La agresión al periodista Sonny Figueroa sienta un peligroso precedente, no sólo en el contexto del robo de millones de dólares por la camarilla del gobernante sino por la creciente polarización entre la policía y la población urbana a nivel mundial. Este es un ensayo del sociólogo Sergio Palencia. 

La agresión al periodista Sonny Figueroa sienta un precedente muy peligroso. No sólo en el contexto del robo de millones de dólares por la camarilla gobernante, sino por la creciente polarización entre policía y población urbana a nivel mundial. De no actuarse rápidamente, en sentido de denuncia internacional, movilización social y protección social al gremio, se pueden ir imponiendo las tendencias no sólo represivas sino de masiva violencia, de la cual el Estado guatemalteco ha sido y es capaz en momentos de crisis.

En el pasado reciente ha habido persecución a comunicadores comunales, periodistas, portavoces de asambleas. 

1. Precedentes, 2015-2020

En 2015, los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados en San Marcos por denunciar casos de corrupción, implicando a alcaldes locales en desfalcos y narcotráfico. En Sayaxché, Petén, el maestro q’eqchi’ Roberto Lima Choc murió asesinado por sicarios tras denuncias el ecocidio en el río La Pasión en 2015 por la compañía de palma africana, REPSA. Desde hace varios años, el periodista q’eqchi’ Carlos Choc ha sufrido persecución penal, amedrentamiento y robo de su equipo tras sus denuncias de la minera de níquel (PRONICO) en El Estor. Hace sólo una semana, el 7 de septiembre, el Estado confirmó prisión para Bernardo Caal, líder q’eqchi’ castigado por oponerse a la hidroeléctrica RENACE, de los empresarios Gutiérrez-Bosch y de capital español. 

Hoy en día, Sonny Figueroa y Marvin del Cid desvelaron un masivo caso de corrupción en las entrañas del Gobierno de Giammattei. Todos estos casos tienen en común la denuncia contra poderosas compañías (capital extractivo) o autoridades estatales (gobierno central y municipal). Son, pues, voces críticas contra el robo de dinero de arcas públicas y destrucción de ecosistemas naturales-humanos por el lucro. Actualmente, el Estado guatemalteco, con la usual dictadura del congreso, abandonó a la población guatemalteca a su propia suerte en plena escalada de la pandemia de la Covid-19. Empero, mantiene al país bajo estado de emergencia, situación legal que le permite al Gobierno de Giammattei y sus allegados del CACIF desviar millones de dólares sin rendir cuentas a nadie. 

2. Finqueros y control policiaco 

Tres puntos a tener en cuenta para ver la gravedad de la captura, golpes y encarcelamiento de Sonny Figueroa. Uno, Alejandro Giammattei pertenece a viejas las clases pudientes, finqueras, de Guatemala. Han gobernado el país entre dictaduras militares y paramilitarismo finquero. Desde 1996, conformaron partidos políticos como el PAN, la GANA, con personajes de vieja calaña anticomunista como Álvaro Arzú y Oscar Berger. Bajo sus gobiernos se crearon las condiciones de la enorme conflictividad actual asociada a la privatización de la distribución eléctrica (e.g. Masacre de Alaska, 2012), la legislación minera (estados de sitio en Santa Rosa y Huehuetenango), o el control aduanero en colusión con los militares. 

El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pertenece a una generación de descendientes de finqueros que articulan la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ejército de Guatemala para resolver múltiples conflictos de su propio interés. La masacre de 13 trabajadores de la finca Nueva Linda, en 2004, bajo las órdenes del Ministro de Gobernación, también finquero, Carlos Vielmann, marcó un importante precedente. En 2006, el Gobierno de Berger lanzó la operación Pavo Real en la cual movilizaron al Ejército y a la PNC para, supuestamente, retomar el control de la cárcel Pavón. Entre los implicados estuvo el Ministro Vielman, el Director de la PNC, Erwin Sperisen, y Alejandro Giammattei, en ese entonces Director del Sistema Penitenciario. Murieron 7 reos. 

¿Qué tienen en común A. Giammattei, O. Berger, A. Arzú, C. Vielmann, E. Sperisen? Uno, son una generación de propietarios de grandes fincas productoras de café, caña de azúcar y algodón. Dos, crecieron en un momento de la guerra donde los grandes finqueros tenían a su disposición, de parte del Estado, soldados de la Policía Militar Ambulante. Tres, saben administrar a su vez seguridad de sus fincas particulares encargados de mantener el control de trabajadores y campesinos. Están, pues, socializados en la dirección de grupos armados, estatales y particulares, acostumbrados a tomar represalias personales contra mozos, organizadores campesinos y, no se olvide, periodistas. 

«¿Qué tienen en común A. Giammattei, O. Berger, A. Arzú, C. Vielmann, E. Sperisen? Crecieron en un momento de la guerra donde los grandes finqueros tenían a su disposición, de parte del Estado, soldados de la Policía Militar Ambulante», Sergio Palencia. 

3. Robo estatal en plena pandemia

Finalmente, ¿en qué contexto sucede la captura y falsos cargos contra el periodista Sonny Figueroa? Primero, se da ante un mayor cuestionamiento por el destino del dinero aprobado con la ampliación presupuestaria del Congreso, el 5 de abril 2020, y el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el 10 de junio 2020. Es decir, el Presidente Alejandro Giammattei y el Congreso de Guatemala no explican qué sucedió con, al menos, US$1,238 millones. Segundo, los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos han enviado al país hasta agosto US$7,009, según el Banco de Guatemala. Mientras las remesas están relacionadas con la emergencia de la pandemia, no se sabe qué ha pasado con los préstamos estatales. 

Los migrantes y los propios trabajadores están subsidiando no sólo su propia sobrevivencia sino el robo en servicios y dinero del Estado guatemalteco. En este marco, los partidos políticos actúan no sólo como representantes de redes de monopolio de comercio, narcotráfico, control aduanero, sino como extractores de impuestos de la población guatemalteca. Los bancos, controlados por familias de la misma procedencia que Alejandro Giammattei, se benefician directamente de las remesas y de los servicios privatizados desde el Gobierno de Álvaro Arzú. El Estado guatemalteco, pues, articula las redes de apropiación de capital y la logística, inteligencia, centralización armada, de los grandes capitales financieros (Banco Industrial), inmobiliarios (Cayalá), agroexportadores (Repsa), mineros (PRONICO). 

La investigación periodística de Sonny Figueroa y Marvin del Cid tocó las fibras de este robo organizado llamado Estado guatemalteco. Alejandro Giammattei se ha mostrado, en pocos meses, como una persona de reacciones rápidas, viscerales y autoritarias. Recuérdese su exasperación cuando el líder kaqchikel de Comalapa le cuestionó varios puntos de su gobierno. El ataque a Figueroa, los golpes de la policía al servicio de la Presidencia, muestran una peligrosa continuidad con la forma de actuar de personajes como Vielmann o Sperisen, acusados de matar campesinos o reos en 2004 y 2006. Pero, ante todo, tenga presente una cosa estimada lectora o lector:

4. Una urgente tarea histórica

La captura y golpes contra el periodista Figueroa marca un peligroso precedente. En la actualidad, la crisis de la economía de lucro repercute en una polarización social exacerbada por la clase política-estatal contra la población. Los asesinatos de George Floyd (EE.UU.), Javier Ordoñez (Colombia), Edgar Ic (Guatemala), a manos de policías estatales, parece mostrar un patrón más profundo de violencia estatal. El Estado guatemalteco está construido sobre cruentos eventos de masivo robo de tierras, trabajo y dinero. Para subsistir, ha tendido a aumentar sus fuerzas armadas, crear animadversión entre las clases subordinadas, dividir con moralismos individualistas y promover el racismo como clasismo o el clasismo como racismo (Léase el excelente ensayo: González Ponciano, Ramón. “‘No Somos Iguales’: La ‘cultura Finquera’ y El Lugar de Cada Quien En La Sociedad de Guatemala.” Revista Istor, Guatemala y su historia, 24 (2006). 

Pero, más que todo, tengamos presente que el Estado en Guatemala no sólo es capaz de la corrupción, tan repetida como reivindicación desde 2015, sino de una enorme y coordinada violencia contra la propia sociedad guatemalteca, contra población indígena y barrios ladinos pobres. En pocas palabras: desde ya tenemos que empezar a evitar, a toda costa, que la actual crisis tenga como salida campañas masivas de violencia estatal-armada contra la gente. Una tarea histórica, sumamente urgente, es evitar las campañas de exterminio de 1981-1983. Sabemos cuál es nuestra negación concreta: conocer qué pasó en Cuarto Pueblo o San Francisco Nentón, conocer quiénes fueron Irma Flaquer o Alaíde Foppa. 

De no tomarse todo esto en serio, corremos el peligro de ser cómplices en la escalada de la bestialidad estatal. El valor mostrado por el periodista Sonny Figueroa alienta para recordar la certidumbre de la fuerza de la dignidad, la verdad y el compromiso. Mi solidaridad con él y con el gremio de periodismo crítico.