En 2020 hubo casi 100 mil casos reportados de menores de 19 años embarazadas en todo el país. Ante esta problemática, el Gobierno cuenta con el programa Vida, una iniciativa social enfocada en apoyar a niñas vulneradas, pero que no solo no funciona sino que tampoco es suficiente. Guatemala es un país con autoridades que se declaran provida, pero en la acción no existe atención seria y real para las niñas embarazadas y madres.

A finales de 2020, a la casa de Asociación La Alianza llegó Rosa con 15 años y un bebé de un año. El motivo fue una resolución judicial que le mandaba a vivir en ese centro para combatir la desnutrición severa que padece su hijo. Ese niño fue producto de su enamoramiento y tiempo de convivencia con un joven de 19 años. Ella tenía 12 cuando quedó embarazada y 13 cuando nació su hijo.

De ese nacimiento se abrió una diligencia judicial, por su edad y su condición, que resulta en ella y el bebé mudándose con su tía, su nueva tutora legal y separándose del joven.

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Rosa es una de las niñas que según su situación, y por la edad en la que ocurrió el embarazo, debería haber recibido el apoyo del Programa Vida, vigente desde 2018 y gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Este establece la entrega de de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de Q1 mil 500 a niñas menores de 14 años embarazadas, cuyo caso ha pasado por la resolución de un juez. Pero ella pudo acceder a este apoyo. 

En su poco tiempo de vida, el programa ya ha demostrado su ineficiencia. Hasta la fecha solo 212 niñas han recibido este apoyo económico y tampoco han recibido la transferencia mes con mes. En 2020 el máximo monto que han recibido algunas de las beneficiarias ha sido Q9000, correspondientes a seis meses de pago, alguna de ellas sólo ha recibido Q1500. El engranaje para hacer funcionar este apoyo a niñas embarazadas una vez más ha mostrado su ineficiencia. Y, una vez más, el Estado está vulnerando los derechos de las niñas más vulnerables. Guatemala es un país con autoridades que se declaran provida, pero en la acción no existe atención seria y real para las niñas embarazadas y madres.

El programa Vida surge dentro de la ruta de abordaje para la prevención y solución de la violencia intrafamiliar. Un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP), bajo la coordinación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

Estas instituciones se encargan de evaluar los expedientes enviados por las coordinaciones departamentales de las niñas que solicitan entrar al programa, deciden quiénes ingresan y brindan los servicios: SVET es el ente rector que coordina las actividades de cada institución, PGN se adhiere al proceso judicial –y en algunos casos brinda acompañamiento de trabajadoras sociales–, la parte psicológica y de salud le corresponde al Ministerio de Salud, y luego el Ministerio de Educación tiene dentro de sus funciones adecuarse a la realidad de la niña para buscar la manera de darle acceso a los servicios de educación.

“En el caso de Vida nosotros –desde el Mides– trabajamos en la entrega de transferencias monetarias condicionadas. Y la condicionante o la corresponsabilidad es la asistencia a los servicios de salud básicos de las niñas durante el embarazo y posteriormente del bebé”, expone Adriana Teleyón, directora financiera del programa.

Según Teleyón, se busca un impacto general en el desarrollo integral de las niñas y sus hijos e hijas. Y, aunque el programa es para menores de 14 años, han aceptado casos de adolescentes mayores que quedaron embarazadas o se hicieron madres a esa edad. “Ellas también son tomadas en cuenta en el programa, y permanecen hasta la mayoría de edad. La vulneración es de 14 años para abajo, pero la atención en el programa es hasta los 18 años”, explica la funcionaria.

Guatemala es un país con autoridades que se declaran provida, pero en la acción no existe atención seria y real para las niñas embarazadas y madres.

Un programa excluyente e insuficiente

El acuerdo ministerial DS-68-2017 con el que se creó el programa Vida, lleva el nombre de “Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos casos han sido judicializados”. Este se publicó el 21 de agosto de 2017, pero empezó a funcionar en 2018. En estos tres años y medio, el Ministerio de Desarrollo Social registra solo 212 beneficiarias en total del programa. 

Para ingresar deben cumplir con ser niñas y adolescentes embarazadas o madres menores de 14 años, víctimas de violencia sexual cuyo caso haya sido judicializado y cuenten con una persona titular asignada por un juez competente, que no hayan contraído matrimonio o convivan con su pareja y que sea guatemalteca al igual que el titular. Y para continuar recibiendo el beneficio tienen tres oportunidades de incumplimiento al año.

