La Asamblea Legislativa controlada por Nayib Bukele desmanteló la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. La Policía acuerpó lo que dictó el bloque oficialista y allanó la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para dar entrada, de facto, a los nuevos funcionarios elegidos.
El nuevo bloque parlamentario del Congreso de El Salvador formado por diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC desintegró la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) este 1 de mayo de 2021 por la noche. En su día de estreno, los legisladores del presidente Nayib Bukele hicieron una alianza para crear su bloque oficialista y su primera decisión fue destituir a cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y a cuatro suplentes. También decretaron la destitución del fiscal general, Raúl Melara.
Los legisladores del presidente Nayib Bukele acusaron a los magistrados de la sala de haber violado la Constitución salvadoreña y de haber atentado contra la salud y la vida de la población, por sus resoluciones que contrariaron las políticas de Bukele durante las cuarentenas obligatorias en 2020 por la Covid-19. El gobierno de Bukele detuvo a personas que no respetaban las medidas de aislamiento y las enclaustró en lugares que llamó “centros de contención” para prevenir los contagios. Los detenidos permanecieron semanas encerrados sin una orden judicial que amparara la política del gobierno. Declarar inconstitucional esos métodos, para los diputados del presidente, se trató de una “arrogante intromisión” de los magistrados de la sala sobre las políticas de Bukele.
Y en el caso del fiscal Melara, los legisladores oficialistas adujeron vínculos partidarios que fueron conocidos incluso antes de su elección en diciembre de 2018. De hecho, el nombramiento de Melara recibió en contra recursos de inconstitucionalidad tras su juramentación en la Asamblea Legislativa.
La destitución de los magistrados fue promovida por los diputados Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea, Ana Figueroa, Christian Guevara, Jorge Castro y Caleb Navarro, todos de Nuevas Ideas. La iniciativa entró a la Asamblea con dispensa de trámite, es decir, sin un debate o discusión previa porque aún no han sido instaladas las nuevas comisiones legislativas.
“La sala no puede hacer lo que se le venga en gana ni lo que se le ocurra en el momento. No puede prorrogar sentencias a su libre arbitrio o a su libre conveniencia”, dijo el diputado Navarro en su intervención para intentar justificar la destitución, durante la primera sesión plenaria ordinaria, que siguió a la sesión de instalación de la junta directiva de la Asamblea. Navarro habló sobre sentencias de la sala que no tuvieron un efecto inmediato, como la que declaró inconstitucional los nombramientos de magistrados de la Corte de Cuentas elegidos para el período de 2017 a 2020, pero que les permitió finalizar su gestión y no anuló sus decisiones.
Los diputados de Nuevas Ideas se apoyaron en ejemplos de sentencias que contrariaron las decisiones presidenciales de Bukele para intentar justificar la disolución de la sala.
El diputado opositor René Portillo Cuadra, de Arena, advirtió al bloque de los diputados de Bukele y sus aliados que su decisión de destituir a los magistrados podría incurrir en ilícitos, ya que no existen fundamentos legales para retirar de sus cargos a los funcionarios judiciales. Recordó que a los magistrados, con esa medida, no se les estaba dando el “derecho de audiencia” y que no estaban siendo acusados por ninguna autoridad de cometer delitos.
La Sala de lo Constitucional, mientras tanto, reaccionó de inmediato ante su destitución y advirtió que la decisión tomada por el bloque oficialista en la Asamblea es “inconstitucional” por violar la independencia judicial y por tratarse de un intento de coacción al trabajo del Órgano Judicial. Los magistrados resolvieron que la decisión de la Asamblea no tiene efecto. Sin embargo, la Policía Nacional Civil acuerpó las decisiones de los diputados de Bukele y sus aliados y escoltó a los funcionarios elegidos en sustitución de los destituidos a los edificios de la Corte y de la Fiscalía.
La Policía, dirigida por Mauricio Arriaza Chicas, allanó las instalaciones de la Corte y de la Fiscalía para darles entrada a las personas elegidas por el bloque. En el caso de la Sala de lo Constitucional, los diputados oficialistas eligieron a Javier Suárez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y afín al gobierno. También al exfiscal Héctor Nahum García, quien defendió al comisionado Arriaza Chicas en una interpelación a la que fue sometida por la Asamblea Legislativa que terminó período el pasado 30 de abril. Otro elegido fue José Ángel Pérez Chacón, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de Bukele y defensor por parte del gobierno en el caso de El Mozote, quien abogó por mantener cerrados los archivos de la Fuerza Armada. Y los magistrados Elsy Dueñas, quien estaba en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y Óscar López Jerez, de la Sala de lo Civil. Este último fue nombrado por el bloque como presidente de la Sala de lo Constitucional y, por ende, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En sustitución del fiscal Melara fue nombrado Rodolfo Delgado, quien fue jefe fiscal de la División contra el Crimen Organizado (DECO) de la Fiscalía durante los gobiernos del partido Arena, en específico del periodo de Antonio Saca.
El comisionado Arriaza Chicas, quien había sido interpelado en el Salón Azul por la legislatura anterior, llegó la misma noche del 1 de mayo a la Asamblea Legislativa para dar una “vuelta triunfal”, en la que saludó a los diputados de Nuevas Ideas y a sus aliados, y a la nueva junta directiva que resultó de la repartición que negociaron los bukelistas.
