Un productor de contenido multimedia que trabajó para las campañas de Alejandro Giammattei y Manuel Conde está entre las 12 personas que recibieron fondos de los Q23 millones que cobró un diputado fruto de un negocio fraudulento en el instituto meteorológico. Mariano Dománico fue investigado por recibir medio millón de quetzales, pero quedó fuera del caso.
Texto: Evelyn Boche / Edición: Juan Luis Font y Claudia Méndez Arriaza / Ilustración: Diego Orellana
Es 21 de junio, faltan tres días para las elecciones generales de 2023 y un grupo ameniza la tarde con música de cumbia en la Plaza Barrios, un espacio al aire libre en las márgenes del Centro Histórico de Guatemala, usualmente concurrido en las horas pico por oficinistas, comerciantes y estudiantes que tratan de llegar a alguna de las dos estaciones de buses situadas a sus costados.
Manuel Conde cierra allí su campaña como candidato presidencial por el partido oficialista Vamos, la agrupación con la que Alejandro Giammattei ganó la elección en 2019. Conde sube a la tarima y saluda al público mientras un hombre alto y rubio, en sus 46 años, lo persigue con la cámara del teléfono celular para captar los primeros planos del candidato. Es el argentino Mariano Hernán Dománico, quien ha laborado en dos campañas electorales de Vamos sin haber facturado ni registrado un solo centavo por su trabajo como productor de contenidos audiovisuales. Es, además, un protagonista oculto del fraude al Instituto Guatemalteco de Meteorología, Hidrología y Sismología, INSIVUMEH, ocurrido durante el actual gobierno de Alejandro Giammatei.
Un análisis financiero del Ministerio Público (MP) revela que Dománico recibió Q482 mil 629 del presupuesto del Instituto del Clima, INSIVUMEH. Ese dinero forma parte de los Q23 millones sustraídos a la entidad. Y aunque los hechos que rodean a este productor se asemejan a las circunstancias de varios de los 27 acusados que van a juicio por varios delitos en este caso, la Fiscalía Contra la Corrupción no ha presentado cargos contra el camarógrafo del partido en el gobierno. Es difícil establecer por qué Dománico quedó excluido. Ninguno de los fiscales que dirigieron las pesquisas iniciales del caso llamado Clima, Corrupción y Poder, permanece hoy en la fiscalía contra la Corrupción y la única información accesible es la que provee la vocería del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras.
Hombre leal
En 2019, cuando quien subía a las tarimas era el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a Dománico se le ubicaba en el círculo cercano de Poll Anria y Kif Nava, los asesores extranjeros que crearon la campaña del hoy presidente. El actual secretario general de Vamos y diputado electo, Víctor Valenzuela, fue esquivo para hablar de las campañas de su partido, pero confirmó que Dománico ha colaborado de forma “ad honorem” en las dos últimas contiendas electorales.
La dinámica de la política es recompensar a quienes, como Dománico, sudan la camiseta durante la campaña. ¿Cómo? Con plazas o negocios en la administración pública. “Si a usted le ayuda alguien, usted ¿no lo va ayudar?”, replicó Valenzuela al consultarle sobre esa práctica.
Ni Dománico ni otros voluntarios tuvieron la suerte de obtener una plaza en el gobierno de Giammattei, lo cual causó malestar y alguna que otra desilusión, cuenta un exfuncionario que presenció cómo la estructura estatal se quedaba chica para congraciarse con la gente que donó su tiempo para el partido.
De hecho, Poll Anria y Kif Nava tampoco fueron remunerados de forma notoria por sus servicios en aquella campaña. Para este reportaje, el señor Anria se abstuvo de responder a las preguntas de ConCriterio y No Ficción sobre esta circunstancia. Sin embargo, las notas de voz de estos personajes, que fueron divulgadas por el medio digital Vox Populi en 2021, evidencian la preocupación del asesor panameño por conseguir trabajo para la gente que les ayudó, pero también les recrimina que algunos “no dan la talla” por “no cumplir los requisitos básicos para trabajar en el gobierno”.
Si bien Dománico no obtuvo una remuneración clara y directa por su trabajo en la campaña de 2019, durante la administración de Giammattei sí ha provisto servicios y productos audiovisuales a diferentes entidades de Gobierno. Entre 2020 y 2023 obtuvo adjudicaciones por Q898 mil principalmente de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, de los institutos de Electrificación y de Turismo, ambos bajo la dirección de actores allegados a Miguel Martínez, el hombre de confianza de Giammattei.
