Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.

Una tarde de mayo de 2024 la profesora de primer ciclo de una escuela pública en el sur del departamento de Cuscatlán decidió que la clase de ese día se tomaría al aire libre: el Centro Escolar Caserío Loma Abajo, del distrito de San Ramón, con 44 estudiantes matriculados es de lámina y madera, y con el intenso sol que lo abrasaba todo aquel día, el calor húmedo dentro del aula era sofocante. Entonces estudiantes y profesora tomaron sus pupitres y mochilas y salieron al patio, como ya lo habían hecho otras veces.  El director de la escuela, Lorenzo Alfaro, aprovechó la escena para sacar su teléfono celular y denunciar la precariedad en un video que subió a TikTok a finales de ese mes. Tuvo el cuidado de no exponer el rostro de los estudiantes y dos meses más tarde el Ministerio de Educación (Mined) estaba juzgándolo internamente acusándolo de hacer propaganda para dañar la institución.

Lorenzo tenía meses tratando de llamar la atención de las autoridades del Mined y venía haciendo uso de redes sociales desde 2023 para ejercer más presión. Un mes antes de la grabación del vídeo, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, había visitado la escuela para anunciar su reconstrucción a través del programa “Mi Nueva Escuela”. En esa ocasión, el director expresó cierto escepticismo. “Ojalá sea una realidad para que nuestros niños y niñas tengan un lugar idóneo para recibir sus clases”, dijo ante las cámaras.

Pasaron unas semanas desde que se mostró en TikTok a la profesora de primer ciclo dando clases al aire libre hasta cuando Lorenzo Alfaro fue llamado a una reunión en la que le amenazaron con sanción. El miércoles 3 de julio, la directora departamental de Educación de Cuscatlán, Karen Amaya, y otros funcionarios de Educación, lo confrontaron para acusarle de haber violado el artículo 32 de La Ley de la Carrera Docente, que prohíbe a los maestros realizar propaganda política, partidista o religiosa en un centro educativo, con el fin de dañar a la institución. 

En esa reunión, según Lorenzo, el personal de Educación lo quiso hacer firmar un acta en la que aceptaba “haber cometido una falta” por la publicación, por lo que ameritaba una sanción. Lorenzo se negó a firmar el documento tal como estaba redactado y argumentó que no había violado la ley, porque solamente evidenció las precariedades de la escuela. 

Así como el de Lorenzo, son innumerables los casos en que docentes, personal médico, policías y empleados de otras dependencias del Órgano Ejecutivo han sido amedrentados y censurados por el simple ejercicio de hacer ver una realidad que contrasta con las condiciones paradisíacas o de eficacia estatal que pregona el gobierno de Nayib Bukele. Hay coacción y matonería para que cumplan órdenes, algunas, incluso fuera de sus funciones. El gobierno, por ejemplo, coaccionó a docentes interinos del occidente de El Salvador para que asistieran a un acto proselitista a cambio de conservar sus plazas. Nuevas Ideas les garantizó conservar su trabajo como docentes a cambio de aplausos para Bukele.

Para este reportaje se habló con treinta empleados públicos de diferentes instituciones, quienes relataron cuáles son las prácticas del terror dentro del gobierno salvadoreño: denuncian espionaje, instalación de cámaras para controlarlos y vigilancia a través de chats. La mayoría de ellos, quienes no se conocen entre sí, pidieron no ser identificados por miedo a ser castigados o despedidos. También se contactó a otras cinco personas que no quisieron hablar por temor. Documentos oficiales, audios, videos de reuniones y grupos de chats a los que esta redacción tuvo acceso evidencian las prácticas inquisitivas en el sector público. 

El gobierno de Bukele también se ha valido de la violación de leyes laborales y de la Constitución de la República para coaccionar, chantajear, censurar, vigilar o  despedir arbitrariamente a trabajadores. Y también ha puesto en la mira a los sindicatos críticos, violando el fuero sindical para desmantelarlos. 

En el Ministerio de Salud, la represión interna de la crítica, el reclamo de derechos o los señalamientos de deficiencias en los servicios al público se han saldado con decenas de despidos exprés, fuga de médicos y hasta el autoexilio al que uno de ellos se sintió obligado después de saberse perseguido. El Ministerio incluso instaló cámaras en algunas unidades de salud para vigilar al personal. Si alguien reconoce públicamente la falta de recursos, se expone a que le abran un expediente disciplinario o lo despidan. Para evitar la divulgación de información, los directores también han perdido acceso a los sistemas de estadísticas donde se refleja el comportamiento real del dengue, diarreas y otras enfermedades comunes. El Fondo Solidario de Salud (Fosalud) aprobó un nuevo Código de Ética que prohíbe filtrar información y busca controlar cómo los empleados usan sus redes sociales personales. 

El gobierno viola reiteradamente derechos laborales. En los despidos de ocho personas de seis dependencias hay un patrón que permite ilustrar trámites irregulares, impunidad y aletargamiento de procesos judiciales que pueden durar meses o años sin respuesta. También hay cacería contra todos los sindicatos incómodos. El Ejecutivo ha despedido a trabajadores con fuero sindical, que protege de traslados y despidos arbitrarios; y sin seguir un proceso previo. Estas prácticas están expresamente prohibidas por la ley.

La Policía Nacional Civil ha intensificado la persecución interna contra aquellos agentes que denuncian violaciones a los derechos laborales, particularmente tras la implementación del régimen de excepción. Entre 2022 y 2023 giró memorándums para prohibir a los agentes aparecer con uniforme en redes sociales o publicar documentos policiales o información sobre actuaciones de la institución. 

