En 2023, el estado guatemalteco invirtió Q1,656.1 millones en derechos sexuales y reproductivos (DSR), lo que equivale al 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB). Un análisis del gasto demuestra que los fondos siguen concentrados en la capital de Guatemala. El gasto que más aumentó fue el destinado a las infecciones de transmisión sexual.

El gobierno de Guatemala durante la gestión de Alejandro Giammattei destinó Q1,663.3 millones del segundo semestre de 2022 y bajó ligeramente a Q1,656.1 millones en 2023 al Gasto Público en Derechos Sexuales y Reproductivos  (GPDSR). 

Aunque el porcentaje de ejecución se mantuvo alto, pasando de 91.7% en 2022 a 91.3% en 2023, los recortes en áreas clave como salud materna y métodos anticonceptivos limitaron el acceso a servicios esenciales, especialmente en comunidades rurales. 

¿Qué es el Gasto Público en DSR?

El Gasto Público en Derechos Sexuales y Reproductivos (GPDSR) tiene como objetivo garantizar la salud y bienestar de la población a través de programas que incluyen salud materna, acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual, violencia de género y prevención de infecciones.

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), En 2021, Guatemala usó solo el 2.33% del dinero que genera el país (PIB) para la salud pública, mientras que las familias pagaron de su bolsillo el 60.98% de los gastos médicos. Parte de este presupuesto se destinó a programas de salud reproductiva y planificación familiar. 

En la columna de opinión de Plaza Pública, la economista Sucely Donis Bran, señala que la desigualdad en el acceso a los servicios de salud es una de las principales causas de la mortalidad materna en estas regiones. “El riesgo de muerte es mayor según el territorio, la pobreza o la pertenencia étnica de la mujer”, explica.

En 2023, una auditoría realizado por INCIDEJOVEN analizó cómo se distribuyeron estos fondos y cuáles fueron los resultados en comparación con el año anterior. Muestra que hubo variaciones en la inversión y en los resultados alcanzados.

¿Cómo se utilizó el presupuesto?

La mayor parte de los recursos se concentró en el Gobierno Central, a través de ministerios y secretarías responsables de ofrecer estos servicios. Sin embargo, muchos programas no lograron alcanzar sus metas, como la cantidad de personas atendidas o los servicios proporcionados. Esto no se debió tanto por recortes presupuestarios y problemas en la ejecución de los programas. 

1. Más inversión en atención materna, pero con recortes en servicios 

La atención a la salud materna fue eje fue el de mayor prioridad. Representó casi la mitad (45.9%) del presupuesto total. Sin embargo, este tuvo un recorte de 2.9% en comparación con 2022, lo que afectó principalmente a mujeres jóvenes y adolescentes en zonas rurales, donde el acceso a los servicios sigue siendo limitado.

Resultados en números 

Los datos del MSPAS muestran que la tasa de mortalidad materna disminuyó seis puntos, de 91.0 en 2022 a 85.0 en 2023 por cada 100,000 nacidos vivos. Este avance en los números es positivo, pero no refleja el impacto completo de los recortes presupuestarios: Q23.6 millones menos se destinaron a la salud materna en comparación con el año anterior, lo que dejó a más de 453,000 mujeres sin atención, afectando especialmente a las adolescentes en comunidades rurales.

La distribución del gasto mostró una marcada desigualdad. Mientras el departamento de Guatemala obtuvo el 32.8% de los recursos, regiones como El Progreso recibieron apenas el 0.6%.

A pesar de ser el eje más financiado para salud sexual y reproductiva, los recortes afectaron especialmente en áreas rurales. 

Se destinaron Q808.4 millones para la salud materna, de los cuales se ejecutaron Q759.3 millones, un 93.9% del presupuesto. Sin embargo, esto representó una disminución con respecto a los Q782.9 millones del 2022. Este gasto solo representó el 4% del presupuesto ejecutado por el MSPAS y apenas el 0.4% del presupuesto estatal total.

Aunque el MSPAS tiene mayor alcance, el IGSS se limita principalmente a las áreas urbanas, la cobertura de la salud materna sigue siendo un desafío en el país. La distribución de servicios sigue siendo desigual, con una mayor concentración en las cabeceras departamentales, dejando a las comunidades rurales con acceso limitado.

La economista Sucely Donis Bran destaca que el riesgo de muerte materna en Guatemala es mayor según la región, la pobreza y la etnia de las mujeres. De las 183 muertes maternas registradas hasta julio de 2023, el 56% se concentraron en cinco departamentos, principalmente en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, donde las tasas de pobreza son altas. Además, en estos lugares también se registran los mayores índices de natalidad. 

La economista señala que la mortalidad materna sigue siendo un desafío nacional. En Guatemala, el 53.9% de las mujeres está en edad reproductiva (de 15 a 49 años), lo que representa el 27.4% de la población total. Esta es una etapa clave que impacta no solo la salud de las mujeres, sino también la de sus familias y la sociedad, influyendo en el bienestar de las futuras generaciones.

2.  Reducción alarmante en el presupuesto destinado a métodos anticonceptivos

El presupuesto destinado al acceso a métodos anticonceptivos fue de Q82.4 millones, de los cuales Q69.1 millones fueron ejecutados en 2023, lo que representa un 81.1% de ejecución.