La inclusión de Dománico entre los 12 beneficiarios relevantes de la investigación sobre los Q23 millones (US$3 millones) defraudados al instituto climático Insivumeh, trae a primer plano al hombre que usualmente está detrás de las cámaras. A principios de noviembre de 2021, el Ministerio Público anunció el primer caso de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei: el Insivumeh compró equipos sobrevalorados a Outsourcing Total, una sociedad anónima del consorcio del diputado Jorge García Silva, electo por el partido Prosperidad Ciudadana en 2019 pero convertido en aliado político de Giammatei en el Congreso de la República. El análisis financiero que siguió la pista del dinero que el Estado pagó a Outsourcing Total llegó hasta el productor argentino, sujeto de las pesquisas a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, pero contra quien no se han presentado cargos. El Ministerio Público, consultado para esta nota, respondió que aún se encontraba bajo investigación.
Pagador de deudas
El caso Clima, Corrupción y Poder involucra a 28 personas, entre testaferros, exfuncionarios del instituto meteorológico y al diputado del partido Prosperidad Ciudadana, Jorge García Silva. Las empresas del congresista y sus familiares figuran entre los 12 principales beneficiarios del dinero que se sustrajo del Insivumeh, según el análisis de las transacciones financieras.
En el resumen de las operaciones y los gráficos de la estructura responsable del fraude en el Insivumeh, proyectados ante juez en noviembre de 2021, se develó el nombre de Mariano Hernán Dománico, quien no estaba en la sala de audiencias ni entre las personas pendientes de captura por el fraude al instituto del clima.
Según ese informe, el productor argentino que apoyó las campañas de Vamos, recibió Q482 mil 629 (US$62 mil) entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Los fondos se distribuyeron, según los peritos del Ministerio Público, entre su esposa y Avances e Innovaciones (Avansa), una compañía que habría sido subcontratada para cumplir con uno de los proyectos a través de los cuales sustrajeron los fondos en el Insivumeh.
De los Q482 mil que Dománico recibió de Outsourcing Total, se trasladaron Q137 mil 925 hacia cuentas de su esposa Mariandré Cóbar de la Hoz, quien participó como candidata a diputada del Parlamento Centroamericano por el partido Vamos en las pasadas elecciones del 25 de junio, pero no resultó electa.
La pareja Dománico-Cobar, casada desde 2010, es dueña de la productora Squadra Films que ha recibido adjudicaciones por Q898 mil durante el gobierno de Alejandro Giammattei por asesorías, campañas de comunicación y producción de materiales audiovisuales. Varios de los negocios públicos que ha logrado Dománico se le adjudican de forma directa por la institución compradora. En otros procesos de cotización, Dománico ha competido con empresas como Elenco Casting y BPO Marketing que guardan relación con el caso Clima, Corrupción y Poder. Elenco Casting recibió dinero del fraude y BPO forma parte del consorcio empresarial de García Silva.
Otra parte de los fondos que Dománico recibió de Outsourcing, Q85 mil 756, se transfirieron a la sociedad anónima Avances e Innovaciones (Avansa) en diciembre de 2020. Al explicarle el contexto de la transacción entre Dománico y Avansa, el gerente general de esta compañía, Rodrigo Muñoz, dijo en entrevista para ConCriterio y No Ficción, que el depósito sí existió y considera que con ese dinero se saldó una deuda atrasada por una encuesta sobre zonas vulnerables que les encargó BPO Marketing. Esta es una de las empresas vinculadas con el fraude en el Insivumeh, contratada para elaborar un Estudio de las poblaciones vulnerables en zonas de alto riesgo. El informe se cotizó en Q1.9 millones, los cuales BPO Marketing no alcanzó a cobrar por el avance de las investigaciones por corrupción.
“Yo no lo conozco, ni había escuchado de él”, dijo Muñoz sobre Dománico y asegura que hicieron el trabajo de campo y entregaron la encuesta en la fecha que se acordó con BPO por una paga de Q334 mil la cual se atrasó durante varios meses, tanto que pensaron en iniciar un cobro judicial. “Yo no revisé quién pagó”, dice el gerente de Avansa, quien asegura que nunca más volvieron a trabajar con BPO y que tampoco sabía que esa empresa tiene relación con el diputado Jorge García Silva.