El miedo infundido en el sector público es tal que los trabajadores de Salud y Educación habían guardado silencio ante el anuncio de la suspensión del escalafón, un incremento salarial anual que cada año recibían médicos y maestros. Fue hasta el 19 de octubre de 2024 cuando unas dos mil personas marcharon junto a un centenar de profesores y médicos para rechazar los recortes. La respuesta del gobierno fue despedir a 60 de las personas que participaron en esa manifestación pública. Uno de los despedidos fue el profesor Lorenzo Alfaro, el director de la escuela de Cuscatlán.

En la versión final del acta que firmó Lorenzo, luego de ser llamado por publicar el video, la directora departamental de Educación de Cuscatlán le advirtió que “se abstenga de realizar publicaciones sobre temas relacionados con el centro educativo que no tengan que ver con actividades culturales y académicas”, según la copia del documento al que esta redacción tuvo acceso.  

Esa advertencia, previa a su despido, no encaja con el discurso del presidente salvadoreño, quien dijo ante Naciones Unidas que en el país no hay censura: “En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas”, afirmó Bukele, el pasado 24 de septiembre de 2024.

El miedo ha escalado en los tiempos de Bukele y parece haber síntomas en el universo sindical: ha disminuido la cantidad de profesores organizados en los sindicatos del magisterio salvadoreño. Cifras proporcionadas por el Ministerio de Trabajo reflejan que en 2019, año de la llegada de Bukele al poder, había 7,808 personas afiliadas a sindicatos, contra solo 2,768 registradas hasta mediados de 2024. Es decir, solo queda un tercio de los profesores organizados cinco años atrás. 

 “Esto tiene que ver con la zozobra en la que el Ministerio de Educación ha tenido a los docentes, quitando espacios que se venían fortaleciendo. A las organizaciones nos han puesto como que somos enemigos. Ha habido algunas acciones de prepotencia de directores departamentales, intimidación y coacción”, señala David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales.

El líder sindical enumera todos los problemas que como sindicato han documentado: los profesores no pueden hacer públicas las carencias que atraviesan las escuelas, tienen prohibido atender a la prensa, algunos directores han sido removidos sin que se siguieran los procesos establecidos en la ley, y hay maestros interinos chantajeados para poder conseguir una plaza fija.

 “¿Qué pesa más para este profesor? Ah, la comida verdad”, reflexiona.

Esta redacción buscó a los titulares de todas las instituciones mencionadas en este reportaje, pero no se obtuvo respuesta de ninguna. Se enviaron correos electrónicos, mensajes a los encargados de comunicaciones de las oficinas de gobierno, y se buscó a los empleados señalados por los trabajadores, pero tampoco respondieron las peticiones de entrevistas.

Silencio en las aulas: los chantajes que maestros deben callar 

La profesora María Álvarez (a quien para proteger de represalias le pusimos este seudónimo) impartía su clase de ciencias sociales cuando recibió un mensaje de WhatsApp en su celular, a las 10:00 de la mañana del 28 de mayo de 2024. El mensaje contenía una circular de la Dirección Departamental de Educación de Santa Ana con una indicación: debía asistir el día siguiente a una reunión en las instalaciones del Instituto Nacional de Santa Ana (INSA). No sabía para qué, pero lo hizo. La reunión fue por la tarde en el auditorio del instituto. Al llegar, observó a un centenar de docentes interinos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. Muchos, al igual que ella, no sabían lo que escucharían.  

El director departamental de educación de Santa Ana, René Castro, tomó la palabra: “Este interinato que tienen ustedes está próximo a convertirse en una plaza de carácter permanente, por lo que muchos de nosotros esperamos tres, cinco, siete, diez, doce, veinte años. Ahora, que este interinato se haga plaza fue por iniciativa del señor presidente de la República”, aseguró. 

María todavía no comprendía para qué era la reunión, pero el director agregó: “Usted tiene ahorita el 50 por ciento de acceder a una plaza oficial el próximo año. Ahora, cuando a usted le dieron el interinato y cuando a mí me tocó asignarlo, hay personas que me decían ‘gracias licenciado, no sé cómo agradecerle’. Yo les fui claro y les dije: ‘no me digan eso a mí, porque no soy yo, lo hizo el presidente. Ahora, si usted quiere agradecer, si usted en realidad está agradecido, nos vemos el sábado”, indicó Castro sin ningún titubeo.

Se refería al sábado 1 de junio de 2024, el día de la investidura presidencial de Nayib Bukele. Luego, Castro fue más específico. Les dijo, sin ningún rodeo, que debían participar en el evento y les explicó de dónde saldrían los buses que los trasladarían hacia San Salvador. El director departamental se valió de su posición en el Ministerio de Educación para chantajear a maestros interinos y utilizar instalaciones públicas para hacer propaganda político-partidaria a favor de Bukele, reelecto inconstitucionalmente. Todo eso consta en los audios de esa reunión a la que esta redacción tuvo acceso. 

 “Los que van a acceder a su plaza el otro año, nos vemos el sábado. Así, sin tanta vuelta. ¿Qué va a suceder si usted no va? No le puedo decir porque no sé”, les advirtió, mientras entregó una lista para que se anotaran. 

María y otros maestros interinos quedaron sorprendidos con el mensaje, aunque, según ella, hubo algunos docentes que estuvieron de acuerdo con la indicación. En las horas siguientes, ella se dedicó a pensar qué hacer: si ir contra su voluntad y ceder al chantaje o arriesgar su interinato. Desde que se graduó, hace 19 años, nunca había conseguido una plaza fija. Eso, y el consejo de la directora de su escuela, la empujaron a tomar la decisión de participar. 

