declaración donde el ex ministro indica que Font habría recibido dinero de él por darle buena prensa.

Sinibaldi está recluido en un apartamento de dos niveles, pintado de blanco y con grama sintética colocada en una de las paredes exteriores del lugar. El techo tipo teja y los acabados exteriores simulan una casita de algún residencial exclusivo de la ciudad, pero es una “celda”  construida y acondicionada el año pasado dentro de la cárcel militar Mariscal Zavala. En la misma cárcel, pero no en la misma área donde está el expresidente Otto Pérez Molina, ni en el mismo sector que más reos alberga en esa prisión. Él está apartado. 

Desde allí probablemente redactó o dictó los comunicados publicados el 17 y 26 de noviembre en Twitter por el abogado, Abraham Girón, donde respondió a Font sobre la posible declaración que hará en contra del periodista. 

“La victimización, mediatización y alusiones hacia mi persona de poco sirven, y es pertinente hacerle ver que la profesión de periodista no le proporciona un escudo de impunidad”, dijo Sinibaldi en el comunicado del día 17. Entre tanto, el comunicado publicado hoy indica que el MP debería actuar de oficio en contra de Juan Luis por obstaculización de la justicia por haber revelado el expediente

Agregó que su voluntad es “hacer saber la verdad de los hechos acontecidos durante el tiempo que fue Ministro tal como lo prometió a mi retorno, a pesar de que pueda incomodar a personas que hasta la fecha han permanecido impunes a la ley”.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, es una de las personas que más ha atacado y amenazado al periodista Juan Luis Font. (Foto: David Toro)

4. Otros enemigos

“Tenemos razones para ser odiados por esa gente (empresarios-políticos) y por supuesto que quieren aprovechar cualquier oportunidad para deshacerse de nosotros, que sirva como ejemplo para que los demás sepan que van a perseguirlos”, explica Font.

Desde que los casos de corrupción contra Erick Archila salieron a luz, en unión a su fuga en 2015, el señalamiento y el desprestigio contra Font se incrementó; este año medios de comunicación vinculados a Manuel Baldizón ex candidato presidencial del partido Lider, difundieron una campaña donde señalaban al periodista de estar ligado a redes de corrupción. 

Durante los años posteriores en redes sociales, se ha publicado que Juan Luis Font habría lavado dinero para Archila; Font asegura que esa ha sido una acusación espuria surgida de net centers para desprestigiar su figura.

Font señala directamente a Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, de ser un instrumento de las personas que lo persiguen, “se que esta Fundación tiene como patrocinadores a grandes empresarios del país, pero no están plenamente identificados, aunque entiendo que hay esfuerzos por identificarlos”.

La Fundación contra el Terrorismo una organización creada por militares y familiares de militares con el propósito de defender a los suyos, implicados en crímenes de guerra. Aunque en los últimos años ha estado más activa en temas políticos, defendiendo en redes sociales y litigando a favor de sindicados en casos de corrupción. 

Méndez Ruiz, en su twitter publicó el cinco de agosto de 2021 que había aportado pruebas sobre la asociación entre Archila y Font; ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ahora dirigida por Rafael Curruchiche, el fiscal que fue colocado por la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras en ese espacio tras remover del cargo a Juan Francisco Sandoval. 

Ricardo Méndez Ruiz fue incluido el 1 de julio de 2021 dentro del la Lista Engel por el Gobierno de Estados Unidos, impidiendo así que Ricardo Méndez Ruiz pueda entrar en el país norteamericano. Según el listado, Mendez Ruiz, como fundador de la Fundación contra el Terrorismo. “Intentó de retrasar u obstaculizar procesos criminales en contra de oficiales militares que hubieran cometido actos de violencia, acoso o intimidación en contra de investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”.

“¿Por qué si yo lo señalo a él es un ataque y si él me señala a mi es su libertad de expresión?”, dijo Méndez Ruíz. El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo explicó que no tiene nada personal contra Font y que escribir en sus redes contra él y el haber presentado documentos de las sociedades en Panamá de Contra Poder a la FECI no le demanda mucho de su tiempo. 

