Luego de una larga jornada de trabajo, entre tapiscar maíz, recolección de café, siembra de hortalizas, labores del hogar y reuniones, el respiro de fin de semana para la comunidad Montaña Verde, está acompañado de algo que consideran sagrado: la misa.

En un pequeño templo construido por los propios pobladores se reúnen los domingos en punto de las nueve de la mañana. Al terminar la celebración que recoge la fe y las gracias de esta pequeña comunidad, llegan los avisos que van desde horarios de reuniones, jornadas de protección de la montaña o alertas ante posibles amenazas que pretenden privatizar sus fuentes de agua, bosque y diversidad de bienes naturales. Es la muestra de una iglesia que defiende a los pobres y oprimidos; como lo enseña la teología de la liberación, que llama a los cristianos a comprometerse en una praxis transformadora, liberadora, tratar de abolir la situación injusta y construir una sociedad de hombres y mujeres nuevos.

Montaña Verde, con más de 2 mil habitantes ubicados en dos caseríos, Vertiente y Planes, es una comunidad del municipio de Gracias en el departamento de Lempira, situada en la montaña Celaque, el pico más alto de Honduras, (2,849msnm), en la zona occidental.

La belleza y riqueza natural están a simple vista. Se respira aire puro gracias a la cantidad de árboles de pino, liquidámbar y plantas medicinales que ahora son apetecidos por empresas y gobierno en el marco de la producción de oxígeno e instalación de mineras e hidroeléctricas.

En Honduras, el 65 % de los 298 municipios cuentan con áreas de concesiones mineras y/o de proyectos de generación de energía eléctrica. Del total de concesiones, 54 corresponden a la minería y 36 a generación de energía, además existen 79 proyectos mineros y 37 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de microcuencas declaradas y áreas protegidas, revela el estudio del 2019 “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos”, elaborado por Oxfam, Fosdeh y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Una historia de violencia y despojo

Ese hermoso paisaje que revela la armonía y respeto entre la comunidad y los bienes naturales no siempre fue así. La historia de Montaña Verde es una de las muchas historias cargadas de violencia y negación de los derechos de los pueblos indígenas. Una historia que, por un lado, ubica a ricos latifundistas, interesados en el control de la tierra, las fuentes de agua y del comercio de madera de las selvas vírgenes de las comunidades, y por el otro, a la población indígena lenca protegiendo su territorio.

Montaña Verde con más de 100 años de conformación, fue la zona que terratenientes y ganaderos acapararon para pastar su ganado y tener control de los bienes naturales que se producen. En todos estos años los indígenas que nacieron allí eran los peones de los empresarios quienes, sin tener título de propiedad, pero respaldados por el gobierno, aseguraban ser dueños de dichas tierras, según relatos de los habitantes. 

La mayoría de familias cultivan una tierra que no les pertenece, sino que acceden a ella a través del alquiler, la mediería, el préstamo o el colonato. Esto implica que no pueden decidir libremente qué y cómo producir. En Honduras, con la expansión imparable del monocultivo industrial -entre 1990 y 2010 las áreas destinadas al cultivo de caña y palma africana se han duplicado y cuadruplicado respectivamente en la región cada vez les resulta más difícil y más caro encontrar un pedazo de tierra donde cultivar. Indica el informe Tierra para Nosotras elaborado por OXFAM.

En los años noventa, esta población lenca inició una lucha comunitaria por el reconocimiento jurídico del derecho a la propiedad colectiva de las tierras ocupadas. En 2000 el Instituto Nacional Agrario (INA) atendió la petición y se comprometió a extender un título de propiedad del ayuntamiento a favor de Montaña Verde.

El INA emitió un comunicado ordenando que ningún civil ni privado pudiera hacer convenios y contratos con objeto de adquirir las tierras, porque ya estaba en marcha el proceso de reconocimiento de la propiedad a favor de la comunidad indígena”, recuerda Marcelino Miranda, actual procurador indígena en la comunidad.

Pese a los trámites y reclamos de los indígenas, los terratenientes, mucho vinculados con el Ejército hondureño según los pobladores, continuaban con sus actividades de explotación, lo que obligó a la comunidad a atrincherarse para evitar que el ganado y sus dueños continuaran irrespetando la tierra y violentando sus derechos.

Integrantes de la comunidad señalan que esta acción no fue perdonada por los terratenientes, quienes iniciaron las amenazas y hostigamiento contra los líderes de la comunidad. Así se dio paso a la violencia, encarcelamiento, tortura y agresiones contra los indígenas.