Consultado sobre la advertencia hecha a los maestros si no atendían sus instrucciones, Castro respondió: “Actualmente ya no soy director departamental de educación; por lo tanto, ya no estoy autorizado a emitir comentarios sobre lo acontecido durante mi gestión”.

La receta para disfrazar las carencias en Salud

 “Si usted no está comprometido en esta transformación, en esta atención a la población… Yo necesito que ahora mismo le digan a los directores regionales que ya no quieren ser directores de unidades de salud, coordinador del SIBASI o director regional porque aquí no se va a tener a nadie a la fuerza… ¿Entendido?”, dijo Marbel Alexander Magaña, director nacional de la oficina de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud (Minsal), a las decenas de personas que le escuchaban al otro lado de la pantalla.

Las respuestas empezaron a fluir: “Sí, doctor”, “enterada”, “enterado”…  Era la mañana del 3 de septiembre de 2024 y Bukele acababa de cumplir tres meses de un nuevo quinquenio en la presidencia de El Salvador, cargo que cuando asumió lo enmarcó en un discurso que anunciaba “medicina amarga” para el tiempo venidero. Los directores de unidades de salud, los encargados de los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI) y los jefes de las direcciones regionales que se conectaron a aquella reunión virtual no tuvieron oportunidad de rebatir, de preguntar o sugerir nada.

Magaña mantuvo un tono regañón durante toda la videollamada, que fue un monólogo de 15 minutos. No se comprometió a garantizar el abastecimiento de medicamentos, vacunas o insumos, pero sí les enfatizó que se debían preocupar por la estética y la limpieza de los centros de salud. Su mensaje se centró en la petición de renuncia, si alguien estaba en desacuerdo.

Redacción de los CAP habló con uno de los participantes de aquella reunión, quien es responsable de una unidad de salud. Se mantendrá bajo reserva su identidad y tampoco se precisará su lugar de trabajo porque esta persona teme consecuencias perjudiciales inmediatas. “Estamos cansados de pedir y nadie tiene. Solo en mi unidad tenemos el 30 % de desabastecimiento de medicamentos y el 40% de insumos médicos. No hay a nivel nacional; entonces, ¿a dónde va usted a pedir?”, dijo, al ser consultado sobre el mensaje de Magaña. 

El personal de Salud debe callar la escasez. Para el gobierno de Nayib Bukele, hablar con transparencia y exponer públicamente la falta de recursos es una afrenta que puede derivar en apertura de expedientes para ejecutar despidos exprés. Para este gobierno, no se debe dejar huella de las fallas ni de las carencias. La prioridad es cuidar la imagen y evitar las críticas por el mal servicio.

El cuidado de la imagen de un gobierno que en la propaganda sí funciona es prioridad. Por eso, el personal de salud ha recibido instrucciones precisas tendientes a evitar dejar rastro de cosas que no van bien. “Está estrictamente prohibido otorgar recetas para que la gente compre medicamento afuera, quien no cumpla será sancionado”, relató una persona que trabaja en una unidad de salud de la zona sur de la capital. El propósito, explicó, es que ningún usuario pueda mostrar evidencia de que en la red pública carecen de medicamentos básicos y la ciudadanía debe adquirirlos de su propio bolsillo.

Empleados del Hospital Rosales y del Seguro Social también aseguraron que han sido instruidos que no deben decir “no hay” o pintar un panorama negativo al paciente, sino sugerir que vuelvan otro día a preguntar. 

El Ministerio de Salud vigila a sus empleados a través de escuchas digitales, y ejecuta castigos ejemplarizantes, sin que haya investigaciones de por medio, violando procesos y leyes como la de Servicio Civil. En el último año, se han registrado casos de despidos de personal que expuso las fallas o carencias, o que abogó por mejores condiciones laborales. 

La enfermera Jaqueline Damaris López, quien laboraba en la unidad de salud de San Jacinto, fue despedida el 12 de septiembre de 2023, por haberle comunicado a un paciente que no había “descartables” para suero, una manguera que cuesta menos de un dólar, y por sugerirle a la familia que lo fuera a comprar a la farmacia. El caso trascendió hasta la Casa Presidencial y ese mismo día aterrizaron abogados del Ejecutivo para elaborar un expediente y despedirla. La decisión sorprendió a los compañeros y se dispersó rápidamente por los grupos de chats. 

Salud  también ha instalado cámaras en las unidades de salud, lo cual fue percibido como una política de control por el personal.  El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), por otra parte, emitió un Código de Ética que, entre otras cosas, prohíbe a los empleados usar sus redes sociales personales para expresar comentarios o situaciones que afecten la imagen institucional.

Entre junio y agosto, durante la crisis que generó el dengue, y para evitar la divulgación de información, el Ministerio le quitó a los directores de unidades de salud y otros empleados el acceso a los sistemas de estadísticas donde se registra el comportamiento real del dengue, diarreas y otras enfermedades comunes. Los accesos regresaron para algunos de los encargados, y estos señalaron que han detectado la instalación de programas que monitorean la actividad en los dispositivos institucionales.

La hoguera de las redes sociales

Las quejas que se viralizan en redes sociales se han convertido en una pesadilla para el personal ya que, aseguran, hay interés en mostrar mano dura y no en corregir los procesos o carencias que ocasionan el mal servicio al ciudadano. 

En las cinco direcciones regionales del Minsal hay personas encargadas de monitorear los comentarios o denuncias en redes sociales e inmediatamente comunicar y ver cómo se revierte la crítica. Esto obliga a los directores de unidades de salud a estar emitiendo informes o interrumpiendo sus horas de descanso para dar explicaciones a cualquier hora del día. 

