En El Salvador se desconoce el número de mujeres que han sido arrestadas durante el régimen de excepción. También el número de viudas y huérfanos a causa de los abusos gubernamentales. María, Teresa, y sus hijos pequeños, son algunos de ellos. 

Este reportaje forma parte de #DesAutorizadas, un especial transfronterizo y multimedia que narra cómo el retroceso democrático impacta en las mujeres de cinco países de Centroamérica.Una alianza de Revista Fáctum desde El Salvador, Contra Corriente desde Honduras, Divergentes desde Nicaragua, Las Indomables, desde Panamá y No Ficción desde Guatemala, con el apoyo de Free Press Unlimited.

Texto: Loida Martínez Avelar / Revista Factum | Edición: Carolina Gamazo / No Ficción | Fotografías Natalia Alberto

María tenía cuatro meses de estar en la cárcel cuando comenzó a olvidar el rostro de su hija de siete años. No recordaba cómo era, qué gestos hacía ni cuáles eran sus juegos favoritos.  

“Fue por la incertidumbre y por estar pensando que allá adentro me iba a morir. Fue cruel, porque sabía que tenía una hija, pero no lograba recordarla”, dijo con la voz entrecortada en una conversación en un restaurante, cuatro meses después de ser puesta en libertad. 

María es una de las mujeres arrestadas durante el régimen de excepción de El Salvador. Este fue instaurado por el gobierno de Nayib Bukel hace más de un año, el 27 de marzo de 2022, después de un fin de semana funesto en el que fueron asesinadas 87 personas. Hasta la fecha, ha dejado más de 65,795 personas detenidas. Presos que se han visto en imágenes hacinados e hincados en el suelo, recordando a centros de concentración.

Aunque en estas fotos no se ha visto mujeres, varios centenares se encuentran recluidas en centros penitenciarios. No se conoce el número exacto, pues las autoridades no han ofrecido mayores datos sobre las detenciones, clasificándolos, en general, como “terroristas”, sin que se haya realizado el debido proceso. 

La vida nunca será igual 

La pesadilla empezó un domingo de julio de 2022. María, su pareja, y su hija de siete años, estaban de visita en la casa de un familiar cuando dos agentes llamaron a la puerta y les pidieron su documento de identidad. Inmediatamente, recuerda María, les dijeron que se los llevarían a una delegación. Los acusaron del delito de asociación ilícita y colaboración con pandillas, el motivo por el que han sido detenidos la mayoría de salvadoreños. Sin orden de captura y sin evidencia, María y su pareja fueron enviados a la cárcel. 

Al día siguiente,  ella fue trasladada al ex centro penitenciario de mujeres en Ilopango. La histórica cárcel para mujeres en El Salvador, actualmente para hombres. Los custodios la recibieron con una golpiza. También la insultaron y la forzaron a decir que era pandillera. Según cuenta, sin integrar el grupo delictivo y coaccionada, tuvo que firmar un acta en la que admitía que era una integrante. 

Estuvo en los penales de Ilopango y Apanteos durante seis meses. Recuerda los largos días en que dos custodios, identificados como Pablo y la señora Gata, le pegaban con la macana. Le quitaban el derecho a salir al patio a recibir el sol, no la dejaban caminar ni hacer otra actividad. no dejaban que se bañara y la ponían a ver una pared todo el día. 

Durante esos días, adquirió una picazón en la piel que la torturaba. Adelgazó 40 libras. Las raciones de comida, arroz y frijoles, según relata, son escasas y apenas sacian el hambre de las arrestadas. 

María dejó de menstruar durante los meses en que estuvo en prisión. Ella lo atribuye a su mala alimentación, al estrés y al pánico que vivió todos los días. Los sanitarios y las duchas estaban sucios y tenían mal olor. No le gustaba sentarse y se enfermó de mal de orina. 

La sensación a gas pimienta con el que las rociaban frecuentemente sin motivo, también le ha quedado impregnada en la piel y el recuerdo de esos momentos sigue muy vivo en su mente. “No se puede respirar, quema la piel y la mente lo traiciona a uno porque siente que se va a ahogar y uno dice me voy a morir. Mucha gente caía desmayada”, cuenta María. 

Viudas y huérfanos del régimen

Adrián fue arrestado la noche del 18 de abril de 2022 mientras veía televisión en su casa junto a su mujer, Teresa, y Elián, su hijo de cuatro años. Habían cenado frijoles con crema y tortilla. Dos policías tocaron al timbre y al abrir la puerta preguntaron por él con su nombre y apellido. Le dijeron que únicamente le harían unas preguntas y se lo llevaron. Esta fue la última vez que Teresa  y Elian lo verían. 