¿El MP no se ha acercado a preguntar? “Para nada”, respondió el gerente de Avansa.
La compañía que dirige Muñoz ha facturado Q6.5 millones en proveeduría pública de 2012 a 2023, el 75% durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Sus principales clientes del Estado han sido la municipalidad y la empresa eléctrica de Jalapa, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, entre otros.
Según el análisis financiero del caso Clima, Corrupción y Poder, Avansa recibió otros Q85 mil de Elenco Casting, una compañía de los hermanos Emilio y Gustavo Adolfo Barillas Padilla también enlistada entre los 12 receptores significativos del dinero que captó Outsourcing Total. Emilio fue el vocero del instituto del clima y Gustavo, extrabajador del ministerio de Salud, y fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019 como uno de los sindicados por el caso Asalto al Ministerio de Salud, que documentó actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota.
Emilio Barillas también irá a juicio por el fraude en el Insivumeh. En la estratificación de los acusados, durante los operativos de captura del caso, se evidenciaron dos capas: el 5 de noviembre la policía capturó a 18 sindicados, entre personal del Insivumeh, presuntos testaferros y representantes legales de las empresas que se utilizaron en la trama, como Adelso Marroquín, el jardinero de Jorge García Silva y representante legal de Outsourcing Total. Un segundo grupo de involucrados, que incluye a la esposa y el hijo del diputado, se presentó al juzgado el 23 de enero de 2022.
Hasta ahora, Mariano Dománico no está incluido entre los 28 inculpados en el caso que enfrentan proceso bajo cargos de asociación ilícita, estafa, fraude, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Un juzgado envió a juicio a 27 de los acusados y otra persona se encuentra a la espera de resolver varios recursos legales que determinarán si también va a juicio.
La primera mano del reparto
De los Q23 millones que recibió Outsourcing Total por el fraude al Insivumeh, la fiscalía contra la Corrupción concluye que la ganancia ilícita fue de Q15 millones. Una de las diapositivas que se proyectó durante la audiencia de primera declaración mostró la distribución del dinero del fraude entre cinco sociedades anónimas que tienen algún nexo con el diputado García Silva: él es quien firma los cheques, las empresas comparten sede o representantes legales. Según el cuadro, Q15.2 millones se repartieron entre Outsourcing total; Outsourcing; Grupo Aned; Bibicon y Consultores y Administradores Polaris.
Otros Q172 mil fueron a parar a las cuentas de Silvia Martínez de Marckwordt, la prima de Mirtha Monterroso, esposa del diputado García Silva y representante de Outsourcing Total; la empresa del diputado que antes de vender equipos meteorológicos sobrevalorados, le surtió juguetes y granos básicos a varias municipalidades, como las de Villa Nueva y Santa Catarina Pinula, ambas del departamento de Guatemala. En total, Outsourcing suma proveeduría pública por Q 44.4 millones de 2015 hasta 2020, cuando se descubrió el fraude en el Insivumeh.
Dos compañías de las que no se encontró más que oficinas abandonadas son receptoras de otras transacciones. Bitbox Latinoamérica recibió Q551 mil 304 e Inversiones KFK Q617 mil 250, según el informe financiero. El representante legal de KFK, Klaus Herbert Fleicher Kepfer es uno de los que enfrentará juicio por asociación ilícita y lavado de dinero en este caso. La acusación, según el MP, se debe a que “le habrían transferido” los Q617 mil de Outsourcing Total “la empresa que recibió dinero del Estado” y también habría girado cheques de Polaris, otra de las compañías que formó parte del esquema de lavado de dinero.
La conducta de Klaus Kepfer de recibir dinero de la empresa que de manera ilícita extrajo fondos del Insivumeh, es similar a la de Mariano Dománico. “La investigación en contra de esta persona continúa, y conforme vaya avanzando se estarán tomando las acciones pertinentes”, respondió el MP a ConCriterio y No-Ficción.