“Vemos a un paciente con el celular tomando fotos o video y ya sentimos que nos echaron. Tenemos terror a los celulares”, indicó una de las doctoras consultadas. 

En varias ocasiones, el Ministerio de Salud ha publicado mensajes para informar del despido de personal luego de que se hicieran virales denuncias de supuesto maltrato o tardanza en la atención de los pacientes. Las investigaciones no han tomado más de dos días y mandan la señal al interior de que no hay posibilidad de defenderse o recibir otras sanciones que establece la Ley de Servicio Civil.

La sombra de que hay personal de Casa Presidencial vigilándolos es permanente. Para este reportaje se accedió a un audio donde un coordinador de un hospital indica a un grupo de médicos que no olviden que están en la mira: “Recuerden que todo el tiempo se nos ha dicho que estamos siendo observados que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos, con lo que decimos, los gestos que hacemos”, les dijo.

La indicación incluyó el recordatorio de que en los grupos de mensajería hay agentes externos: “En todos los chats que tenemos hay representantes de Casa Presidencial; ahora que van a la capacitación, hay representantes de Casa Presidencial y… bueno, me han pasado un reporte que en estas capacitaciones han identificado a personas -y me lo han dicho así literal- que tienen una conducta nociva para el proyecto”. 

La fórmula con la que se aplacó a los sindicatos

Hasta mediados de 2023, los sindicatos de Salud aún eran escuchados y se reunían con representantes del ministro Francisco Alabí. En adelante, no solo les cerraron las puertas, sino que impulsaron procesos para despedir a sindicalistas que hicieron algún comentario o protesta pública. Son silenciados quienes denuncian el incumplimiento de leyes y las responsabilidades del Estado.

Los empleados de salud han asumido el código rojo de ver, oír y callar para salvarse, especialmente después de la protesta del 8 de agosto de 2023. Esa mañana de martes, se juntaron representantes de cuatro sindicatos del Minsal para dar una conferencia de prensa y exigir el pago de nocturnidades y las vacaciones del personal, las cuales acumulaban ya siete meses de retraso. La protesta fue frente a la sede principal del Ministerio, en la calle Arce de San Salvador. El medio centenar de personas no interrumpió el tráfico en la zona. 

“Nos han estado mintiendo y diciendo que el siguiente mes, que el siguiente mes. Ya nos cansamos”, expresó Silvia Navarrete, quien se desempeñaba como secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud).

Diez días después, el 18 de agosto de 2023, Navarrete y otros 15 sindicalistas fueron llamados por sus superiores para informarles que iniciaba un proceso de suspensión por haber participado en dicha protesta, o porque supuestamente habían incumplido algunas indicaciones laborales. La mayoría de los casos pasaron a dormir en el Tribunal de Servicio Civil.

Este golpe a los sindicatos fue clave para lanzar una reforma a la Ley del Escalafón y evitar cualquier tipo de reacción pública. El 29 de agosto de 2023, tan solo 11 días después de la protesta, los diputados del partido oficial Nuevas Ideas y sus aliados eliminaron la opción de incremento anual que percibía todo el personal, y legislaron que este beneficio solo sería percibido, después de evaluaciones, por los trabajadores que estén en un rango salarial menor de $3,000. Cuando en diciembre de 2022 se intentó hacer esta modificación, los sindicalistas se pronunciaron también frente al edificio y consiguieron que los recibiera el ministro Alabí y se comprometiera a continuar pagando los aumentos. Esta vez, en cambio, no hubo ninguna protesta del gremio.  

“El fuero sindical no se respeta. No les importó y nos mandaron a volar”, dice Édgar Hernández, quien fue despedido y era representante de la seccional SITMSPAS en el Servicio de Emergencias Médicas. Con sus abogados están recorriendo distintas instituciones nacionales e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para exigir su reinstalación.  

El Ministerio de Salud ha irrespetado la protección que otorga el artículo 47 de la Constitución a la estabilidad laboral de los directivos sindicales. 

Al doctor Alberto Monge, quien era representante de Sitrasalud, le pasó algo similar. El 24 de febrero de 2024 denunció los incumplimientos que Fosalud tenía en los contratos y prestaciones de mujeres embarazadas. Y días después, el 8 de marzo, le impusieron una sanción y luego fue despedido, tras 17 años de trabajo en el sector público.

El método para purgar a una voz disidente fue el mismo que aplicaron a los sindicalistas que protestaron por el retraso en el pago de nocturnidad, pero su caso no fue a dormir a los archivos de la Comisión de Servicio Civil. A finales de mayo, esta instancia resolvió el despido de Monge porque había incumplido con las reglas de trabajo y por trabajar en el sector privado. En 2019 le quisieron aplicar la misma sanción, según cuenta el médico, pero ganó el caso porque demostró que ese trabajo no interfería con los horarios asignados en Fosalud. 

Pero el contexto de 2024 es diferente. Monge dice que empezó a notar seguimientos de carros sin placas y otras situaciones que lo hicieron sentir inseguro. En junio pasado, decidió que lo mejor era salir del país. Percibió que su seguridad física estaba amenazada. Sigue apelando su caso a través de abogados y está en proceso de solicitud de asilo. “Vivo con una mezcla de indignación y de mucha tristeza por tener que haber dejado nuestra vida, nuestra profesión, nuestro estudio, nuestro trabajo y nuestro historial de defensa de derechos humanos para salvar la vida”, relató.

Lo que ocurre en Salud es similar a lo que pasa con sindicatos de instituciones como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Obras Públicas.