Pasaron dos meses y medio. Teresa no pudo dormir ni comer por la preocupación, donde no dejó de pedir a Dios que le devolviera a su esposo. Un día estaba en su casa cuando nuevamente llamaron al timbre. En esta ocasión, eran los delegados de una funeraria. Ella no quiso pensar en lo peor. Pero sucedió. Avisaron a Teresa de que Adrián, aunque no estaba enfermo cuando fue encarcelado, había muerto en un hospital.

Adrián, el esposo de Teresa, es una de las 153 personas que han muerto en las cárceles bajo custodia del estado salvadoreño, después de ser arrestadas durante el régimen de excepción, según los registros de la organización de la sociedad civil, Cristosal. Documentos, testimonios de familiares y esquelas de medicina legal dejan en evidencia que fueron torturados.

Hoy Teresa reflexiona en la esquela forense que dice que su esposo falleció por asfixia mecánica por estrangulación el 4 de julio de 2022 en el Hospital Zacamil de San Salvador. Un médico dijo a los familiares que tenía moretones en el cuello, lo que indicaba que lo habían sometido con un palo. Las averiguaciones de la familia apuntan a que a Adrián lo afectó una denuncia anónima; sin pruebas.

Las causas de las muertes, según las esquelas preliminares del Instituto de Medicina Legal según los expedientes de Socorro Jurídico son asfixia, edema de pulmón o de enfermedades de los riñones, infartos y diabetes. Familiares, junto con el personal de funerarias, revisaron los cuerpos de los fallecidos y encontraron golpes severos en sus cabezas y tórax.

Esa organización, que brinda asistencia jurídica, ha recabado fotografías, testimonios de familiares de fallecidos y documentos que evidencian los maltratos que están ocurriendo dentro de las cárceles. 

“Dios siempre bendice ¿vea? Pero no ha sido fácil la vida para nosotros desde que a él lo detuvieron, y aún más difícil cuando ya lo entregan muerto, ¿verdad?”, recuerda Teresa.

German Cerros, psicólogo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, explica que perder un familiar, ya sea porque está arrestado o porque murió dentro de una cárcel bajo custodia del Estado, se convierte en un duelo anticipado, provocando, en algunos casos, una posible tortura. 

A juicio del profesional, el Estado no logró dimensionar el impacto emocional que generarían las capturas en las familias; especialmente en las esposas e hijos. 

“En un poco más manejable perder un familiar por una enfermedad, por cáncer o por equis enfermedad terminal, en la que la misma familia se prepara emocionalmente o, por lo menos, logra buscar herramientas para contener y poder sobrellevar la pérdida”, dice el profesional en salud mental. “No duele igual cuando la muerte es abrupta, como lo que ha ocurrido en los centros de detención, cuando está en manos del Estado en donde nosotros depositamos nuestra seguridad”, agrega.

Vidas en pausa

Seis meses después de haber sido arrestada, María salió de prisión luego que no pudieran comprobarle ningún delito. La noche en que llegó a su casa, sus padres la ducharon y quedaron asombrados al ver su cuerpo esquelético y marcado por una alergia en la piel que, hasta la actualidad, le arde y duele. María vio a su hija, nuevamente su rostro, y la abrazó. Todos lloraron.

A pesar de haber salido de prisión, su vida sigue estancada. Actualmente, al igual que muchas de las mujeres cuyas parejas fueron encarceladas, una preocupación le nubla todo lo demás: la incertidumbre sobre el paradero y la integridad física de su pareja. 

De no haber sido detenida durante el régimen de excepción se habría casado con Mario, pues estaban comprometidos para sellar legalmente su relación en diciembre de 2022. La incertidumbre de su proceso judicial le deja muchas preguntas respecto a su destino sentimental. “Hasta ahorita yo no sé si pueden seguir los planes, porque no sé si mi pareja está vivo, para mí sigo comprometida, pero no sé qué vaya a pasar en este caos que estamos viviendo”, enfatiza.  

Las mujeres salvadoreñas han sufrido de frente las secuelas del estado de excepción. Según la información revisada en 100 expedientes de privados de libertad, las mujeres afectadas son en su mayoría jóvenes, tienen entre uno y dos hijos, no tienen un empleo formal y comparten su casa con otros familiares para compartir los gastos. 

Se les ve afuera de los penales acampando por días y esperando noticias de sus familiares. O en las oficinas de organizaciones sociales, buscando apoyo legal para sacar a sus presos de las cárceles. Sostienen que las capturas son arbitrarias e injustas. De los 100 expedientes leídos por esta revista solo el de un detenido tenía antecedentes penales, por un caso de extorsión, del que fue absuelto en 2016. 