Esta cifra refleja una disminución preocupante del 27.7% respecto al año anterior, cuando se ejecutaron Q95.6 millones.

Resultados y disminución en la cobertura

• En 2023, se proporcionaron 433,637 consultas por planificación familiar, un 31.7% (201,929) menos que en 2022. Uno de los recortes más alarmantes fue en los eventos relacionados con la adquisición de métodos anticonceptivos, que sufrió una reducción del 99.8%.

• El acceso a métodos anticonceptivos tuvo resultados desiguales  entre las distintas direcciones de salud (DRISS). Por ejemplo, el área Ixil recibió más de Q1 millón, pero su ejecución fue la más baja, alcanzando solo el 72.5%. De las cinco regiones analizadas (Central, Nor Occidente, Nor Oriente, Sur e Ixil), solo dos superaron el 90% de ejecución. Este gasto forma parte del programa del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) enfocado en la Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal.

A pesar de ser una necesidad clave en salud reproductiva, este eje solo representó el 4.2% del presupuesto total, reflejando una disminución significativa en la prioridad asignada a la planificación familiar.

3.  Se duplica el presupuesto para atención a infecciones de transmisión sexual, pero se entregan menos preservativos a poblaciones vulnerables

El eje de prevención y atención de Infecciones de Transmisión Sexual y virus de inmunodeficiencia adquirida (ITS/VIH) fue el que más aumentó con respecto a 2022, un 218.1%.  Tuvo un presupuesto asignado de Q129.8 millones, se ejecutó Q112.4 millones respecto a Q35.3 millones de 2022.

Resultados y distribución desigual

• A pesar del aumento, los recursos fueron distribuidos de manera desigual. La mayor parte, el 67.8% del presupuesto (Q76.3 millones), se concentró en el departamento de Guatemala. En contraste, regiones como Totonicapán recibieron apenas el 0.1% (Q0.2 millones). 
• En cuanto a los resultados, el número de casos de VIH reportados en 2023 fue de 2,126, lo que muestra una leve disminución del 5.1% con respecto al año anterior.
• Sin embargo, las acciones clave del programa, como la distribución de preservativos, mostraron recortes en la cobertura se redujo en un 21.1%.
• Además, el seguimiento a mujeres VIH positivas después del parto también sufrió un gran recorte, con una disminución del 44.3%.
• La atención y la orientación sobre prevención de ITS y VIH sólo llegaron a un 77.3% de lo previsto.

A pesar de que la inversión aumentó significativamente, la ejecución de las acciones más importantes sigue siendo insuficiente. Los recortes en áreas como la distribución de preservativos y el seguimiento a mujeres con VIH postparto afectan directamente a las personas más vulnerables. Este eje representa 6.8% del GPDSR, pero la falta de recursos en ciertas regiones y la baja ejecución de los programas dificultan la mejora de las condiciones de salud en las comunidades más necesitadas.

4.       Prevención y atención de la violencia contra la mujer

Un presupuesto de Q490 millones. De este total, se ejecutaron Q427.2 millones, lo que significa un aumento del 27.5% respecto a los Q335.5 millones del año anterior.

Resultados y distribución 

• El  Ministerio Público lideró el gasto, con un 46.6% de los fondos. Sin embargo, el 64% de estos recursos se concentró en el departamento de Guatemala, mientras Jalapa recibió apenas el 0.7%.
• Los programas de formación y sensibilización tuvieron recortes de hasta el 20.9%, limitando el impacto en comunidades vulnerables.
• Se registraron 67,847 denuncias de violencia, un 3.3% más que en 2022.
• Algunos programas no lograron avanzar como se esperaba. El centro de atención para mujeres víctimas de violencia en Jutiapa, por ejemplo, solo alcanzó el 67.6% de su objetivo.
• La investigación de casos de violencia contra la mujer tampoco cumplió sus expectativas, con solo un 60.3% de ejecución.
• El acceso a servicios para adolescentes también se redujo drásticamente. La protección para niñas y adolescentes de 16 a 18 años disminuyó en un 59.1%, lo que implica que 130 menores no recibieron la atención que necesitaban.

A pesar de un aumento en la inversión, que representó el 25.8% del presupuesto destinado a derechos sexuales y reproductivos, la centralización de los recursos sigue limitando el acceso a servicios en las áreas más alejadas y necesitadas del país.

5.    Más allá de anticonceptivos y salud materna

El eje de Salud Sexual y Reproductiva tuvo un presupuesto de Q276.6 millones, de los cuales se ejecutaron Q261.4 millones, lo que representa el 94.5% de ejecución. Esto significó un aumento del 13.9% comparado con los Q229.5 millones de 2022.

Aunque la cantidad asignada fue mayor, la distribución de estos fondos también presentó grandes desigualdades.