Que esto tampoco lo hace en nombre de Cementos Progreso con quienes asegura no tiene comunicación, ni en representación de nadie más, pero que si llega a sus oficinas de zona 15 decenas de rumores, chismes y documentos que de forma anónima filtran a su despacho. 

Font asegura que pese a ser tesorero de ContraPoder, le causa tranquilidad saber que nunca tuvo poder sobre las cuentas y transferencias bancarias realizadas por la empresa; “no existe una firma mía en temas financieros”, refirió. 

Juan Luis Font indicó que la investigación realizada en la radio ConCriterio, donde se mostró el vínculo entre la minera rusa y la entrega de dinero ilicito al presidente Giammattei en una alfombra le puso en la mira. (Foto: Oliver de Ros)

Además, Juan Luis indicó que no descarta que el propio presidente Alejandro Giammattei pudiese tener relación con la persecución en su contra; debido a que ConCriterio, el medio de comunicación radial que dirige en la actualidad, fue uno de los primeros en encontrar el vínculo de una minera rusa con los empresarios de esa nacionalidad que habrían entregado una alfombra mágica a Giammattei, en mayo de 2021. Además ha sido crítico con la gestión de Consuelo Porras.

Font, asegura tener claro que esta cacería no se trata únicamente de él, a su criterio esto se trata de buscar castigar a quienes han investigado casos de corrupción o desde sus espacios dieron visibilidad a los casos que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), logró visibilizar entre el 2015 y el 2017. 

“Me parece que también quieren cobrar venganza de periodistas que han cubierto casos de violaciones a derechos humanos que han llegado a proceso judicial y que fueron cometidos durante el conflicto armado interno”. 

El juez Geisler Pérez, a cargo del caso de Juan Luis Font, está cuestionado por su vinculación al caso Comisiones Paralelas

5. Un juez cuestionado a cargo del caso

El juez, Geilser Smaille Pérez Domínguez, a cargo de escuchar la declaración de Alejandro Sinibaldi, es titular del juzgado Tercero Penal. La FECI solicitó el año pasado retirarle el antejuicio para investigarlo por su posible vinculación en el Caso Comisiones Paralelas 2020. Sin embargo, mantiene su inmunidad.

Pérez fue quien firmó la orden de allanamiento para revisar la casa de Juan José Corado, editor de deportes de elPeriódico y tiene a su cargo el caso del periodista Sonny Figueroa, quien ha investigado casos de corrupción del presidente Alejandro Giammattei y pasó una noche aprehendido en septiembre de 2020 acusado de alterar el orden público. 

Además el juez Geisler Pérez, es conocido como amigo de su antecesor en ese juzgado, Mynor Moto, prófugo por tener varios señalamientos de corrupción. El juez Geilser Smaille Pérez de 39 años, comenzó su carrera en el Organismo Judicial el 22 de agosto de 2011 como juez de primera instancia de San Bartolomé Jocotenango, Quiché, también estuvo en juzgado en Mixco, en el juzgado quinto y cuarto de paz civil en la ciudad, en marzo de 2018 fue juez de primera instancia suplente en el Consejo de la Carrera Judicial en 2019 volvió a Mixco y por último tomó el lugar que tenía su colega, amigo y antecesor, Mynor Moto, prófugo por señalamientos en casos de corrupción. 

“Al hablar del juez yo lo compararía con otro juez, yo lo compararía con el juez Moto, con Mynor Moto porque era duro y a él un comunicado le venía del norte”, opinó Ricardo Méndez Ruíz sobre Pérez Domínguez.

6. El Ministerio Público de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. 

La desconfianza hacia el Ministerio Público por parte de la población ha ido en incremento desde que la fiscal Consuelo Porras comenzó a actuar en favor del ex presidente Jimmy Morales. Con la adminsitración del presidente Alejandro Giammattei, las acciones de la Fiscal General dan muestra de un viraje desde la salida de la CICIG del país, dirigido a debilitar las investigaciones sobre corrupción y utilizar el ente persecutor para acciones de justicia selectiva.

El ejemplo más claro fue la destitución sin previo aviso del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien había encabezado una buena parte de las investigaciones junto a la CICIG e inculpado a cientos de personas. Sandoval fue sustituido por Rafael Curruchiche. 