Alarma internacional
El desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía encendió las alarmas en la comunidad internacional. Altos funcionarios de Estados Unidos se pronunciaron por lo ocurrido. El congresista Albio Sires calificó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional como “un abuso de poder, un acto ilegal de venganza y un gran salto hacia el autoritarismo”. Y fue más allá de condenar lo ocurrido al sugerir que “si no da marcha atrás, el gobierno de Estados Unidos debería tomar medidas inmediatas para reducir las relaciones con su gobierno”.
Antes que él, y antes de que el golpe se consumara, la secretaria adjunta interina del Departamento de Estado, Julie Chung, había expresado su preocupación y había abogado por un Órgano Judicial independiente. “La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”, publicó Chung.
También Juan Gonzalez, asesor de la Casa Blanca, opinó sobre la concentración del poder del Gobierno de Bukele.
COL
El director ejecutivo de la división para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló, por su parte, que el presidente Bukele busca “concentrar todo el poder en sus manos”. Tras la remoción del fiscal general Melara, publicó: “El golpe al Estado de derecho es total”. Vivanco fue más allá y advirtió que desde su organización buscará incidir en el gobierno de Estados Unidos y en instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que tengan precauciones con el gobierno de El Salvador, que no ha dudado en calificarlo de “autoritario”.
En El Salvador se pronunciaron diferentes organizaciones de la sociedad civil. La organización Acción Ciudadana aseguró que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional configura el delito de proposición, conspiración y apología para cometer la rebelión o sedición, pues no ha sido realizado con el debido proceso. “Las razones expresadas en la iniciativa de destitución muestran una mera inconformidad con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, no una causal de las mencionadas”, explicó Acción Ciudadana.
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) advirtió que los nombramientos que realizó la nueva Asamblea son inconstitucionales y los actos que estos abogados realicen, usurpando funciones, serán nulos. También la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas publicó el pronunciamiento titulado “En esta hora oscura”, en el cual condenó que la Asamblea, violando leyes, haya dinamitado la separación de poderes.
“El hecho muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele”, señaló la universidad jesuita e hizo un llamado “a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir ‘no’ al poder no sea una quimera”.
Ante la lluvia de críticas desde fuera y dentro del país, el presidente Bukele usó sus cuentas de redes sociales no solo para aplaudir la culminación, a su favor, de su conflicto con los poderes legislativo y judicial, sino también para marcar distancia con cualquier tipo de injerencia desde el exterior. “A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, escribió el presidente en sus redes sociales.
El bloque legislativo de Bukele
La nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa se pactó este 1 de mayo de 2021 en una negociación a puertas cerradas entre las dirigencias de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y un diputado del PDC. Durante la sesión de instalación de la nueva legislatura, alrededor de las 10 de la mañana, mientras los demás diputados esperaban en sus curules y las cámaras de la Televisión Legislativa procuraban captar solo los rostros de los legisladores de Nuevas Ideas, el jefe de este grupo parlamentario, Ernesto Castro, dialogaba con los otros dirigentes la integración de la directiva.
De las reuniones entre dirigentes de los partidos políticos resultó una nueva conformación de junta directiva. En primer lugar, el número de directivos fue reducido de once a ocho. Y en la repartición que dirigieron los legisladores del presidente quedaron favorecidos con los puestos más importantes los políticos más cercanos a Bukele.
«El hecho muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele». Comunicado de la Universidad Centroamérica José Simeon Cañas.
En la presidencia fue nombrado Ernesto Castro, quien en 2019 fue nombrado por Bukele su secretario privado. En la primera vicepresidencia fue elegida Suecy Callejas, cercana del mandatario y exministra de Cultura. Mientras que para la segunda vicepresidencia fue elegido otro diputado de Nuevas Ideas: Rodrigo Ayala. Y la tercera vicepresidencia fue para el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, un incondicional del expresidente Antonio Saca y ahora de Nayib Bukele. La primera secretaría fue designada a Elisa Rosales, otra de Nuevas Ideas. Y la segunda secretaría fue repartida para Numan Pompilio Salgado, de GANA, y hermano de Wilfredo Salgado, quien volvió al gobierno municipal de San Miguel con la misma bandera. La tercera secretaría fue para los aliados del PCN. El grupo parlamentario de este partido quedó reducido a dos diputados, pero así se repartirán ese cargo directivo: durante un año y medio la secretaría la ocupará Serafín Orantes y el otro año y medio será para Reynaldo Cardoza. La cuarta secretaría se la dieron a Reynaldo Carballo, el único diputado del PDC.
Pese a que el PCN y el PDC son minoritarios, obtuvieron cargos en la junta directiva. Todos los aliados del grupo parlamentario de Nayib Bukele recibieron puestos en la directiva y votaron por el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General de la República.
Otros grupos parlamentarios un poco más numerosos como el FMLN, con cuatro diputados, y Arena, con catorce legisladores, quedaron fuera de la directiva.
El primer día de la nueva legislatura de 2021 a 2024 terminó después de la medianoche, en la madrugada del 2 de mayo, con un saldo de allanamientos a instituciones de control del orden público y gubernamental y el desmantelamiento y destitución de funcionarios judiciales.