Descabezar la disidencia en Cultura

Basilio Antonio Ayala Sánchez regresaba del occidente del país cuando recibió una llamada del secretario jurídico del Ministerio de Cultura, Luis Gerardo Cañada González. Le dijo que se presentara a su oficina porque necesitaba conversar con él. A Basilio, quien era secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Cultura (Sitrasec), le pareció extraño y se negó. Horas después, Cañada González llegó acompañado de policías a su oficina y le dijo a quemarropa que quedaba desvinculado laboralmente; no solo él, sino toda la junta directiva del sindicato al que Basilio representaba desde hacía más de diez años. No hubo explicaciones, ni argumentos jurídicos, ni documentos que hicieran constar los despidos. Todo fue de palabra. Lo obligaron a entregar la oficina y no le permitieron llevarse nada. La advertencia de uno de los policías fue contundente: debía colaborar porque tenían la orden de capturarlo, si se resistía. Era el 1 de septiembre de 2023.

El anterior relato consta en los procesos legales iniciados por Ayala Sánchez y otros 10 integrantes de la junta directiva del Sitrasec. 

Cinco días antes, Basilio había denunciado ante la prensa violaciones a derechos laborales. Cuatro meses atrás, marchó por las calles de San Salvador con los demás sindicalistas para pedir el cumplimiento del contrato colectivo 2023-2025. Para él, las diferencias durante la negociación del contrato colectivo fueron las causas de su despido y de las del resto de directivos. Con eso, dice Basilio, también enviaron un mensaje a los demás empleados de Cultura que se atrevieran a ejercer cualquier disidencia: “Si nos despiden a nosotros que tenemos fuero sindical, imagínese, pueden hacerlo fácilmente con cualquier otro trabajador”, aseguró.  

La primera ola de despidos

El 27 de junio de 2024 Bukele escribió en su cuenta de X que el nuevo ministro de Cultura, Raúl Castillo, procedería a despedir a 300 empleados de esa cartera de Estado porque “promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno”. Inmediatamente otros funcionarios públicos replicaron el mensaje aduciendo que El Salvador es pro vida y pro familia tradicional, despotricando contra lo que grupos conservadores denominan “ideología de género” y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Sin embargo, el discurso público de Bukele y sus funcionarios no tenía nada que ver con las verdaderas razones de los masivos despidos en Cultura, una institución que hasta marzo de 2024 tenía 845 empleados. Al menos en la Ley Especial Transitoria de Compensación Económica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura, aprobada por la Asamblea Legislativa a iniciativa del Ejecutivo, no se menciona ninguna palabra en referencia al argumento divulgado en redes sociales. El decreto aprobado el 26 de junio, señala como algunas de las causas de los despidos “la necesidad de crear un nuevo modelo de gestión cultural eficaz en el territorio” y la “optimización de los recursos del Estado”.

La reducción del gasto público coincide con las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo recientemente al gobierno de El Salvador. 

Basilio Ayala considera que el objetivo de esos despidos fue terminar de “rematar” a su sindicato, pues una gran parte de 141 de sus afiliados eran empleados de las casas de la cultura que cerraron con el decreto.  

En 2014, Sitrasec contaba con 774 afiliados y actualmente apenas llegan  a cincuenta, según las listas internas. La lectura de Ayala coincide con lo que revelan los datos entregados por el Ministerio de Trabajo para este reportaje: en 2019 había 910 personas afiliadas a los tres sindicatos de Cultura y en 2024 únicamente suman 308. Es decir: 602 afiliados menos, según los datos oficiales. 

En instituciones como el Ministerio de Trabajo, sindicalistas denuncian otra manera de suprimirlos. Representantes de Sitramitps, que hasta 2022 era el sindicato más grande de esa institución, acudieron a la sede de la OIT, en San José Costa Rica, el 29 de septiembre de 2023, a interponer una “queja ante las constantes violaciones de la libertad sindical y el abuso de poder por parte del ministro y sus directores y jefaturas”.  Este sindicato, que ha sido crítico de la gestión de Rolando Castro, ministro de Trabajo en las dos administraciones de Bukele, denuncia el “entorpecimiento” en la entrega de credenciales para los 11 miembros de su junta directiva, lo que mantiene a ese sindicato acéfalo desde septiembre del año pasado. La entrega de credenciales depende del Ministerio de Trabajo, y ellos ya cumplieron un año sin recibir los documentos. Según estos sindicalistas, al no tener credenciales las jefaturas alegan que son un sindicato ilegal, no tienen vida jurídica, son desconocidos y el ministro no les brinda audiencia. 

El ABC de los despidos arbitrarios 

Mónica Azucena fue empleada de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) hasta junio de 2022. Fue llamada por la oficina de recursos humanos de la institución y amedrentada para firmar una renuncia redactada e impresa. Sin darle mayores explicaciones, solo le pidieron, como último paso, colocar su firma. “Te rodean un grupo de cuatro o cinco personas, te empiezan a decir que te conviene, que si firmás te vas con algo, si no firmás te vas sin nada”, relata.

Ocho despidos en seis dependencias del gobierno, aunque aislados entre sí, tienen puntos comunes: hay coerción, quienes lo ejecutan evitan a toda costa la mención de la palabra “despido” y hablan de “renuncia voluntaria”. Estos procesos de destitución, según las personas entrevistadas, comparten la particularidad de que hay amenazas, censura y violación a los derechos laborales, destituyendo a empleados sin derecho de audiencia. 