“Ese día nací…”

Para evitar el ingreso del ganado y de terratenientes se instaló un campamento, acción que enojó a los empresarios, quienes, comprando la voluntad de policías y militares, y mediante operativos iniciaron agresiones en contra de reconocidos líderes, relatan en el pueblo.

La noche del 8 de enero de 2003, mediante un fuerte operativo encabezado por el Ejército y la policía, Marcelino Miranda y su hermano fueron sacados de sus casas y torturados por más de 15 horas.

“A las 9 de la noche hubo operativo de la policía y ganaderos vestidos de militares. Irrumpieron en mi casa diciendo que era una persona peligrosa, que venían a matarme. Comenzó la tortura, me daban golpes con sus botas y armas, encendían cigarrillos para meterlos en mi boca y orejas, fueron 15 horas de dolor, no comprendía porque luchar por lo que nos pertenece podría llevarme a la muerte.

Junto a mi hermano nos gritaban que éramos vándalos y delincuentes, que esa noche íbamos a morir. La verdad aún me pregunto cómo sigo vivo. Ellos nos dejaron tirados en medio del bosque, creían que estábamos muertos, pero Dios estaba allí, él nos había protegido. Ese día que me torturaron e intentaron matar, nací nuevamente”, cuenta Marcelino, estremeciéndose de dolor, él recuerda que por alguna razón sus padres no colocaron la fecha de nacimiento en su acta, y que Dios le permitió nacer ese 8 de enero.

La tortura no fue suficiente. Marcelino y otros 7 dirigentes fueron encarcelados acusados del delito de usurpación de tierras, a pesar que el Instituto Nacional Agrario había emitido resolución de trámite de título comunitario.

Nuevamente Marcelino llevó la peor parte, estuvo preso tres años y medio, incluso la Corte Suprema de Justicia, lo había condenado a 31 años de cárcel. “Los opresores son cobardes y muy pronto van a desmayar. Pues son muy ricos, pero son pocos, nosotros somos pobres, pero somos muchos y los gatitos unidos derribaremos al tigre”, dice una carta escrita por Marcelino Miranda el 21 de noviembre de 2004 desde el centro Penal de Gracias, Lempira.

Sólo la presión de la comunidad junto al apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y Amnistía Internacional, sacaron a Marcelino de su encarcelamiento.

Luego de años de lucha, encarcelamiento y tortura, en 2003, Montaña Verde logra obtener su título comunitario. Continúan organizados en el Consejo Indígena Lenca, una estructura compuesta por la junta de agua, patronato, asociación de padres y madres de familia, representantes de iglesia, mujeres y juventud. La organización está amparada bajo el Convenio 169 de la OIT referente a pueblos originarios, una batalla que los pueblos han librado por años en Honduras, debido al incumplimiento del Estado.

A la comunidad se le asignó 3 mil hectáreas de tierra, una por cada familia y mil hectáreas que componen la zona del bosque.

“Montaña Verde ha sido una comunidad que tiene una larga historia de lucha, de resistencia por la titulación comunitaria de la tierra, como muchas otras comunidades no sólo del pueblo lenca, sino de otras regiones de Honduras.  Es una lucha que ha cobrado sentido porque, además de la tierra, busca recuperar prácticas ancestrales que incluyen el manejo de los bienes para garantizar la soberanía integral de los pueblos”, dice Berta Zúñiga, coordinadora del COPINH.

Un oasis en medio del sistema de hambre agroindustrial

Para Marcelino Miranda recuperar la tierra y hacerla colectiva es el primer paso para garantizar la soberanía de los pueblos. “No trabajar para terratenientes ni empresarios, sino para la comunidad, sabiendo que el trabajo de nuestras manos nos dará los frutos para sostener a las familias es importante. Sin tierras no podríamos avanzar en los cultivos ni la comercialización. Con la tierra: nunca más seremos peones”.

En la actualidad las 2 mil familias de Montaña Verde viven gracias a la siembra de maíz, frijoles, yuca, plátano, camote, caña, malanga, hortalizas y café. La comunidad entregó a cada familia, independientemente si es mujer u hombre, una hectárea de tierra para la producción familiar. Luego se trabaja lo colectivo, así se garantiza que los alimentos lleguen a todos y todas. El resto de necesidades como ropa, calzado, medicinas y demás productos de consumo, se logran con la venta del café.

“Los alimentos básicos de toda la comunidad salen de los cultivos que tenemos. Cuando algunas familias logran mejor cosecha de frijol, hortalizas o maíz, hacemos trueques, te intercambio esto por aquello, y así logramos que todos tengamos la oportunidad de comer los variados alimentos que la tierra nos regala. Es muy bonito y sano vivir en Montaña Verde”, dice Margarito Vargas, vicepresidente del Consejo Indígena.

