El juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes, en Nueva York, ha sacudido al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pero también a la clase política hondureña. Devis Leonel Rivera, líder del cartel Los Cachiros, testificó que además de sobornar al presidente también lo hizo con el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009) y el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, ambos precandidatos a diputados para las próximas elecciones. Los fiscales estadounidenses han destacado también el papel de miembros de las FF. AA., la Policía Nacional y una lista de políticos que presuntamente facilitaron el tráfico de drogas. El presidente Hernández se ha dedicado a advertir el colapso de la lucha antidrogas..

El juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez —que inició el lunes 8 de marzo— ha traído más consecuencias para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que las que acarreó el juicio en contra de su hermano Antonio «Tony» Hernández, catalogado como un narcotraficante a gran escala, condenado por cuatro delitos en octubre de 2019 y a la espera de conocer su sentencia el próximo 23 de marzo. La audiencia para conocer la sentencia de «Tony» ha sido aplazada varias veces y hay altas probabilidades de que reciba cadena perpetua por la gravedad de los delitos, según la normativa estadounidense.

El caso contra Fuentes Ramírez, que se dio a conocer en un documento el pasado 8 de enero, revela que Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia del país, en su primer periodo— hizo una alianza con el narcotraficante Fuentes Ramírez, a quien prometió proteger a cambio de dinero, además, hizo partícipe a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se reunió con el empresario de la zona norte Fuad Jarufe para financiar su campaña de 2013 con dinero proveniente del lavado de activos.

Según un artículo de The New York Times, el abogado defensor de Fuentes Ramírez, Eylan Schulman, manifestó que su defendido y Juan Orlando Hernández fueron presentados por Fuad Jarufe, a quien describió como un hombre de negocios, el mentor de su cliente y el contacto directo con un vicepresidente y varios miembros del Ejército.

El fiscal Jacob Gutwillig señaló durante los alegatos iniciales del juicio federal que el mandatario hondureño, máximo líder del Partido Nacional, ayudó a traficar toneladas de kilos de cocaína a EE. UU. y puso a disposición del narcotráfico a miembros del Gobierno, FF. AA. de Honduras y Policía Nacional.

La defensa de Geovanny Fuentes, por su lado, intentó desacreditar a los testigos que propuso la fiscalía, entre los que se incluyó a Leonel Rivera, un exlíder del cartel Los Cachiros, argumentando que este es un asesino serial que mató a 78 personas y que está condenado por narcotráfico. Además, Rivera testificó ayer haber mentido en sus primeros testimonios por miedo a que las autoridades hondureñas implicadas se vengaran de su familia.  Por su parte, los fiscales norteamericanos han manifestado que Honduras es un narcoestado y que el actual presidente hondureño recibió sobornos entre el 2013, como parte de su campaña política, y también en el 2014.

Para el 2 de marzo de 2021, los fiscales estadounidenses habían solicitado al juez Kevin Castel admitir en el juicio algunas evidencias y fotografías que muestran al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, junto a narcotraficantes. Algunas de estas evidencias fueron presentadas el martes 9 de marzo. Estas fueron extraídas de los celulares de Fuentes Ramírez y su hijo. El jurado pudo ver las fotografías y algunos contactos de oficiales de policía y militares, entre los que resalta el nombre del alto jerarca militar René Orlando Ponce Fonseca.

Los fiscales mostraron las imágenes en donde aparece el presidente Hernández con los hijos de Fuentes Ramírez cuando estaban pequeños. De igual forma, se mostró otra imagen en la que aparece Hernández con el hermano de Fuentes Ramírez, según los fiscales, esta foto fue tomada en la fiesta de cumpleaños del presidente en el año 2017, según reportó el periodista independiente Jeff Ernst, quien cubre el juicio en Nueva York. 

«Tony» Hernández figura en este proceso judicial como el enlace entre el narcotraficante Fuentes Ramírez y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, ya que, según los fiscales norteamericanos, el presidente hondureño motivó a Fuentes Ramírez para que trabajara conjuntamente con su hermano «Tony» y de esa forma se aprovechara el laboratorio de cocaína propiedad del narcotraficante. Pero Fuentes Ramírez finalmente fue detenido en marzo de 2020 en la ciudad de Miami tras ser imputado por varios delitos de narcotráfico.