La promotora de eventos y proveedora de artículos promocionales Elenco Casting, de los hermanos Emilio y Gustavo Barillas, recibió Q440 mil según las investigaciones. Desde esa empresa se detectaron depósitos por Q140 mil para Juan Carlos Véliz Castañeda, el hermano de Sabrina Véliz, la asesora de García Silva.
Otro de los receptores fue Héctor Maldonado Gramajo, un abogado que fue asesor de la municipalidad de Mixco y de Pedro Muadi, exdiputado del Congreso de la República que fue señalado de venta de plazas fantasmas por CICIG. El abogado impartió el curso Oralidad y Ética en la Maestría en Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo menos hasta el segundo semestre de 2022. Maldonado tampoco enfrenta cargos y con él se completa la lista de los doce receptores relevantes de dinero del fraude al Insivumeh.
Voluntariado de campaña
Dománico ha trabajado para las campañas de Giammattei y de Manuel Conde Orellana. Hay personas que participaron en ese proceso que así lo indican y la información es confirmada por el secretario general del partido Vamos, Victor Valenzuela.
Valenzuela, diputado electo en primera casilla del partido oficial en 2023, validó que Dománico fue un “colaborador ad honorem”, como indicó mientras evadía tasar el gasto de campaña de Vamos, limitándose a decir que todo está en los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, en los reportes de Cuentas Claras del TSE, el sistema electrónico donde los partidos reportan gastos e ingresos de campaña no se encontró un solo registro de las actividades del productor argentino, las cuales, por ser una supuesta actividad sin remuneración, se les debe asignar un valor monetario y anotarse como una donación a favor del partido.
El politólogo Hugo Novales ha estudiado el tema del financiamiento electoral y la legislación vigente, que se reformó en 2016. Al consultarle sobre el panorama general sobre lo que se reporta al TSE, explica que se mejoraron los registros pero no hay capacidad de cumplir la ley ni de rastrear el dinero que entra y sale de los partidos políticos. Así, los controles y las sanciones no son un disuasivo de amplio espectro. “Todavía hay algunos actores que son muy tolerantes al riesgo, es decir, hay gente que está muy interesada en acceder al poder público porque representa ganancias muy grandes o ya operan por fuera de la ley, o que ya tienen y se saben con impunidad”, apunta.
El trabajo voluntario cuenta como una donación, y puede ser una consultoría, una estrategia digital o un diseño gráfico para la campaña que deben ser reportadas al TSE, según Novales, como un aporte en especie justipreciado por el partido.
Si no se reportó, es financiamiento no registrado, apunta Edie Cux, abogado de Acción Ciudadana.
Sobre las transacciones a favor de Dománico, quien al final recibió dinero sustraído de forma ilícita de una institución pública (Insivumeh) para el presunto pago de deudas del diputado Jorge García Silva, es algo que debe ser esclarecido, como opina el abogado Edie Cux. “El Ministerio Público puede ampliar su investigación para determinar el origen, uso y desembolsos del dinero que se sustrajo del Insivumeh”, agregó.
Fuentes informadas del caso aseguran que el dinero que se sustrajo del Insivumeh se usó para saldar deudas de campaña y como moneda de cambio en la construcción de alianzas en el Congreso. Dománico respondió una llamada de Con Criterio y No Ficción del 24 de julio y ofreció atender más tarde, cuando saliera de la ruta de campaña de Manuel Conde y Vamos, pero luego no volvió a responder su celular ni mensajes de WhatsApp.
La trama que envuelve a Dománico con la recepción de medio millón de quetzales del dinero que se sustrajo del Insivumeh, mediante compras irregulares a favor de una compañía del diputado Jorge García Silva, también siembra la duda sobre el uso de fondos públicos o la corrupción para financiar campañas políticas, como la de Alejandro Giammattei en 2019.
No sería el primer indicio ni el mayor respecto al uso del dinero de los contribuyentes para pagar la campaña de un presidente.
En febrero de 2020, el periódico digital elFaro reveló la declaración judicial de un testigo que declaró sobre un supuesto acuerdo entre los encargados de la campaña de Giammattei y José Luis Benito, quien en 2019 se desempeñaba como ministro de Comunicaciones, designado por el entonces presidente Jimmy Morales. El pacto según el testigo A era que a cambio de un aporte de Q20 millones para la campaña, condicionado además por el triunfo de Giammattei en la presidencia, Benito permanecería un año más a cargo de la cartera con la segunda asignación más voluminosa del presupuesto de Guatemala. Y aunque el exministro no fue nombrado como parte del gabinete de Giammattei, sí huyó de Guatemala en octubre de 2020 después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad descubrió US$16 millones en efectivo dentro de 22 maletas almacenadas en una casa de la Antigua Guatemala rentada a su nombre.