Asesorías jurídicas efectuadas durante el último año por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la organización Socorro Jurídico, reflejan que las consecuencias del régimen tienen rostro de mujer. Según su datos, al menos 370 mujeres, entre parejas y esposas de arrestados durante el régimen, han asumido la carga económica completa de sus hogares y se les ha incrementado las tareas de cuidados. 

Teresa también quedó expuesta tras la detención de su marido. Adrián, con su trabajo como conductor de Uber, cubría todos los gastos familiares. “Dependíamos de él, porque yo en ese momento no devengaba un sueldo. Si no fuera por el apoyo de mi suegra, mi cuñada, y la familia de él; no nos hubiéramos sostenido ni económicamente. No hubiéramos tenido ni para comer”, comenta Teresa. Pero para ella hay una preocupación aún mayor, la situación en la que quedó su hijo, Elian, ahora huérfano. 

La policía se va a llevar a mi mamá

En los primeros días, tras el arresto de Adrián, Elián lloraba seguido por las noches. Preguntaba por él. Pero la situación de este niño de cuatro años empeoró el día que le dijeron que había fallecido. “No fue nada fácil decirle a mi hijo que su papá ya no iba a volver. Y más desgarrador cuando lo vio en el ataúd”, lamenta. 

Días después de la muerte de su padre Adrián, Elian se enfermó. Bajó de peso porque no comía y pasaba llorando por su padre. “Le hace falta jugar fútbol y ver televisión con su padre”, explica Teresa. “Ahora tengo que pensar primero en ser madre antes de ser mujer”, dice la ahora viuda. En medio de su inocencia, el pequeño escucha con atención las conversaciones de los adultos y pregunta cuándo volverá.  

Al igual que Teresa, María se da cuenta de que los daños colaterales del arresto salen a la luz cada vez que su hija mira a soldados y militares en la calle. La estela verde olivo que cubre las comunidades y avenidas la aterra. “Ella no puede escuchar que los perros ladran porque me dice: la policía me va a llevar a mi mamá. Cuando los mira en la calle se pone nerviosa y pide ir al baño”, confiesa mientras se frota las manos. 

Los hijos e hijas de las personas arrestadas durante el régimen de excepción, también son víctimas indirectas de la política de seguridad pública. Al menos 670, entre niños, niñas y adolescentes, han quedado a la deriva debido a que su padre o madre está en prisión, según los registros del IDHUCA y Socorro Jurídico. 

En el caso de los niños y niñas, el psicólogo Germán Cerros, del IDHUCA, explica que la situación puede volverse más traumática, pues vivirán la ausencia de uno de los pilares de la familia y aspectos económicos hasta espirituales quedarán en el limbo. 

“¿Qué pasa cuando dentro de ese mismo grupo familiar se vota un pilar? El peso o la carga y la seguridad de la estructura familiar la absorben todas aquellas personas que quedaron”, explica Cerros, psicólogo de una institución que ha brindado más de 800 atenciones por abusos cometidos en el régimen de Bukele. 

Un año de abusos 

El 14.64% de las víctimas del régimen de excepción son mujeres, según  detalla  el Informe Anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del Estado de excepción en El Salvador, presentado por siete organizaciones de la sociedad civil. 

Madres, hijas, nietas y hasta abuelas afectadas directamente porque uno de sus familiares ha sido arrestado o porque se las llevaron a prisión. 

Han sido documentadas 4,723 violaciones de derechos humanos que han afectado al menos a 5,082 salvadoreños. Las violaciones registradas por las organizaciones son torturas, desplazamiento forzado y violencia sexual, allanamientos de morada, uso excesivo de la fuerza y acoso por parte de los cuerpos de seguridad. 

El régimen ha limitado cuatro derechos ciudadanos fundamentales para la vida cotidiana: defensa, reunión, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y ha extendido el plazo de la detención administrativa.

Teresa reflexiona sobre su papel en la vida de su hijo. “No sé qué me depara mi destino, mi prioridad es mi hijo. Me tiene solo a mí, aunque esté la demás familia no es lo mismo”, concluye.  

María acude a los juzgados a firmar cada 15 días; pues a pesar de que está libre el proceso judicial en su contra sigue en curso. Teme ser arrestada en cualquier momento, le duele, pero en este momento le afecta no poder aplicar a un trabajo formal debido a que ya tiene un antecedente penal que mancha su expediente. “Mis planes se han congelado, por ahora. Quisiera dejarle a mi hija un país donde no tenga miedo a que los policías se la lleven y donde vivir no tenga que ser tan difícil”, concluye.