El juicio amenaza con romper por completo la relación amistosa que venía llevando el mandatario hondureño con  el Gobierno de EE. UU., aunque desde la toma del poder del demócrata Joe Biden, esta relación se había puesto más tensa.  El Gobierno estadounidense advirtió el pasado martes que no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción. 

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo sobre Hernández que este «no está preparado para luchar contra la corrupción y no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos».

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, diseñó un plan para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica, en donde se reconoce que el Triángulo Norte enfrenta enormes desafíos a causa de la violencia, las organizaciones criminales transnacionales, la pobreza y las instituciones públicas corruptas e ineficaces. 

Por su parte, Hernández ha hecho varias publicaciones en Twitter para defenderse. «Cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que Los Cachiros buscaron trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer trato conmigo. Van a morir en una cárcel extranjera, si no les funciona la Llave Mágica», indicó Hernández, desde su cuenta institucional.

La académica estadounidense Dana Frank indicó en un artículo publicado por el Washington Post que el presidente de EE. UU., Joe Biden, tiene un enorme desafío en Honduras. «La pobreza, la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad corruptas y un Estado destruido por un dictador represivo, el presidente Juan Orlando Hernández, seguirán generando oleadas de personas intentando migrar al norte en busca de seguridad».

Por otro lado, Senadores de EE. UU. han solicitado ejercer sanciones contra Hernández por la abundante evidencia de su participación en corrupción y narcotráfico. Y esta semana, la congresista Norma Torres protagonizó un duro tuit contra el presidente, en donde le pide que guarde su cocaína en donde él mismo se revuelca.

«La pobreza, la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad corruptas y un Estado destruido por un dictador represivo, el presidente Juan Orlando Hernández, seguirán generando oleadas de personas intentando migrar al norte en busca de seguridad». Dana Frank

¿Cuáles son los caminos que le quedan a Juan Orlando Hernández?

«Un animal salvaje cuando está acorralado y no tiene nada que perder, es cuando se vuelve más peligroso. Usted ve que todas las personas vinculadas con el caso de “Tony” Hernández van muriendo, una a una. Eso solamente le refleja a usted el grado de peligrosidad en el panorama político», dijo a Contracorriente el abogado Josué Murillo, analista en temas de seguridad y narcotráfico.

Murillo se refiere a la serie de asesinatos de personas vinculadas a los casos que se enjuician en Nueva York. El abogado Melvin Edgardo Bonilla, representante legal de «Tony» Hernández en Honduras, fue asesinado a balazos el pasado jueves 4 de marzo en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Pero también el pasado viernes 26 de febrero, seis personas fueron asesinadas en una masacre, entre ellas el empresario y político Miguel Carrión —quien en 2013 fue señalado por EE. UU. como el líder de una banda criminal— quien estaba con el policía depurado Normando López, quien había sido mencionado en el juicio de «Tony» Hernández.

En octubre de 2019, el narcotraficante Magdaleno Meza, socio de «Tony» Hernández, fue asesinado a cuchilladas y balazos en el interior de una cárcel de máxima seguridad de Honduras. Días más tarde, el director de esa cárcel también fue asesinado.

Murillo hace sus escenarios entre los que están un autogolpe, una asamblea nacional constituyente y, por último, que le cedan a Juan Orlando Hernández una candidatura dentro del Partido Nacional. «También es posible que él se posicione como designado presidencial. ¿Se imagina qué terrible sería esto? Todo esto es posible, en el marco de querer proteger a la persona que todavía tiene el control», sostiene.

Y es que la mención de varios políticos en estos juicios, coloca en vulnerabilidad no solo a Hernández y la impunidad deberá negociarse dentro de los partidos políticos implicados.

Por otro lado, el abogado Raúl Pineda, analista hondureño, exdiputado por el Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, cree que Hernández no tiene más destino que enfrentar la justicia norteamericana. Aseguró a Contracorriente que «el futuro del presidente de la república de Honduras está en manos de la justicia norteamericana y ese es un hecho que ya no se puede controvertir».

Ante esto, Pineda cree que Hernández hará lo que haría cualquier ser humano acorralado. «Seguir hacia adelante. Esa huida significa que perfectamente él puede presentarse como candidato presidencial del Partido Nacional haciendo que uno de los candidatos que van ahora a las internas presente su renuncia. Con todo el dinero que tiene puede pretender ganar las elecciones. Él tiene un abanico de opciones. La gente cree que sacar al presidente Hernández va a ser fácil. Pero eso no es así, es un hombre que se está jugando su vida, su dignidad y tiene una frase determinante que tanto le gusta a él: “voy hacer lo que tenga que hacer”» , sostiene Pineda.

Además asegura que Hernández trata de limpiar su nombre diciendo que un ataque contra él es un ataque contra toda la institucionalidad. «Él trata de derivar las acciones contra él y llevar la batalla de EE. UU. contra la Policía y las FF. AA. Seguramente hay oficiales involucrados, pero el Gobierno norteamericano no ha actuado contra ninguna institución como tal. El destino de Hernández es cuestión de tiempo».

En contraposición a esto, el sociólogo Víctor Meza, experto en temas de seguridad, no ve otro escenario que el de la salida de Hernández del poder. «Veo casi imposible el escenario de que Juan Orlando Hernández pueda quedarse en el poder», sostiene.

Elecciones en crisis

Honduras va a un nuevo proceso electoral este domingo (21 de marzo), cuando se realicen las elecciones internas y primarias, sin embargo, de los catorce partidos políticos inscritos solo participarán tres, los más grandes, en donde los electores deberán decidir qué candidatos participarán como candidatos oficiales en las elecciones generales del último domingo de noviembre, en donde sí estarán los restantes institutos políticos.

En esta Corte de Nueva York se ha mencionado al expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), coordinador de Libertad y Refundación (Libre), cuya esposa Xiomara Castro es la virtual candidata del partido para las próximas elecciones.

También se ha vuelto a mencionar a Yani Rosenthal, aspirante a candidato presidencial del Partido Liberal que ya estuvo preso en EE. UU. por transacciones ilícitas de bienes derivados del narcotráfico y de participar en un esquema delincuencial del cartel de Los Cachiros.

Y, obviamente, la acusación más grave es contra el presidente Hernández, líder indiscutido del Partido Nacional que tiene una influencia poderosa sobre el alcalde capitalino Nasry Asfura y del presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, quienes compiten en estas primarias por la candidatura oficial del partido gobernante.

Pineda considera que Honduras está muy lejos de contar con planillas libres de narcos. «El país no está libre de los proyectos narco. Estos son de largo plazo. Hay candidatos en Libre, Partido Nacional y Partido Liberal involucrados. Pero eso no quiere decir que ahorita no están pasando por un mal momento». 

Agrega que después de la elección primaria el presidente Juan Orlando Hernández perderá mucho poder. «Es cuestión de días, quizá semanas, en donde habrá que tomar una decisión por parte del mismo presidente. El 40 % de la influencia del presidente se perderá. Actores que ahora apoyan al presidente se inclinarán más por apoyar a otros candidatos y eso va a generar un cambio».

El exlíder del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo que sobornó a políticos. Con 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández que fueron pagados por medio de Hilda Hernández (hermana fallecida del presidente) en 2012; además dijo que entregó 500,000 dólares  al expresidente José Manuel Zelaya en 2006; y, finalmente, 500,000 dólares a Ricardo Álvarez durante la campaña de este en 2012.

La reacción del expresidente Zelaya no se hizo esperar. «Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana», escribió rápidamente Zelaya Rosales en su cuenta de Twitter.

Zelaya también salió a dar una entrevista pública a los medios de comunicación, desde su automóvil se quitó su mascarilla e invitó a Juan Orlando Hernández a ir a Estados Unidos a aclarar la situación de ambos. A ver «quién regresa», dijo.

La aseveración de narcoestado durante este juicio, surge acompañado de otros nombres como el del exvicepresidente Ricardo Álvarez, el actual asesor presidencial Marvin Ponce, el general militar René Orlando Ponce Fonseca, entre otros, todos altos funcionarios o exfuncionarios de Gobierno y miembros de la Policía o el Ejército. El medio digital Pro Honduras Network publicó la lista completa de personas naturales y jurídicas que son de interés para la justicia de los EE. UU.

«Pineda Alvarado dice que los últimos cuatro presidentes de Honduras han sido mencionados en los Estados Unidos por haber recibido dinero del crimen organizado y que es un hecho que está documentado». 

«Se habla de fondos provenientes del narcotráfico, cosa que se dio con expresidentes de Colombia y México sin que se diera ninguna consecuencia legal. Pero en este juicio se habla de una acción operativa de parte del presidente Hernández y se le cuestiona como participante en el trasiego de toneladas de droga y eso le da un carácter diferente», comenta Pineda.

Agrega que el hecho de que los políticos reciban fondos del narcotráfico no es nuevo, «tenemos campañas caras y muy largas. Las campañas no deberían durar más de dos meses, pero duran más de un año. Y eso obliga a los políticos a recibir dinero si quieren tener resultados (…) El presidente de Honduras está en aprietos, especialmente ahora que parece que los misiles se han desviado de Venezuela para Honduras. Y que ya las sanciones y esas ofensivas mediáticas generarán impactos muy grandes en el círculo del presidente».

Pineda subraya que cualquiera estaría preocupado en que lo cataloguen como una persona de interés, porque los narcos tienen una característica peculiar, «cuando los detienen y extraditan ellos dicen: por qué me traen a mí y no a fulano. Eso es un mecanismo del narco delator, del narco de Honduras».

El expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, quien fue mencionado desde los primeros juicios donde su hijo Fabio Lobo fue condenado por narcotráfico indicó en su cuenta de twitter: «Adelante Dr. Mauricio Oliva con apoyar la aprobación del Decreto del Dip. Jorge Lobo para que todos los mencionados en New York seamos investigados y exigir a JOH que se aparte de su puesto para no usar la Presidencia como escudo. ¡Quien dijo miedo! ¡El que nada debe nada teme!».

El tiempo le da la razón a Alfredo Landaverde

Cuando Geovanny Fuentes fue capturado en marzo de 2020, se dieron detalles sobre la participación de la Policía Nacional en el narcotráfico, pero poco se hablaba sobre el papel de los militares. Se explicaba entonces que, en 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Geovanny Fuentes establecía el laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés, según el testimonio de la DEA. Ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizar la seguridad para su negocio. 

La Policía Nacional permitía la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado. Pero en el informe hecho público el pasado 8 de enero, se expone el papel de las FF. AA. «(Geovanny Fuentes) También se asoció con altos funcionarios políticos y militares para facilitar su tráfico de drogas, actividades en un país que ha sido devastado por la violencia relacionada con las drogas», cita una parte del mismo. 

En este juicio se apunta a que el presidente Hernández, cuando entonces era el titular del Congreso Nacional, le solicitó dinero al empresario Fuad Jarufe para la campaña de 2013 y llegó a decir que la corrupción pública era en parte generada por él mismo y el Partido Nacional, además estableció que estaba malversando el dinero de la ayuda proporcionada por los EE. UU. a través de organizaciones no gubernamentales y robando dinero de la seguridad social de Honduras.

La socióloga Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, asesinado en 2011 por sus denuncias contra el narcotráfico, expresa que «desde el momento que Juan Orlando Hernández no quiere rendir cuentas, es que algo teme. Algo no está bien».

Landaverde fue un valiente coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público que fue asesinado el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa.

Caldera expresa que lo interesante del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, más allá de los testimonios, son las pruebas. «Lo que hay en los teléfonos, los videos, los documentos, las fotografías. El que no la debe, no la teme. Él (Juan Orlando Hernández) tiene que demostrar que no está involucrado. Sería interesante que él hiciera una declaración de impuestos pública. Tendría que hacer cosas heroicas para que la gente crea en él».

«Los reportes del juicio son públicos. Todos los estadounidenses los pueden ver. Yo le pedí al fiscal Berman poder acceder a los documentos en donde se decía quiénes habían asesinado a Alfredo. Muchos de estos se han declarado culpables en Estados Unidos. Solo tuve acceso a declaraciones, pero necesito ver las evidencias», agrega Hilda, en referencia a Geoffrey Berman, el exfiscal que conoció el caso de «Tony» Hernández y que fue despedido a mediados de junio de 2020 por el Gobierno de Estados Unidos después de que investigara al entorno del expresidente Donald Trump.

En el actual juicio se menciona al empresario Fuad Jarufe, quien según los fiscales norteamericanos era usado para blanquear el dinero y después entregar sobornos para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. Pero hablar de empresarios ligados al narcotráfico, hace algunos años, era cuestión de muerte. El mismo Devis Leonel Rivera dijo en el juicio ayer que la protección e impunidad que le brindaba el Estado de Honduras lo hacía más violento, más libre para matar. Esa impunidad aún arropa casos como el de Landaverde. 

En el año 2011 Alfredo Landaverde, poco antes de ser asesinado, denunció públicamente que 14 empresarios de Honduras lavaban dinero del narcotráfico con la complicidad del Gobierno. Landaverde denunció públicamente que el fiscal general lo sabía, que el jefe de la Policía lo sabía y que en las FF. AA. lo sabían.

«Yo prefiero citar lo que Alfredo decía. Que el narcotráfico actúa totalmente en complicidad con mucha gente, entre estas los políticos que están en el poder de turno, ya sean liberales o nacionalistas. Ellos permean las estructuras del poder político como las del sistema de justicia, jamás podrían hacerlo solos», expresa Hilda». 

Caldera expresa que el narcotráfico en Honduras es un sistema en el que «entre ellos mismos se protegen, se cambian las leyes, lavan los activos y el dinero en los bancos. Hay mucha gente involucrada. Pero los que están más vulnerables son los que están en el poder». Agrega que en estos momentos el Partido Nacional está mucho más vulnerable de ser corrompido porque son los que tienen el poder, pero que lo mismo estaría pasando si estuvieran los liberales.

Caldera revela que su esposo fue asesinado por explicar cómo el narcotráfico corrompió «el poder político y el sistema judicial, incluyendo a las fuerzas armadas, porque son los que tienen el poder para perseguir la droga por tierra, mar y aire. Porque la policía no llega al aire y no llega al mar. Todas estas cosas las decía Alfredo y por eso le quitaron la vida».

Hilda piensa que una de las cosas más importantes para neutralizar el narcotráfico es conocer la verdad a través de los espacios de comunicación independientes y valientes: «Tenemos que saber la verdad. Hay demasiados medios de comunicación de todo tipo, aunque hay medios que el Gobierno paga y no dicen nada».

El sociólogo hondureño Víctor Meza, quien formó parte, en su momento,  de una comisión especial para hacer reformas de seguridad estatal, coincide con Caldera y dice que «la estructura de un narcoestado supone la cooptación a nivel individual de las instituciones, sobre todo en el área de operadores de justicia y seguridad».

El sociólogo se pregunta si las elecciones primarias y generales van a ser efectivas. «Cuánta legitimidad van a tener los candidatos que salgan electos. No lo sé. Eso dependerá de la calidad del proceso electoral y de la legitimidad de los resultados y con el grado de satisfacción que tenga el electorado tras el conteo de los votos. Pero soy pesimista, las elecciones internas generarán mayor confusión, crispación y división. Estoy casi seguro».

Con las elecciones primarias tan cerca, los hondureños cruzan los dedos para que las próximas elecciones, tanto primarias a celebrarse este 14 de marzo como las generales a desarrollarse en noviembre, sean transparentes. No obstante, no existen reglas claras del juego y la incertidumbre subió a su nivel máximo con lo acontecido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.