Curruchiche pasó de ser fiscal de delitos electorales en 2019 a dirigir la fiscalía contra la corrupción donde ganó notoriedad al acusar al ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solorzano Foppa y al exanalista de la Cicig, Aníbal Arguello de asociación ilícita y falsedad ideológica, para la fundación del partido político “Ambientalista Guatemalteco”, otro caso con grandes indicios de justicia selectiva. 

Tras ese paso efímero por la fiscalía contra la corrupción, Curruchiche ha llegado a la FECI.

El paso del fiscal Curruchiche de la fiscalía contra la corrupción frenó algunas investigaciones revelantes dirigidas por Sandoval. Según declaraciones del fiscal Sandoval tras marcharse al exilio, actualmente el objetivo del MP y la fiscal Consuelo Porras es frenar investigaciones y dirigir ataques. Al parecer uno de los pasos primarios del debut de Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sería haber recibido una declaración de Alejandro Sinibaldi en contra de Juan Luis Font.

7. El gobierno de Giammattei y la hostilidad y persecución contra la prensa y activistas de derechos humanos. 

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el descontento de su administración hacia la prensa ha sido evidente; desde actos tan simbólicos como rociar con insecticida a periodistas en la salida del Congreso en marzo del 2020 a inicio de la pandemia, hasta mostrar públicamente su menosprecio hacia la prensa que fiscaliza sus acciones durante casi dos años de gobierno. 

Uno de los casos más mediáticos y ejemplares de cómo se ha instrumentalizado la justicia contra periodistas durante el último año, incluso en espacios lejanos a la ciudad, es el de Anastasia Mejía Tiquiriz, locutora y directora de Xol Abaj Radio, en Joyabaj, Quiché. 

El alcalde Florencio Carrazcosa acusó de sedición a Mejía Tiquiriz en  septiembre del 2020, la periodista que había sido crítica de la administración local de Carrazcosa  estuvo en prisión preventiva durante 39 días. Un año después, el juzgado de primera instancia penal de Nebaj, Quiché desestimó y desechó los cargos que habían sido colocados contra la periodista comunitaria. 

Un caso igual de ejemplar, pero más reciente, se suscitó durante el estado de sitio decretado por Alejandro Giammattei el 24 de octubre en el municipio de El Estor, Izabal. El MP allanó la casa de Juan Bautista, un periodista de Prensa Comunitaria que había documentado cómo las fuerzas estatales usaron la fuerza contra una resistencia antiminera para abrir paso a los camiones cargados de carbón que se conducían hacia la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico). 

El 20 de octubre de 2021, además, el Ministerio Público confirmó que se encontraba investigando a José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, a raíz de una denuncia de 2013. Se trata de Fiscalía de Delitos Administrativosa que investiga a Zamora raíz de una denuncia presentada por auditoría interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La fiscalía continúa con la investigación a pesar de que el caso fue cerrado por el MP y la Contraloría General de Cuentas no detectó hallazgos. 

La embestida del MP no se ha limitado solo contra periodistas, el 24 de noviembre la activista Nanci Cinto fue detenida acusada de realizar pintas al Congreso durante la manifestación del 21 de noviembre del año pasado. Cinto fue agredida por agentes antimotines durante esa jornada.
Cinto recuperó su libertad 15 horas después de su captura, sin embargo fue ligada a proceso y quedó bajo arresto domiciliario. 

Además diputados de oposición también han sido denunciados durante el gobierno de Alejandro Giammattei. El 15 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) denunció penalmente a la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), ella participó en una manifestación del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y se le acusó de bloquear la libre locomoción. La misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ha acuerpado a diputados como Felipe Alejos, retiró la inmunidad al diputado Aldo Davila por un supuesto caso de agresión contra el presidente del Congreso Allan Rodríguez.

Sin tener certeza de cuando será reprogramada la audiencia donde Sinibaldi pueda declarar en su contra, Juan Luis Font enfrenta la presión diaria de pensar si será o no procesado, asegura que no considera la opción de salir del país y que su mayor preocupación en medio de esta situación es la afectación a su círculo familiar.