Resultados

• El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue responsable de la mayor parte de la ejecución, con Q253.8 millones (el 97.7%). En cambio, las direcciones de salud del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) en distintas regiones apenas ejecutaron Q0.8 millones, lo que equivale al 0.3% del total asignado a este eje.
• En 2023, el número de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años fue de 62,306, lo que refleja una disminución del 8% en comparación con 2022. Sin embargo, algunos departamentos siguen siendo los más afectados, como Alta Verapaz, Guatemala y Escuintla.
• El Ministerio de Salud tenía como objetivo vacunar contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a 215,825 niñas de 10 a 14 años. Sin embargo, el objetivo se redujo a 183,304 niñas, y al final solo se logró vacunar al 81.6%  (149,631 niñas) de ellas, lo que dejó a muchas jóvenes sin esta protección esencial.

Invertir en servicios de salud sexual y reproductiva es crucial para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las mujeres y jóvenes. Según el informe Adding It Up del Instituto Guttmacher, cada dólar invertido (aproximadamente Q7.80) en estos servicios tiene un impacto significativo, ya que reduce costos relacionados con problemas de salud, como embarazos no planificados, complicaciones en la salud materna y enfermedades de transmisión sexual. Mejorar estos servicios podría reducir hasta un 62% las muertes maternas y un 69% las muertes neonatales, lo que demuestra la importancia de garantizar el acceso a atención de calidad. 

6. Ejecución presupuestaria sin registros claros

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) ejecutó Q26.5 millones de un presupuesto asignado de Q27.3 millones, alcanzando un 97.1% de ejecución. Sin embargo, este monto solo representó el 1.6% del total del GPDSR, siendo el eje con menor inversión.

Aunque hubo un incremento del 72.8% en comparación con 2022, no se encontraron datos claros sobre cuántas personas se beneficiaron o qué resultados se lograron. 

Solicitudes de información enviadas al Ministerio de Educación y al Conjuve quedaron sin respuesta, lo que genera dudas sobre el impacto real de los programas, según la auido, según la auditoría.

Por otro lado, del presupuesto total del GPDSR 2023, el 45.9% se destinó a la atención de la maternidad, mientras que la educación sexual, que es clave para prevenir embarazos en adolescentes, recibió una mínima parte.

Guatemala, en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha propuesto reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos para 2030. Además, el país se comprometió a asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, educación e información sobre salud.

La economista Bran destaca la urgencia de garantizar que la maternidad en el país no sea un riesgo para las mujeres. Para ello, es clave invertir en salud materna y reproductiva accesible, con atención profesional, mejores centros de salud y ejecución eficiente del presupuesto y que se debe invertir en infraestructura vial, transporte público, agua potable y otros servicios básicos que faciliten el acceso y la movilidad para las mujeres.

6. Educación Integral en Sexualidad sigue sin concretarse

Aunque la mayoría de los ejes del presupuesto en derechos sexuales y reproductivos (DSR) cuentan con estrategias en marcha, hay importantes vacíos. La prevención y atención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH carece de un plan actualizado desde 2015, y la Educación Integral en Sexualidad (EIS) no tiene objetivos claros ni herramientas para medir su impacto. Esto dificulta saber si realmente están cumpliendo con sus objetivos.

Emma López, psicóloga y experta en sexualidad y género, destaca que la falta de información clara sobre cómo se utiliza el presupuesto genera desconfianza en la población. “Es necesario que las comunidades se involucren exigiendo transparencia y que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”, explica. También resalta la importancia de priorizar temas como el embarazo adolescente y promover la educación sexual desde un enfoque práctico y accesible.

Además, López subraya que otros países como México que implementó su “Nueva Escuela Mexicana” para priorizar temas de igualdad y derechos, o Costa Rica han implementado políticas educativas y de salud más integradas que podrían servir de ejemplo para Guatemala. Sin embargo, advierte que las políticas conservadoras recientes, como la “Política para la Institucionalización de la Vida y la Familia”, han restringido el acceso a estos derechos, que obstaculizan el avance en derechos sexuales y reproductivos.

Para avanzar, Emma señala que es crucial que el Estado garantice datos de calidad y fomente la participación ciudadana. 

Además, pocas estrategias consideran a mujeres jóvenes como un grupo prioritario, y la atención a mujeres con discapacidad, migrantes o de la comunidad LBT (lesbianas, bisexuales y transexuales) es prácticamente inexistente. La única excepción es el eje de Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer, que sí incluye medidas específicas para estos grupos vulnerables.

La salud sexual impulsa la economía

La periodista Karen Rice destaca que no existe un único informe internacional que detalle cómo los países gastan específicamente en salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero informes como el del Banco Mundial ayudan a entender la importancia de estas inversiones.

Resalta que invertir en salud reproductiva no solo mejora las condiciones de vida, sino que también impulsa la economía, ya que las mujeres pueden trabajar más y mejor. Además, cuidar la salud materna y ofrecer planificación familiar ayuda a que los hijos crezcan más sanos y con mejores oportunidades.

El Banco Mundial señala que los costos asociados a complicaciones en el embarazo pueden empobrecer aún más a las familias. Por tanto, fortalecer la inversión pública en salud reproductiva es crucial para salvar vidas, sino también para reducir la pobreza y fomentar el progreso económico.

En Guatemala, invertir más en este tema puede reducir la pobreza y generar un impacto positivo en la sociedad.