Se denomina como “judicializados” a aquellos casos que han sido denunciados, ya sea ante la policía, la PGN o un juez, en los que la víctima ya ha sido puesta bajo resguardo de un tutor o titular responsable. De acuerdo con Verónica Galicia, juez de Ejecución de Medidas de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, el proceso judicial se realiza para proteger a la niña, al nombrar un tutor legal y alejarla de su agresor.

“Según el proceso de protección establecido en la Ley PINA: el juez lo primero que hace cuando el caso llega al juzgado es establecer a través su equipo técnico –la trabajadora social o el psicólogo–, a quién se le puede otorgar una medida cautelar y con quién puede seguir viviendo la niña en ese momento. Si puede seguir viviendo con su familia nuclear o con familia ampliada. Y si no existe un familiar idóneo, se recurre a la familia sustituta o a los hogares de protección”, explica la juez.

Según Galicia, este proceso funciona en paralelo con el juicio penal en contra del agresor de la menor embarazada. Y de esta manera, se brindan dos justicias: “La primera es la que se va a encargar de condenar al victimario, si es un proceso penal. Y la segunda brinda justicia de protección, porque generalmente en estos casos las niñas han sido vulneradas en sus derechos por parte de sus propias familias. El victimario es un familiar cercano y un juez de protección debe establecer con quién puede seguir viviendo la niña o adolescente víctima”.

Tanto la jueza Verónica Galicia, como la Amalia Mazariegos, la secretaria de la niñez del Organismo Judicial, coinciden en que la demanda judicial para atender casos de niños y niñas vulnerados es alta. “En todas las áreas en donde exista un incumplimiento de derechos sociales básicos, van a funcionar los juzgados de protección, y en Guatemala la demanda es terrible”, asegura Mazariegos.

Sin embargo, expertas en casos de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes consideran que el requisito de la judicialización del caso limita –aún más– el acceso al programa Vida. Esto se debe a que la denuncia no se realiza porque el agresor vive con la víctima, como se comprueba en los registros del Organismo Judicial donde en el 95% de los casos de menores de 14 años abusadas sexualmente se identifica a un familiar como el responsable, según la secretaria Mazariegos.

“Las raíces de las falencias del programa tienen mucho que ver con este criterio de denuncia, porque un porcentaje de niñas no va a denunciar porque sus agresores son sus familiares. Y como un agresor no va a llevar a su víctima a denunciarlo, disminuye la cantidad de niñas que cumplen los criterios para obtener este apoyo”, expone Emma López, integrante de la Mesa de Educación Integral en Sexualidad (MENEIS).

En los primeros días de mayo de 2020, cuando las medidas para prevenir más contagios del nuevo coronavirus eran cambiantes y muy restrictivas, Darolyn inició su trabajo de parto. Su hija estaba a punto de nacer, y ella a sus 13 años estaba a punto de convertirse en madre. Aunque su cuerpo no estaba listo, aunque ella no tenía los recursos para mantenerse a sí misma ni a su hija y aunque el embarazo ocurrió como producto de violencia sexual, la bebé nació el 1 de mayo.

“Costó lo que no tiene nombre”, expresan las psicólogas Mónica Pinzón e Inés Meneses de Asociación La Alianza, una organización que brinda atención residencial, acompañamiento integral, litigio estratégico y apoyo legal para niñas sobrevivientes de abuso sexual. Ellas son parte del equipo a cargo del proceso y de la terapia de Darolyn, y en consecuencia de su hija. Gracias al esfuerzo dentro de La Alianza, se consiguió llevarla a un hospital de forma segura ante la pandemia y a tiempo.

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Los casos de embarazos en niñas y adolescentes han ido en aumento durante los últimos años en Guatemala. Según los registros no oficiales de niñas y adolescentes embarazadas recopiladas por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) del 1 de enero al 9 de diciembre de 2020 hubo casi 100 mil embarazos de menores de edad (99 mil 656) embarazos, y 24 mil 384 entre enero y abril de 2021. De los casi 100 mil casos del año pasado, 4 mil 535 fueron de niñas menores de 14 años. Este año, ya se registran más de 640 dentro de esas edades.