Para Wendy Cruz de la organización Vía Campesina, el Gobierno hondureño habla de seguridad alimentaria, aunque en la práctica no existan políticas que reduzcan la pobreza y miseria en la cual viven los más de 9 millones de habitantes. Al cierre del 2019, datos del Fosdeh documentan que, de cada 10 hondureños, 6 viven en pobreza, con hambre, en un estado de inseguridad, no se garantizan los alimentos mínimos. Con la pandemia y el paso de los huracanes Eta e Iota esta realidad empeoró.  

En este contexto, el sector agroindustrial se encuentra fortalecido. Según datos del Banco Central de Honduras recopilados por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo (SISEM-SAG), para el 2020, las exportaciones del sector agropecuario representan 2,685 millones de dólares que significan el 74.56% del comercio exterior del país.

Según la investigación del ERIC-SJ “Elites, redes de poder y régimen político en Honduras”, uno de los grupos agroindustriales más importantes del país es la Corporación Dinant, relacionada con negocios de Miguel Facussé, la cual es dueña, entre varias empresas, de plantaciones de palma africana en el Bajo Aguán. Territorio que ha sufrido múltiples conflictos de tierra ante desalojos campesinos. El aceite que proviene de la palma africana, representó para el 2017, un 12% del valor de las exportaciones del país, según SISEM-SAG.

En el Informe sobre Tierras, Viviendas y Desplazamientos forzados en Honduras realizador por ACNUR en 2017, se señala las consecuencias negativas del acaparamiento de tierras que produce actividades agroindustriales o extractivistas, ante ello Forest Trends (2015) “advierten que la superposición de concesiones mineras e hidroeléctricas, la expansión de la ganadería y los monocultivos, el acaparamiento de tierras por actores externos, el narcotráfico y la violencia están desencadenando profundos impactos de desterritorialización y fragmentación de los territorios de los pueblos indígenas.”

En el Foro de Crisis alimentaria y los nuevos riesgos para los campesinos y campesinas en Honduras Frente al COVID-19, Wendy Cruz señala críticas al decreto ejecutivo PCM-030-2020 que declara como “prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria alimentaria, se decretan medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”. Indica que se están aprovechando de la pandemia para incrementar la concentración de la tierra en Honduras: “ese PCM va dirigido a robarse las pocas tierras ejidales, esas tierras que la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados) ha quitado a terratenientes, a varios grupos, se lo están pasando a la gran agroindustria.”

El artículo número 4 del PCM ordena a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), poner a disposición de la “las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas, a fin de que las mismas puedan ser puestas a disposición de los productores nacionales para la producción de alimentos.”

“En medio de esa realidad de hambre, desde la organización intentamos, aunque parezca utopía, hablar de soberanía alimentaria, que incluye el derecho de los pueblos a decidir la forma de producir, pero también el derecho a tener acceso a los medios de producción, a la tierra, como un proceso integral donde las comunidades vivan en armonía con la naturaleza”, dice Cruz.

“En el manejo de la tierra hemos procurado el intercambio de saberes. Por ejemplo, todo el abono que se usa en la comunidad es orgánico, usar químicos además de caro, es sinónimo de maltratar la tierra. Cada familia prepara su abono con estiércol, chingaste de café, cáscaras de huevo, conchas de plátano, zacate y otros desperdicios que salen de casa, eso da fuerza a la tierra.  Luego nos formamos sobre el control de plagas y el manejo de bancos de semillas. Practicamos los intercambios de las semillas originarias para salvaguardar las nativas, así no depender del mercado de la agroindustria, todo conocimiento es colectivo y debe practicarse para cuido de la madre naturaleza”, dice Marcelino.

Entre cielo y bosque             

Llegar a Montaña Verde requiere de mucha paciencia, además de la lejanía que tiene la comunidad del municipio al que pertenece, el abandono del Estado en los accesos viales hace que el arribo dificulte más.  Todo el recorrido es un hermoso paisaje, allí la montaña coquetea con el cielo. Lo verdoso del bosque se mantiene intacto y el sonido de animales acompaña la jornada.

Son varias las fuentes de agua que nacen en esa montaña, cantidad de árboles y animales tienen vida en ella. Para la comunidad tener ese bosque, la tierra, cultivarla y repartirla con equidad, es el verdadero sentido de soberanía.