La información relatada por el testigo A delante de la jueza Erika Aifán, quien salió al exilio, se fortalece con los contratos de obra pública por Q1.6 millardos concedidos a cuatro empresas, de acuerdo con un recuento de ConCriterio. El caso ha quedado empantanado en la Fiscalía General.
Dománico quedó, en un mismo contexto de deudas de campaña electoral, al margen de la carpeta judicial Clima Corrupción y Poder.
El estado como botín: Insivumeh
La investigación de la fiscalía contra la Corrupción documenta cómo a través de un decreto para asignar fondos para atender la emergencia por la Covid 19 el presupuesto del Insivumeh se amplió en Q30 millones y luego se adjudicaron compras a Outsourcing Total. En cuatro meses, de abril a julio de 2020, la estructura operó desde dentro del Insivumeh para crear la necesidad de comprar estaciones meteorológicas y otros equipos, así como las condiciones para que las compras le fueran asignadas a empresas vinculadas al congresista García Silva.
El legislador ordenó la contratación de miembros de su partido (Proseperidad Ciudadana) en el instituto meteorológico. El excandidato a diputado Yeison Broderson Samayoa fue nombrado como director pese a su inexperiencia en el campo científico; también una abogada de confianza del diputado llegó a la institución: Sabrina Véliz que tenía una plaza como asesora y fue quien consiguió que el Insivumeh eligiera a Outsourcing Total en la compra de equipos meteorológicos sobrevalorados.
Hasta enero de 2020, García Silva firmaba los cheques de Outsourcing Total, pero a partir de esa fecha le delegó esa función a Mónica Tagre, procesada por el caso de corrupción en el Insivumeh al igual que el representante legal Adelso Marroquín, quien trabajaba como jardinero en la casa de playa del diputado.
La agencia fiscal que dirigió la investigación del caso Clima, Corrupción y Poder fue desarticulada durante la gestión de Consuelo Porras, la agente a cargo de la investigación fue enviada a tomar denuncias de delitos comunes a una fiscalía municipal y la exjefa de la fiscalía contra la Corrupción, Aura López Cifuentes fue ascendida a Fiscal Regional de la región occidente.
El MP presentó el antejuicio contra el diputado Jorge García Silva tres meses después de las primeras capturas, pese a todos los indicios que lo señalaban como cabecilla de la estructura. En la primera declaración, se proyectaron varios diagramas de la red, con García Silva en la cabecera al igual que las diapositivas con las conclusiones del análisis financiero. El diputado ha dado batalla legal para no perder la inmunidad, aunque dejará de gozar de ese beneficio el próximo 14 de enero, pues no logró ser reelecto en 2023 postulado por el Partido Popular Guatemalteco.
El caso Insivumeh también subraya los grandes cuestionamientos existentes en torno a cómo se financian los partidos políticos, cómo se pagan las deudas de campaña y cómo se construyen los cercos de impunidad.
Manuel Conde, el candidato que Dománico fotografiaba en la Plaza Barrios la tarde del 21 de junio quedó tercero en la elección presidencial del pasado 25 de junio. El voto nulo fue la opción más votada, un voto de rechazo a las opciones políticas y al sistema que se percibe como corrupto.
Todo comenzó en el Congreso (El origen del fraude en el Insivumeh)
La pandemia de covid se instaló en Guatemala tres meses después de que Alejandro Giammattei llegara al poder y el 25 de marzo de 2020 el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria por Q3 millardos para atender la emergencia por el coronavirus.
La verdadera motivación del decreto para la atención de la pandemia, cuenta un político desplazado del espacio legislativo, fue crear bolsones de corrupción. La asignación de los recursos para comprar las estaciones climáticas que beneficiaron a las empresas del diputado Jorge García con ganancias brutas por Q15 millones (US$2 millones) bajo esa normativa abonan la tesis de la fuente.