A cambio de su firma, a Mónica le ofrecieron recibir un cheque por un monto que no coincidía con lo que le correspondía por sus 16 años en la SIGET. La oferta estaba disponible única y exclusivamente en esa reunión cerrada. Para Mónica, aún resuena la frase con la que la presionaron: “Yo sé lo que te digo, firmá”.

Según el abogado y docente de derecho laboral Mario Castellanos, esto es una clara violación al debido proceso: “La Constitución en el artículo 38, ordinal 12 establece el derecho a la renuncia. Es un derecho de carácter constitucional. Si una persona está siendo obligada a firmar una renuncia desde ahí se desnaturalizó la renuncia, porque renuncia, intención y voluntad del trabajador de querer despojarse de su trabajo”. 

Azucena intentó, sin éxito, obtener una prueba que demostrara que había sido despedida de forma arbitraria: “No firmé nada, no me dieron nada”, dice. 

Quienes se niegan a firmar la renuncia tienen como desenlace un silencio, que al cabo de un tiempo puede o no convertirse en una notificación de destitución por cualquier nuevo motivo posible donde persistirá la evasiva de una indemnización.

El mismo guion en varias instituciones

El abogado Óscar Canjura, quien ha llevado 28 casos de despidos arbitrarios durante esta administración, cree que hay “un equipo de abogados”, “un grupo parajurídico” que desde Casa Presidencial se encarga de enviar instrucciones a las jefaturas de las distintas instituciones sobre cómo ejecutar los despidos. Lo supone porque ha encontrado similitud en las razones alegadas por el gobierno.

 “Hay coincidencias en las razones expuestas en estos casos. Empecé a identificar lineamientos jurídicos que eran calcados entre distintas instituciones”, señala. Entre esas coincidencias está la violación al fuero sindical, una figura amparada por el artículo 47 de la Constitución de la República. O el irrespeto al derecho de audiencia: no son escuchados y no se les da oportunidad de defenderse.

“La línea que ha venido de Casa Presidencial es: no importa el fuero, no respeten el fuero sindical, hay que destituirlos”, dice el abogado.

Eso le pasó a  Manuel Alfaro, secretario general en el Sindicato General de Trabajadoras y Trabajadores de Salud de El Salvador. Con más de 30 años en el Ministerio de Salud, fue removido de su cargo como entomólogo de enfermedades transmisibles, luego de participar en la protesta por la falta de pago de nocturnidades, el 18 de agosto de 2023.

Para esta investigación, también se documentaron nueve casos de directores de centros escolares que fueron removidos en el último año, aunque SIMEDUCO y el Frente Magisterial Salvadoreño contabilizan 63 directores destituidos hasta el 23 de agosto de 2024. Entre esos nueve, hay dos dirigentes sindicales: Daniel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública (Simeduco) e Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño, quien después de la marcha por el escalafón cobró notoriedad pública. Ella había sido removida de su cargo de directora del Centro Escolar República de Perú, pero conservaba su plaza de docente, la cual fue suprimida por el gobierno después de la marcha. De la misma manera que fue suprimida la plaza de Lorenzo Alfaro, el director que publicó el Tiktok de la escuela de Cuscatlán.

El patrón que se repite en los nueve casos es que todas las destituciones provienen de una sola figura: Ronald Monterrosa, director departamental de San Salvador, una atribución que le compete al tribunal calificador de la Ley de la Carrera Docente. Otro patrón es que todos los directores aducen haber sido removidos de forma arbitraria, contra el artículo 12 de la Constitución de la República que dice que ninguna persona puede ser privada de sus derechos “sin ser previamente oída y vencida en juicio”. Aseguran, además, que Monterrosa se ha saltado los procesos que establece la Ley de la Carrera Docente. Él, al igual que la mayoría de funcionarios consultados, no atendió una solicitud de entrevista.

El diputado de Nuevas Ideas que destituyó a sindicalistas

El lunes 28 de agosto de 2023, miembros de tres sindicatos y empleados se reunieron en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), para participar en una tribuna informativa, donde explicaron los avances de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo (2024-2026). Manuel Ángel Durán Jiménez, quien en ese momento se identificó como el asesor del ministro Romeo Rodríguez, tomó la palabra y aseguró que el ministerio tenía una “propuesta formal”, que se iba a discutir en una reunión entre el ministro y la mesa sindical. Pero antes de retirarse, advirtió a los empleados que si no iban a trabajar ese día, la reunión no se realizaría. 

Esa misma tarde, la gerente de desarrollo de talento humano y cultural institucional, Andrea Raquel Silva Salgado, y el director de construcción de mantenimiento de la obra pública, Joaquín Ernesto Villalobos Arriaga, enviaron dos memorandos al ministro Rodríguez, donde acusaron a varios sindicalistas de incitar a otros trabajadores a suspender labores. También los acusaron de difamación, desórdenes y violencia psicológica contra jefaturas y empleados.

Al día siguiente, el ministro acudió a una reunión con seis sindicalistas. Les dijo que las cláusulas económicas no se podían negociar por falta de dinero y les anunció que la aprobación del contrato colectivo sería hasta 2025. Así lo detalla  el escrito de demanda de incumplimiento de contrato colectivo presentado por los sindicalistas ante el Tribunal de Servicio Civil en diciembre de 2023. 

Uno de los miembros de la mesa negociadora, quien solicitó anonimato para este reportaje, aseguró que el ministro les pidió a los secretarios generales y a otros sindicalistas que convencieran a los empleados a esperar la aprobación del contrato para el próximo año. Pero la comisión sindical no estuvo de acuerdo.