María Martha Jarano, directiva del Consejo indígena, asegura sentirse bendecida por Dios al vivir en medio de la reserva. “Es especial la montaña. Soy feliz de ser indígena y tener esta cultura, de conocer nuestros derechos. Para nosotros es especial la relación con el río, el bosque, los bienes naturales, ellos dan vida a nuestros rituales. Si usted piensa en maíz, sabe que allí hay un vínculo, él nos sustenta, nos da tortillas, tamales y montucas, eso es vida. Quiero que mis hijos crezcan en esta montaña, que conozcan los animales, que cuiden las fuentes de agua y aprender a querer la tierra”.

En armonía: hombres, mujeres y naturaleza

Montaña Verde es de las pocas comunidades indígenas en Honduras que tiene un autogobierno. La convivencia entre los habitantes es regulada por un reglamento construido en asamblea comunitaria, que logra garantizar los derechos que las leyes nacionales y el Convenio 169 de la OIT, da a los pueblos indígenas. “Para nosotros son ordenanzas que nos recuerdan el respeto al bosque, a la tierra, a los animalitos, el respeto entre hombres y mujeres, quien no lo cumpla se le llama la atención en primera instancia, si su comportamiento continúa se le dan sanciones que van desde los 500 a 5 mil lempiras (20 a 200 dólares) y, por último, expulsión de la comunidad y si cometió delito se entrega a las autoridades nacionales”, dice José Isaías Bejarano Vargas, el joven secretario del Consejo Indígena.

A pesar que el Convenio 169 garantiza estas estructuras, el gobierno de Honduras niega la forma de organización y de armonización de la comunidad. Lo que ahora los mantiene en una lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos.  

En el libro de actas, una libreta escrita a mano, están los reglamos, acuerdos y eventos importantes de la comunidad, estas reglas rigen el comportamiento de cada habitante de Montaña Verde.

Reglamento:

• 1-    No a la venta de bebidas alcohólicas y otras drogas.
• 2-    Aprovechamiento y buen uso del bosque.
• 3-    El predio de tierra entregado no es negociable.
• 4-    Participación activa en la lucha comunitaria.
• 5-    Respetar los límites y buen comportamiento con los vecinos y vecinas.
• 6-    No brindar posada a personas extrañas o contrarias a la lucha.
• 7-    No tener perros bravos en las casas, si los hay, se debe tomar medidas de prevención.
• 8-    Prohibido el uso de los venenos tóxicos que lastiman la tierra.  
• 9-    Se prohíbe la contaminación de las fuentes de agua a través de aguas mieles y otros contaminantes
• 10- Se prohíbe la caza de animales.
• 11- Prohibido la vagancia de personas a altas horas de la noche.  
• 12- Prohibido conducir a alta velocidad.
• 13- Respeto a los actos religiosos.
• 14- Prohibida la portación de armas.  
• 15- Prohibido el tráfico de drogas, personas y armas.  
• 16- No quemar para cultivar.

“Montaña Verde nos ha llamado la atención porque es única en varios de sus reglamentos de convivencia. Por ejemplo, la prohibición del alcoholismo, del tabaco y las drogas eso si no lo hemos visto en otras comunidades, y bueno, se ha abordado el tema, pero así con este reglamento y que sean ejercicios tan prácticos no. El consumo de alcohol es un grave problema en las comunidades indígenas, genera violencia y divide nuestros espacios. Desde el COPINH sentimos que es una comunidad especial porque se han comprometido con su autonomía comunitaria”, dice Berta Zúñiga.

Para Marcelino Miranda al cumplir el reglamento y creer en el autogobierno se está respetando a la comunidad y su colectividad. “Sabemos que en medio de las amenazas que continúan para nuestro bosque y bienes naturales, lo único que hará que no nos despojen de nuestras tierras, es seguir juntos, organizados, cuidando y respetando la madre tierra, evitando que las montañas sean arrebatadas para vender oxígeno, las aguas sean represadas, el bosque talado y los cultivos comercializados al mejor postor, sin importar que ahora es la garantía de vida de Montaña Verde”, concluyó el líder comunitario.

Montaña Verde ahora representa una comunidad modelo que mediante la soberanía alimentaria, cultural y territorial, es decir: agroecología, diversificación de cultivos, recuperación de semillas propias, técnicas nuevas y antiguas para el cultivo y comercialización de productos, nuevas relaciones de poder y género, formación popular e inclusiva, sigue su apuesta por el diálogo y el debate sobre el tipo de desarrollo que las comunidades desean, todo en sintonía con la cosmovisión original de nuestros pueblos mesoamericanos.