El excandidato a la presidencia por el partido en el gobierno, Manuel Conde fue uno de los principales operadores en el Congreso durante dos legislaturas, ambas por el Partido de Avanzada Nacional. Durante una entrevista que el candidato presidencial atendió con el medio Guatevisión, señaló que la Alianza por Guatemala y se consideró como uno de los líderes que involucró a 12 partidos pero no quiso entrar en detalle de qué organizaciones votaron en línea para aprobar las leyes y disposiciones que favorecen al gobierno de Giammattei.
Mientras que la covid se cobraba las primeras víctimas, en el Congreso se erigía la alianza oficialista. Por su compromiso con el grupo, a cada bloque se le habría asignado Q10 millones por diputado -el bloque Prosperidad Ciudadana, bajo la jefatura de Jorge García, tiene tres diputados, por lo que podía disponer de Q30 millones del presupuesto-.
García Silva habría elegido disponer de esos fondos en el Insivumeh, una institución que pasaba por debajo de los radares, cuenta la fuente que pide el anonimato. En cuatro meses,de abril a julio de 2020, la estructura a cargo del diputado logró adjudicaciones por Q25 millones por la venta de equipos sobrevalorados y otros productos o servicios, por los que recibió desembolsos que suman los Q23 millones. A finales de julio, cuando se anunció la pérdida de su inmunidad, el congresista no respondió llamadas de Con Criterio y No Ficción ni se le ha visto en actividades del Congreso.
Aliados en evidencia
Veinte meses después de la conformación de la alianza oficialista en el Congreso, y sólo a partir de la denuncia de Edwin Escobar, fundador del partido Prosperidad Ciudadana, a la cual siguieron coberturas en la prensa, la fiscalía contra la Corrupción reveló el caso Clima, Corrupción y Poder que junto con el fraude en el Hospital de Chimaltenango, son los únicos casos de gran corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei en los cuales la Fiscal General Consuelo Porras ha autorizado seguirles la pista. Ni las denuncias por acuerdos anómalos para la compra de vacunas Sputnik ni los señalamientos en torno a los presuntos sobornos millonarios ocultos en una alfombra que empresarios kazajos entregaron en la casa del presidente han seguido su curso.
La investigación sobre los presuntos sobornos ocultos en la alfombra se inició cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) estaba a cargo de Francisco Sandoval, el exfiscal que lleva dos años en el exilio. En 2021, Porras fue designada como actora antidemocrática por el Departamento de Estado luego de destituir a Sandoval por “falta de confianza”. Antes de marcharse, Sandoval puso al descubierto los obstáculos que Porras le ponía para avanzar con cualquier investigación que pudiera alcanzar al presidente o sus allegados.
La FECI es la fiscalía del Ministerio Público que se creó para trabajar en conjunto con la CICIG, el organismo de Naciones Unidas que se desarticuló en 2019 por decisión del presidente Jimmy Morales. Durante su mandato, la CICIG colaboró con presentar más de 120 casos en el sistema de justicia guatemalteco. La actual FECI, bajo el mando de Rafael Curruchiche, está lejos de ser aquella fiscalía que llevó ante la justicia a los gobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti por un caso de defraudación aduanera; ahora dirige casos de criminalización contra operadores de justicia y periodistas, como el presidente de elPeriódico Jose Rubén Zamora.
El diputado Jorge García Silva perdió en su esfuerzo por conservar inmunidad. El entramado con el que se sustrajo Q23 millones del Insivumeh es un calco del que hace más de 20 años operaba en la municipalidad de Chinautla, bajo la dirección del alcalde Arnoldo Medrano: varias empresas o sociedades, constituidas o bajo la representación de secretarias, pilotos y jardineros, se coluden para simular competencia y lograr adjudicaciones públicas.
Los negocios de García Silva que salieron a luz con el caso Clima, Corrupción y Poder podrían ir más allá. La fiscalía encontró que el consorcio empresarial de García Silva operaba desde la oficina 516 del edificio Aristos: 16 empresas que lograron contratos públicos por Q55 millones entre 2007 y 2020. El diputado parece haber perdido su cuota de poder porque las cortes no lo protegieron en su intento por conservar la inmunidad. La prueba de fuego es si el productor de las campañas del partido de gobierno que recibió dinero del fraude, Mariano Dománico, conservará ese poder de pasar bajo los radares que investigan un caso de gran corrupción.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.