Los directivos sindicales se retiraron al terminar la reunión, pero antes fueron detenidos por Calvin Emerson Saravia Cornejo, encargado de reclutamiento de personal, y por Dany Alberto Vega Alemán, gerente legal, quienes les notificaron la suspensión previa de sus cargos y el inicio de un proceso de despido.

Un día después de la notificación, Rodríguez ya había firmado los acuerdos 1100, 1102 y 1104 para suspenderlos e iniciar el proceso de despido. El ministro argumentó que tres de ellos incurrieron en la prohibición “h” del artículo 32 de la Ley de Servicio Civil, que hace referencia a que los funcionarios, empleados públicos o municipales, no pueden usar la violencia física, psicológica o coaccionar a los afiliados para ingresar o retirarse de un sindicato; o impedir el libre ejercicio de su trabajo. 

El 31 de agosto, cuatro de los siete sindicalistas suspendidos solicitaron a la Comisión del Tribunal de Servicio Civil del MOPT la nulidad del proceso de despido. La comisión desestimó la petición de los sindicalistas, argumentando que la etapa del proceso no era la indicada para solicitar la nulidad. Uno de los miembros de esa comisión y quien tomó la decisión es Saravia Cornejo, el mismo que les notificó la suspensión previa por órdenes del ministro. 

Saravia Cornejo es una persona vinculada a Nuevas Ideas (NI), el partido del presidente Bukele. En 2021, fue elegido como diputado suplente en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) bajo la coalición NI y Cambio Democrático. Para 2024, fue reelecto en el mismo cargo por la bandera de NI. 

Ricardo Alarcón, abogado de uno de los despedidos, intentó presentar a varios testigos que participaron en la tribuna informativa del 28 de agosto; sin embargo, los miembros de la comisión no admitieron la solicitud durante la audiencia donde se decidió el despido definitivo. Incluso, no se le permitió al sindicalista tomar la palabra en la audiencia, según relató el abogado defensor. 

A juicio del abogado, en la audiencia no hubo análisis, objetividad, ni imparcialidad. Según él, la comisión sólo ratificó la decisión del ministro.

La sombra que vigila a los policías de El Salvador

Eran las cinco de la tarde del viernes 10 de junio de 2022. Exhausto, tras una semana interminable de trabajo, Jorge Panameño, investigador de la Policía Nacional Civil (PNC), descansaba en su casa mientras preparaba una taza de café. Panameño no lo sabía aún, pero en unas horas sería esposado y encerrado en una oscura celda que jamás imaginó ocupar. Esa tarde, mientras tomaba su café, recibió una llamada. Al otro lado de la línea, una voz grave le dio una orden: trasladarse inmediatamente a la delegación de San Vicente, a unos treinta o cuarenta minutos en vehículo.

Panameño recuerda que dudó. Le explicaron que necesitaban obtener detalles sobre una investigación en proceso y que él debía proporcionarlos de forma presencial. Ninguna de sus investigaciones tenía la relevancia que justificara tal urgencia. Los años de experiencia lo alertaron. Cuestionó las razones de la insistencia y se negó a moverse. Por su rango, no era una orden habitual. Por la hora, no era un procedimiento dentro de la normalidad. Por la naturaleza de la solicitud, no era algo que se hiciera por teléfono. Nada encajaba en los estándares de las actividades policiales que él conocía y defendía. Desde ese momento, según cuenta, todo comenzaría a hacerse al margen de la ley.

“Los jefes”, como llama a las personas que se encontraban del otro lado del teléfono, utilizaron una carta para disuadirlo: le recordaron su participación en enero de 2016, en una marcha de policías que, frente a Casa Presidencial, exigió un incremento salarial. 

Entonces gobernaba el país Salvador Sánchez Cerén y durante ese año, más de 30 policías fueron asesinados por las pandillas. En la protesta, Panameño vestía de particular y usaba un gorro pasamontañas para cubrir su identidad. Gritaba “con sangre hemos pagado y el aumento no ha llegado”, recuerda. 

Esa protesta fue acuerpada por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), una suerte de sindicato, no inscrito oficialmente, que denuncia el irrespeto de derechos laborales en la PNC. Marvin Reyes, vocero del movimiento, asegura que desde entonces, los ojos de la Policía centraron parte de su atención en detectar y perseguir a quienes ya eran figuras de liderazgo o miembros activos del movimiento. Él mismo fue destituido a inicios de 2017 acusado de promover la movilización que llegó a Casa Presidencial.

La sombra de esa marcha persiguió a Panameño hasta la fecha de su arresto, en junio de 2022, y de su despido definitivo, en enero de 2023, a pesar de que su caso, que también pasó por el Tribunal Disciplinario de la PNC, ya se había cerrado con una sanción administrativa.

Durante la llamada que recibió la tarde del 10 de junio de 2022, uno de “los jefes” de la delegación de San Vicente hizo alusión a ese caso con la intención de disuadirlo. El agente relata que accedió a moverse a la delegación de San Vicente para no dañar el trabajo del MTP, que en esos días estaba enfocado en denunciar el exceso de horas laborales de los agentes a causa de la instalación del régimen de excepción. A su llegada, el investigador dice que fue recibido por tres policías que comenzaron a cuestionarlo sobre su cercanía con el MTP, del cual él era parte, sobre Reyes y sobre otras personas que sospechaban eran “informantes” de lo que sucedía al interior de la PNC.

Panameño les advirtió que lo habían hecho llegar bajo engaños. Que no estaban tratando un tema de investigación policial y que, por tanto, no tenían autoridad para cuestionarlo sobre quiénes integraban el MTP, como si se tratara de criminales. Fue entonces cuando le revelaron la verdadera razón por la cual Panameño fue citado: unos días antes, el investigador compartió en un grupo de WhatsApp una fotografía de tres policías sentados, vistiendo de civil, frente a una delegación del centro del país. Los tres se negaban a vestir el uniforme e iniciar su jornada laboral en protesta por los turnos de hasta 18 días sin descanso, como parte del régimen de excepción.