La iniciativa es insuficiente y necesita reestructuración

A sus tres años de existencia, el programa Vida no ha logrado cumplir con su objetivo principal: “promover el acceso a los servicios de salud de las niñas y adolescentes embarazadas o madres, menores de 14 años, víctimas de violencia sexual, cuyos casos hayan sido judicializados”. Porque solo el 3.62% de las niñas del registro de OSAR, y apenas el 3.05% de los casos de judicializados por el Organismo Judicial lograron ingresar al programa en 2020, el año con mayor ejecución del programa.

“A partir de 2020, atendimos a un total de 164 niñas, a las que se les entregaron 760 aportes –el máximo posible– distribuidos en el padrón total de beneficiarias y se nos acabó el presupuesto con ellas. El año pasado no se les pidió corresponsabilidad, y atendimos al total de las 164 niñas que teníamos en el programa, con mínimo tres transferencias al año”, detalla Adriana Teleyón sobre la ejecución realizada durante el primer año de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Sin embargo, aun cuando se utilizó todo el presupuesto de Q1 millón 140 mil asignados para el programa en 2020, ninguna de las beneficiarias recibió más de Q9 mil, el equivalente a seis aportes en el año. Y se encontraron casos en los que solo recibieron un aporte de Q1 mil 500 en todo el año.

Como en el acuerdo ministerial de creación del programa, solo se establecen transferencias “de forma periódica”, no existe una medida específica para esta periodicidad. Por lo que la ejecución del programa es irregular con meses sin movimiento de fondos, lo que representa períodos en los que las beneficiarias –niñas embarazadas o madres con hijos e hijas– no recibieron el apoyo.

Este detalle es algo que han resaltado desde la Mesa de Educación Integral en Sexualidad (MENEIS), según explica Emma López, “la información oficial dice que deberían ser Q1 mil 500 mensuales, pero, al revisar el reporte del año y los datos que recopilar desde el Mirador de Derechos Sexuales y Reproductivos, lo mínimo que dan son Q1 mil 500 pero anuales, frente a la canasta básica que ronda en los Q6,000”.

Al respecto, Teleyón reconoce que el programa tiene debilidades y que es insuficiente ante la problemática: “Contamos con un presupuesto asignado únicamente para transferencias, no hay presupuesto para operatividad. Nos toca hacer uso de recursos de otro programa, y prestarnos personal. No hay siquiera una persona contratada bajo presupuesto del programa. Y ese presupuesto de Q1 millón 140 mil solo cubre 760 transferencias de Q1 mil 500 anuales”.

El “equipo” que atiende el programa Vida está conformado por seis personas: una psicóloga, una encargada de programa, una persona bajo contrato 029 y tres técnicos administrativos, según explica Adriana Teleyón.

Sin embargo, insiste en que parte de los retos que enfrentan en el programa es la falta de apoyo interinstitucional. Por un lado, el Ministerio de Finanzas no traslada los fondos según lo asignado en SICOIN, y esto se refleja en que, aunque se quisieran hacer transferencias mensuales, es imposible porque no hay recursos todos los meses.

Un ejemplo es el año en curso, en el que a pesar de que han transcurrido ya seis meses, solo se ha realizado una transferencia en el mes de abril para 144 beneficiarias. Este aporte responde a las corresponsabilidades verificadas de enero y febrero, en donde 137 niñas recibieron Q3 mil (dos aportes de Q1 mil 500) y 7 un aporte de Q1 mil 500. A la fecha, cada una debería de haber recibido hasta seis transferencias, dependiendo del mes en que ingresaron al programa y el cumplimiento de los compromisos.

Otro ejemplo de falta de coordinación entre instituciones es la poca comunicación que existe entre los actores involucrados en la ruta de atención. Teleyón asegura que desde PGN no les brindan toda la información de los casos y el progreso que llevan. Y por su parte, Amalia Mazariegos, secretaria de la niñez del Organismo Judicial, dice que el Ministerio de Desarrollo tampoco informa si las personas referidas desde la institución ingresan o continúan como beneficiarias del programa.

“Sabemos hay mucha necesidad, muchas víctimas de agresiones sexuales y violaciones y que están desprotegidas. Este es un llamado para la sociedad en general e incluso para la iniciativa privada, que también se involucre”, dice la juez Galicia.

“Es bien importante que todas las instituciones vinculadas realmente estén comprometidas en prestar servicio de calidad a las niñas. Porque yo puedo tener muchas beneficiarias y darles los Q1 mil 500. Pero si el Ministerio de Educación no les va a dar opciones para que ellas sigan estudiando, posiblemente van a salir del programa y no vamos a ver un gran impacto en sus vidas”, insiste Adriana Teleyón.

Todas las fuentes consultadas para la realización del reportaje coinciden en que es una iniciativa necesaria. Sin embargo, la desorganización alrededor del programa Vida, la baja ejecución, la falta de información, el incumplimiento de los objetivos y la poca cobertura –a pesar de que es a nivel nacional– hace que los comentarios sobre la labor sean en su mayoría negativos.

Myrna Ponce, representante del OSAR, explica que con base en la información que han recopilado de los registros del Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud para su monitoreo, el programa es insuficiente y no cubre la demanda que se genera de los embarazos en niñas y adolescentes. 

“Esto no es una inversión que vaya a impactar o resolver la problemática, empezando porque la judicialización es un proceso difícil. Parece que hicieron las cosas al revés: fue mal estructurado desde un principio, porque no dimensionaron la cantidad de menores con este problema. Si de mil solo atiendo a diez no se contiene la situación, y menos si luego se atrasan con las transferencias. Solo reflejan la incapacidad del Estado”, dice Ponce.

Por su parte, Amalia Mazariegos del Organismo Judicial, considera que “el programa no tiene la estructura ni condiciones para responder a todos los casos judicializados, a pesar de que tiene una importante asignación económica. No es una respuesta real, es probablemente un proyecto piloto, pero a estas alturas ya se tendría que establecer de manera institucional y formal. 

La psicóloga de Alianza, Gady Lara, explica que, aunque la cantidad de no es suficiente, sí es útil: “Si lo comparamos con los Q1 mil semanales que logran generar las familias para mantener a todo el núcleo familiar, incluyendo a la niña embarazada, resulta de beneficio este apoyo. Hay que recordar que muchos de otros casos provienen de situaciones de pobreza extrema.”

Desde el Congreso la diputada del partido Semilla, Ligia Hernández ha dado seguimiento a la implementación del programa Vida y a la situación de los embarazos en niñas y adolescentes. Y es desde esta labor que considera que, “no es prioridad para el Estado ni para el Gobierno el impacto de la violencia sexual en las niñas ni su futuro”. 

Hernández explica que es necesaria una política más profunda que brinde respuestas para las niñas y adolescentes en esta situación, porque actualmente las acciones son débiles. “La cantidad ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades de salud de ellas como madres, ni las de su bebé. Es un programa que necesita mucha revisión, mucho seguimiento, los números realmente son fatales, respecto a los altísimos índices de violencia sexual y a la poca capacidad que tiene el ministerio de desarrollo, de ingresar los casos al sistema”.

Por su parte Emma López de la MENEIS, considera que existe incoherencia en el manejo de esta problemática:

“Para mí es un punto clave que nos permite cuestionar los discursos de “salvar las dos vidas” que se promueve cada vez con más fuerza desde los tomadores y tomadoras de decisiones. El programa Vida es una respuesta a las adolescentes que se enfrentan a embarazos no planeados y/o forzados porque en teoría está dedicado a garantizar que las adolescentes y sus hijos e hijas puedan tener acceso a servicios de salud, pero vemos que hay muy pocas personas que saben del programa, lo que se refleja en pocas adolescentes con acceso al programa”.

¿Qué necesita una niña menor de 14 años embarazada? Otro tipo de atención

Todas las expertas consultadas comparten la opinión de que una niña embarazada necesita poder comprar lo necesario para su hijo o hija, y estas no son sus únicas necesidades y eso es un punto clave en el que el programa Vida falla. “Creo que el programa es bueno, necesario y que esa ayuda es importante. Pero necesitan reestructurar, incluir la visión global de la realidad de las menores y dar los aportes a tiempo”, explica Myrna Ponce del OSAR.

En esa misma línea, la juez Verónica Galicia, considera que deberían de existir más programas pero que sean verdaderamente funcionales y efectivos, así como involucramiento de distintos sectores de la sociedad:

“Como sabemos hay mucha necesidad, muchas víctimas de agresiones sexuales y violaciones y que están desprotegidas. Este es un llamado para la sociedad en general e incluso para la iniciativa privada, que también se involucre: es necesario que este problema lo resolvamos entre todos, y que entre todos le demos protección a la niñez y a la adolescencia”, dice la juez Galicia.

Asociación La Alianza es una organización reconocida por su labor con niñas sobrevivientes de abuso sexual en Guatemala. En este lugar trabajan con menores en riesgo social, víctimas de violencia sexual, trata de personas en situación de migración.

“El pago tiene que estar monitoreado y con seguimiento, porque no es solamente el monto económico, sino que también tiene que ser útil. Y eso se logra garantizando educación, motivando y potencializando que persigan sus sueños -si quieren ser contadoras o enfermeras- y conectando esa transferencia con su proyecto de vida”, insiste Inés Meneses, psicóloga de La Alianza.

En La Alianza se destinan USD$43 que son Q333.73 al día, lo que representa aproximadamente USD$1 mil 293 equivalente a Q10 mil 85 para las niñas madre, explica Mónica Pinzón, directora de programas de Asociación La Alianza.

Las niñas y adolescentes que han vivido un embarazo, como resultado del abuso sexual, tienen necesidades específicas, independientes del dinero. Desde experimentar anemia porque su cuerpo no está listo para conllevar un embarazo, hasta modificar su postura para dormir en los últimos meses porque acostarse no es cómodo para sus órganos modificados por el crecimiento del feto en su útero.

Otro ejemplo es el apoyo psicológico necesario para enfrentar la situación que experimentan: “Existe una diferencia entre la niñez que ha sido vulnerada y la que no, porque cuando han sufrido un trauma o violencia, presentan un desbalance entre su edad cronológica y su edad mental. En el caso de Rosa, cronológicamente tiene 15 años, pero su edad mental es de 10. Esto impacta totalmente su vida, le hace actuar diferente y por lo mismo, más vulnerable”.

El equipo de La Alianza brinda atención integral a niñas embarazadas y víctimas de abuso infantil, por lo que además de brindarles hogar, vestido y alimentación, se les da educación, atención psicológica y en salud. Así como apoyo legal, para enfrentar los procesos de justicia.

De acuerdo con Inés Meneses y Gady Lara, psicólogas de La Alianza, uno de los momentos más difíciles de navegar para niñas con estas condiciones, son las audiencias judiciales. “Se genera estrés en las menores porque deben ir a las audiencias, pero con el bebé. Y aunque van con la abogada, las encargadas del bebé son ellas. En casos como estos se utilizan esencias y técnicas de relajación, para sobrellevar cancelaciones de audiencia o resultados inesperados”, explican.

Entre otros momentos complicados para las niñas embarazadas, las expertas señalan: el anuncio de embarazo, los cambios corporales, el parto y la noticia de una complicación médica de su hijo o hija.

A medida que ha transcurrido el tiempo y el proceso de Rosa y Darolyn, sus vidas han ido tomando encausándose alrededor de sus deseos y habilidades cultivadas en La Alianza. Pero sus personalidades son diferentes. A sus 15 años, Darolyn tiene muy claro que no quiere volver a vivir con su mamá. Responde que quiere ser abogada, ante la pregunta de qué quiere ser cuando crezca y asegura que lo que más le gusta hacer es cocinar comida salada.

Por su parte, Rosa ya casi cumple 16 años y no tiene claro qué quiere hacer con su futuro. En los días próximos a la entrevista, debía tomar una decisión importante para su proyecto de vida: quedarse en La Alianza sin su hijo –a quién ha empezado a rechazar– y estudiar; irse de La Alianza con o sin su hijo; o bien, estudiar y quedarse con su hijo, en La Alianza. De acuerdo con su psicóloga, Gady Lara, este es un paso que ella debe dar para definir y apoyarla en su proyecto de vida.

La secretaria de la niñez en el Organismo Judicial, Amalia Mazariegos, considera que es importante que se hable, que se discuta y que se fortalezcan los programas de Estado, para que se entienda la idea básica: “en Guatemala la violencia sexual no se tolera”. Según Mazariegos, “esa respuesta que el Estado debe brindar de manera interinstitucional, con el sistema de justicia, debe estar aunado a las necesidades específicas que se presentan de las víctimas, debe ser una respuesta coherente y proporcional”.

A esta postura, se suma Myrna Ponce quien considera que si el Estado no se ocupa de estas menores embarazadas, comete un grave error. “Porque ellas y sus hijos son el futuro de este país, y si no se les apoya para mejorar las condiciones en que navegan por esta vida, nos encontramos con el abandono de sus hijos. Porque a su edad, ellas no son capaces de atender las necesidades de estos niños”.