Los diputados oficialistas del Movimiento Semilla han celebrado como victorias la aprobación del presupuesto para el 2025 y la ley de competencia pero esto les costó ceder al menos cinco concesiones cuestionables como privilegios para policías, altos salarios para diputados, menos impuestos para ganaderos y Q5 mil millones para obras distritales.
Los diputados oficialistas cierran el 2024 con la aprobación de un presupuesto general de 148,000 millones de quetzales, que pese a las críticas por duplicar la deuda pública, que en teoría se busca invertir en infraestructura, salud y educación.
La madrugada del 28 de noviembre quedará como el día en el que los 23 diputados de Semilla, con una bancada suspendida y con la amenaza de cancelación de su partido, culminaron una semana de “victorias” legislativas a base de consensos con otros bloques.
Los triunfos del oficialismo, han levantado cuestionamientos por posibles faltas de ética cometidas para encontrar apoyos legislativos y por los espacios que tuvieron que ceder para lograrlo.
Algunos críticos consideran como derrota que Semilla haya abdicado a muchas de sus propuestas electorales, incluso sin lograr aprobar reformas a la ley del Ministerio Público, con el fin de destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, que continúa la persecución judicial en contra el partido.
Estas son las cinco concesiones que el oficialismo tuvo que ceder a cambio de buscar gobernabilidad:
- Menos impuestos para ganaderos
La noche del 19 de octubre, mientras Semilla celebró que finalmente aprobaron la Ley de Competencia, la cual básicamente permitirá sancionar a empresas que se repartan el mercado fijando precios para no competir u organizarse para excluir competidores, los máximos ganadores de la velada parecían ser los ganaderos.
Con 119 votos a favor se aprobó la Ley de Integración del Sector Primario y Agropecuaria, una iniciativa del diputado de Cabal, Luis Aguirre, aliado de Semilla en el Legislativo. Aguirre y otros diputados afines al sector ganadero, como Esduin Javier Javier o “tres kiebres”, votaron por la ley de competencia pero a cambio se aprobó una serie de privilegios fiscales para los productores bovinos.
La nueva ley les permitirá a los ganadores, que sin importar sus ganancias, pagarán solo un nuevo impuesto que equivale al 1.5% de sus ingresos y quedarán libres de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque la ley en teoría busca hacer que ganaderos informales tributen, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) ha sido muy crítico con la ley, asegurando que carece de justificación, que introduce nuevas posibilidades para la elusión y que, además, genera más desigualdades en el pago de impuestos.
El ICEFI advierte que esta ley podría significar una pérdida de recaudación tributaria de unos 2,500 millones de quetzales.
Por su parte, el jefe de la bancada Semilla, Samuel Pérez, defendió en una entrevista el 2 de diciembre, que “no hubo negociaciones bajo la mesa” y que esta ley “no tiene vínculo con la ley de competencia”.
“No fue ningún tipo de concesión, en realidad esta ley fue compartida por el Ejecutivo y con la SAT tuvimos reuniones para entender que con ella buscan evitar la evasión de este sector en específico (…) no creo que sea una reducción sino una formalización.
- Aumento salarial para diputados
La noche de la aprobación del presupuesto fue opacada por una enmienda que con el respaldo de 87 diputados les permitirá a los legisladores aumentar en un 112% su salario a partir de 2025, además de obtener una indemnización al finalizar su periodo.
Los diputados pasarán de ganar 24,1150 quetzales al mes a devengar no menos de 45,000 mensuales, de acuerdo a la iniciativa propuesta a última hora y aprobada. Aunque por ahora se encuentra en manos de la Corte de Constitucionalidad porque se han presentado dos amparos para detenerla.
La politóloga Marielos Chang señaló que aunque los diputados de Semilla no apoyaron este aumento salarial, “se esperaba que el presupuesto fuese aprobado de una forma más transparente”.
“Que la discusión del presupuesto y propuestas como este aumento se haya realizado en plena madrugada limitó la fiscalización, por eso ahora tenemos algunos resultados negativos y hubiera esperado que todo fuera diferente”, agregó Chang.
El diputado Pérez dijo a No Ficción que durante las conversaciones de negociación del presupuesto “nunca mencionaron un aumento de salario para diputados”.
“Nosotros apoyamos al diputado Nery Ramos (único representante del partido Azul) con las reformas a la ley de la Policía, operamos a favor del presupuesto del ejecutivo, a favor de la ley de delincuencia organizada y esa era nuestra agenda”, afirma Pérez.
Pérez asegura que otros diputados que no sabe quienes son ya habían “operado” para que el aumento salarial tuviera éxito. “La aprobación del aumento nos afectó pero no podíamos parar, teníamos que asegurar nuestro presupuesto para el ejecutivo”, explica.
- Privilegios para la Policía Nacional Civil (PNC)
Las reformas apoyadas por el oficialismo a la PNC incluyen un bono de 6,000 quetzales para cada uno de los más de 40,000 miembros de la institución, lo que se traduce en un monto de 240 millones de quetzales para cubrir este beneficio.
El artículo 60 de las reformas ha sido el más criticado, debido a que éste, denominado “Presunción Legal”, evita que un agente sea enviado a prisión preventiva si durante sus funciones utiliza su arma de fuego y como consecuencia otra persona resulta herida o fallecida.
Además, los policías que estén bajo un proceso penal no podrán ser despedidos y su salario deberá seguir siendo pagado, de acuerdo con las reformas aprobadas.
El diputado Pérez dijo que decidieron apoyar esta iniciativa y que al inicio el tema les generó dudas pero “Nery (presidente del Congreso y ex director general de la PNC) nos explicó que no es una reforma que procura impunidad porque existe un mecanismo para que se lleve a cabo las investigaciones necesarias y da confianza a los agentes para que puedan actuar en defensa de la población”, justificó.
Por su parte, Chang calificó como lamentable que la bancada Semilla y el presidente Arévalo no hayan propuesto otro tipo de leyes dentro de estos consensos como reformas al sector justicia o a la ley de compras y contrataciones del Estado. “Eso si hubiera sido un respiro para evitar negociaciones cuestionables el próximo año”, opina.
- Reforma a la ley de delincuencia organizada
Previo a la aprobación del presupuesto, Semilla logró el 26 de noviembre, que 127 diputados dieran su voto para reformar el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, mismo que el juez Fredy Orellana utilizó en 2023 para suspender el partido y más recientemente su cancelación que todavía no está firme.
Con este cambio en la ley, Semilla busca recuperar la personalidad jurídica de su partido evitando que un juez pueda equiparar a una entidad política con una organización criminal y que sea únicamente la ley electoral y de partidos políticos la que predomine para decidir sobre el futuro de un partido.
“En realidad es una reforma vacía, que solo les beneficia o podría beneficiarles directamente a ellos pero en realidad no es una victoria para el pueblo”, critica el exdiputado del a Unidad Nacional del a Esperanza (UNE) Carlos Barreda, sobre esta reforma.
“En realidad ellos debían buscar los consensos para obtener votos y modificar la ley del Ministerio Público para sacar a la fiscal, pero nunca lo obtuvieron (…) considero que con la salida abrupta de Félix Alvarado del ministerio de Comunicaciones todo se les complicó en plenas negociaciones y se quedaron sin nada”, agrega Barreda.
Mientras que Samuel Pérez cree que esta reforma “no tiene problemas morales o éticos pero teníamos que dejarlo claro en la ley por las acciones ilegales del juez Orellana”.
Con la aprobación de las reformas, Orellana y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que oficialice la cancelación del Movimiento Semilla por supuestas anomalías en su formación en 2018, pero hasta el momento el pleno de magistrados del TSE no ha resuelto sobre el tema.
- Muchos millones para los consejos de desarrollo
En el presupuesto 2025, también es criticado el aumento de última hora para los consejos departamentales de desarrollo (codedes) que se aprobó como un aporte ordinario de cuatro mil millones de quetzales y uno extraordinario de cinco mil millones. Además de 17 mil millones que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) recibirá para infraestructura.
Debido a que este año los Codedes han tenido una baja ejecución de presupuesto, la medida de darles miles de millones de forma extraordinaria a última hora genera dudas. “Son actos que no son corrupción como tal pero quizá no es lo más ético”, refirió Chang.
En una conferencia de prensa la semana pasada, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos defendió estos montos del presupuesto y aseguró que pese a la baja ejecución de los Codedes, confía en una “gestión efectiva” de parte de la secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y del Segeplan, la secretaría de planificación del Estado, para agilizar la ejecución.
Este nuevo presupuesto también permitirá que los fondos que los Codedes no ejecutaron este año no pasen a un fondo común como ocurría habitualmente sino que puedan ser empleados para obras en 2025.
”Son grandes bolsones de corrupción”, critica el exdiputado y ex viceministro de Finanzas Barreda y asegura que el fondo extraordinario de 5 mil millones aprobados a los Codedes fue la clave para que los legisladores distritales decidieran apoyar el presupuesto de Semilla.
De esta manera el oficialismo cierra un 2024 de derrotas y algunas victorias en las que tuvieron que recurrir a nuevas alianzas y ceder espacio para aprobar o promover leyes que no eran parte de los ideales de su plan de Gobierno, pero se convirtieron necesarios para asegurarse cierta gobernabilidad.