La fotografía fue compartida en un grupo privado de WhatsApp, donde se encontraba Panameño y otros líderes del MTP, que, usualmente, era utilizado para que los policías no alineados con el Movimiento denunciaran irrespeto a derechos laborales.

Panameño guardó la imagen en su teléfono y la compartió nuevamente en otro grupo de WhatsApp conformado, en su mayoría, por mandos de la PNC alineados al movimiento y líderes del MTP. Marvin Reyes relata que se trataba de un grupo al que solo se accedía tras pasar por un riguroso proceso de seguridad para garantizar que sus integrantes se comprometieran con la denuncia de violaciones a derechos laborales y evitar infiltraciones.

Aún no se explican lo que sucedió o quién informó a las autoridades de la PNC sobre la imagen compartida por Panameño, pero no dudan de la vigilancia de los canales de comunicación del MTP, pues “los jefes” que citaron a Panameño tenían conocimiento de la fotografía y los detalles de la hora y el mensaje compartido por el investigador.

El 11 de febrero de 2022, cuatro meses antes de la captura de Panameño, el entonces director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, emitió el memorándum número 01145, con el cual prohibieron a los agentes aparecer, sin autorización, en redes sociales vistiendo el uniforme policial.

Marvin Reyes, vocero del MTP, está convencido de que esa prohibición fue el preludio de una cacería interna, y que está directamente relacionada a las denuncias hechas por agentes en sus redes sociales privadas, por las extenuantes jornadas laborales impuestas desde el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022. Algunos de esos videos fueron viralizados en plataformas como Instagram o TikTok y retomados por agentes del movimiento en los grupos privados de WhatsApp.

En la delegación de San Vicente, cuando Panameño les advirtió que estaban haciendo actividades de espionaje, el jefe de la delegación de San Vicente, Evaristo Padilla Campos, ordenó que lo despojaran de sus pertenencias, incluido su teléfono celular, y que fuera detenido y llevado a prisión. Panameño se desempeñaba como investigador especial de la Sección de Análisis y Tratamiento de la Información (SATI) del departamento de San Vicente y por más de 20 años trabajó en descifrar patrones de coacción de los criminales para extorsionar a sus víctimas. Basado en ese conocimiento y frente a la orden de arresto en su contra dijo: “No saben con quién se meten”.

Esto fue interpretado como una amenaza por parte del inspector Wilson Chicas, uno de los presentes en el interrogatorio, y bajo la justificación de la existencia de un estado de excepción procedió a acusar a Panameño de los delitos de amenazas y apología del delito. Algo que luego sería desestimado por la Fiscalía General de la República. Panameño sospecha que se trataba del primer paso para intentar aplicarle las medidas impuestas a los detenidos bajo el régimen de excepción y así sentar un precedente para todo aquel que denunciara irrespeto a derechos laborales dentro de la PNC y otras instituciones del Estado. Estuvo encarcelado durante tres noches. Su liberación ocurrió dos días después de que el MTP publicara en redes sociales los detalles del caso.

La restricción no solo se limita a las redes sociales. El 11 de septiembre de 2023, los policías recibieron el memorándum 06516, en el que les advertían que cualquier revelación de hechos, actuaciones o lo que se etiquetara como “documentos secretos” sería considerado un delito, amparándose en el artículo 324 del Código Penal.

Reyes y otros integrantes del Movimiento aseguran que el memorándum 01145 fue la primera señal de lo que se convertiría en una persecución sistemática de agentes que denuncian abusos dentro de la Policía. Creen que el memorándum 06516 fue la confirmación de que la PNC ha sofisticado sus herramientas para rastrear los movimientos digitales de sus trabajadores.

Para este reportaje, fueron entrevistados siete agentes. Todos coinciden en que ambas prohibiciones establecidas en estos memorándums fueron para silenciar las denuncias. 

La detención de Panameño no ha sido el único acto coercitivo contra quienes luchan por los derechos laborales dentro la Policía. El MTP ha registrado numerosas acciones que, según sus dirigentes, tienen como propósito intimidar y desbaratar la denuncia organizada. Unos días después del arresto de Panameño, el MTP denunció que los altos mandos de las delegaciones policiales de todo el país estaban exigiendo el cumplimiento de una cuota mínima de capturas en el contexto de las detenciones del régimen de excepción. Esa denuncia desató una cacería de brujas dentro de la PNC para dar con los responsables de “filtrar información” y órdenes que procedían de la alta dirigencia policial. 

A causa de eso, el MTP ha documentado al menos cuatro casos de acoso y hostigamiento a agentes que, presuntamente, están vinculados a sus actividades. Estos incluyen traslados forzosos de delegaciones de San Salvador hacia puntos remotos en el occidente y oriente del país. Los policías afectados no cuentan con vehículos, lo que los obliga a desplazarse en transporte público, incrementando significativamente sus gastos, en un intento, según Reyes, de conseguir que los policías se desesperen y renuncien a sus cargos.

Panameño, Reyes y otro agente que pidió ser identificado como ‘Cobra’ coinciden en que existe un plan elaborado para desmantelar la frágil y clandestina organización de los defensores de los derechos laborales de los policías. Que existe vigilancia y persecución sistemática. Largas sombras que los persiguen a diario y amenazan con devorarlo todo.

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Este reportaje se elaboró en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica.